Por Guillermo Agustín Clarke (*)
“Ni olvido, ni perdón» fue una consigna creciente y activa desde las primeras Marchas de la Resistencia de las Madres de Plaza de Mayo y en las multitudinarias movilizaciones de los organismos de derechos humanos de 1982 y 1983. En respuesta a la auto amnistía militar, y marcando diferencias tajantes con otros procesos de transición hacia la democracia -como el de España forjado en el olvido del pasado-, en el caso argentino la triada Memoria, Verdad y Justicia asomó tempranamente como una demanda innegociable para el movimiento de derechos humanos, ampliándose a sectores cada vez más amplios de la sociedad.
El juicio a las juntas, la resistencia a la impunidad y la reconfiguración producida en la relación entre el Estado y el movimiento de Derechos Humanos en el año 2003, a partir de la reapertura de los Juicios; forjó un compromiso fundante de la etapa de profundización democrática iniciada luego del desmoronamiento de las instituciones políticas con la crisis del año 2001.
Aquel ejercicio de memoria colectiva se convirtió en un elemento central del andamiaje simbólico constituyente del pacto democrático. La potencia de este acuerdo y el compromiso de la enorme mayoría de la sociedad, quedó manifiesto en la negativa al intento de retroceso respecto al cumplimiento efectivo de las condenas por parte de los genocidas impulsado por la Corte Suprema de Justica. Cabe recordar que la movilización popular para ponerle freno a tal iniciativa, resultó la más importante y efectiva de las múltiples realizadas contra las políticas antipopulares y reaccionarias del gobierno de la Alianza Cambiemos.
No obstante , la reciente muerte del empresario Carlos Pedro Blaquier, nos convoca a una reflexión obligada. Responsable de 400 secuestros y 55 desapariciones ocurridas en su empresa durante el apagón de Ledesma, pone de manifiesto los límites con los que las políticas de Memoria Verdad y Justicia, y porque no pensarlo acerca de los propios límites de esta democracia frente a poderes fortalecidos por la impunidad.
La responsabilidad civil en los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Argentina, ha logrado evadir en la mayor parte de los casos, no sólo el juicio y el castigo, sino también la visibilidad como partícipes activos e indispensables para la perpetración del genocidio. El condicionamiento permanente del Poder Judicial a la democracia y la construcción de sentido, disolvente de cualquier acuerdo democrático por parte del complejo comunicacional, son fenómenos a escala continental, como lo fueron la Escuela de las Américas o el Plan Cóndor.
La particular coyuntura actual, de una democracia condicionada por la proscripción impuesta por el Poder Judicial a la dirigenta que ha confrontado a los poderes fácticos de ayer y de hoy -no sin antes intentar asesinarla-, en medio de una crisis inflacionaria provocada por el deliberado endeudamiento con el FMI, sumado a la existencia de presas y presos políticos, a la miseria planificada y a un relato mediático del presente dislocado de la realidad y de la historia; hacen que las banderas de Memoria, Verdad y Justicia resulten más que nunca pilar y guía de la sociedad que merecemos construir.
(*) Docente de la Facultad de Periodismo y Comunicación UNLP
Director del Archivo Provincial de la Memoria SSDDHH PBA
