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Análisis del acuerdo YPF – Chevron

* Por Jerónimo Guerrero Iraola

La cuestión relativa a la defensa de la soberanía energética ha sido, a lo largo de nuestra historia, el producto de una oscilación entre políticas entreguistas, y vagas evocaciones a un chauvinismo sin sustento, que se queda sólo en proclamas, sin buscar salidas idóneas para dar respuestas a un eje fundamental en lo concerniente al diseño de un modelo de país.

De esta manera, quienes han dedicado varios litros de tinta denunciando el acuerdo YPF - Chevron, deberían profesar cierto halo de honestidad intelectual, y sincerar el objetivo electoralista que se esconde tras los slogans vacíos e irresponsables de enarbolados desde la liviandad de la no gestión.

Las causas del déficit energético en nuestro país se pueden hallar con sólo hacer una apelación a la historia, y de allí surge cómo han existido distintas acciones que dieron por tierra con la posibilidad paulatina de construir una sólida estructura de gestión estatal sobre distintos recursos estratégicos.

Podemos mencionar el “Informe Rodríguez Conde” culminado en 1944, que denuncia los viles y dolosos negociados por los cuales se concedieron a empresas de capital extranjero concesiones sobre el servicio eléctrico en la actual zona de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En lo relativo al petróleo, la empresa fundada por el General Mosconi, pionera en la implementación de un régimen de explotación estatal de hidrocarburos, fue sistemáticamente boicoteada, circunstancia que alcanzó su paroxismo con la privatización de YPF sobreviniente a la Ley de Reforma del Estado, y los preceptos surgidos del Consenso de Washington.

Claro que, para la consumación de los objetivos de destrucción estatal, fue necesaria la implementación de un plan sistemático de exterminio, desplegado por una dictadura cívico-militar que arrasó con toda una generación de dirigentes con plena conciencia e impactante activismo en lo que concierne a la defensa de la soberanía. A ello, deben sumárseles las obligaciones contraídas con la rapiña aunada en los organismos multilaterales de crédito, y otros sectores de incalculable poder, determinantes en el condicionamiento del trágico destino de nuestro país, que halló su punto de saturación en 2001, con la implosión de los cánones del neoliberalismo.

Es a partir de dichas claves que debe leerse el acuerdo YPF - Chevron. Las condiciones de la política energética han cambiado, es decir, Argentina no cuenta con las ventajas comparativas que arrojaba la riqueza hidrocarburífera en términos de explotación convencional, dado que los términos de la privatización exprimieron los recursos sin acompañar dicho fenómeno con exploración e inversión, circunstancia determinante en la expropiación de las acciones que se hallaban en manos de Repsol en 2012, por ley 26.741.

A partir de allí, se optó por la continuación del modelo de sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, y se acompañó la medida con el diseño de un plexo normativo que declaró de “interés público nacional” y como un “objetivo prioritario” de la República el “autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos, a fin de garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y regiones[1].

Por su parte, a partir de las decisiones tomadas, se decidió dar importancia estratégica a la explotación no convencional de distintos yacimientos petrolíferos, por medio de la práctica conocida como fracking[2]. Lo expuesto, se dio en un contexto de fuertes erogaciones de divisa[3] por parte del Estado Nacional en concepto de importación de hidrocarburos.

Dichas circunstancias, redundaron en el acuerdo de YPF con la empresa californiana Chevron, que en lo relativo al tipo de explotación que se realizará en Vaca Muerta, Neuquén, detenta el know how (saber hacer). El mismo, sobrevino al decreto 929 de julio de 2013, que creó el Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos.

En línea con lo expuesto, la articulación entre ambas empresas se da en total concordancia con las disposiciones contempladas en las normas aludidas, cuando establecen como principios de la política hidrocarburífera de la República Argentina “La integración del capital público y privado, nacional e internacional, en alianzas estratégicas dirigidas a la exploración y explotación de hidrocarburos convencionales y no convencionales[4].

Asimismo, los términos de gestión serán convenidos entre las provincias e YPF, y ésta última se encargará de sostener la articulación con la empresa estadounidense. Sin embargo, tras conocerse la consumación del vínculo comenzaron a emerger distintas críticas, muchas de ellas completamente infundadas.

En primer término, para quienes sostienen que el acuerdo implican una pérdida de soberanía, desconocen por completo el concepto y los alcances jurídicos de la estatalidad. Un acuerdo celebrado en igualdad de condiciones, en que el Estado asume responsabilidades pero se arroga, a la vez, la función directiva y los criterios de despliegue, operatoriedad y efectividad de la política en curso, dista mucho del entreguismo con que se pretende catalogar a la cuestión.

Lo esbozado encuentra sustento también, en la expropiación de las acciones que se hallaban en manos de Repsol, que fue el resultado de la inactividad dolosa y expoliadora sostenida por la empresa española. Como puede apreciarse, al Estado no le han faltado agallas para intervenir en los momentos en que la voracidad empresaria intentó menoscabar los intereses del pueblo (el caso de las AFJP es otra elocuente muestra de ello).

En consonancia con lo expuesto, la necesidad estratégica de lograr el autoabastecimiento, necesita de una ingeniería de alianzas que permita realizar los fines y objetivos perseguidos. En lo concerniente a la explotación hidrocarburífera, el know how resulta un elemento fundamental sin el cual no se puede lograr un aprovechamiento con ciertos estándares de eficiencia. Lo importante estriba, entonces, en los términos en que se dará la articulación Estado/capitales privados.

A quienes sostienen que se puede prescindir de ellos y, por consiguiente, de la utilización del recurso en cuestión, habría que preguntarles cómo sostendrían el desfinanciamiento del Estado a partir de la erogación anual de más de nueve mil millones de dólares. Tal vez tampoco quieran importar hidrocarburos, y entonces deberían dar cuentas de cómo paliarían su escasez, entendiendo que dicho recurso incide directamente en la vida del pueblo (por ejemplo la generación de energía eléctrica).

Por su parte, los pregoneros del desánimo deberían dar cuentas de todos los efectos perniciosos que el no autoabastecimiento acarrea. En efecto, el dinero dirigido a la importación puede ser reasignado, y destinar distintas partidas a políticas públicas como la generación de empleo, la Asignación Universal por Hijo o las jubilaciones. Aquí, resultaría importante que asuman que las distintas acciones políticas desplegadas por el Estado, se sostienen con recursos y que los mismos no se generan espontáneamente… o quizás sí, y allí sería oportuno que compartieran la fórmula de multiplicación de los panes.

Un Estado soberano es aquel que gobierna y gestiona con miras a satisfacer las necesidades de su pueblo. En cumplimiento de tales fines puede contratar, acordar y articular incluso con empresas privadas de capital extranjero. El termómetro es, pues, el destino último de tales acciones. La construcción de una patria libre, justa y soberana requiere de la sinergia de distintos actores, guiados y supervisados por un Estado fuerte. El acuerdo YPF – Chevron va en dicha línea.

* Consejero estudiantil por la Agrupación Rodolfo Walsh

 



[1] Artículo 1° ley 26.741

[2] La fracturación hidráulica o fractura hidráulica (comúnmente conocida en inglés como hydraulic fracturing o fracking) es una técnica para posibilitar o aumentar la extracción de gas y petróleo del subsuelo. El procedimiento consiste en la inyección a presión de algún material en el terreno (típicamente agua), con el objetivo de ampliar las fracturas existentes en el sustrato rocoso que encierra el gas o el petróleo y que son típicamente menores a 1 mm, y favoreciendo así su salida hacia el exterior.

[3] En concepto de importaciones se destinan más de 9.000 millones de dólares al año.

[4] Artículo 3° inciso c de la ley 26.741

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