LA PRIVATIZACIÓN Y REGULACIÓN DEL CORREO

OFICIAL ARGENTINO EN PERSPECTIVA

 

Mariano Wiszniacki

Universidad de Buenos Aires (Argentina)

marianwis@yahoo.com

 

Resumen

El presente artículo trabaja sobre el irregular proceso de desregulación y privatización del servicio de correo postal argentino. Además de haber formado parte del proceso de reformas del Estado argentino en los 90´s, el caso del Correo tiene la particularidad de haber sido el primero de los servicios públicos reestatizado, en 2003, durante la administración Kirchner por graves incumplimientos del contrato de concesión. Analizar la cuestión del Correo es útil para entender la ineficiencia y hasta a veces la ausencia de marco regulatorio para las empresas privatizadas, así como comprender el cambio de paradigma que el proceso privatizador introdujo en la relación entre Estado y la ciudadanía.

 

Palabras clave: Correo argentino – privatización – regulación – reestatización.

 

 

Mayo de 1989. Carlos Menem triunfa en las elecciones presidenciales en la Argentina, con el país sumido en una importante crisis inflacionaria. Déficit fiscal, presión de los organismos internacionales de crédito por una reforma del estado, atrasos en el pago de la deuda externa y una crisis social que explotó con los saqueos de junio de aquel año, adelantaron la entrega del poder de parte del presidente saliente, Raúl Alfonsín, en julio.

El flamante mandatario, aprovecha la situación de emergencia (1) para emprender una drástica reforma. Dando vuelta la página a las premisas históricas del peronismo, inicia un giro hacia el cumplimiento de un programa de neto corte neoliberal. La primera acción del nuevo gobierno en materia de reformas será el lanzamiento de un importante plan de privatizaciones de servicios públicos “cuya urgencia en la concreción estaba determinada por las necesidades fiscales” (2). Existía desde años anteriores un importante consenso social, instigado por la ortodoxia neoliberal y los gurúes de los organismos internacionales de crédito, acerca de la ineficiencia del Estado como administrador y particularmente del mal funcionamiento de los servicios en manos públicas. Así, se dio rápida sanción a una ley que será hito en la historia argentina. Se trata de la Ley de Reforma del Estado (N° 23696) que autorizó al Poder Ejecutivo Nacional “a disponer la intervención de todos los entes, empresas y sociedades, cualesquiera fuese su tipo jurídico, de propiedad exclusiva del Estado Nacional y/o de otras entidades del sector público nacional de carácter productivo, comercial, industrial o de servicios públicos”. Para proceder a la privatización o liquidación de esas empresas bastó con que “hayan sido declaradas sujetas a privatización”.

En un proceso que no superó los siete años se produjo el pase a manos privadas de las principales empresas públicas. Esta decisión aportó ingresos fiscales para hacer frente al pago de servicios y capital de la deuda externa y generó confianza en la “comunidad de negocios” (3).

 

Estado y servicios públicos

Este proceso privatizador implicó una serie de modificaciones en el rol del Estado, en su relación con los ciudadanos y en su función en materia de servicios públicos.

El Estado en la Argentina y en la mayoría de los países occidentales, desde la posguerra y hasta ese momento era además del efectivo ofertante, garante de la universalidad de la prestación de los servicios públicos. Es decir, que tenía la obligación de brindar estos servicios básicos como el agua, el gas, la electricidad, etc., necesarios para la vida cotidiana de los individuos aun subsidiando su prestación en zonas “no rentables” o incluso en forma gratuita. El subsidio se hacía con fondos públicos. Como correlato de esta función del Estado, se producía un proceso de “ciudadanización”. La población obtenía derechos universales de acceso a esas prestaciones y se convertía en ciudadano-consumidor y esos servicios quedaban fuera de la lógica del mercado, era el Estado quien tenía obligación de garantizar su llegada a toda la ciudadanía (4).

Con la emergencia de las privatizaciones en la Argentina, estos aspectos van quedando relegados, el otrora ciudadano queda expuesto a las reglas del mercado en la prestación de esos servicios básicos y conserva solamente su situación de consumidor. Así, empieza a desaparecer esa igualdad de derechos y puede utilizar los servicios quien tiene los recursos económicos para cubrirlos. De este modo, se acentúan las brechas sociales y se modifica también la relación Estado-Sociedad Civil. En materia de regulación, desaparecen las formas anteriormente existentes de financiamiento de los servicios a los sectores más vulnerables de la población. En los contratos de las privatizadas no se aseguran mecanismos de descuentos (más que a pequeños sectores de jubilados), ni herramientas de “socialización” de los costos, mediante las cuales la tarifas abonadas por los sectores más pudientes financie el acceso de los más desfavorecidos (5).

 

Acerca de la regulación

Mabel Thwaites Rey y Andrea López (2003) afirman que en el proceso de privatización de servicios públicos en la Argentina, la regulación fue pensada como un eje residual del proceso, aun a pesar de la existencia de condiciones de monopolio. El discurso privatizador imperante de aquel momento sostenía que la “verdadera” regulación la iban a ejercer los ciudadanos (en su calidad de clientes-consumidores) quienes iban a enarbolar “la bandera del interés público”, según el Ministro de Obras y Servicios Públicos de aquel momento, Roberto Dromi.

Los servicios públicos en general suelen ser servicios de los que no podemos prescindir: no podemos dejar de tener gas, luz, agua, etc. Se trata de mercados “cautivos”, los cuales, justamente por esa situación de imposibilidad del ciudadano de no disponer de ellos, deja abierta la posibilidad del abuso empresario. Azpiazu (6) plantea además que su tasa de rentabilidad debe ser menor a la de otros servicios que se ofertan en competencia. La regulación de estas actividades impacta directamente en los ingresos y el consumo de la mayoría de los ciudadanos, por ese motivo es de crucial importancia también la regulación estatal. Sin embargo, en la Argentina el proceso privatizador se fijó principalmente considerando criterios de rentabilidad quitándole al Estado la posibilidad de operar como “garante” de la prestación de los servicios.

Por otro lado, lejos de contar con una planificación adecuada, el plan privatizador en la Argentina se realizó rápidamente en varios casos y ayudó a acentuar la modificación de la estructura social argentina con el desembarco efectivo de capitales internacionales que se hicieron de estos servicios en alianza con el capital nacional más concentrado. Algunas de las características salientes de este proceso fueron:

- La poca intervención del poder legislativo en materia de privatizaciones ya que se operó en general vía decretos del poder ejecutivo.

- El incumplimiento de los pasos “lógicos” de una privatización que implicaban elaborar primero un marco regulatorio, luego un ente regulador y por último el llamado a licitación y concesión.

- Poco control de tarifas y metas de calidad tanto en los contratos como en la efectiva acción (u omisión) de los entes reguladores.

 

El caso del Correo Argentino

Un caso paradigmático en concepto de una mala administración del proceso privatizador fue el del servicio de correo postal. Éste no formó parte del primer segmento de privatizaciones, donde por ejemplo se entregó ENTEL o Aerolíneas Argentinas, sino que se intentó generar primero algún tipo de desregulación del mercado para luego llamar a licitación pública. Sin embargo, la gestión de Correo Argentino en manos privadas (que no superó los seis años) distó de ser eficiente y luego de la crisis 2001, el fin de la convertibilidad y un accidentado proceso de renegociación de contratos de servicios públicos amparados en la Ley Nº 25561 de Emergencia Económica, fue el primer servicio devuelto a manos del Estado en noviembre de 2003 durante la administración Kirchner.

 

Breve recorrido legislativo

Realizando un breve recorrido por su legislación, encontramos que el correo es considerado el primer servicio público que fuese regulado por el Estado. En octubre de 1876 se sanciona la primera Ley de Correos Nº 816, a partir de la cual el servicio postal era considerado de administración pública y su control quedaba en manos de la Dirección General de Correos y Telégrafos dependiente del Ministerio del Interior. Recién en 1972 (casi cien años después) se decide transformar a la prestadora del servicio, bajo monopolio estatal, en una estructura empresaria de derecho público. Se crea la empresa ENCOTEL (Empresa Nacional de Correos y Telégrafos). Un año después, en 1973, se sanciona la ley 20216 que ratifica (e incluso amplía a algunas funciones no establecidas anteriormente) el monopolio estatal y la naturaleza “eminentemente social de este servicio público”, tal como cita la norma.

En mayo de 1979, durante la última dictadura militar, se dicta la Ley Nº 22005, la cual establece la posibilidad de otorgar permisos a privados para ciertas actividades, pero limitándolos a razones de fuerza mayor o cuando por alguna razón requiere un tratamiento que no puede ser brindado por el Estado (Art.1). ENCOTEL, se reservaba el rol de administrador de dichos permisos (7).

La Ley 23696 de Reforma del Estado de agosto de 1989, da paso a una desregulación de la actividad postal. Así, el Decreto 214/92 separa los roles del correo como regulador y operador postal, dando paso a una desregulación del mercado. Se separaron las funciones, por un lado el operador postal al que se le dio rango Sociedad Anónima Estatal cambiando su denominación por ENCOTESA (Empresa Nacional de Correos y Telégrafos S.A.) y por el otro el regulador al cual se lo puso bajo órbita de la Comisión Nacional de Correos y Telégrafos (CNCT). Esta norma propiciaba la necesidad de establecer un marco regulatorio para la actividad, el establecimiento previo de un ente regulador y la creación de un régimen de licencias basado en control de calidad. La CNCT tendría las funciones de “reglamentar la prestación de servicios postales determinando esencialmente estándares mínimos de aptitud para cada uno de ellos” (8).

Sin embargo, un año después de esta normativa que proponía una apertura gradual al sector privado, se dictará el decreto 1187/93 que da por tierra con esta concepción estableciendo la supresión del monopolio estatal y la creación del Registro Nacional de Prestadores de Servicios Postales. Bastará con inscribirse en dicho registro y abonar un derecho de inscripción de $5.000 anuales (en aquel tiempo ley de convertibilidad mediante equivalían a aproximadamente U$S 5.000) para comenzar a operar. Cumplidos estos requisitos, citaba la norma, “se concederá automáticamente la calidad de Prestador de servicios postales”. Esto implicaba abandonar la filosofía de analizar parámetros de calidad de los concesionados y daba lugar a que pudiesen establecer precios y servicios a brindar con absoluta libertad, sin exigencias de inversión y con poco control del Estado.

Ya hacia 1996 y por decreto 660/96 el organismo de control pasará a formar parte de la Comisión Nacional de Comunicación. Esto implica una reducción del presupuesto y de recursos para el ente que regula la actividad postal ya que la CNC regula además otras actividades de servicios públicos. La eficacia del control se ve cada vez más reducida.

A esta altura, el terreno se encontraba preparado para lo que ocurrirá un año después, con el llamado a licitación del correo oficial.

 

Llamado a licitación y privatización

El 24/3/1997 a través del decreto 265/97 se convoca a licitación para privatizar el correo oficial. Para agosto de aquel año, se adjudica la concesión bajo decreto 840/97 al grupo conformado por Itron S.A., Sideco Americana S.A. (ambas empresas del grupo Macri) y Banco de Galicia, quienes realizan la oferta más alta: abonar $ 51.600.000 semestrales por adelantado por un plazo de treinta años.

En cuestión de obligaciones del nuevo dueño, el artículo 6.4 del contrato establece un compromiso de inversión no inferior a $25.000.000 anuales durante los primeros diez años y desde el onceavo hasta la finalización del contrato una obligación para destinar el 1 % de la facturación total del ejercicio contable anterior. 

 

Calidad del servicio, tarifas e incumplimientos

Sin embargo, durante los seis años de gestión privada el correo oficial tuvo bastantes irregularidades e incumplimientos que detallamos a continuación:

- Incumplimiento del pago del canon: la empresa decidió unilateralmente dejar de abonar al Estado el concepto de 51 millones de pesos semestrales a partir del año 2000 aduciendo incumplimientos por parte del Estado en materia de regulación de la actividad.

Inversiones poco claras: la empresa consideró como inversiones durante los dos primeros años de gestión 100 millones de pesos provenientes de las indemnizaciones de más de 10.000 empleados.

- Gestión deficitaria: caída de participación en el mercado (del 48 % en 1997 a 35 % en 2001). Pérdidas contables superiores al 9 % de su facturación anual en el primer año de gestión (9). En el 2000 llegaron a ser del 50% del patrimonio neto de la empresa. Esto último podría violar la Ley de Sociedades Comerciales que establece que una sociedad se disuelve cuando la pérdida del capital social llega a la mitad del capital de la firma.

- Tarifas: incremento de un 750% para el servicio de casilla postal en 2003 y dolarización de las tarifas para la correspondencia enviada al exterior en noviembre de 2002. Cabe aclarar que la empresa solamente estaba obligada a solicitar autorización a la CNC para modificar tarifas en la prestación del servicio de carta simple de hasta 20 gramos, telegramas simples de hasta 20 palabras y giros postales de hasta $ 1.000, denominados estos Servicio Básico Universal. Sin embargo, la empresa modificó el gramaje de las cartas simples por lo que las comenzaron a pesar más y por lo tanto costar más al usuario. Hubo también incrementos de los envíos nacionales entre un 70 y 400 por ciento entre enero de 2002 y mayo 2003 y hasta se etiquetaron como envíos al exterior a las Islas Malvinas, antes considerados envíos nacionales.

- Búsqueda de fusiones: intentos de fusionarse con OCA S.A. a menos de tres años de comenzada la gestión. Esto no fue autorizado por la Secretaría de Defensa de la Competencia.

- Segmentos monopólicos del mercado: Correo Argentino tenía bajo exclusividad la prestación de ciertos servicios como las cartas-documento, servicios telegráficos y hasta la comercialización de productos por internet, entre otros.

 

El correo y la regulación

Es pertinente plantearse entonces hasta dónde estos problemas en la gestión privada vinieron como resultado de un deficiente proceso de regulación por parte del Estado argentino. Analicemos las dificultades regulatorias señaladas para el proceso privatizador argentino en general para el caso del correo:

 

-Poca intervención del Poder Legislativo: es paradigmático en este sentido, ya que desde el proceso de desregulación de la actividad operada en 1992, se opera constantemente por decreto. Valga como ejemplo de esto, la sanción de la norma 1187/93 que da por tierra con varios de los fundamentos del decreto anterior que proponía una apertura gradual del régimen de monopolio estatal hacia un mercado abierto con regulación del Estado asignando licencias basadas en niveles de “eficiencia y solvencia”. Por el contrario, el nuevo decreto establece un mercado abierto y competitivo sin control de parámetros de calidad para la asignación de licencias. Bastaba con inscribirse en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Postales y abonar un derecho de inscripción de $ 5.000 para comenzar a operar, lo que permitió el ingreso de muchos operadores a los que no se les controlaba niveles de calidad, precios ni cumplimiento de las leyes laborales, lo cual fue una de las críticas que Correo Argentino S.A. le hizo al Estado argentino.

También fueron dictados por decreto el llamado a licitación y concesión del servicio. La última ley emanada del congreso que regulaba la actividad era del año 1973.

-Incumplimiento del “manual privatizador”: la resolución del Ministerio de Infraestructura Nº 65/01 señala que la actividad postal “se ha regido con normas dispersas, no adecuadas a las exigencias de calidad de los servicios y en algunas situaciones hasta contradictorias e injustas” (10). Basta con analizar como los sucesivos decretos fueron modificando constantemente la regulación de la actividad, para advertir que si bien se puede decir que se cumplieron los tres pasos (Marco Regulatorio, Ente Regulador, Privatización), la legislación fue realmente débil y cambiante, lo que permitió llegar a una privatización donde hubo poca normativa tendiente a fomentar estándares de calidad o controlar el proceso de inversiones. La CNC  se vio francamente limitado para cumplir sus funciones ante un marco regulatorio frágil.

-Poca regulación de inversiones: el contrato de concesión establecía que la empresa debía realizar una inversión no menor a 25.000.000 pesos/dólares anuales. Sin embargo, durante los dos primeros años de gestión, Correo Argentino S.A., redujo su dotación de personal indemnizando a más de 10.000 trabajadores bajo el concepto de “retiro voluntarios”. Estos fondos, que ascendieron casi a 100.000.000 de pesos/dólares fueron considerados como inversión. Por lo tanto, la empresa no realizó aportes de capital genuinos en la mejora de la calidad de los servicios.

 -Poco control de metas de calidad y tarifas: consecuencia también de los anteriores ítem. Al incumplimiento de los compromisos de inversión, se sumó el desempeño deficitario de la empresa por parte del grupo Macri y la decisión unilateral, a partir de marzo de 2000 de abonar el canon correspondiente (11). A importantes pérdidas contables (alcanzaron el 50% del patrimonio de la empresa en el 2000), caída de la participación del correo oficial en el mercado postal (del 48 % en 1997 al 35 % en 2001) se suman la dolarización ilegal de las tarifas para la correspondencia enviada al exterior, un incremento de 750 % del servicio de casilla postal que es prestado en forma exclusiva en algunas zonas del interior, además de modificar el gramaje (el peso) de las cartas simples, donde hasta 20 gramos debía solicitar autorización al Estado para un incremento, tal lo señalado en el contrato en referencia a servicios obligatorios.

-Ineficiencia de los Entes Reguladores: también un decreto presidencial decide, en 1996, la desaparición de la CNCT y su pasaje al mismo órgano donde se regula la actividad de las prestadoras telefónicas, la CNC. Se compone de ocho miembros, todos designados y removidos por el ejecutivo, con un período de cinco años y posibilidad de una reelección. A su vez, su presupuesto proviene del 0,5 % de los ingresos de la prestación de servicios de la empresa, lo que da cuenta además de una cierta supeditación a la privatizada. La CNC tuvo durante todo este período poco acceso a la información de la empresa o poco pudo auditar dado los problemas señalados en cuanto a aumentos de tarifas, inversiones poco claras e incumplimiento de varios ítem del contrato de concesión. Por otra parte, el ente tenía poca capacidad de imponer regulación a la empresa en algunos casos o tenía prácticas poco objetivas en otros. Para el primer caso, considérese la intimación que la CNC hizo a la empresa en abril de 2002 para reducir las tarifas internacionales aumentadas ilegalmente, de las que Correo Argentino hizo caso omiso. Para el segundo, la autorización para computar mas de $ 100 millones de pesos de indemnización en concepto de inversiones durante 1998 con el aval de Germán Kammerath, titular de CNC en ese momento.

 

Reestatización

La Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario, Nº 25561 sancionada en enero de 2002 autorizaba a renegociar los contratos con las privatizadas. A pesar de que los informes de la Auditoría General de la Nación (AGN) dieron sobradas muestras de la existencia de condiciones claras para la rescisión del contrato del correo, el gobierno de transición de Duhalde demoró la ejecución a partir de diferentes prácticas dilatorias como apartar el caso de la Comisión Renegociadora creada por la ley de emergencia, conformando una comisión ad hoc para tratar el tema en particular y hasta sancionó una norma casi hecha a la medida de Correo Argentino: el Decreto 1834/02 que con la excusa de garantizar la continuidad de la prestación de servicios públicos la presentación de concurso preventivo de una licenciataria no daba lugar a la rescisión del contrato. Correo Argentino S.A., vale aclarar, se había presentado en convocatoria de acreedores en septiembre de 2001. Durante este proceso y hasta que se decidió la finalización del contrato, la empresa hizo uso de varias de las maniobras de aumentos ilegales de tarifas y adaptación de precios a valores en moneda extranjera.

Recién el 19 de noviembre de 2003 y bajo decreto 1075/03, el presidente electo Néstor Kirchner, determinó el primer regreso de un servicio público a manos del Estado. Desde ese momento a la actualidad también fueron reestatizadas la empresa encargada del control del espacio radioeléctrico, como el de provisión de agua potable y saneamiento y las líneas del ferrocarril San Martín. La norma cita entre otros argumentos:

 

-Los cuestionamientos sistemáticos, injustificados, de Correo Argentino S.A. para abonar el canon. Incluso se señala un pedido de resarcimiento que hizo la empresa por servicios prestados al Estado, razón que luego utilizó para negarse a pagar la cifra semestral acordada.

-El pedido de concurso preventivo a partir de una deuda de casi $ 300 millones, a los que debían sumarse otros $ 206 en concepto de incumplimiento del pago del canon durante el período de convocatoria.

-Los reiterados incumplimientos en los precios del Servicio Básico Universal que generaron importantes perjuicios a los usuarios.

-Los aumentos unilaterales implementados desde 2002, práctica en la que la empresa no se detuvo a pesar de los llamados de atención y aplicación de multas de parte del Estado nacional.

-El intento de levantar la deuda postconcursal generada por el incumplimiento del pago del canon con $ 26 millones, cuando la deuda ascendía a $ 206 millones.

La norma cita también la necesidad “de asegurar un efectivo servicio postal universal a todos los habitantes, en todo el territorio, a precios accesibles y con ciertas prestaciones mínimas”. Sin embargo, será pertinente para considerar cuáles fueron los objetivos de la reestatización, tener en cuenta que el artículo 4 instruía el llamado a licitación pública nacional e internacional “a fin de volver a privatizar el servicio público postal” en un plazo de ciento ochenta días. Aunque a la fecha se puede decir que no se cumplió con esa instrucción y que la empresa sigue estando en manos del Estado, será relevante en futuros trabajos analizar los objetivos del pasaje a manos públicas del correo oficial de noviembre de 2003.

 

A modo de conclusión

El proceso privatizador de los 90`s en la Argentina no sólo modificó la gestión de los servicios públicos, transformó un modo establecido durante años de relación entre la sociedad civil y el Estado. Un Estado que hasta ese momento era posiblemente un ineficiente prestador de servicios básicos, pero garante de que todos pudiesen hacer uso de ellos, dejó a los ciudadanos-consumidores a merced de una lógica de mercado, presentada como la panacea pero siempre excluyente, que proponía servicios más eficientes y baratos. Decimos que el caso aquí analizado es paradigmático no sólo porque sólo la Argentina junto a Burundi y Nigeria privatizaron su correo oficial (12) sino porque lejos estuvo de mejorarse la calidad de la prestación, aumentando la inversión y disminuyendo las tarifas. El ciudadano, ahora también cliente, quedó a expensas de una empresa que a sabiendas de la “liviandad” de los contratos firmados, se animó a quedarse con un servicio del que no realizó correctas evaluaciones ni pensó en realizar genuinas inversiones y que terminó transfiriendo sus pérdidas a las tarifas de los consumidores desamparados por un Estado, que a través de sus entes reguladores convalidó varias de estas maniobras. Tampoco uno de los objetivos fundamentales de las privatizaciones como era generar ingresos fiscales se cumplió en el caso del correo ya que las arcas del Estado sólo vieron ingresar los $ 51.600.000 semestrales durante los primeros dos de los treinta años pautados de concesión.

 

 

Notas

(1) Torre, Juan Carlos: El proceso político de las reformas económicas en América Latina, Buenos Aires, Paidós, 1998.

(2) Thwaites Rey, Mabel y López, Andrea: Fuera de Control. La regulación residual de los servicios privatizados, Buenos Aires, Editorial Temas, 2003, p. 34.

(3) Azpiazu, Daniel: Las privatizaciones en la Argentina. Diagnóstico y propuestas para una mayor competitividad y equidad social, Buenos Aires, Fundación OSDE/CIEPP, 2002, p. 8.

(4) Thwaites Rey, Mabel y López, Andrea: Fuera de Control. La regulación residual de los servicios privatizados, Buenos Aires, Editorial Temas, 2003, p. 20.

(5) Ibídem.

(6) Azpiazu, Daniel: Las privatizaciones en la Argentina. Diagnóstico y propuestas para una mayor competitividad y equidad social, Buenos Aires, Fundación OSDE/CIEPP, 2002, p. 41.

(7) González Moras, Juan M: Servicios postales. Su actual regulación y desmonopolización, Buenos Aires, Documentos de Trabajo, Departamento de Investigación, Universidad de Belgrano, 2001, p. 20.

(8) Pérez, Alfredo Javier: Aproximaciones a la problemática postal en la República Argentina, Buenos Aires, Revista argentina del Régimen de Administración Pública Nº 229, diciembre 2001, p. 20.

(9) Azpiazu, Daniel y Schorr, Martín: Crónica de una sumisión anunciada, las renegociaciones de las empresas privatizadas bajo la administración Duhalde, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2003, p. 120.

(10) Azpiazu, Daniel y Schorr, Martín: Crónica de una sumisión anunciada, las renegociaciones de las empresas privatizadas bajo la administración Duhalde, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2003, p. 123.

(11) Azpiazu, Daniel y Schorr, Martín: Crónica de una sumisión anunciada, las renegociaciones de las empresas privatizadas bajo la administración Duhalde, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2003, p. 121.

(12) Azpiazu, Daniel y Schorr, Martín: Crónica de una sumisión anunciada, las renegociaciones de las empresas privatizadas bajo la administración Duhalde, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2003, p. 119.

 

Bibliografía

ARUGUETE, Natalia: Pelea por los buzones, Buenos Aires,  diario Página/12, 17/04/2003.

AZPIAZU, Daniel: Las privatizaciones en la Argentina. Diagnóstico y propuestas para una mayor competitividad y equidad social, Buenos Aires, Fundación OSDE/CIEPP, 2002.

AZPIAZU, Daniel y SCHORR, Martín: Crónica de una sumisión anunciada, las renegociaciones de las empresas privatizadas bajo la administración Duhalde,  Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2003.

GONZÁLEZ MORAS, Juan M: Servicios postales. Su actual regulación y desmonopolización, Buenos Aires, Documentos de Trabajo, Departamento de Investigación, Universidad de Belgrano, 2001.

NUDLER, Julio, Gobierno avanza hacia la rescisión del contrato con Correo Argentino, Buenos Aires, diario Página/12, 08/06/2003.

PEREZ, Alfredo Javier: Aproximaciones a la problemática postal en la República Argentina, Buenos Aires, Revista argentina del Régimen de Administración Pública Nº 229, diciembre 2001.

THWAITES REY, Mabel, y LÓPEZ, Andrea (2003): Fuera de Control. La regulación residual de los servicios privatizados, Buenos Aires, Editorial Temas, 2003.

TORRE, Juan Carlos: El proceso político de las reformas económicas en América Latina, Buenos Aires, Paidós, 1998.

 

Fuentes documentales

Ley Nº 23696/89

Ley Nº 25561/02

Ley Nº 20216/73

Ley Nº 22005/79

PEN, Decreto 214/92

PEN, Decreto 1187/93

PEN, Decreto 660/96

PEN, Decreto 214/92

PEN, Decreto 265/97

PEN, Decreto 840/97

Ex- Ministerio de Infraestructura y Vivienda, Resolución Nº 65/01

AGN, Resolución 90/02

PEN, Decreto 1834/02

PEN, Decreto 1075/03