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8 de mayo: Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional

¡Al suelo señores!

La "Masacre de Ingeniero Budge" fue el primer hecho que marcó a fuego el accionar violento de la policía bonaerense en los primeros años de democracia. En mayo de 1987, en esa localidad del partido de Lomas de Zamora, fueron fusilados tres amigos que conversaban y tomaban una cerveza en una esquina. En ese barrio en el que uno de sus límites geográficos es el Riachuelo, Agustín Olivera que tenía 26 años, Roberto Argañaraz, dos años menor, y Oscar Aredes, de solo 19 años, fueron las primeras víctimas de lo que se denominó a partir de esta masacre como "gatillo fácil".       

El abogado León Zimerman, que representó a las tres familias de los jóvenes, conceptualizó de esa manera ese tipo de accionar violento y represivo que, décadas anteriores, Rodolfo Walsh definía como "la secta del gatillo alegre", cuando afirmaba que "Éstos son los métodos. Los métodos que utiliza una jauría de hombres degenerados, un hampa de uniforme, una delincuencia organizada que actúa en nombre de la ley". Y ese concepto que comenzaba a ser acuñado por la sociedad, y los medios, y que aparecía  cada vez con mayor frecuencia en las noticias, no era más ni menos que el asesinato de jóvenes de los barrios periféricos, marginados, a manos de miembros de las fuerzas de seguridad, principalmente la policial de la provincia de Buenos Aires, la bonaerense.

Esa tarde de aquel 8 de mayo, tres suboficiales asesinaron de 29 disparos a los tres jóvenes, la mayoría ingresaron por la espalda. El suboficial mayor Juan Ramón Balmaceda y los cabos primero Isidro Romero y Jorge Miño arribaron a esa fatídica esquina, de Guaminí y Figueredo, en autos particulares. El primero en descender fue Balmaceda, y al grito de: "Al suelo señores!", título del libro de José Luis Ubertalli que narra la masacre, se acercó a los jóvenes y al tropezarse al saltar una zanja de aguas servidas, según su testimonio, se le escapó un disparo, lo que provocó la descarga indiscriminada de una ametralladora y dos armas reglamentarias, 9 mm, que portaban los uniformados.

El testimonio de los policías afirmaba que había sido un enfrentamiento, mientras el relato de muchos testigos, vecinos del barrio, confirmaba que se trataba de un fusilamiento. Al costado de los cuerpos les plantaron "perros", que en la jerga policial significa armas, para querer hacer pasar los asesinatos a sangre fría como muertes en enfrentamiento.

La "Masacre de Ingeniero Budge" marcó un hito en la historia democrática de nuestro país, en relación al accionar represivo de las fuerzas de seguridad, como el primer caso de "gatillo fácil". La memoria colectiva también recuerda este hecho como la primer pueblada organizada a raíz de un caso vinculado estrechamente a una metodología utilizada durante la última dictadura cívico militar, primero disparo y después pregunto.

Transformar el dolor en organización

Transcurrieron casi 30 años y muchos hechos similares, que con la complicidad del poder judicial y el paraguas político se cargaron la vida de cientos de jóvenes. Estas historias, dolorosas por donde se las mire, parieron naturalmente formas de organización barrial y territorial que se fueron empoderando al fragor de la lucha por verdad y justicia.

La referencia de las organizaciones de derechos humanos como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo fueron el faro de estos nuevos embriones, nuevos actores políticos y sociales, que aprendieron a transformar el dolor en organización, resistencia y lucha, y así comenzaron a ocupar, por asalto y sin permisos, las calles, reclamando al Estado y sus instituciones por sus seres queridos, asesinados por ser jóvenes y pobres.

La ciudad de La Plata no fue ajena a esa realidad y tuvo su primer caso, con trascendencia mediática y social, en el año 1990, cuando el albañil Andrés Nuñez fue secuestrado de su casa, trasladado a la brigada de investigaciones, torturado hasta la muerte y desaparecido. Sólo por ser sospechoso de haber robado una bicicleta. Su cuerpo fue hallado cinco años después, cuando uno de sus asesinos se "quebró" y declaró que lo habían destrozado e incinerado en un campo de una localidad bonaerense, propiedad de un policía.

Otro acontecimiento similar perpetraron el 17 de agosto de 1993 cuando Miguel Bru, de 23 años de edad, estudiante de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, fue asesinado dentro de la comisaría novena, después de haber sido víctima de dos allanamientos en la casa donde vivía junto a otros amigos. El primero de ellos sin orden judicial y con un operativo descomunal, y el segundo, con orden judicial por el robo a un kiosco de la esquina que se archivó después del allanamiento. Era más que evidente el hostigamiento hacia la morada y sus habitantes.

Miguel fue secuestrado de la vivienda de unos amigos en la localidad de Bavio, a la vera de la ruta camino a Magdalena, por temas que nunca fueron esclarecidos. Aunque la sospecha de la familia y amigos conducen a que Miguel, después del primer allanamiento, decidiera hacer la denuncia por el avasallamiento de sus derechos a personajes muy pesados de la bonaerense, es el motivo que más les cierra.

A partir haber denunciado comenzó a sufrir el hostigamiento de quienes integraban el servicio de calles de la comisaría novena, y que posteriormente fueron condenados a prisión perpetua por torturas seguida de muerte y desaparición e incumplimiento de los deberes de funcionario público, el subcomisario Walter Ábrigo y el sargento Justo José López y se le hiciera un juicio político a quien era el juez de la causa, cómplice del accionar delictivo de la policía, Amilcar Benigno Vara, y se lo destituyera de su cargo. Cabe mencionar que el juicio, las condenas y sus fundamentos, sentaron un precedente en la jurisprudencia ya que se trató del primer juicio en el que se condenara sin el cuerpo del delito. La organización y la lucha, una vez más en nuestra historia volvieron a revelar la verdad.

Neoliberalismo y pena de muerte

Durante la década del ´90, el auge del neoliberalismo, las decisiones políticas antipopulares aumentaban la brecha de desigualdad entre los que más tenían y los que menos tenían. Y estas prácticas ilegales de las fuerzas de seguridad servían como elemento disciplinador, de control y de miedo. A su vez fueron creciendo y se convirtieron en moneda corriente en los barrios excluidos, marginados, naturalizándose en muchos casos.

Este accionar delictivo de los uniformados se daba en un contexto de profunda crisis económica, social y política. Generalmente en esos contextos, como caldo de cultivo, estas agencias estatales represivas administraban no solo la justicia, decidiendo quién vivía y quién no, sino también el delito. Cabe mencionar el caso de Luciano Arruga que se resistió al reclutamiento de los funcionarios policiales del destacamento de Lomas del Mirador, a salir a robar para ellos, y terminó siendo una víctima más de la violencia policial, denunciado esto por su hermana Vanesa Orieta 

Estas consecuencias sociales que producían las políticas neoliberales y exponían a esos jóvenes al límite del delito, no eran atendidas de manera integral ni multiagencial por parte de los estamentos del Estado, sino que todo lo contrario. Los problemas sociales, principalmente con los jóvenes, eran atendidos y resueltos con políticas punitivas y represivas, donde la pena de muerte era extrajudicial y se aplicaba de manera clasista,  selectiva y arbitraria.

Los jóvenes fueron, son y serán para los sectores de derecha el chivo expiatorio de los  sistemas excluyentes y antipopulares que necesitan construir en el imaginario social, y en eso juegan un rol fundamental los grandes medios de comunicación concentrados, una juventud que vive en los barrios pobres y que es la culpable de todos los males que padece la sociedad.

Como afirma Eugenio Raúl Zaffaroni, "El mensaje es que el adolescente de un barrio precario que fuma marihuana o toma cerveza en una esquina mañana hará lo mismo que elparecido que mató a una anciana a la salida de un banco y, por ende, hay que separar de la sociedad a todos ellos y si es posible eliminarlos. Como para concluir que ellos deben ser crimionalizados o eliminados, el chivo expiatorio debe infundir mucho miedo y debe ser creíble que es el único causante de todas nuestras zozobras. Para los medios el único peligro que acecha nuestras vidas y nuestra tranquilidad son los adolescentes del barrio marginal, ellos.Para eso se construye un concepto de seguridad que se limita a la violencia del robo". 

Contra la violencia institucional

En poco más de una década atrás, las políticas centradas en una mejor distribución de las riquezas, en un Estado más fuerte y presente, en la definición y el ejercicio de que la política era la herramienta de transformación de las desigualdades, fueron creando las condiciones para que estas prácticas represivas de la policía disminuyeran. El rescate de la política como herramienta en la resolución de los problemas sociales permitieron planificar y llevar a delante políticas públicas centradas en el respeto por los derechos humanos. El empoderamiento y la organización social en los territorios, en los barrios, le puso límite a este accionar represivo, aunque no lo pudieron impedir totalmente. Pero esta ideología y accionar de las fuerzas de seguridad no es fácil de desarticular y transformar.  Existieron intentos que dieron resultados alentadores pero no pudieron seguir profundizándose. 

En noviembre de 2012 la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara Baja del Congreso de la Nación firmó el dictamen que declara al 8 de mayo como el Día Nacional Contra la Violencia Institucional. Desde ese momento cada aniversario concentró a algunas de las organizaciones que nacieron, paradójicamente, de la muerte de los pibes y se convirtieron en escenarios de memoria colectiva de la vida y la muerte de cada uno de ellos.

Este nuevo concepto que incluye el llamado "gatillo fácil" es mucho más amplio y dinámico en su concepción. La violencia institucional es una forma anómala que adquiere el Estado cuando viola o permite violar su propia normativa; cuando usufructúa sus facultades para, desde sus instituciones, cometer, legitimar u ocultar delitos; y cuando ejerce un tipo de violencia física y/o simbólica sobre la población a la que debe proteger. Es decir, la violencia institucional es el proceso mediante el cual el poder del Estado, en cualquiera de sus niveles, es utilizado para favorecer o encubrir la violación de la ley. Es un fenómeno que se puede presentar en distintas instituciones del Estado: instituciones de seguridad, organismos de salud, de educación, entre otros. Así la define la Guía para el tratamiento mediático responsable de la violencia institucional.

Lamentablemente este gobierno de derecha marca un gran retroceso no sólo en el modelo de país que propone sino también en el control político de gestión de las fuerzas de seguridad, ejerciendo como Estado el monopolio de la fuerza de manera disciplinadora, de control y netamente represiva, un claro ejemplo es el protocolo de seguridad presentado. Este sistema genera, como plantea Slavoj Zizek, una violencia sistémica, invisible, "una violencia inherente al sistema: no solo de violencia física directa, sino también de las más sutiles formas de coerción que imponen relaciones de dominación y explotación, incluyendo la amenaza de la violencia (...) son las consecuencias a menudo catastróficas del funcionamiento homogéneo de nuestros sistemas económico y político".

Las experiencias y las historias han dado muestras más que suficientes que la única manera de poner un freno a estas prácticas de violencia institucional son la organización social, el empoderamiento, la lucha y la movilización. Pero muy fundamentalmente con un proyecto de país y una política pública que tenga como eje vertebrador la justicia social y los Derechos Humanos.

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