Prensa
 

Irrazonable e inconstitucional

Por Analía Eliades*

El Decreto de Necesidad y Urgencia 2, del 14 de mayo de 2013 de la Jefatura de Gobierno porteña, que aprueba en 26 artículos un supuesto “Régimen de Defensa de la Libertad de Expresión en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, esconde, bajo un título que supone la protección de un derecho humano fundamental, individual y social o colectivo simultáneamente como lo es el derecho a la información, un serio ataque al mismo derecho que dice proteger como asimismo a otros derechos humanos que conforman un todo indivisible.  

Si tratamos de abstraernos incluso del entramado político en el que se pergeña y emite esta insólita norma, a poco de adentrarnos en la lectura de su contenido, se concluye que no resiste razonabilidad jurídica alguna y que resulta violatoria de la propia Constitución de la Ciudad Autónoma, de la Constitución Nacional y de los tratados de derechos humanos.

Sobre el carácter del DNU: No se encuentran razones fundadas para un Decreto de Necesidad y Urgencia. En efecto, el artículo 103 de la Constitución porteña establece que “el Poder Ejecutivo no puede, bajo pena de nulidad, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos en esta Constitución para la sanción de las leyes y no se trate de normas que regulen las materias procesal penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos” pueden dictarse decretos por “razones de necesidad y urgencia”. Además de no probar ni dar cuenta de cuáles son esas razones y afirmar en sus contradictorios fundamentos que “en los últimos días se han registrado ataques contra dos de los pilares de un sistema democrático: la independencia de la Justicia y la libertad de prensa”, este DNU contiene artículos que son de índole procesal penal y tributaria; y que como hemos dicho la propia Constitución local inhibe al Ejecutivo recurrir a este tipo de medidas en tales materias.

Sobre el contenido del DNU: sostiene que es un “régimen de defensa de la libertad de expresión”. Es insólito que un DNU establezca que “todas las personas son libres de buscar, expresar, recibir y difundir por cualquier medio informaciones, opiniones, ideas y manifestaciones culturales de toda índole, sin ninguna restricción directa o indirecta, ni censura de ninguna clase”. Este derecho ya está consagrado, y se burla de la pirámide jurídica que cualquier estudiante universitario ya conoce, porque ello está establecido en la Constitución Nacional y en los tratados de derechos humanos que poseen jerarquía constitucional conforme el artículo 75 inc. 22.

El artículo 14 de este DNU, en su primera lectura pareciera que “copia” el numeral 3 del Artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos que prohíbe las vías o medios indirectos de censura. Literalmente sostiene: “Artículo 14.- No podrán restringirse las libertades de imprenta, prensa y expresión de los medios de comunicación con domicilio o instalaciones en la Ciudad, ni el derecho al libre acceso a la información de las personas de la Ciudad por vías indirectas tales como el abuso de controles oficiales, la imposición de aranceles, impuestos, regulación o cargas extraordinarias para la producción o importación de papel para medios gráficos, de enseres, equipos, insumas y aparatos necesarios párala difusión de expresiones, información, opiniones o ideas por cualquier soporte o modalidad”. Sin embargo, no es una copia de la Convención Americana, pues soslayó términos fundamentales porque el artículo 13 entre las vías indirectas de censura contempla “el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”. Semejante manipulación de la redacción de un tratado internacional no merece mayor análisis. Desconocer la existencia de abuso de controles particulares para el papel prensa y de las frecuencias radioeléctricas importa una declaración de principios a favor de un grupo mediático que los concentra.

Por supuesto, la omisión no es casual, porque literalmente “se carga” la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, cual si no existiera.

Desconoce que, invariable e históricamente, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación consideró que la radiodifusión es de competencia federal.

En todos los casos también, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha negado la posibilidad de que las Provincias puedan normar en materia de radiodifusión, teniendo en cuenta que el espectro radioeléctrico debe estar sometido al control del Estado federal, que es parte en los Convenios Internacionales suscriptos con la Unión Internacional de Telecomunicaciones y que la adjudicación de frecuencias sin intervención de la autoridad nacional puede provocar interferencias hacia y desde estaciones de otros países (A. 492. XX “Comité Federal de Radiodifusión c/ Provincia del Neuquén s/ Inconstitucionalidad”, resolución del 17 de enero de 1986;C. 706. XXI “Comité Federal de Radiodifusión c/ Provincia de Formosa s/ nulidad”, resolución del 7 de julio de 1987. Ver Revista La Ley, T. 1987-E, p. 476. Fallo 37.805-S.; C. 671.XXVI, “Comité Federal de Radiodifusión c/ Corrientes, Provincia de s/ inconstitucionalidad” (sentencia del 2 de abril de 1998); CSJN. C. 632 XXI. Originario “COMFER c/ Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur s/ ordinario”. 10/05/1999; CSJN C. 1553.XLI. Originario. “COMFER c/ Misiones, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”. 21/03/2006; Corte Suprema Justicia de la Nación, CSJN. C. 1082. XXXV. Originario: “Comité Federal de Radiodifusión c/Buenos Aires, Provincia de s/ inconstitucionalidad”. Sentencia 29/04/2004.)

A tono con el fallo de Cámara que declarara la inconstitucionalidad de ciertas partes del artículo 45 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (y que como sabemos su tratamiento está pendiente en la Corte Suprema) el artículo 12 del DNU, establece que no puede haber leyes de defensa de competencia nacionales exclusivamente dictadas para los medios de comunicación. El desdén hacia la LSCA es evidente, pero no hace más que replicar argumentos insostenibles que esgrime el Grupo Clarín.

El artículo 5 del DNU además propicia actos de censura que no admite el propio Pacto de San José de Costa Rica, permitiendo prohibir “la difusión a posteriori de ciertas expresiones, información, opiniones o ideas”. Con este criterio, el caso León Ferrari podría reeditarse como si no nos hubiera dejado suficientes enseñanzas una insostenible censura judicial que hasta dispuso la clausura de la muestra de sus obras de arte.

Como si fuera poco, el DNU define quién es periodista, olvidando toda consideración o siquiera mención a la Ley 12. 908, el histórico Estatuto del Periodista Profesional, que al ser una norma laboral especial constituye una ley de fondo emanada del Congreso Nacional, y por supuesto, con ello arrasa con los derechos laborales y sindicales de los trabajadores de prensa.

Pero aún hay más, el DNU en su artículo 24 incluye en su supuesta protección de la libertad de expresión a las personas jurídicas, y por supuesto, esto comprende a las personas jurídicas con fines de lucro. Si se está hablando de derechos humanos habría que recordar que incluso en la letra de la Convención Americana y para la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, las empresas, no son titulares de derechos humanos, por la propia índole de los mismos, es decir, los derechos humanos son de titularidad de personas físicas.

Por supuesto que podríamos seguir con el análisis de un articulado que en definitiva, no protege el derecho humano del sujeto universal a la comunicación, sino que persigue la protección de la libertad de prensa para el sujeto empresario de la información, un sujeto “emisor” y “concentrado”, al mismo tiempo que menoscaba derechos laborales y sindicales de los periodistas y comunicadores sociales.

La vigencia de esta irrazonable norma conllevaría un retroceso manifiestamente inconstitucional en la larga lucha de los derechos humanos en nuestro país.

*Docente de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP.

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