Ni Una Menos también para la Justicia
 
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Ni Una Menos también para la Justicia

Por Daniela Bersi *

Ni una menos, con la simple y cotidiana aplicación de las normas vigentes. Algunos sostienen que es tomar postura a favor de la mujer, nada más grotesco y  alejado de la realidad, es simplemente aplicar la normativa nacional e internacional, para ponerle fin a las prácticas sociales violentas que se manifiestan contra las mujeres, desde la forma más medieval y retrógrada: el femicidio.

Es fundamental recordar que desde la reforma constitucional del año 1994 hemos incorporado a nuestra Constitución Nacional, tratados internacionales con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 C.N.) que son derecho interno, tales como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (“Convención Belem do Para”) ;  la Convención sobre los Derechos del Niño; Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (Cedaw) entro otros.

La  “Convención de Belem do Pará”  circunscribe su arco protector  exclusivamente a la mujer, instalando la problemática de género en el centro del debate, es decir,  entendiendo que la violencia contra la mujer, implica una cuestión de género que trasciende el ámbito privado para convertirse en una cuestión de interés público.

Dichos  instrumentos  internacionales son norma en nuestro país, por disposición de la propia Carta Magna, por lo que deben aplicarse si quiere garantizarse, el respeto de  los compromisos  asumidos por el Estado Nacional y Provincial y por ende el Poder Ejecutivo; Legislativo y Judicial. Estas responsabilidades implican  la implementación de  políticas públicas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar todo tipo de violencia contra la mujer, y específicamente actuar con la debida diligencia a efectos de que se investiguen y sancionen estos hechos, estableciendo mecanismos idóneos a fin de que la mujer víctima tenga acceso efectivo a la Justicia, de la manera más amplia posible, y así poder ser escuchada en un ámbito de mayor igualdad.

Es cierto que la orientación jurisprudencial no se sostiene  sólo en base a lo normativo, si consideramos que las convenciones internacionales que las fundamentan han sido incorporadas con jerarquía constitucional hace ya dos décadas a la fecha. El cambio que se debe realizar, es también cultural, en tanto  la sociedad ha comezado a aceptar que las situaciones de violencia contra la mujer no son cuestiones “privadas”, sino  públicas,  donde el Estado a través de todos sus poderes debe intervenir para su solución. En ese sentido,  posiblemente  en la sociedad ya no prevalezca el “no te metás”, sino que se entiende que la única manera de afrontar esta problemática es hacerla visible y actuar en consecuencia. Los integrantes  del poder judicial resultan permeables a esta nueva dimesión, en tanto como parte de una sociedad concreta, no se sustraen  a sus preocupaciones más visibles.

Sin lugar a duda, el cambio dentro del poder judicial, debe efectuarse desde la convicción de los operadores, comprendiendo e internalizando que  son parte de uno de los poderes del estado, y que   para asumir ese rol responsablemente, no pueden apelar a interpretaciones  desvinculadas de la realidad social y normativa en una aplicación automática de preceptos arraigados en una mirada patriarcal, sin considerar la dimensión de la problemática planteada en lo que respecta a la violencia de género y violencia contra la mujer.

Ni una menos, con la simple y cotidiana aplicación de las normas vigentes, para ponerle fin a las prácticas sociales violentas contra las mujeres.

*Abogada y profesora de la cátedra de Derecho de la Comunicación y la Especialización en Comunicación y Género de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP.

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