La Migración un desafío de los Estados a Nivel Global
Por: Claudia Vasquez Haro*

A más de dos años de la pandemia, que azotó a escala global, sus consecuencias sociales, económicas, políticas y culturales siguen vigentes y continúan profundizando las desigualdades en distintos lugares del mundo. Contribuyendo al incremento exponencial de la migración en la búsqueda de oportunidades laborales, desplazamientos forzados por cuestiones climáticas, refugiados de guerra o por razones políticas.

En este sentido, las instituciones gubernamentales han llegado a su punto álgido en regiones de Latinoamérica, África y Asia. Como también, en las potencias del norte, demostrando que el capitalismo se sirve de las crisis para maximizar sus ganancias en detrimento de las mayorías.

De este modo, a la desigualdad y a la crisis económica se suman otros, como el endurecimiento de las políticas migratorias, mediante políticas restrictivas que contribuyen a la demonización de los migrantes y refugiados que intentan por diferentes circunstancias migrar y huir de sus países de origen. Esta política migratoria de mano dura, encuentra su máxima expresión en países como Estados Unidos y la Unión Europea. Dónde corrientes migratorias, refugiados y de desplazados de otros lugares del mundo intentan ingresar escapando de la guerra, del cambio climático que provoca inundaciones o sequías y de régimen políticos autoritarios que saqueen a sus pueblos y los empujan a la extrema pobreza.

Un caso reciente que alarmó a nuestra sociedad fueron los 50 migrantes hallados muertos dentro de un camión abandonado al costado de una ruta en la ciudad estadounidense de San Antonio, Texas. El hallazgo es una de las peores tragedias que involucran a migrantes latinoamericanos (México, Guatemala y Honduras) en ese país.

En esta misma línea, un estudio de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), reportó que más de 3200 personas murieron o desaparecieron en el Mediterráneo y en el Atlántico norte en 2021, un incremento con respecto a años anteriores, a pesar de que disminuyó el número de esas peligrosas travesías.

Por su parte en Argentina, hubo un cambio de paradigma desde el 2004, cuando se sancionó la nueva Ley Migratoria, que entiende a la Migración como un Derecho Humano, durante el gobierno del presidente Néstor Carlos Kirchner, con la idea de reconstruir la Patria Grande.

De este modo, se generó un cambio histórico en la Argentina, con la derogación del Decreto– Ley Videla que estuvo vigente desde el año 1981 y la sanción de una nueva norma elaborada por la democracia, Ley 25.871. La cual representó, el cambio de una política fundamentada en la Doctrina de la Seguridad Nacional, hacia otra basada en los derechos humanos.

La experiencia Argentina durante el periodo 2003 y 2015, implicó la construcción de un Modelo Migratorio Alternativo de Inclusión, teniendo como base un proceso de integración regional. Este modelo, surgió a través de las luchas, resistencias y autoorganización de les migrantes, desde las organizaciones sociales, ONG, sindicatos, etc. El cual, se cristalizó a través de la apertura del modelo político de entonces, que hizo de los derechos humanos parte fundamental de su agenda política.

Sin embargo, estos avances en materia legislativa implicaría un retroceso con las medidas adoptadas de manera arbitraria e inconstitucional por el gobierno de Mauricio Macri a través del Decreto 70/2017, que contribuyó a la estigmatización social, el rebrote de discursos xenófobos y racistas.

En términos generales, el decreto introdujo impedimentos concretos para el ingreso y permanencia de migrantes en el país, aceleró los trámites de expulsión reduciendo las garantías procesales de las personas, vulnerando el derecho de defensa; eliminó la unidad familiar como condición para evitar la expulsión, y restringió el acceso a la nacionalidad argentina, entre otros.

De este modo, la Argentina ha experimentado un ciclo en los últimos 30 años que ha oscilado entre restricciones y acceso a derechos para les migrantes. Que ha alternado, entre miradas globales y otras más latinoamericanas, en la cual, ha predominado la apertura por la integración regional en el marco del Mercado Común del Sur (Mercosur) y, luego, por la renovación de la política migratoria en 2004 con la Ley de Migraciones 25.871.

Según el informe del 2021 sobre Migraciones Internacionales en la Argentina. Da cuenta, que desde el 2004 el país comenzó a recibir a migrantes de distintas latitudes, en su gran mayoría de los países de la región. Además de aquellos provenientes de los países vecinos, como paraguayos, bolivianos y brasileños, también llegaron peruanos, colombianos, ecuatorianos, venezolanos, dominicanos y haitianos, entre otros, por diversos motivos.

Por otro lado, estos estudios muestran que en los últimos años, la movilidad intrarregional se incrementó debido a la difusión de los medios de comunicación, los bajos costos de transporte y, esencialmente, por las condiciones políticas en la región, con la implementación de mecanismos de integración regional que facilitaron la movilidad. Además, los países tradicionales de emigración extrarregionales para los nacionales sudamericanos implementaron políticas restrictivas, lo que condujo a que disminuyera su atracción como países de destino.

En la actualidad, el incremento de migrantes provenientes de países de la región ha sido utilizado por sectores políticos de la derecha con fines electoralistas. Quienes han llegado a manifestar, que la migración de países vecinos está descontrolada. Generando, por un lado, un rebrote de discursos y prácticas discriminatorias, xenófobas y racistas. Y por el otro, coartando sus derechos consagrados en la Ley 25.871 y en el Acuerdo de Residencia para les Nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR. El cual permite la libre circulación de personas y promover los derechos de les migrantes.

El acuerdo establece reglas comunes para ciudadanes de países signatarios que solicitan residencia en países distintos de su país de origen. La regulación incluye el criterio de “nacionalidad del MERCOSUR” que, junto con la falta de antecedentes penales y la presentación de ciertos documentos personales, constituyen los requisitos básicos para obtener la residencia. También promueve la igualdad de derechos entre migrantes y nativos. Se extiende a una serie de derechos, como la entrada, salida, salud, educación, reunificación familiar, trabajo y libre transferencia de remesas, eximición de sanciones a los migrantes irregulares que cumplen con los criterios y logran obtener la residencia, entre otros.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), para el 2019 la Argentina albergaba a la mayor población de personas nacidas en el extranjero de la región (más de 2 millones de migrantes), principalmente de países vecinos tales como Paraguay, el Estado Plurinacional de Bolivia, Chile y Perú.

En América Latina, en los últimos años una de las máximas expresiones de este fenómeno, ha sido la migración masiva de venezolanos que han llegado a Argentina, pasando antes por países como Perú y Chile, donde los medios de comunicación mostraron la hostilidad con la que eran tratados, producto de las políticas restrictivas de estos países. Tal es el caso de Perú, que días atrás la Defensoría del Pueblo rechazó el dictamen aprobado en el pleno del Congreso de la República que modifica la Ley de Migraciones, al señalar que limita de manera arbitraria el ingreso y tránsito de personas extranjeras en el país. Asimismo, advirtió que la norma promueve que los arrendadores de inmuebles exijan acreditación de situación migratoria para hospedarlas.

A esto, se suman las multas a más de 100.000 venezolanos que residen en el país por el Sistema Nacional de Migración peruano, debido al vencimiento de sus documentos de residencia. Ante esta situación, muchos corren el riesgo de verse obligados a abandonar el Perú por no poseer los recursos económicos para pagar las multas.

Sin embargo, en un contexto mundial de mucha incertidumbre, estas cuestiones también se agravan y dan lugar al marcaje con discursos violentos que propagan ideas estereotipadas sobre los migrantes. Desconociendo sus aportes, sociales económicos y culturales para el desarrollo de los países receptores.

La realidad, demuestra que los efectos económicos y sociales de la pandemia, en especial durante sus fases más restrictivas tuvieron un impacto diferenciado y desproporcionado sobre poblaciones migrantes y refugiadas que ya se encontraban en situación de vulnerabilidad. Por ende, instamos a los países de la región a tener políticas que entiendan a la migración como un derecho humano y alejarse de concepciones racistas , xenofóbicas y segregacionistas, que desconocen la realidad actual de Nuestra América y el mundo.

Así, como la Comunidad Europea implica unidad monetaria y libertad de tránsito con derecho al trabajo entre los países miembros, hoy la Argentina realiza un aporte decidido al fortalecimiento del MERCOSUR y de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). Coartar este proceso, no va a detener la migración, por el contrario bajo el concepto de “ilegales” a muchos habitantes de los países hermanos, coartaremos sus derechos, dando paso a situaciones de indefensión.

*Doctora en Comunicación Social, Docente e Investigadora de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, militante travesti-trans migrante.