A 32 años de una guerra ilegítima en la que cientos de combatientes perdieron la vida
 
Prensa
 

Los crímenes británicos

Por Jerónimo Guerrero Iraola *

La reescritura de la cuestión Malvinas nos lleva a levantar, en vísperas del 2 de abril, las banderas Memoria, Verdad, Justicia, Democracia y Soberanía, al comprender que 32 años después existen heridas abiertas que no han podido cauterizarse como consecuencia de las formas en que se encuentra modelado el escenario internacional.

En efecto, el Reino Unido es responsable de haber cometido crímenes de guerra durante el hecho bélico que tuvo lugar entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982. Lo es, porque en tanto procurador de la guerra, debió (¡Y debe!) hacerse cargo de las aberraciones cometidas por sus tropas.

La inconmensurable producción de las industrias culturales gestadas desde los centros de poder han edificado unas representaciones de “la guerra” en que vale todo. Asimismo, la construcción de alteridades culmina por ser el gran nodo a partir del que se justifican los actos criminales de las superpotencias. Para que quede claro, Rambo es un criminal cuyas acciones no resistirían el menor análisis ponderadas a la luz del derecho internacional humanitario.

Sin embargo, el hecho de que el orden internacional se encuentre erigido a partir del escenario geopolítico que sobrevino a la Segunda Guerra Mundial; sumado a que la diplomacia es, parafraseando a Mao, guerra sin efusión de sangre, parecieran hacer caer al legítimo reclamo del pueblo argentino una y otra vez en saco roto.

Afortunadamente hemos asistido, en la última década, a un proceso de resignificación de la cuestión Malvinas, que implica abordar el conflicto con el Reino Unido a partir de cánones regionales, cuestión que ha quedado condensada en la elocuente frase acuñada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), “Volveremos a Malvinas de la mano de América Latina”.

La mentada cosmovisión nos debe llevar a entender que la denuncia presentada por el CECIM el año pasado ante el Juzgado Federal de Río Grande, se encuentra en íntimo diálogo con las causas que desde tiempos inmemoriales mueven la resistencia del pueblo argentino. El señalamiento de los crímenes cometidos por los británicos, alberga en su interior, los silencios y las voces de los pueblos originarios, los masacrados tras la irrupción colonial de 1492 en nuestras tierras; las de las víctimas de las genocidas y mal llamadas campañas del desierto; como así también las de quienes lucharon por lograr la emancipación de nuestros pueblos y la consagración de la justicia social.

Miente quien afirma que no hay ni hubo “vencedores ni vencidos”. Lo hace quien prefiere el olvido al doloroso ejercicio de la memoria, quien no comprende que nuestros soldados conscriptos marcharon hace 32 años a una guerra ilegítima, comandada por una dictadura nefasta que respondió, desde su irrupción el 24 de marzo de 1976, al pliego de condiciones y acciones de gobierno digitadas desde el Imperio.

El Reino Unido es responsable por los crímenes cometidos por sus tropas. Debe juzgar y condenar a los soldados que violentaron las disposiciones de los Convenios de Ginebra de 1949 al exponer a nuestros jóvenes conscriptos a situaciones que contrarían al derecho de gentes y las pautas universales de protección de los Derechos Humanos.

Lo expuesto ha sido consagrado por Juan Bautista Alberdi (1): “La guerra ha sido hecha casi siempre por procuración. Sus verdaderos y únicos autores, que han sido los jefes de las naciones, se han hecho representar en la tarea poco agradable de pelear o morir; cuando han asistido a las batallas lo han hecho con todas las precauciones posibles para no exponerse a morir. Más bien han asistido para hacer pelear, que para pelear. Todos saben cuál es el lugar del generalísimo en las batallas. Por eso es tan raro que muera uno de ellos. Las guerras serían menos frecuentes si los que las hacen tuvieran que exponer su vida a sus resultas sangrientas. La irresponsabilidad directa y física es lo que las multiplica.

Pues bien: un medio simple de prevenir cuando menos su frecuencia sería el de distribuir la responsabilidad moral de su perpetración entre los que la decretan y los que la ejecutan. Si la guerra es un crimen, el primer culpable de ese crimen es el soberano que la emprende. Y de todos los actores de que la guerra se compone, debe ser culpable, en recta administración de la justicia internacional el que la manda a hacer. Si esos actos son el homicidio, el incendio, el saqueo, el despojo, los jefes de las naciones en guerra deben ser declarados, cuando la guerra es reconocida como injusta, como verdaderos asesinos, incendiarios, ladrones, expoliadores, etc; y si sus ejércitos los ponen al abrigo de todo castigo popular, nada debe abrigarlos contra el castigo de opinión infringido por la voz de la conciencia pública indignada y por los fallos de la historia, fundados en la moral única y sola, que regla todos los actos de la vida…”.

Los ex combatientes han sido, sin lugar a dudas, la última víctima colectiva de la dictadura cívico/militar y genocida. Lo han sido por partida doble. Como producto de una infame decisión tomada por un gobierno ilegítimo; y por haber sido el blanco de una superpotencia colonialista que no ha puesto reparos en dispensar los tratos más crueles a nuestros soldados.

Eduardo Galeano cita, en “El libro de los abrazos”, un proverbio del África que reza: “Hasta que los leones no tengan sus propios historiadores, las historias de cacería seguirán reivindicando al cazador”. En la denuncia promovida por el CECIM La Plata, además de alcanzar la justicia, se persigue la ardua tarea de reescribir la historia al poner de resalto que aquí en el Sur no sólo seguimos de pie… ¡Caminamos!

(1) Juan Bautista Alberdi, “El crimen de la guerra”, p.81. 1ª edición. Terramar. La Plata. 2007.

 

* Abogado. Coordinador del Equipo Jurídico del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata. Consejero Directivo por la Agrupación Rodolfo Walsh, Facultad de Periodismo y Comunicación Social, UNLP.

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