El 28 de noviembre de 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y sobre un proyecto presentado por el Frente para la Victoria, la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara Baja del Congreso de la Nación firmó el dictamen que declara el 8 de mayo como “Día Nacional de la Lucha Contra la Violencia Institucional”.
Se considera violencia institucional a toda práctica estructural de violación de derechos por parte de funcionarios públicos, pertenecientes a fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, policías, servicios penitenciarios, operadores judiciales y efectores de salud en contextos de restricción de autonomía y o libertad (detención, encierro, custodia, guarda, etc.)*.
La Ley, registrada bajo el Nº 26.811, tiene el objeto de recordar las graves violaciones a los derechos humanos ocasionadas por las fuerzas de seguridad, promoviendo la adopción de políticas públicas en materia de seguridad respetuosas de los derechos humanos.
¿Qué sucedió un 8 de mayo?
El 8 de mayo de 1987, durante el gobierno de Raúl Alfonsín y a cuatro años de la recuperación de la democracia en Argentina, el personal de la policía bonaerense asesinó a los jóvenes Agustín Olivera (26), Oscar Aredes (19), y Roberto Argañaraz (24), en la esquina de Guaminí y Figueredo de la localidad de Ingeniero Budge, en la que se encontraban tomando una cerveza. A partir de ese momento se movilizaron amigos y familia, acompañando a las víctimas y exigiendo justicia: fue gracias a la organización colectiva que se logró la condena de los asesinos.
Mientras el relato de los policías afirmaba que había sido un enfrentamiento, testigos y vecinos/as/es del barrio confirmaban que se trataba de un fusilamiento. Se recuerda este hecho como el primer proceso colectivo en búsqueda de justicia por un hecho producido en democracia. Un mes después, el 4 de junio de 1987, en el país se dictó la Ley de Obediencia Debida (23.521), que estableció que los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas no eran punibles, por haber actuado en virtud de la denominada «obediencia debida», concepto militar según el cual los subordinados se limitan a obedecer las órdenes emanadas de sus superiores. La violencia institucional que en la dictadura cívico-militar-eclesiástica fue moneda corriente, dejando 30.000 compañeros/as/es detenidos/as/es-desaparecidos/as/es, luego en democracia supo ser quedar impune. Sin embargo, el 21 de agosto de 2003, bajo el gobierno de Néstor Kirchner, se anularon las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que dieron lugar a la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad.
La Masacre de Budge es conocida como el primer caso de “gatillo fácil” e inaugura una lista extensa y dolorosa de asesinatos por parte de las fuerzas policiales.
Según datos de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), desde 1983 hasta 2021 son 8.172 las personas asesinadas por el aparato represivo del Estado. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) realiza desde 1996 una base de datos que registra hechos de violencia letal y no letal en los que participaron funcionarios/as/es de instituciones de seguridad. En lo que se refiere a los últimos tres años, (2019-2020-2021), se puede notar un descenso de las personas asesinadas en hechos de violencia en CABA Y GBA. El año 2021 evidenció el número más bajo (63 personas fallecidas) registrado desde el año 1996, encontrándose el pico más alto en el año 2001 (317 personas asesinadas) y en donde únicamente en el mes de diciembre y en el contexto de la violenta represión, además de las personas asesinadas, centenares resultaron heridas y hubo más de 4.500 detenciones en distintas localidades del país.
El perfil demográfico de quienes murieron por acción de funcionarios/as/es policiales y de seguridad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) muestra que los varones jóvenes son el grupo más afectado por la letalidad policial. Del total de muertes particulares, según el CELS, siete de cada diez eran jóvenes de entre 15 y 27 años. Detrás de las estadísticas de la violencia policial hay historias de vida: en la gran mayoría de los casos, los jóvenes eran de sectores populares, marginados de la distribución de la riqueza. Las familias, sin los recursos necesarios, buscan ayuda para que se haga justicia y no la reciben por parte del Estado. La movilización de les vecinos/as/es y las familias, así como sucedió 35 años atrás en Ingeniero Bunge, sigue siendo fundamental para que se haga Justicia.
Es necesario destacar un hecho bisagra de la violencia institucional, que marca un antes y un después en nuestra historia.
Miguel Bru, estudiante de Periodismo, fue el primer desaparecido en democracia. Nuestro compañero fue secuestrado, torturado hasta la muerte y desaparecido el 17 de agosto de 1993 en la Comisaría Novena de La Plata. Este crimen de Estado se convirtió en un caso testigo por el proceso de lucha en reclamo de justicia, el apoyo social, la gran repercusión mediática, y la resolución judicial que tuvo. En un fallo inédito, en 1999 se logró la condena por homicidio en un caso de desaparición. La movilización universitaria encabezada por Rosa Bru, las reuniones, asambleas y marchas organizadas fueron fundamentales para lograr la sentencia.
Hoy, una de nuestras sedes de la Facultad lleva su nombre. Familiares, amigos/as/es y compañeros/as/es seguimos preguntando “¿Dónde está Miguel?”.
Por un país sin abusos policiales ni estigmatizaciones en donde los perjudicados son siempre los mismos: nuestros pibes y pibas. Pedimos justicia por Miguel Bru, por la incansable lucha de Rosa, y por cada una de las víctimas de violencia institucional. Sabemos que queda un camino por recorrer, pero allí vamos.
*Ante un caso de violencia policial podes hacer tu denuncia llamando al 0800-122-5878 línea gratuita de la Secretaría de Derechos Humanos.
Secretaría de DD.HH. de esta casa de estudios.
