DDHH
 

Repudio al agravamiento en las condiciones de detención de Milagro Sala

La Dirección contra la Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social manifiesta su más enérgico repudio a la sistemática violencia a la que está siendo sometida Milagro Sala y sus compañeras en el Penal de Mujeres de Alto Comedero.

La articulación del proyecto de restauración conservadora encabezado por el presidente Mauricio Macri y el gobernador Gerardo Morales viene desplegando un conjunto deestrategias de disciplinamiento, “norma­lización”, criminalización/ judicialización y represión de la protesta social. 

En este contexto, la persecución de militantes populares – como el caso de Milagro- se inscriben en el marco de una revancha étnico- clasista, machista-patriarcal que visibilizan los mecanismos de violencia institucional vigentes en nuestro país. La violencia institucional, se define como el abuso de poder, físico, simbólico y/o psicológico que ejercen las instituciones del Estado sobre personas u organizaciones de la sociedad civil. De esta manera, la violencia institucional constituye en sí misma una grave vulneración a los Derechos Humanos.

En Jujuy se encuentra suspendido el Estado de Derecho, rigiendo una preocupante brutalidad ejercida a través del ejecutivo y acompañada por un poder judicial local y nacional (Suprema Corte de La Nación) que avalan la detención ilegal de Milagro y vulneran el derecho a la defensa y al debido proceso. Es por ello que, distintos organismos de Derechos Humanos recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que dicte medidas cautelares con el objetivo de  “ garantizar la libertad de Milagro Sala y el ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la protesta social en Jujuy”.

En este contexto, el agravamiento en las condiciones de detención de Milagro constituye una grave violación a los estándares establecidos por La Corte Interamericana de Derechos Humanos que  afirma en los términos del artículo 5.2 de la Convención que: “toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. En consecuencia, el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos”.

En este sentido, la falta de agua caliente y de calefacción en el penal, la prohibición de ingresar ropa de abrigo para las detenidas, las requisas y los malos tratos a los que son sometidos/as los/as familiares, amigos/as y compañeros/as dan cuenta de la violación a esos estándares mínimos que constituyen la dignidad para la vida de las personas privadas de su libertad. Tanto la Constitución Nacional como el derecho internacional de los Derechos Humanos consagran un mínimo de exigencias éticas bajo las cuales algunas prácticas institucionales resultan inaceptablemente humillantes para los/as detenidas. Si las condiciones de detención niegan a los/as internas su carácter de sujetos de derechos y atentan contra la dignidad, el Estado entonces está vulnerando gravemente los Derechos Humanos.

Argentina desarrolló en los últimos 12 años una contundente política de defensa irrestricta de los Derechos Humanos, convirtiéndose en el eje rector del conjunto de las políticas públicas. Sus decisiones en esta materia han sido ejemplo en el mundo y se han convertido en un modelo a seguir para aquellos que pretenden construir sociedades más justas y más democráticas.

Esta década de ampliación de derechos, de democratización, de respeto y amor por los otros y las otras nos imponen la responsabilidad defender lo conquistado y construir las relaciones de fuerza y las condiciones para que todos y todas podamos ejercer el conjunto de los derechos de los cuales somos titulares. Eso significa también defender a los hombres y mujeres que construyeron con sus luchas y sus convicciones un destino mejor para todos y todas.

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Correo Perio