El juicio comienza el próximo 15 de Mayo
 
Prensa
 

Los hermanos Iaccarino: historia de un despojo

*Por Juan Manuel Mannarino

Estuvieron detenidos-desaparecidos durante 22 meses entre 1976 y 1978. Los secuestraron, torturaron y les expropiaron sus bienes. El 15 de Mayo comienza el juicio.  http://www.facebook.com/pages/Caso-Hermanos-Iaccarino/559955114024947

Si hay dos personas que no descansan lo suficiente, que trabajan los fines de semana, que salen lo justo y necesario, que se obsesionan por entender el poder, que todo lo hacen bajo el signo de la moral religiosa y la corrección ética, esas personas son de La Plata y se llaman Alejandro y Carlos Iaccarino.

Ahora, sin embargo, los hermanos, que superan los sesenta años, no pueden dormir pensando que pronto será el día. Les transpiran las manos y se vuelven locos recordando los últimos datos que forman parte de su expediente. Como si el 15 de mayo, cuando el Tribunal Oral Federal nº 1 compuesto por los jueces Carlos Rozanski, Pablo Vega y Pablo Jantus los llame a declarar, fuera algo impensado. Ese día, en definitiva, sucederá lo que desearon tanto tiempo. Será el primer juicio que los tiene como protagonistas por haber sido víctimas del terrorismo de Estado.

Los Iaccarino estuvieron detenidos-desaparecidos durante 22 meses entre 1976 y 1978. Los secuestraron, torturaron y les expropiaron sus bienes. La dimensión social del primer juicio –en total son ocho– que los tiene como víctimas del terrorismo de Estado es impactante.  Su caso es uno de los más de 600 que registró hasta hoy la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación con empresarios que fueron despojados de sus bienes por la última dictadura. Y uno de los primeros en salir a la luz.

Se sienten raros: esperaron días, meses, años. Y ahora que la justicia sentará en el banquillo a sus verdugos, les parece mentira. Entonces se levantan bien temprano, como es su costumbre de hombres de negocios, desayunan, miran los diarios y se llaman por teléfono. Una vez que dejan de lado la ansiedad, se sienten contentos. Se entusiasman como cuando eran jóvenes y esperaban cerrar un balance positivo de sus empresas. Alejandro y Carlos funcionan como uno. No hay forma de hablar sobre cada quien sin nombrar el otro. No existen por separado.

En los más de treinta años que pasaron desde que fueron secuestrados por los militares, se sintieron rechazados y más de una vez pensaron en dejar todo. Cuando salieron de la cárcel, la sociedad les dio la espalda. Salvo por su círculo íntimo de familiares y amigos, ellos, empresarios de moral católica que crecieron en la industria lechera en Santiago del Estero, no podían creerlo. Ellos, que no tenían militancia política, que se jactaban porque nunca habían tenido un conflicto sindical ni una deuda fiscal con el Estado, habían sido secuestrados, torturados y extorsionados para vender sus empresas por un dinero que jamás verían. Si ellos estaban sorprendidos, qué decir de los que los estigmatizaban por haber estado bajo las rejas.

-Había gente que creíamos verdaderos amigos y que cuando salimos del encierro cruzaban la calle y nos señalaban con el dedo. Pasamos años viviendo en pensiones,  después en el campo, sin un peso. ¿Cuál fue el pecado que cometimos?- se pregunta Carlos , aún sorprendido. La palabra “pecado” no es casual. Los empresarios tienen una profunda convicción religiosa, que reconocen en la influencia de su madre. A la hora de hablar sobre sus victimarios, dirán: “nunca quisimos venganza ni somos rencorosos pero sí exigimos justicia de acuerdo a derecho, ya que en la Tierra tendrán su condena y después el inexorable juicio divino”.

El tiempo los convirtió en militantes no sólo de la palabra de Dios sino también de la justicia por los crímenes de lesa humanidad. Para entender lo que les pasó pero también para pelear contra el olvido y lograr una reparación social, los hermanos investigaron sobre la dictadura, trabajaron para organismos de derechos humanos y se instruyeron sobre otras causas acerca de la cuestión empresarial y la expropiación de bienes en la dictadura. No fue un camino fácil: en el medio perdieron a sus padres y sus bienes, a su otro hermano Rodolfo, que trabajaba con ellos en sus empresas, vivieron con pocos recursos y en casas ajenas, fueron apretados y hace un tiempo tienen custodia personal. Algo que, como dice Alejandro, “se siente como una segunda cárcel”.

Es una sensación, la de estar encerrados, que ahora se respira de otra manera. El 15 de mayo se acerca. Ese día se comenzará a juzgar a los ex policías Bruno Trevisán y Jorge Rómulo Ferranti, por los delitos de extorsión, privación ilegal de la libertad y aplicación de torturas en perjuicio de los Iaccarino, quienes fueron conducidos al centro clandestino de detención conocido como "El Infierno", en Avellaneda. Trevisán y Ferranti se desempeñaban como jefe y subjefe, respectivamente, de la Brigada de Investigaciones de Lanús, y están acusados de motorizar el secuestro de los hermanos.

El 4 de noviembre de 1976, los hermanos Iaccarino fueron secuestrados por grupos de tareas en Santiago del Estero. Después los trasladaron a La Plata, donde fueron torturados en distintos centros clandestinos que integraban el Circuito Camps, permaneciendo cautivos como detenidos-desaparecidos por espacio de 22 meses.

El juicio se preguntará, fundamentalmente, cómo fue el origen  del secuestro y las razones de su cautiverio. Serán cinco encuentros: el 15, 17, 22, 24 y 29 de mayo. Pasarán cerca de 20 testigos. Para muchos, sucederán días históricos. El caso de los hermanos Iaccarino supone un quiebre en entender de qué forma unos empresarios, bajo secuestro, tortura y extorsión, fueron despojados de sus bienes. 

Entender, de ese modo, el lado menos inexplorado de la dictadura el militar: el que indaga la compleja relación entre el terrorismo de Estado, el poder empresarial, la complicidad civil y la expropiación de los bienes personales.

 ………………………

Los Iaccarino poseían una empresa lechera (su mayor capital dentro de las siete empresas que tenían) en Santiago del Estero que se llamaba “Industria Láctea Santiagueña S.A.” y era el centro de un Plan Económico Expansivo General (PEEG) que se proponía cambiar el sistema económico del NOA (Noroeste argentino). El PEEG, ideado por Alejandro Iaccarino a mediados de los años 60, cuando era todavía un adolescente, era “un plan diseñado para la paz social, con 17 bases que formulaban enormes beneficios, atacaba a los monopolios, a la intermediación, haciendo llegar directamente los productos al consumidor. Por eso nos tenían que sacar del medio”, según detalla el autor.

Los hermanos, como empresarios, eran una especie de clan. No uno secreto y misterioso; más bien, un pequeño y endogámico triángulo, con Alejandro como cerebro, Carlos como administrador y Rodolfo como el brazo ejecutor. Entre los tres, manejaban sus siete empresas y negociaban directamente con los poderes de turno.  Dicen que su forma de administración era bien distinta a las demás empresas que dominaban el mercado. Eliminaban las intermediaciones, trataban directamente con los productores, a los cuales se les pagaba más, y con los obreros se mantenía un buen vínculo: dicen que les pagaban más que el resto y que lo que ellos acumulaban, como empresarios, era “fruto de trabajar las 24 horas, sin un peso más de lo que correspondía”. 

Con la “Industria Láctea Santiagueña S.A” (ILSA), que la compraron en rojo y en pocos años les dejó “ganancias modestas en relación a las fortunas de los monopolios lecheros”, ganaron el respeto de las cooperativas regionales y los tamberos locales. Los Iaccarino les pagaban más y mejor y el enojo de la competencia no se hizo esperar. El por entonces gobernador santiagueño, Carlos Juárez, les advirtió que estaban caminando por un terreno complicado. Juárez tenía contactos con las principales empresas lácteas de la zona, que a su vez tenían contactos con el jefe supremo de la Economía, Martínez de Hoz. Al poco tiempo, los hermanos fueron secuestrados.

Se cree que, secuestrando a los Iaccarino y expropiándole sus bienes, los militares abortaron el PEEG. Los empresarios, que se definen como “empresarios sociales”, pensaban en armar un edificio llamado “economía social” cuya base fuera su empresa lechera. “Los militares estaban acostumbrados a perseguir lo ideológico-político -dice Carlos Alberto Iaccarino- y nosotros no entendíamos ni jota ni de ideología ni de política, ni de servicios de inteligencia. No sabíamos ni que existían, y nos habían infiltrado siete personas en el ámbito de nuestras industrias…”.

Alejandro creó el PEEG después de crecer como pequeño empresario y de que la familia Iaccarino triunfara en la mediana empresa con la Constructora Sureña Argentina SA, y después con la sociedad Ilumbras, de iluminación a gas de mercurio. Con una recuperación del pensamiento de Adam Smith y una amplia amalgama de conceptos económicos amparados en una fuerte doctrina católica, que involucró un encuentro cumbre con el obispo brasileño tercermundista Helder Cámara y el sacerdote argentino Carlos Mugica, el plan económico se proponía “eliminar los intermediarios de la economía, ese mal creado por los monopolios, y cambiar las reglas del mercado haciendo llegar los productos directamente al consumidor. De este modo -detalla el plan- se favorece a la pequeña y mediana industria y, eliminándose los costos de la mediación, el precio de los productos sería mucho menor y la calidad de los mismos mucho mejor”.

Los Iaccarino no ocultaban que serían los empresarios  y no los trabajadores los que encabezarían la puesta a punto del plan. Alejandro, ahora, lo explica de la siguiente manera: “La idea es que cada uno haga su parte, y que se distribuyan las ganancias equitativamente. Pensamos en un tipo de empresario con gran ética y moral, que sepa hacer lo suyo, sin codicia ni ambición. Valoramos que en este último tiempo hayan existido fábricas recuperadas por los obreros. Pero hay gestiones que sólo un empresario puede hacer. Para cerrar un buen negocio, hay que conocer de bancos, de recursos financieros y de costos y beneficios. Esa es la tarea del empresario: saber relacionarse en el mundo de los negocios pero sin pensar sólo en su beneficio individual. Debe tener la responsabilidad de distribuir las ganancias, pensar en el trabajador, y que su empresa aporte a la paz social”.

Alejandro se obsesiona por entender el poder. Tiene un trabajo que se llama “Establishment, el secreto del poder mundial”, un escrito de 18 capítulos donde sentencia:

“Las Instituciones que integran el establishment, generalmente muestran una faceta de  benefactores de la humanidad, pero la realidad son centros ocultos de enorme poder que mueven las palancas del mundo, guerras, narcotráfico, narcoterrorismo, lavado de dinero. Son operaciones sucias de sangre, o de miseria de pueblos con enorme retardo cultural y dominados por grupos insertos en las estructuras del poder local, son la motivación de la crisis de las tres cuartas partes del género humano.

Es necesario hombres cabales, valientes y talentosos que tengan una gran fe en Dios y estén preparados para esclarecer con ideales superiores. Y así enfrentar a las estructuras secretas del poder. Hubo en la historia de la humanidad muchos David que vencieron a Goliat. La crisis del liberalismo capitalista es irreversible, los arsenales nucleares no podrán con los pueblos hambrientos, esta es la esclavitud del siglo XXI”.

Dice que no se rinde. Está terminando la carrera de Derecho en la universidad y, enfatiza, “se quema las pestañas leyendo y revisando los conceptos del plan económico para acomodarlos a la realidad actual”. Le quiere dar una nueva vida: recorre facultades, se junta con profesionales y da conferencias donde explica el valor de cambiar los sistemas económicos regionales para luego modificar los sistemas estructurales.

El PEEG, se entusiasma, será revolucionario. “Estoy convencido que si los gobiernos latinoamericanos incorporan las bases del PEEG, habrá más integración de las economías locales. Hay que evitar los monopolios. Destruyen  nuestras riquezas y nos determinan en un subdesarrollo del que nunca pudimos salir”, dice y jura que no está loco. Todo el plan, aclara, está construido sobre razones científicas. Contrariamente a lo que sucede con algunos tratados económicos del capitalismo moderno, donde la especulación financiera domina el rigor conceptual, confiesa que el PEEG “tiene una pronta aplicación: es riguroso, pragmático y entiende el verdadero valor de la economía social”.

Hay una estirpe de buena vida burguesa que los Iaccarino recuerdan sin disimulo. Hablan de los trajes a medida, de las cupés último modelo con las que volaban en la ruta entre Santiago del Estero y La Plata, de su avión privado, de los negocios en la bolsa de valores, de los hoteles en Nueva York y los créditos millonarios que estaban por sacar en el exterior. Hubo, entre los momentos cumbres, uno excepcional: cuando Alejandro fue elegido presidente de la Comisión Investigadora de la Comisión Trilateral y Fondo Monetario Internacional en un Congreso Mundial en Washington. Los Iaccarino, al momento de ser secuestrados, estaban por comprarse un banco.

Saben que la dictadura los despojó de bienes valuados en nueve millones y medio de dólares mediante una compleja trama donde intervinieron militares, servicios de inteligencia, testaferros y escribanos. Bajo la amenaza de que sus tres hijos serían arrojados al Río de la Plata, Rodolfo Genaro Valentín Iaccarino, su padre, firmó la cesión de 25 mil hectáreas de producción agropecuaria en Santiago del Estero y un avión ejecutivo Rockwell 500s Shrike Commander que, en conjunto, tienen una valuación actual que supera los 125 millones de dólares.

No sólo se trató de la expropiación de sus bienes. Hubo, también, una estafa. Cuando el padre firmó bajo extorsión, le prometieron como pago unos 300 mil dólares en tres documentos y 28 hectáreas de una cancha de golf del Sierras Hotel en Alta Gracia, Córdoba, que se encuentra en manos de una sociedad civil. Los hermanos reclaman ahora su devolución. 

…………………

Para Chicha Mariani, Adolfo Pérez Esquivel y Osvaldo Bayer, entre otras personalidades de los derechos humanos, el caso de los hermanos Iaccarino es emblemático. Chicha destacó que fue declarado de “interés social y para la memoria colectiva” por el Concejo Deliberante de La Plata.  “Los Iaccarino son miembros de una familia muy católica de La Plata, y sufrieron un vía crucis muy parecido al de Lidia Papaleo y otros familiares de David Graiver víctimas del Caso Papel Prensa”, dijo.

“Como en el caso Graiver -explicó Chicha- y como en el del Banco Hurlingham y las Industrias Grassi, los secuestradores obtuvieron mediante tormentos sacarles a los Iaccarino todos sus bienes, pero a diferencia de aquellos, en éste ni siquiera intentaron acusar a los Iaccarino de haber tenido alguna relación con organizaciones guerrilleras, como la que había tenido David Graiver”.

El 29 de marzo de este año ocurrió un hecho trascendental. En la Comisión Nacional de Valores,  el corazón de los bancos y la vida financiera, se presentó un informe acerca de “Economía política, sistema financiero y dictadura”. Fue la primera vez que se dio a conocer públicamente una investigación a fondo sobre los delitos económicos cometidos por la última dictadura militar. Delitos que beneficiaron a militares y a los civiles colaboracionistas de la dictadura, casi todos ellos, empresarios de gran fuste.

En aquella oportunidad, durante la presentación del informe, Osvaldo Bayer dijo: “quisiéramos ahondar en dar datos sobre el doloroso y patético proceso que debieron sufrir los empresarios Alejandro y Carlos Iaccarino, dos hombres que trataban de establecer un sistema menos explotador y más coherente, en cuanto a la distribución de bienes en torno de sus obreros y el cuidado de la naturaleza. Dos aspectos muy mal vistos por los empresarios clásicos y por la línea económica llevada a cabo por Martínez de Hoz y apoyada por las tres armas de la Nación”.

Bayer contó que los hermanos Alejandro, Carlos y Rodolfo Iaccarino estuvieron en nueve centros clandestinos de detención y en catorce centros de detención oficiales. Que sufrieron torturas de toda clase. Alejandro le relató lo que es soportar la picana eléctrica en todos sus matices y el estar “colgados” mientras se les practicaban esas torturas.

“Lo que perseguían los torturadores –continúa Bayer- era que renunciaran a sus propiedades y se alejaran para siempre de las zonas en las que desarrollaban sus tareas. Hasta que todo culminó con lo que perseguían sus enemigos económicos: la renuncia a sus empresas y propiedades. Parece increíble. Pero todo se hizo legalmente: vino la escribana a la cárcel y también quienes exigían quedarse con todo. Ahí se levantó el acta, de la cual tienen una copia dada por la escribana oficial. Dice el acta: Escritura Número 210, en la ciudad de Avellaneda, a once de noviembre de 1977, ante mí, Lía M. Cuartas de Caamaño, escribana titular del registro No. Uno de este partido y a solicitud de los requirientes me constituyo en la Brigada de Investigaciones de Lanús, con asiento en Avellaneda... etc. Y allí les dan el poder a dos personas que podrán vender al precio que ellos indiquen las propiedades de sus posesiones en Santiago del Estero. Tal cual, con nombres y apellidos. La pregunta es: ¿cómo una escribana pudo soportar que a dos presos del Poder Ejecutivo se les obligue a firmar en ese centro de detención conocido como El infierno? Esa señora escribana sigue ejerciendo su profesión ahora, como si nada hubiese pasado. Sí, esa acta fue firmada con la condición de salvar sus vidas y terminar con los tormentos. Cuando salieron de la cárcel habían perdido todas sus pertenencias”.

Lo emblemático del caso se constituye, también, por los detalles insólitos. Dos de los empresarios enemigos de los hermanos Iaccarino, Bruno Chezzi, presidente de las empresas Equino Química y de la compañía de Tierras y Hoteles de Alta Gracia, y otro empresario, Vicente García, quienes eran los que habían movido a Martínez de Hoz en contra de los hermanos, acompañaron a la escribana en esa oportunidad, para ayudar a convencer a las víctimas de firmar porque si no sus vidas peligraban definitivamente.  “O entregaban todos los bienes o terminaban en el Río de la Plata tirados desde aviones de la Marina”, expresó Bayer.

Para Adolfo Pérez Esquivel, quien compartió celda con los Iaccarino en la Unidad 9 de La Plata, el calvario que vivieron los Iaccarino “fue de una crueldad incomparable sobre la dignidad humana”. Recordó que, una vez que se llevó su operativo de secuestro  en la ciudad de Santiago del Estero, una operación que llevó a cabo la policía provincial cumpliendo órdenes de la X Brigada de Infantería dependiente del Primer Cuerpo del Ejército, sus padres sufrieron la peor de las incertidumbres. El padre estuvo detenido 13 días en la Brigada de Investigaciones de la policía de Santiago del Estero, a cargo del comisario general José Medina; y la madre, Dora Venturino de Iaccarino, 17 días en la comisaría 21 de la Policía Federal, en condiciones deplorables.

“El terrorismo de Estado -argumenta Pérez Esquivel- fue la necesaria justificación y herramienta política para la concentración económica que hoy se observa, se vive y se sufre en Argentina. Dentro de ese marco hubo empresarios detenidos desaparecidos, debiéndose aparentemente esta situación a que eran un obstáculo para los negocios del gobierno de facto y sus socios, o simplemente a que sus bienes eran deseados por ellos…”. Enmarca lo sufrido por la familia Iaccarino en los mismos procedimientos que se utilizaron contra las familias de Federico Gutheim, Rafael Perrotta, Julián Delgado, Jacobo Timerman, Juan Graiver, Hugo Tarnopolsky, Luis Guillermo Taú, Conrado Higinio Gómez y Víctor Cerrutti

Alejandro y Carlos Alberto, los únicos sobrevivientes de su familia, siguen empeñados en lograr no solamente la recuperación de sus bienes, sino una reparación integral por los delitos de secuestro, tortura, falsificación de documentos y extorsión de los que fueron objeto, incluido el resarcimiento moral que sus padres y  su hermano Rodolfo esperaron en vano.

Pero su caso no es el único. Los que investigan la pata civil y la complicidad empresarial de la última dictadura militar no lo dudan: el juicio por el caso Iaccarino abrirá las puertas para investigar decenas de casos espejos donde hubo empresarios perseguidos y empresas que fueron liquidadas, robadas y extorsionadas.

El tiempo lo dirá. Será, dicen los magistrados y los académicos, sólo cuestión de que la voluntad política, la conciencia social y la responsabilidad de la justicia actúen en conjunto para destapar una olla de la que, por muchos años, el poder económico ocultó entre los silencios cómplices de la memoria colectiva.

 

*Docente de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP

Correo Perio