En noviembre de 2012, la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara Baja del Congreso de la Nación firmó el dictamen de la Ley 26.811, un proyecto presentado por el Frente para la Victoria, que declara al 8 de mayo como el Día Nacional Contra la Violencia Institucional.

La fecha elegida tiene que ver con la denominada «Masacre de Ingeniero Budge», hecho que marcó a fuego el accionar violento de la policía bonaerense en los primeros años de democracia. En esa localidad del partido de Lomas de Zamora, fueron fusilados tres amigos que conversaban y tomaban una cerveza en una esquina. Tres suboficiales asesinaron de 29 disparos a los jóvenes, la mayoría de los proyectiles ingresaron por la espalda.

El suboficial mayor Juan Ramón Balmaceda y los cabos primero Isidro Romero y Jorge Miño arribaron a esa fatídica esquina, de Guaminí y Figueredo, en autos particulares. El primero en descender fue Balmaceda, y al grito de «¡Al suelo señores!» se acercó a los jóvenes y, al tropezarse saltando una zanja de agua, según su testimonio, se le escapó un disparo, lo que provocó la descarga fusiladora indiscriminada de una ametralladora y dos armas reglamentarias que portaban los uniformados.

El testimonio de los policías afirmaba que había sido un enfrentamiento, mientras el relato de muchos testigos, vecinos del barrio, confirmaba que se trataba de un fusilamiento. Al costado de los cuerpos les plantaron los «perros», que en la jerga policial significa armas.

La «Masacre de Ingeniero Budge» marcó un hito en la historia democrática de nuestro país, en relación al accionar represivo de las fuerzas de seguridad, como el primer caso de «gatillo fácil». La memoria colectiva también recuerda este hecho como la primer pueblada organizada en democracia a raíz de un caso vinculado estrechamente a una metodología utilizada durante la última dictadura cívico militar eclesiástica.

Agustín Olivera que tenía 26 años, Roberto Argañaraz, dos años menor, y Oscar Aredes, de sólo 19 años, fueron las primeras víctimas de lo que se denominó a partir de esta masacre como «gatillo fácil», cuya primer conceptualización hablaba del asesinato extrajudicial, en un país donde no es legal la pena de muerte, por parte de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. Ese concepto prontamente empezó a estar en tensión porque dejaba muchas situaciones afuera, hostigamientos, torturas, complicidades judiciales, entre otras.

Así y luego de muchos debates, se define a la “violencia Institucional” como prácticas estructurales de violación de derechos por parte de funcionarios públicos, pertenecientes a fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, policías, servicios penitenciarios, operadores judiciales y efectores de salud en contextos de restricción de autonomía y o libertad (detención, encierro, custodia, guarda, etc.)

En la gran mayoría de los casos se puede observar una constante: los jóvenes de sectores populares, marginados de la distribución de la riqueza, como víctimas de estos hechos, la familias que sin recursos buscan ayuda para que se haga justicia y no la reciben por parte del Estado, el acompañamiento de militantes y organizaciones de DD.HH. que brindan esa ayuda; las fuerzas de seguridad como autoras de esos hechos de violencia institucional, el poder judicial que ampara o ponen obstáculos, por acción u omisión, para que el caso no salga a la luz, los medios de comunicación que en primera instancia avalan la versión policial y la movilización de vecinos/as/es, la familia y la participación de las organizaciones que siempre son un eslabón fundamental para que se haga Justicia.

*Pandemia de Covid-19 y Violencia Institucional*

El 19 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró al Covid-19 como una pandemia mundial, el gobierno nacional estableció  por medio del Decreto 297/2020 el aislamiento social preventivo y obligatorio. En este marco las fuerzas de seguridad nacionales son las responsables de garantizar el cumplimiento de la medida.

Según el informe del Ministerio Público de Defensa desde el 20 hasta el 31 de Marzo, fueron 133 las personas detenidas por delitos con jurisdicción en Caba, el 56,4 por ciento fueron detenidos por «resistencia a la autoridad». La defensora adjunta del Fuero Penal y Contravencional porteño, Marcela Millán declaró “La Policía labró actas por resistencia a la autoridad a personas en situación de calle y a personas con problemas de salud mental».

En Caba, según el informe del Ministerio Público de Defensa porteño, se registra un caso de Violencia Institucional diario desde que comenzó la cuarentena, son múltiples las denuncias presentadas por casos de abuso de las fuerzas policiales que van desde amenazas, detenciones arbitrarias, maltratos a personas con permisos para circular, utilización de gas pimienta y hasta una investigación por el fallecimiento de un hombre en situación de calle tras una fuerte golpiza policial.

Además en redes sociales se viralizaron algunos videos filmados por ciudadanos que demuestran los abusos ejercidos por las fuerzas de seguridad. Las preocupaciones del Gobierno nacional por estas situaciones han llevado a tomar medidas, se abrieron 13 causas a policías federales, dos efectivos fueron pasados a disponibilidad y 31 agentes fueron separados de sus lugares de operación mientras se realizan las investigaciones correspondientes. La Secretaría de Derechos Humanos de Nación y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires difundieron líneas telefónicas de denuncia sobre situaciones de violencia institucional. 

Otro territorio en el que el abuso de las fuerzas se ha manifestado es en las cárceles, una de las instituciones más denunciadas en nuestro país no solo por los estamentos nacionales si no también internacionales, por las lamentables condiciones de detención.

Estos hechos sin duda, marcan que estas metodologías se siguen sucediendo, pero hoy asistimos a una voluntad política diferente ante estas situaciones, el apartamiento e investigación señalados anteriormente sobre los miembros de la fuerza, confirman ese camino, sin duda queda mucho por recorrer, pero una conducción de gobierno con voluntad política de revertir estos abusos es un paso fundamental.

*Secretaría de DD.HH. de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP.