COMUNICACIÓN Y DERECHOS HUMANOS
La búsqueda de justicia, historias de ayer y hoy
La presente edición de la revista Tram(p)as pretende dar cuenta de los distintos ámbitos en donde se realiza la disputa en la búsqueda del cumplimiento de los Derechos Humanos.
Este número transita por diversas reflexiones Y testimonios que dan cuenta de esa disputa. El juez de la suprema corte de la Nación Raúl Zaffaroni escribe sobre los derechos humanos y su relación con el derecho penal. El secretario de Derechos Humanos de la Nación Luis Eduardo Duhalde analiza las políticas públicas en derechos humanos. La experiencia de Abuelas, Madres e HIJOS y sus 30 años de lucha. Los 30 años del secuestro y la desaparición de Rodolfo Walsh, en el recuerdo de su compañera Lilia Ferreira y del periodista Horacio Verbitsky. Lucas Miguel y el Juicio por la Verdad. Rubén López habla sobre la desaparición de su padre, Julio. Ricardo Ragendorfer escribe sobre la corrupción en las fuerzas de seguridad. Esteban Rodríguez aborda la criminalización de la protesta social. Silvia Delfino y Flavio Rapisardi tratan la temática de la discriminación y la represión. María Verónica Piccone se pregunta sobre los derechos de las mujeres. Jorge Jaunarena reflexiona sobre el rol de los medios de comunicación. Y por último, el recuerdo de Miguel Bru y una búsqueda que continúa, en palabras de su madre, Rosa Schonfeld, y de Cristian Alarcón. Todos estos testimonios siguen siendo una expresión de lucha en ese sentido.
Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 hasta la fecha, se ha ensanchado, a nivel mundial, la brecha entre los países desarrollados y subdesarrollados y entre ricos y pobres en el interior de los mismos. Asistimos a una permanente acentuación de las diferencias entre los pocos que tienen mucho y los muchos que tienen cada vez menos. Evidentemente la realidad social, con una pobreza estructural que no para de crecer, no ha transitado el mismo camino que las declaraciones, plagándose cada vez más de injusticias y de inaccesibilidad a los derechos humanos básicos.
Las declaraciones de Derechos Humanos plantean subdivisiones: tenemos los civiles y políticos, que reconocen el derecho a la vida, la prohibición de la pena de muerte, la condena a la desaparición forzada, las torturas y los tratos crueles, el reconocimiento a la libertad e igualdad de todas las personas ante la ley, el derecho al trabajo, a la prohibición de la servidumbre, la libertad de expresión y de enseñanza, etc. Los sociales, económicos y culturales, que dan prioridad a la realización de los derechos de niños y niñas, a la protección y formación integral de los/las adolescentes y a la asistencia a las personas mayores; también consagran la seguridad social y la salud y el derecho a vivir y desarrollarse en un medio ambiente sano. Los Derechos Humanos son indivisibles e interdependientes. Forman una totalidad cuyo objetivo central es prescribir las condiciones necesarias para una vida digna que puedan disfrutar todas las personas. Por lo tanto, son un entramado que no puede dividirse, del mismo modo que no puede dividirse la persona humana.
No basta con una declaración para garantizar su ejercicio. La resultante de la declaración de los derechos, que parten de necesidades humanas concretas, debe tener como correlato la satisfacción social de los mismos; este es el eje central por donde pasa la discusión, esta distancia que existe entre declamaciones teóricas y prácticas concretas. De lo contrario, se produce lo que la realidad demuestra: los sectores marginados de la distribución de la riqueza no pueden tener acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, a la alimentación necesaria, a la justicia y demás derechos antes mencionados.
Entonces, como primera medida, si bien esa declaración obliga a exigir resultados concretos, debemos admitir que sólo con declarar normativas narrativas no alcanza para el real y efectivo cumplimiento de los derechos, sino que estos deben ir acompañados con políticas públicas concretas para que puedan tener alcance universal, como dice en su principal formulación. Esas políticas deberían posibilitar que las personas y las organizaciones alcancen la capacidad concreta de ejercer los derechos y que estos no dependan sólo de gobiernos justos o injustos.
