Por Lic. María Emilia Martinuzzi*

¿Por qué es importante discutir el aborto en Argentina? es la pregunta que enciende al movimiento de mujeres en nuestro país desde casi 30 años, alcanzando en 2007 uno de los momentos de mayor síntesis política bajo lo que conocemos como la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La misma presentó el proyecto de Ley para la Interrupción Voluntaria del Embarazo contando actualmente con el apoyo de 70 legisladores y legisladoras que por el momento no han logrado el debate parlamentario requerido para su posible legalización.

En esta línea cabe preguntarse si continúa siendo necesario, por los años de militancia y de lucha, a nivel nacional e internacional, exponer nuevamente los argumentos que sostienen la necesidad del debate ¿Quiénes son los que llevan la discusión a foja cero e insisten en guardar reserva respecto de los derechos reproductivos definidos en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, celebrada en El Cairo en septiembre de 1994?

¿Quiénes son los que insisten en desconocer los 500 mil abortos que se realizan al año en condiciones de vulnerabilidad emocional, política y económica?

¿Quiénes son los que niegan que el 37% de los embarazos que se registran en el país terminan en aborto y que el 15% corresponde a adolescentes menores de 20 años?

¿Quiénes son los que ignoran que el aborto inducido  –en forma clandestina y en condiciones inseguras- es la principal causa de muerte materna en nuestro país y de aproximadamente 80 mil hospitalizaciones por año?

¿Quiénes son los que niegan en Argentina los derechos reproductivos reconocidos en leyes nacionales y documentos internacionales sobre derechos humanos aprobados por consenso? Aquellos basados en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y a disponer de la información y de los medios para ello, así como el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. A adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones o violencia, como lo establecido en los documentos de derechos humanos.

¿A quiénes les conviene entonces que estemos cada 8 marzo repitiendo obsesivamente los argumentos que sostienen la necesidad de garantizar el derecho de las mujeres al aborto –legal, seguro y gratuito- como una política de Estado, sabiendo que el mismo está fundado en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos?

En este sentido, creo que al menos es momento de cambiar la pregunta. Quienes estam*s convencid*s de que el aborto es un derecho, y debe ser una política de Estado, podríamos empezar a preguntarnos ¿Cómo diseñar una estrategia que interpele las posiciones que por un lado consolidan y por otro impugnan el orden punitivo-religioso, económico-patriarcal obstaculizando en Argentina la legalización, despenalización y descriminalización de las mujeres frente a su posible voluntad no procreativa?

¿De qué manera nuestra experiencia de lucha y militancia en relación a los derechos humanos durante la última dictadura cívico-militar nos aporta en comprender que las condiciones de clandestinidad que aún vivimos las mujeres cuando no queremos maternizar resulta similar a la que vivieron los compañeros y compañeras cuando militaban por una patria emancipada?

Y en esta línea, ¿cuáles serías las condiciones de posibilidad  de que nuestra sociedad incorporara el derecho a decidir la interrupción voluntaria del embarazo, al mismo tiempo que derogue los artículos que la penalizan hacia el interior del Código Penal Argentino?

En una Argentina, cuyo proyecto político actual ha definido a los derechos humanos como una política de estado, que trasciende la clásica voluntad basada en el cumplimiento de la legislación positiva, para pasar a pensar los grandes núcleos de los derechos humanos en tanto articulaciones políticas en un debate social y público; ya no resulta posible resignar este sueño, al menos aquel que garantiza las condiciones para una discusión. Una discusión que busque trascender el dilema reductor “crimen o derecho” que en ocasiones obliga obsesivamente a repetir los argumentos que de un lado y del otro endurecen el escenario.

Este comentario busca entonces abrir a la necesidad de otras preguntas que faciliten la apertura y articulación estratégicamente, generosa, privilegiando el logro del objetivo colectivo en lugar del rédito parcial.

* Becaria de investigación y docente de la FPyCS – UNLP