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La salud sexual como derecho humano

Por María Florencia Actis *

Son varios los reduccionismos que definen en la esfera pública -civil, mediática e institucional- qué es la salud sexual, qué prácticas involucra y a qué actorxs. La construcción científico-religiosa del concepto de salud, naciente junto a los esquemas biopolíticos de la modernidad, está vinculada primordialmente a la idea de higiene, cuidados  y formas de control y prevención. La  salud así entendida, y vehiculizada por medio distintas políticas públicas a lo largo de la historia y hasta la actualidad, han sido destinadas al cuerpo social, pero especialmente a la población femenina; dando por sentado que son ellas, no sólo las que no deben, bajo ninguna excepción, negar esta dimensión, sino que además, deben tramitar y garantizar salud para el resto de su familia.

La salud sexual comporta su propia encrucijada de sentidos, donde las mujeres aparecen nuevamente  como destinatarias, esta vez, con exclusividad. Como ya dijo Foucault, la sexualidad y la reproducción han estado unidas en las estructuras simbólicas de Occidente, en pos de sostener una matriz heterosexual, del mismo modo que la capacidad reproductiva del cuerpo de las mujeres ha resultado un lugar central en las discusiones políticas en torno a las jerarquías de género. Estas nociones, configuran pues, aquello que nombramos salud sexual, directamente arraigado al embarazo y  la maternidad. Pensar la salud sexual de manera integral, tal como lo establece el Programa de Salud Sexual Integral -ley 26.150-, aprobado en 2006, implica adquirir saberes y habilidades para la toma empoderada de decisiones en relación al cuidado del propio cuerpo, las relaciones interpersonales, el ejercicio de la sexualidad, en sentido amplio,  articulando aspectos tanto biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos.

En el día de la fecha, la concejal Florencia Saintout presentó el proyecto de ordenanza municipal en el Consejo Deliberante, que pretende crear las Consejerías de Salud Sexual Integral en los distintos barrios de la ciudad. En el informe que fundamente la necesidad de establecer dichas Consejerías, se mencionaron estadísticas preocupantes sobre embarazos adolescentes y en niñas,  las dificultades de acceder a un método anticonceptivo y a un aborto seguro, inclusive, cuando se tratan de abortos no punibles.  Vale comentar el reciente caso de una nena de 13 años embarazada producto de las violaciones reiteradas de su padrastro, y a quien lxsmédicxs del Hospital municipal de la localidad de Moreno, prohibieron realizarle un aborto, porque superaba la semana 23 de gestación, contradiciendo impunemente el Protocolo de Atención de Aborto No Punible de la provincia de Buenos Aires.

Lamentablemente, no es la primera vez que la corporación médica actúa de manera ilegal, sobrepasando el derecho de las mujeres a decidir sobres sus cuerpos y destinos; muchas veces, de manera interesada para sostener el opulento negocio que reporta la clandestinidad de esta práctica, bajo argumentos ético-morales, más conocido como “objeción de conciencia”.

Para transformar no sólo las estadísticas, sino los discursos que circulan en relación a la idea de salud sexual, para concebirla integralmente y como derecho humano, se busca establecer mediante esta ordenanza, nuevos dispositivos de trabajo en relación con este tema. En sintonía con el ya mencionado Programa Nacional de Salud Sexual Integral, con los lineamientos de la Secretaría de Salud y Medicina Social, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, el Consejo de la Mujer  y la Mesa Local de violencia. La iniciativa, a través de sus diferentes consejerías, no interviene territorialmente sólo para “repartir forros”, sino para promover actitudes más responsables ante la sexualidad, y prevenir problemas relacionados con la salud en general, y la salud sexual/reproductiva en particular, tanto de mujeres como de varones, y personas LGTB. 

* Laboratorio de Comunicación y Género, FPyCS.

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