A cien años de la Reforma, un nuevo embate contra la Universidad Pública, gratuita e inclusiva
 
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A cien años de la Reforma, un nuevo embate contra la Universidad Pública, gratuita e inclusiva

Nos volvemos a encontrar hoy con una situación que tantas veces hemos experimentado en el pasado de nuestra nación: un gobierno de elites para las elites lleva adelante un programa que promueve el ajuste, el desempleo y como consecuencia el incremento de la pobreza, agrediendo así al conjunto del pueblo argentino. La Universidad Pública, como parte inescindible de ese pueblo, es también agredida en las dimensiones económicas y simbólicas.  

El pasado 28 de marzo nos encontramos con un nuevo recorte de 3 mil millones de pesos en el presupuesto universitario, anunciado en el plenario del Consejo Interuniversitario Nacional. Un achicamiento que representa más del 25% de lo destinado a infraestructura, becas, comedores, programas especiales y demás gastos de funcionamiento.

Esta nueva medida es coherente con el sistemático plan de ajuste que la alianza Cambiemos viene implementando desde el 2016. Recordemos que la inversión en este campo disminuyó ese año al nivel más bajo desde 2011, al alcanzar el 0,79% del total. Al mismo tiempo, la sub-ejecución de las transferencias nacionales en los últimos dos años fue la más pronunciada de la década, dejando sin utilizar $700 millones en 2016 y $738 millones en 2017. Además del achicamiento relativo del presupuesto producto de la inflación, el gobierno también incurrió en atrasos en los pagos: en 2017 el monto adeudado llegó a $10.993 millones (12,3% del presupuesto ejecutado). Finalmente, la limitación del presupuesto también impactó en las becas otorgadas a lxs estudiantes. (1)

Todas estas acciones revelan que tras la fachada de un discurso eficientista, preocupado por maximizar el rendimiento del dinero invertido, se esconde un plan preciso de desestructuración de la universidad pública, gratuita, abierta a la comunidad e inclusiva.

Desde su asunción en el gobierno nacional la alianza Cambiemos volvió discurso oficial las voces que señalan críticamente el desempeño de nuestras instituciones. En sintonía con artículos publicados en los multimedios Clarín y La Nación, en los que se señala una supuesta desproporción entre el gasto del Estado y lxs graduadxs, se problematiza -con parámetros difusos- la calidad educativa e, inclusive, se cuestiona el valor de las titulaciones en el mercado laboral, en las declaraciones de lxs funcionarixs el cálculo monetario prima por sobre la búsqueda de garantizar derechos. Apelando a una perspectiva economicista, constantemente proponen discutir tasas de inversión y de graduación, competitividad de las instituciones, niveles “óptimos” de personal y salarios y criterios de discriminación para “racionalizar” el ingreso. En resumidas cuentas, se intenta aplicar a las Universidades Públicas Nacionales la lógica economicista típica del neoliberalismo, que ha causado y causa estragos en los ámbitos de la educación y en todas las esferas de la vida social.

Frente a estos embates, desde la Facultad de Periodismo y Comunicación Social hemos asumido la responsabilidad de seguir el camino inverso a la exclusión y abordar la totalidad de las problemáticas que surgen hoy como obstáculos o limitaciones para una educación universitaria inclusiva, recordando que la Argentina considera a la educación superior como un bien público social, un derecho humano universal y un deber del Estado (2). En este sentido, partimos de la premisa de que el rendimiento del presupuesto debe evaluarse siempre y fundamentalmente en función de su capacidad para responder a este mandato.

En el período 2003-2015 contamos con el apoyo y el impulso de las políticas de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, que posibilitaron que todas las provincias del país cuenten con una universidad pública, un aumento del 35% de la cantidad de estudiantes, un incremento porcentual del 80% en el total de graduadxs por año, entre otros logros.

En ese contexto de ampliación de la composición social de la matrícula y de la capacidad operativa de nuestras instituciones, diseñamos programas de acompañamiento y contención que nos permiten reconocer quiénes acceden a nuestras Facultades, cuáles son sus colegios de procedencia, la trayectoria educativa y laboral de sus padres, sus dificultades académicas y familiares, etc. Así, asumimos que sólo es posible evaluar la calidad educativa si comprendemos la realidad de nuestrxs estudiantes y el impacto de los procesos de aprendizaje en sus propias experiencias. La “calidad” para nosotros comienza cuando garantizamos la masividad, la permanencia y la graduación.

Frente a las concepciones que proponen un esquema de aplicación universal y abstracto para medir el mérito, opusimos la premisa de la incidencia de la universidad en la vida de personas concretas. Frente al paradigma del rendimiento individual y de la indiferencia (y muchas veces de la crueldad) por lx otrx, que debe adaptarse a los estándares institucionales o renunciar, colaboramos en la elaboración de un paradigma que parte de esx otrx y entiende a la educación como el desplazamiento subjetivo que se da en el encuentro dinámico entre oferta académica y sujeto.

En el año del centenario de la Reforma seguimos resistiendo los embates que apuntan a limitar la inversión y a desprestigiar el sistema educativo, con la convicción de que la reivindicación del derecho a la educación superior del pueblo argentino es el único modo de ser leales a las proclamas del movimiento que iniciaron lxs estudiantes cordobeses. Su revolución contra el poder profesoral, el poder colonial, eclesiástico y corporativo –hoy diríamos también macho, blanco y burgués- que domina la producción de saber, sólo puede continuarse militando el avance de la ampliación del ingreso y el egreso y ensanchando la participación en la disputa por la legitimidad del conocimiento.

Sabemos que estos son años difíciles, pero contamos con la fortaleza que nos da la memoria de una universidad abierta que poseen miles de ciudadanxs. Sabemos que allí, en la experiencia del sentido público y democrático de la educación superior, se constituye la principal resistencia a las proclamas neoliberales y se articula el sustrato y el proyecto de lo que algún día será la universidad popular de la patria emancipada.

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(1) Para un repaso de los recortes implementados en el sistema de educación superior ver: “El ajuste en las universidades argentinas. Informe síntesis (abril de 2018)”. Instituto de Estudios y Capacitación. Federación Nacional de Docentes Universitarios

(2) Declaración de la Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y El Caribe (realizada por la UNESCO en el año 2008 en la ciudad de Cartagena de Indias), a la que nuestro país suscribió.

 

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