Prensa y Difusión
 

La decisión política de asumir la demanda histórica

Memoria, Verdad y Justicia, una política de Estado

Escribe: Lic. Matías F. Moreno, sociólogo, docente de la Facultad

El viernes 16, en el marco del juicio que se estaba llevando a cabo por el asesinato de mi padre, el abogado laboralista olavarriense Carlos Alberto Moreno, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, además de condenar a prisión perpetua a tres militares y a quince y once años a dos civiles, ordenó la apertura de la investigación acerca del rol de la empresa Loma Negra durante la última dictadura militar. Este avance en las condenas es gracias a la lucha inclaudicable de los organismo de Derechos Humanos por más de 30 años y por la decisión política del expresidente Néstor Kirchner de asumir la demanda histórica de Memoria, Verdad y Justicia y transformarla en una política de Estado.

En un nuevo aniversario del golpe de Estado, es necesario reflexionar sobre los objetivos refundacionales en materia económica, social, cultural y política. Fueron dos los principales que se planteó la Dictadura: por un lado, cerrar un ciclo histórico, sustituyendo la matriz Nacional y Popular, hegemónica política, cultural y económicamente durante años en la política argentina, expresada por los dos grandes partidos políticos, el peronismo y el radicalismo, por una de corte “liberal”. Y, por el otro, disciplinar la fuerza de trabajo. Para esto, se doblegó la combatividad del gremialismo “no burocrático”. La mayoría de los cuerpos de Delegados de las principales empresas (Renault, Ford, Propulsora, Saiar, Peugeot, Loma Negra, etc.) fueron exterminados o presos. Esto fue necesario para romper definitivamente con el poder del trabajo para fortalecer el poder del capital.

Era condición necesaria para la burguesía aumentar su tasa de ganancia y de explotación, y para ello necesitaba una fuerza de trabajo dócil. De lo que se trataba era de invertir la correlación de fuerzas a favor de la burguesía (en particular de la urbana), para lo cual se necesitaba una alianza con las Fuerzas Armadas, para consagrarse como clase dirigente, además de clase dominante; es decir, necesitaba apropiarse del aparato estatal para fundar las bases “liberales” del nuevo sistema de acumulación capitalista. Esta refedefinición del modelo de acumulación del capitalismo argentino consistió en la reorganización de la actividad económica y la estructura social, sobre la basede la hegemonía del sector más concentrado de la economía.

La política económica se caracterizó por un elevado nivel de pragmatismo y contradicción, a partir de la superposición de medidas. Esta consistió en acciones de fuerte sesgo antindustrialistas, como la apertura y reforma financiera, con políticas “selectivas” de promoción de ciertas ramas de la industria, las cuales consideraba estratégicas, como la petroquímica, el petróleo, la siderurgia y la cementera. Esta combinación de pragmatismo y contradicción en las medidas económicas estatales permitió, y a la vez consolidó, la expansión de un sector de las grandes empresas que operaban en el mercado local, sobre la base de la obtención de grandes ganancias, originadas en la existencia de contextos privilegiados de acumulación creados y sostenidos por el accionar del aparato estatal. Esta expansión se basó en la obtención por parte de estas empresas de las “cuasi rentas de privilegio”, las cuales se originaban a partir de un conjunto de regulaciones estatales, que les permitieron fijar posiciones oligopólicas en sus respectivos mercados.

Un ejemplo claro fue la industria cementera, con la fábrica “Loma Negra SA” como el mayor exponente, y su incremento patrimonial a partir de comercializar con el Estado el cemento necesario para la modernización de la ciudad de Buenos Aires (autopistas, puentes, etc.) y la construcción del estadios de fútbol para el Mundial de 1978. Por tanto, la política económica llevada a cabo por la última dictadura, por un lado, permitió la reconfiguración del modelo de acumulación de capital, cambiando el eje desde el sector industrial al sector financiero; y por el otro, la consolidación de una fracción de la burguesía local e internacional.

La meta general del gobierno militar era, entonces, cerrar un ciclo histórico para iniciar uno nuevo. El Estado autoritario deja sin canales de expresión a la sociedad argentina, codiciando una sociedad despolitizada, y un sistema decisional monopolizado y fuerte. La dictadura, para poder implementar sus objetivos políticos y económicos, ejerció sobre una parte importante del cuerpo social la represión más salvaje en la historia argentina. Se necesitaba de una sociedad aterrorizada y sumisa, y para esto fue necesario la desaparición forzada de personas, la cárcel, la sustitución de la identidad de los hijos de las personas secuestradas, la creación de cientos de centros clandestinos de detención, la tortura y el asesinato de opositores políticos y sociales.

En la actualidad, los juicios contra los genocidas y sus cómplices civiles implican no solamente llegar a la Justicia por los crímenes perpetrados, sino también, un debate colectivo sobre el modelo económico, social y cultural que la dictadura inauguró.

La sentencia del viernes 16 va en ese sentido.

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