Por Analía Elíades*
Llamamiento y alerta de la Asociación Americana de Juristas
Hace unos días, la Asociación Americana de Juristas, con adhesiones de diversos organismos y personalidades públicas comprometidas con los derechos humanos, presentó ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), un documento titulado “Pronunciamiento ante la utilización del Lawfare para enfrentar e impedir el cumplimiento del programa comprometido por un gobierno electo por el pueblo: el caso argentino”.
No fue una presentación espontánea, ya que la entidad se vio compelida a realizar esta manifestación ante la elevación de un informe distorsionador de la realidad realizado ante dicho organismo por parte de la denominada “Asociación Civil Será Justicia”, una ONG vinculada al macrismo, a los bufetes más poderosos de la Argentina y al tradicional y ultraconservador Colegio de Abogados de la calle Montevideo.
Como contrapartida, la Asociación Americana de Juristas (AAJ), con antecedentes propios como colectivo y personales de sus integrantes, consustanciados con la lucha por el Estado de Derecho y el derecho de acceso a una justicia imparcial e independiente garante de los derechos humanos, no se limita a repudiar las afirmaciones mendaces, los tergiversados conceptos y los oscuros intereses perseguidos por la “Asociación Civil Será Justicia”, sino que repasa, releva y devela las maniobras tendientes a socavar las bases mismas del actual gobierno democrático argentino en su capacidad de negociación en las gestiones con los organismos multilaterales de crédito, para regularizar la situación financiera y recuperar la soberanía económica.
El documento de la AAJ comienza con un análisis del contexto actual a partir de la pandemia mundial del coronavirus y resalta la centralidad de la lucha de las políticas públicas para dar preponderancia a los derechos económicos, sociales y culturales, asegurando al mismo tiempo, las condiciones de gobernabilidad y la capacidad técnica y política de quienes conducen los Estados.
A continuación, trata sobre el concepto, alcance y componentes de la corrupción, como fenómeno complejo, multifacético, social, político y económico, con graves y múltiples consecuencias. Acto seguido, recuerda las denuncias que la AAJ realizara ante la Relatoría Especial para la Independencia de Jueces y Magistrados de Naciones Unidas como así también ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante la Presidencia de Mauricio Macri, período en el que “se desarrolló un proceso de degradación institucional del sistema judicial, fruto de la intromisión indebida, presiones y ataques que han sufrido los magistrados, defensores, fiscales, en distintas jurisdicciones (nacional y provincial), que no se allanaban a las directivas dictadas. Así agravaron la falta de independencia de este Poder del Estado”. Resalta que las consecuencias de ese accionar aún perduran.
La presentación repasa las violaciones del “macrismo” a la independencia judicial, desenmascarando así la operación de la ONG “Será Justicia”, conducida por ex funcionarios de Macri, tales como María Eugenia Talerico, quien se desempeñara como vicepresidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) durante tal gobierno y traza comparaciones de la actual conducción de la AFI y la AFI del “espionaje ilegal”.
Asimismo, aborda la concepción sesgada de la corrupción y funcional a los intereses que representa, elaborada por “Será Justicia”; trata las consecuencias socioeconómicas en Argentina de la administración de “Juntos por el Cambio” y recuerda las cifras del retroceso y la exclusión que caracterizaron a dicho gobierno. No olvida el rol de los organismos multilaterales en el proceso de deterioro que sufre el país, y particularmente señala la inconstitucionalidad de dicho endeudamiento y el papel desempeñado por el Fondo Monetario Internacional con su entonces Presidenta, Christine Lagard.
Finalmente, en sus Conclusiones, el documento de la AJJ advierte sobre la falta de discusión de los delitos económicos más graves que generan las mayores afectaciones sociales y la omisión de tratamiento de temas como fuga de capitales, evasión impositiva, contrabando agroindustrial y las consecuencias nocivas de las prácticas monopólicas. En esa línea de persecución discursiva y judicial “selectiva”, el Lawfare se instaura como modo de dominación institucional, mediática y cultural, confluyendo en el debilitamiento del estado. “Conforme esta visión, no se persigue que el Estado desaparezca en tanto ente, sino que se disuelva, que agote su aptitud para organizar el pensamiento, producir subjetividad y dirigir políticas en términos democrático-participativos de soberanía estatal y justicia social. Y este objetivo resulta una política cuasi genocida en el actual contexto mundial, a la luz de lo acaecido en los países donde imperaron las políticas dispuestas por el “Libre Mercado”.
El documento culmina instando a la OCDE y a los organismos multilaterales como el FMI y el Banco Mundial, a tener en cuenta las razones de sus orígenes y objetivos de creación, lo que los obliga a ejercer con la mayor responsabilidad planetaria la transformación que como mundo estamos viviendo en pandemia, solicitando finalmente que se acompañe “al proceso que en este momento está llevando a cabo la Argentina, de recuperación institucional hacia el pleno Estado democrático de derecho, y de soberanía económica, con inclusión social y efectiva vigencia de los derechos humanos, que permitan el desarrollo sustentable para la totalidad de sus habitantes”.
Descargar Pronunciamiento: http://www.asociacionamericanadejuristas.org/sitio/aaj-pronunciamiento-lawfare.php
*Profesora de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP.
