Por Julián Tróccoli*

A quienes hacemos comunicación, de cualquier tipo y modalidad, nos gusta decir –y pensar- que lo que no se nombra queda anulado en su capacidad de existir, dejando perdida una infinidad de experiencias; lo que da cuenta la importancia de establecer y fortalecer discursos justos e inclusivos. Asimismo, entendemos que es la política la herramienta indispensable y necesaria para llevar adelante los procesos de transformación que aporten a dicha inclusión.

Nuestro país a lo largo de su desarrollo histórico fue testigo de distintas ausencias constituidas por los poderes hegemónicos, que ancladas en sistemas coloniales y patriarcales promulgaron distintos mecanismos de exclusión para aportar a su estructura de orden. Un modelo donde solo unos pocos, por los procesos de sociabilización, estaban destinados a ser sujetos habilitados para la vida en sociedad y no sólo para habitar el ámbito privado. Mujeres, niños, ancianos, pueblos originarios, pobres, quedaban destinados a ser tutelados y con derechos incumplidos. A los márgenes de la historia.

Sin embargo, a diferencia de quienes reivindican que la historia la escriben los que ganan, damos cuenta que en las calles y desde el barro se han gestado distintos proyectos emancipatorios que, poniendo la mirada en nuestro suelo y en lo autóctono, alcanzaron derechos que aún hoy somos garantes. Y que permitieron ver que los mismos no implican un techo, sino un piso desde el cual comenzar a discutir.

Las mujeres en la historia y la historia de las mujeres son un ejemplo concreto de lo mencionado, dado que los procesos de diferenciación sexual construyeron jerarquías que las invisibilizaron y colocaron en un posicionamiento desigual es los distintos ámbitos sociales. Distintas fueron – y siguen siendo – las luchas y movilizaciones para el reconocimiento de su lugar en la sociedad y la ampliación de derechos.

Uno de los hitos que aportó a romper la brecha de la desigualdad y favoreció la irrupción de la mujer en la vida pública fue sin dudas la sanción de la Ley 13.010, en septiembre de 1947, que estableció el voto femenino.  De esta forma – y de la mano de Eva Perón- las mujeres conquistaron el derecho a elegir y ser elegidas, lo cual implicó adquirir representatividad y la participación activa en la política. El sufragio universal pasó a ser una realidad para todos y todas, fruto de una larga lucha que inició en 1907 cuando Alicia Moreau fundó el Comité Pro Sufragio Femenino, espacio rechazado por el ala conservadora nacional.

La igualdad de los derechos políticos entre hombres y mujeres habilitó el despertar de nuevas demandas y horizontes hacia la construcción de una Patria más justa, libre y soberana. Este piso obtenido, se sedimentó año a año y desde 1997, por la Ley de 24.785, se estableció en nuestro país al 23 de septiembre como el Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer.

Aquel 23 de septiembre, Evita le decía al pueblo: «Mujeres de mi patria: recibo en este instante de manos del Gobierno de la Nación, la Ley que consagra nuestros Derechos Cívicos. Y la recibo entre vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Por eso hay en ella crispación de indignación, sombra de ataques amenazadores, pero también alegre despertar de auroras triunfales. Y eso último se traduce en la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional».

*Integrante de la Secretaría de Género de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP.