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A 4 años de la sanción de la nueva "Ley de Medios"

“Una década de leyes por y para el pueblo”. Por Analía Eliades*

Viernes 9 de octubre de 2009. Senado de la Nación. Debate de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Más de 20 horas de sesión. 44 votos a favor. 24 en contra.

Mañana del 10 de octubre de 2009. El Boletín Oficial publica la Ley Nº 26.522. Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En esa madrugada nació la ley democrática que regula los medios audiovisuales en Argentina y marcó la defunción de una de las normas más aberrantes pergeñadas por la dictadura para acallar y discriminar voces.

Sin embargo, las voces poderosas, las de quienes gritan, aún siguen paralizando artículos esenciales de una norma que nació para tejer una trama de comunicación democrática, para redistribuir la palabra. Luego de las audiencias en la Corte el 28 y 29 de agosto de este año, el Máximo Tribunal de la Nación tiene la última palabra.

Ese 10 de octubre de 2009 no es una fecha más y marcó el corolario de una lucha histórica que nació en 1980 con la promulgación misma del Decreto Ley 22.285, conocida como Ley de Radiodifusión y que se visibilizó con la recuperación de la democracia en 1983.

Esa historia la sabían, y muy bien, los medios comunitarios, populares y educativos, los estudiantes, docentes, e investigadores de periodismo y comunicación, las Universidades, los pequeños y medianos realizadores, productores y empresas audiovisuales, los trabajadores de la comunicación, el periodismo y la cultura; las Madres, las Abuelas e HIJOS, los familiares de desaparecidos, los militantes populares, los pueblos originarios, los soñadores y practicantes de una comunicación que se concreta en el diálogo y que se ejerce como derecho humano, no como mercancía.

Hoy, lo saben todos y todas, y no es exclusiva ni de pocos entendidos, ni de los empresarios, ni de los periodistas solamente. Es universal. Es el ejercicio individual y colectivo, simultáneo e indivisible con el conjunto de derechos que nos realiza como seres humanos: el derecho a comunicarnos.

La Ley de Servicios de Comunicación cumple cuatro años desde su sanción, pero no de vigencia. Hubo medidas cautelares que detuvieron su aplicación integral pronunciadas en el marco de los casos “Thomas ” y “Daher ”, legisladores que objetaron judicialmente el procedimiento de sanción de la norma. Finalmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, en junio de 2010 sostuvo que los jueces no pueden suspender leyes de modo general y revocó la medida cautelar que había suspendido la aplicación de la LSCA. Por unanimidad, la Corte Nacional aseguró que un diputado no tiene legitimación para reeditar en sede judicial un debate que perdió en el Congreso. La contundencia de la sentencia respaldó de este modo el correcto tratamiento que la norma tuviera en el ámbito legislativo. Aunque ello conllevó un costo de paralización de la LSCA durante casi un año.

Es necesario decirlo, repetirlo, enfatizarlo, para combatir un discurso distorsionador que se afana en sostener que la LSCA fue realizada en contra de un grupo mediático. Es una falacia que se desmiente con el propio texto de la Ley, con el espíritu de la norma, con el derecho comparado, la jurisprudencia, los tratados internacionales de derechos humanos y con los antecedentes históricos y comunicacionales que la sustentan. Así, el artículo 1º de la ley determina que su objeto es “la regulación de los servicios de comunicación audiovisual en todo el ámbito territorial de la República Argentina y el desarrollo de mecanismos destinados a la promoción, desconcentración y fomento de la competencia con fines de abaratamiento, democratización y universalización del aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación”.

Por su parte, el artículo 2º establece: “La actividad realizada por los servicios de comunicación audiovisual se considera una actividad de interés público, de carácter fundamental para el desarrollo sociocultural de la población por el que se exterioriza el derecho humano inalienable de expresar, recibir, difundir e investigar informaciones, ideas y opiniones. La explotación de los servicios de comunicación audiovisual podrá ser efectuada por prestadores de gestión estatal, de gestión privada con fines de lucro y de gestión privada sin fines de lucro, los que deberán tener capacidad de operar y tener acceso equitativo a todas las plataformas de transmisión disponibles.

La condición de actividad de interés público importa la preservación y el desarrollo de las actividades previstas en la presente como parte de las obligaciones del Estado nacional establecidas en el artículo 75 inciso 19 de la Constitución Nacional. A tal efecto, la comunicación audiovisual en cualquiera de sus soportes resulta una actividad social de interés público, en la que el Estado debe salvaguardar el derecho a la información, a la participación, preservación y desarrollo del Estado de Derecho, así como los valores de la libertad de expresión.

El objeto primordial de la actividad brindada por los servicios regulados en la presente es la promoción de la diversidad y la universalidad en el acceso y la participación, implicando ello igualdad de oportunidades de todos los habitantes de la Nación para acceder a los beneficios de su prestación. En particular, importa la satisfacción de las necesidades de información y comunicación social de las comunidades en que los medios estén instalados y alcanzan en su área de cobertura o prestación”.

Universalidad de sujetos, de medios, de mensajes. El derecho humano a comunicar. Los servicios de comunicación audiovisual como vehículos realizadores de ese derecho humano. He aquí la clave de una ley que promueve la diversidad de voces, que busca democratizar el ejercicio de la palabra.

Entre tantos logros de esta última década es necesario rescatar y resaltar la presencia de un pueblo que exige la vigencia de las leyes democráticas, nacidas del debate democrático pleno que se da con su tratamiento en el Congreso de la Nación pero que se legitima y fortalece con la participación y el debate popular. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue precedida de un amplísimo debate en el que se discutió en foros realizados a lo largo y a lo ancho del país, y con centenares de aportes escritos y ponencias, con audiencias públicas realizadas en el Congreso que la enriquecieron y mejoraron, inaugurando una modalidad inédita de elaboración participativa de normas, procedimiento que incluso fue elogiado por Frank La Rue, el Relator para la Libertad de Expresión de la ONU.

La nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, la recuperación del sistema de reparto de jubilaciones y pensiones, YPF, matrimonio igualitario, identidad de género, la protección de los bosques nativos, los glaciares y el ambiente periglacial, la democratización de la justicia, entre muchas otras leyes nacidas de la voluntad popular, marcan un proyecto nacional con inclusión y justicia social.

En los 90 marchábamos para pedir a la Justicia que declarara la inconstitucionalidad de las leyes privatizadoras, negadoras del pasado, excluyentes, discriminatorias, silenciadoras, cómplices de fraudes y amiga de los más grandes intereses económicos locales y extranjeros. Hoy nos presentamos ante la Justicia, para pedir, con fundamentos constitucionales y según los más altos estándares de derechos humanos, el reconocimiento de la plena constitucionalidad de las leyes nacidas de y con voluntad popular, soberanas, vehículos de realización de un Estado pleno de Derecho(s). 

*Docente Investigadora Facultad de Periodismo y Comunicación Social Universidad Nacional de La Plata.

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