Florencia Saintout se manifestó en contra de la designación a un juez que no es imparcial
 
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Repudian "maniobras" para trabar la Ley de Medios

Decanos de Comunicación rechazaron operaciones en el Poder Judicial

Siete decanos y directores de carreras de Comunicación Social en Universidades Nacionales de distintas regiones del país rechazaron las "maniobras corporativas" en el Consejo de la Magistratura para impedir la designación del magistrado en el juzgado número 1, que debe fallar sobre el pedido de inconstitucional formulado por el grupo Clarín, sobre el artículo que los obliga a desinvertir.

La mayoría de los referentes en comunicación social se refirieron a la frustrada reunión del Consejo de la Magistratura en que se debía tratar las ternas para ocupar cinco juzgados federales, entre ellos el que debe fallar sobre la cláusula de desinversión (artículo 161) de la Ley de Medios objetada por el Grupo Clarín.

La decana de esta unidad académica, Florencia Saintout, manifestó su repudio por los “que pretenden que el Dr. Raúl Tortti sea designado como magistrado subrogante, cuando ese Juez preopinó en la causa Fibertel a favor del multimedios Clarín”.

“Una ley de la democracia como es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual requiere que los mecanismos consagrados para la designación de jueces funcione como el derecho lo establece y no como quienes se benefician de prácticas monopólicas: no se puede ser juez y parte”, agregó.

En sintonía con Saintout, el director de la carrera de Comunicación Social de la UBA, Glenn Postolski, rechazó “toda maniobra corporativa vinculada a los intereses particulares de un grupo empresario que obstaculice la actuación de la justicia” y remarcó que “la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es producto de la participación activa de miles de argentinos, por eso su plena vigencia implicará un salto cualitativo en la construcción democrática de nuestra sociedad”.

Por su parte, el director de la Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Quilmes, Daniel Badenes, sostuvo que “hoy la ley más democrática de los últimos tiempos está atrancada en manos del poder menos democrático de la República, que por estos días exhibe sus maniobras más oscuras. Contribuyen a eso quienes pretenden que una traba crucial sea resuelta por un juez subrogante. Y mucho más, quienes apuntalan para ese rol a un magistrado que ya actuó en otra oportunidad a favor del mayor conglomerado mediático del país”.

En el mismo sentido, la directora del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Humanidades y Ciencias Social de la Universidad Nacional de Jujuy, Alejandra García Vargas, aseveró que “la coyuntura actual exige que, quienes compartimos la convicción en una comunicación plural, democrática y equitativa, reclamemos específicamente la designación de un juez titular imparcial por parte del Consejo de la Magistratura”.

“Denunciamos las interesadas maniobras de este grupo para mantener sus privilegios; y lamentamos comprobar una vez más que partidos y agrupaciones alienten una situación contraria al derecho constitucional de un juez natural para toda causa”, agregó García Vargas. 

Otras tres directoras de carreras de Comunicación, en este caso de Salta y Rosario, se manifestaron en el mismo tono que sus colegas.

La directora de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Humanidades en la Universidad de Salta indicó que “frente a las evidentes manipulaciones políticas que la oposición está llevando a cabo para impedir la designación de jueces desconociendo los concursos  realizados en el marco de la ley, es necesario que la sociedad civil exprese su enérgico repudio”.

“El nombramiento sucesivo de jueces subrogantes de dudosa imparcialidad y la no designación de los que han concursado legalmente para acceder a dichos cargos constituye un acto de convivio que lesiona el sentido republicano y la transparencia de la justicia en nuestro país y sigue obturando la plena implementación de la Ley”, alertó.

En el mismo sentido se refirió Liliana Lizondo, por la dirección Carrera Comunicación Social, Sede Tartagal, de la misma Universidad salteña. “Con la aplicación del artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual la posibilidad de una comunicación democrática podrá ser una realidad que deje sin lugar a la visión del mundo desde una sola mirada”, aseguró.

Por último, Elizabeth Martínez de Aguirre, directora de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Rosario opinó que “la aplicación cabal y completa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual constituye un progreso importante hacia la democratización de la comunicación en nuestro país. Sin embargo, existen hoy intereses corporativos y monopólicos que obstaculizan su implementación definitiva y pretenden dirigir los pasos de la justicia”.

“Necesitamos una justicia que esté a la altura de la Ley 26.522: es decir, que actúe que responsabilidad y responda al interés general, y no a las extorsiones de un grupo económico”, sentenció.

Correo Perio