A 38 años del golpe de estado genocida más sangriento de nuestra historia
 
Prensa
 

Los medios y las responsabilidades penales con la dictadura

Por Florencia Saintout**

El gran crimen perpetrado en la Argentina durante la última dictadura militar no habría sido posible sin la participación de un aparato cultural cómplice del cual algunos importantes medios de comunicación fueron protagonistas. Esa participación no puede ser pensada solo en términos de complicidad, más o menos ligada a los criminales, sino que debe ser juzgada penalmente. Cierto periodismo no fue solo socio sino perpetrador necesario del horror.

Sabemos bien que la reconstrucción de la memoria se enlaza con la condena a los responsables del genocidio, ese camino se está recorriendo y demandará avanzar cada vez más sobre las complicidades civiles.

En la última dictadura existió un sistema de medios desde donde se modeló la construcción de una otredad (los subversivos, los terroristas guerrilleros, los demonios) a la que sólo quedaba enfrentar desde el exterminio, posibilitando la instalación del Estado de Excepción, y la consecuente aceptación de la dictadura cívico militar. Pero además, ese mismo sistema llevó adelante operaciones de ocultamiento de la verdad, de producción de mentiras planificadas, de entrega de trabajadores, de delitos económicos, e incluso (como se acaba de denunciar en el juicio por Crímenes de Lesa Humanidad del circuito llamado “La Cacha”, en La Plata respecto del diario El Día) de operaciones de inteligencia al servicio de los represores.

Durante muchos años fueron los Organismos de Derechos Humanos los que denunciaron la complicidad de estos gigantes al servicio de la macrocriminalidad y el Terrorismo de Estado, con lo que han logrado tornar visible su accionar criminal, y la necesaria condena social de esa prensa canalla. Pero es recién en estos años que se comienza a avanzar en la posibilidad de una condena penal, consecuencia jurídica que permitiría cristalizar las demandas contenidas en las denuncias políticas y sociales: los culpables de los crímenes deben ir presos.

El trabajo arqueológico que han permitido los juicios desarrollados de 2003 a esta parte desmenuzan los filamentos de un poder cruelmente represivo, que requirió la puesta en marcha de un universo de agencias promotoras y legitimadores de la estatalidad doble, que utilizó el velo de determinadas instituciones para desplegar, desde la trastienda, una maquinaria de horror, criminalidad y terrorismo.

Casos no aislados de complicidad

El diario Clarín, que el 24 de marzo tuvo como tapa el neutral e independiente título de Nuevo Gobierno, no sólo ocultó las torturas y desapariciones, sino que además hizo negocios manchados de sangre con los dictadores como en el paradigmático caso “Papel Prensa”, hoy investigado. En cada una de sus páginas, el matutino asumió el relato de los dictadores, lo hizo propio, convirtiéndose así en el propagador de las voces represivas, en una versión civil del Boletín oficial, idea presentada excelentemente por Blaustein y Zubieta en el libro “Decíamos ayer”.

Por el mismo camino, el diario La Nación, tribuna histórica de la derecha, apoyó durante  la dictadura su modelo económico y cultural (moral, lo llamaron), sumado a que jamás denunció ni las torturas ni las desapariciones. Cada una de sus páginas mostró absoluta condescendencia entre la dictadura y su anhelado modelo de país.

Entre la lista de periodismo canalla, imposible de agotar en una nota de estas características, tienen un lugar destacado personajes siniestros como Bernardo Neustadt,  Mariano Grondona  o  Joaquín Morales Solá, quien dio la bienvenida a los genocidas usurpadores del poder el martes 8 de junio de 1976, desde La Gaceta de Tucumán.

Asimismo, para dimensionar la virulencia y magnitud de la industria cultural al servicio del Terrorismo de Estado, cabe recordar el caso de la editorial Atlántida, entre cuyas filas trabajaba el periodista Samuel Gelblung, quien ha invocado públicamente, en sucesivas ocasiones, la desgraciada “teoría de los dos demonios” para justificar su manifiesta toma de posición a favor de los dictadores. Además de ser uno de los responsables de las “entrevistas” a detenidos ilegalmente durante sus secuestros.

Sólo a modo de muestrario, vale la pena traer a colación algunas notas: “Telma Jara de Cabezas: habla la madre de un subversivo muerto”, en la que supuestamente  tomaba posición contra los organismos de derechos humanos, cuando en realidad estaba en ese momento secuestrada en la ESMA, y aún permanece desaparecida. Gelblung es responsable de la publicación “Alejandrina está sola”, de la revista Gente, que se replicó con el título “A ellos nada les importaba”, en la revista Para Ti, como también en Somos como  “Los hijos del terror”. En esas notas se  utiliza la imagen de Alejandrina Barry, muy pequeña,  hija  de dos militantes que habían sido secuestrados y asesinados en la Operación Cóndor, y la exhiben como víctima de sus padres delincuentes, terroristas, monstruos, como toda su generación, que “fabricaba huérfanos”, y a los que, por supuesto, había que exterminar.  

Por otra parte en la investigación de la FPyCS- UNLP que bajo el título “Resistencias de Papel” dirige Flavio Rapisardi, el investigador se detiene en la nota publicada en Somos el 9 de septiembre de 1977  y firmada entre otras por la senadora Norma Morandini. Esta nota, bajo el título “David Kraiselburd ¿Pena de muerte para sus asesinos?”, habla del secuestro del hijo de Raúl Krasiselburd, actual director del Diario El Día, y presidente cinco veces de la SIP.

En la nota se destaca una frase: “Cada vez que un niño aparecía involucrado en un operativo de seguridad contra delincuentes subversivos, los padres –del niño Kraiselburd- corrían hasta el lugar…para comprobar que el menor no era el hijo que les habían secuestrado”.  Mariana Moyano, en el informe de la investigación se pregunta: “¿Cada vez? ¿Cuáles, cuántas cada vez? ¿Quién sabía, informó, calló sobre esas veces? ¿Cuántos niños estuvieron involucrados en operativos? ¿Cuántos operativos y cuántos niños involucrados en ellos vieron los miembros de la familia Kraiselburd? ¿Quiénes eran los “niños involucrados en los operativos de seguridad contra delincuentes subversivos?”

Cabría indagar respecto a por qué los autores de esta nota, que hablan en el  año 1977 de niños “involucrados en operativos de seguridad contra delincuentes subversivos”, y a los que tiene acceso una familia dueña de un medio de comunicación, no avanzan en estas preguntas. ¿No hay responsabilidad penal por el ocultamiento de la información que presuponen las respuestas?

El diario que pertenece a la familia Kraiselburd, apareció en estos días mencionado en el juicio llevado adelante por el Tribunal Federal Oral en lo Criminal del circuito clandestino de Detención llamado “La Cacha”. El 8 de febrero de este año, el represor ex teniente coronel Anselmo Pedro Palavezzati, que se desempeñó como Capitán en el  Destacamento de Inteligencia 101, describió su principal actividad durante la dictadura consistente, entre otras cosas, en encargar al diario El Día la recopilación de información para preparar sus informes de inteligencia. En dicho contexto, afirmó: “Los diarios saben hacer esas cosas cotidianas”. Una clara alusión a tareas de inteligencia que en colaboración llevaba adelante el diario El Día con la dictadura.

En los últimos años, de la mano de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, se ha comenzado a ubicar en el territorio de la responsabilidad penal también a los medios de comunicación. Sin lugar a dudas, el juicio por crímenes de lesa humanidad llevado adelante en Bahía Blanca, en el que apareció explícitamente la responsabilidad de penal de Vicente Massot, y el papel jugado por el diario de la familia, La Nueva Provincia, es una antecedente importantísimo. 

Este diario llegó a publicar, como parte de las operaciones de Inteligencia, información arrancada en sesiones de tortura a los militantes detenidos ilegalmente. La línea editorial de este periódico de Bahía Blanca se permitió utilizar como fuente a las cámaras de tortura durante la dictadura y, en democracia, siguió y sigue defendiendo a través de sus editoriales la represión y el Terrorismo de Estado. En 2012, terminado el juicio se reunieron denuncias y pruebas sobre el rol que ocupó el diario La Nueva Provincia  en dicho período.

Es desde allí que deben abordarse las reflexiones y consideraciones efectuadas por los Magistrados del Tribunal Oral Subrogante de Bahía Blanca, que tras bucear en el acervo probatorio que se produjo a lo largo del juicio por la causa 982, “Bayón…”,  comprendieron que el rol desempeñado por el periódico La Nueva Provincia, con Vicente Massot a la cabeza, fue indispensable en la modelación y puesta en práctica del plan sistemático de exterminio.

En efecto, el Tribunal afirmó: “Encontramos que la expresión de la verdad en el estricto marco de lo acontecido en este juicio, fue seriamente afectada por una comprobada campaña de desinformación y de propaganda negra, destinada no solo a imponer la versión de los victimarios, sino principalmente a colaborar en la creación de un estado tal de anomia legal en la sociedad, que permitió el ejercicio brutal de violencia irracional y desatada por parte de la estructura estatal.”

En consonancia con lo expuesto, en el año 2012, al leerse por el  Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata el fallo contra los genocidas en dictadura del llamado “Circuito Camps” (que duró 15 meses , con 89 audiencias, y donde testimoniaron 400 personas), se puso énfasis en la complicidad civil con los delitos perpetrados en el contexto de genocidio. Específicamente, los Jueces ordenaron investigar complicidades de funcionarios judiciales, eclesiásticos, e instaron analizar el rol del diario La Nación durante el desarrollo del juicio. 

Inmediatamente después de aquella condena, La Nación publicó una editorial titulada “¿Justicia o venganza para Jaime Smart?”, en cuya bajada podía leerse, “Es de esperar que prime la justicia y no el afán revanchista al resolver la situación del ex ministro de gobierno bonaerense”. Una clara demostración de  continuidad en la complicidad que hermana a los genocidas, los responsables civiles y los medios de comunicación.

El camino de la justicia

En el futuro inmediato nos aguardan escarpados debates jurídicos/políticos/filosóficos/culturales, cuyo producto determinará la suerte de esta demanda histórica: los culpables de los crímenes deben ir presos. Mientras tanto, debemos aunar fuerzas para investigar y denunciar aquellos casos en que inexorablemente se aprecia la manufactura civil en la concreción del Terrorismo de Estado.

Este 24 de marzo se cumple un nuevo aniversario del golpe de estado genocida más sangriento de nuestra historia. También se cumplen 10 años de aquel 24 de marzo en que Néstor Kirchner pidió perdón en nombre del Estado Nacional por el gran crimen cometido. Allí se comenzó a escribir una nueva historia.

Mientras tanto, los medios involucrados activa y decididamente durante la dictadura no han sido capaces de expresar un mea culpa sobre su participación y responsabilidades. Ese gesto no es menor, de ese modo asumen que no tienen responsabilidades y así niegan su complicidad.

No es posible el asesinato masivo sin el accionar mediático ocultando y generando un contexto en el que esto se vuelva viable. Por ello, incluso debemos revisar nuestros propios posicionamientos respecto de la idea de “complicidad civil de los medios”, estos medios no fueron sólo cómplices, fueron participes necesarios de un genocidio y la justicia debe continuar sus caminos para juzgarlos como tales.

Sin dudas, sin la participación activa de estos medios el gran crimen no habría sido posible tal como sucedió. La memoria y la vida de una generación perseguida y desaparecida; las consecuencias de un plan sistemático que condenó a millones de compatriotas a la pobreza y la indigencia, exigen que estos medios y estos periodistas brinden la información que ocultan y paguen por sus responsabilidades. Sólo así podremos continuar avanzando en una sociedad más justa, libre y soberana, donde tengamos la certeza de que este crimen nunca más será cometido.

*Nota publicada hoy en Télam, Agencia Nacional de Noticias.

**Decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, UNLP y doctora en Ciencias Sociales.

Correo Perio