Una imagen del barrio "Papa Francisco" de CABA que fue desalojado el fin de semana pasado
 
Prensa
 

La ciudad apiñada

Por Esteban Rodríguez Alzueta*

Cuando la ciudad se transforma en una postal para ser visitada por los turistas y celebrada por la “gente como uno”, la ciudad se comprime, el precio del suelo se va por las nubes y con ello suben los alquileres. El mercado inmobiliario -un refugio de la especulación, la corrupción política, la oportunidad para lavar el dinero sucio-, empuja a los pobres a amontonarse en los terrenos que vienen ocupando desde hace décadas. La ciudad se verticaliza y cada nueva generación será otro piso en la villa o el asentamiento.

La ciudad se comprime y, mientras tanto, continúan arribando inmigrantes en busca de mejores o nuevas oportunidades. Porque sabido es que estamos en un país dispuesto a recibir y cobijar a todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Hombres y mujeres que, por las condiciones residenciales en las que se encuentran (muchos de ellos no tienen todavía la documentación requerida para obtener la residencia permanente) no pueden hacer valer sus derechos y se transforman en la mano de obra barata que emplean algunos mercados legales para optimizar sus costos financieros. Prueba de ello es lo que sucede en la construcción y, sobre todo, en los 15 mil talleres textiles informales donde se calcula que actualmente trabajan más de 50 mil trabajadores extranjeros en condiciones precarias. Por esa misma razón, estos inmigrantes tampoco cuentan con las certificaciones arbitrarias de rigor que suelen reclamar las inmobiliarias para convertirse en inquilino. Cuando eso sucede, los inmigrantes se vuelven otra vez objeto de aprovechamiento, esta vez en la villa que estará dispuesta a acogerlos a cambio de un precio muy alto. Porque allí no le pedirán garantía hipotecaria para alquilar, pero los precios serán más o menos los mismos, incluso a veces más altos que en el resto de la ciudad.

Estas son algunas de las razones que subsisten como telón de fondo en las tomas en Buenos Aires, pero también en las ciudades de Córdoba, Rosario, La Plata o el conurbano bonaerense. Tanto la toma del Indoamericano en 2010 como la ocupación del terreno municipal donde se encontraba un depósito de autos abandonados de la Policía Federal, son dos ejemplos de las cientos de tomas que se produjeron en los últimos diez años en Argentina.

Sólo en la ciudad de Buenos Aires existen 26 asentamientos precarios y 16 villas miserias. Se calcula que la cantidad de personas que los habitan duplica las de 2001 y es tres veces la de 1991. Cerca del 40% de los habitantes de los 350 mil, alquilan cuartos de manera informal. Como escribió hace poco Horacio Verbitsky, “el mercado inmobiliario sin control eleva los precios de los alquileres de la zona central de la ciudad y colca a creciente cantidad de personas en situación de déficit habitacional” (Página/12, 2 de marzo de 2014).

La especulación inmobiliaria de ricos y pobres empujan a los actores más desaventajados a tener que ocupar nuevas tierras para resolver las distorsiones que el mercado genera, es decir, el problema del déficit habitacional, el derecho a la vivienda y el acceso a la ciudad que la constitución les reconoce. Cuando el Estado no interviene o lo hace tímidamente, cuando no hay gestión, el mercado pone el precio y las condiciones. Y cuando encima el Estado interviene de manera contradictoria, tomándose todo el tiempo del mundo, las personas se vuelven objeto de la violencia institucional, sea la brutalidad policial, las burocracias administrativas, o la indiferencia judicial. Porque también la Justicia está presente de manera muy contradictoria, por un lado buscando proteger los derechos y por el otro mandando a desalojar a los vecinos del predio. 

El desalojo violento de la toma del barrio “Papa Francisco”, el fin de semana pasado, es prueba de ello. Un desalojo que se sostiene y alimenta en una serie de prejuicios que tienden a asociar el delito predatorio, la droga, la enfermedad y la prebenda política a los habitantes de estos territorios. Hay una relación de continuidad entre el chauvinismo y los desalojos, entre la discriminación y la represión. Una vez más los procesos de estigmatización social preparan el terreno para que las policías locales y federales se ensañen con los actores más vulnerables. Todo eso mientras los funcionarios judiciales se esconden detrás de la desidia de la administración de la Ciudad. Los pobres, en particular los jóvenes y los inmigrantes de países limítrofes, siguen siendo el mejor chivo expiatorio para saciar el resentimiento de una sociedad cada vez más temerosa y atrincherada, dispuesta a andar por la vida a las piñas, apuntando con el dedo, linchando o llamando al 911.

*Docente e investigador de la FPyCS de la UNLP. Autor de “Temor y control. La gestión de la inseguridad como forma de gobierno”.

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