Los abogados destacaron el informe sobre El Día y acción psicológica, que elabora la Facultad de Periodismo
 
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Piden que se investigue el vínculo entre El Día y el 101

Lo planteó la querella de HIJOS en su alegato por La Cacha

Cuando sólo restan algunas semanas para la finalización del juicio oral y público por los crímenes de lesa humanidad cometidos bajo la órbita del Centro Clandestino de Detención (CCD) conocido como La Cacha, durante la audiencia del viernes 19 los abogados querellantes de HIJOS-La Plata solicitaron al tribunal que “extraiga copias de las piezas procesales pertinentes para dar intervención a la justicia para investigar y evaluar el vínculo entre el diario El Día y el Destacamento 101 de Inteligencia del Ejército, durante la última dictadura”.

El pedido fue parte del alegato presentado por los abogados Verónica Bogliano y Ramón Baiviene –ambos, hijos de víctimas del CCD La Cacha- y se fundó en las pruebas surgidas en el juicio en torno a las prácticas y técnicas de acción psicológica contra la sociedad platense. Esas prácticas fueron desplegadas por la represión militar y posibilitada por la complicidad “de grupos de poder como la Iglesia, grupos empresariales y medios de comunicación”.

En este sentido, los abogados alegaron que “la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP está trabajando en la elaboración de un informe sobre el accionar psicológico del diario El Día, bajo el título ‘Dictadura y producción de sentido: Diario El Día y acción psicológica en el marco del genocidio’”.

Dicho informe se inscribe en el marco del proyecto de investigación y extensión que la Facultad impulsa desde el año pasado y que toma como objeto de análisis los editoriales del diario platense publicados entre 1976 y 1983 con el objeto de examinar la relación entre medios de comunicación, producción simbólica y genocidio.

Uno de los tantos editoriales laudatorios publicados por El Día, el del 26 de marzo de 1976 titulado “La prevista consecuencia”, fue rescatado por los abogados querellantes como expresión de la complicidad y connivencia del matutino con el “inevitable y previsible” golpe.

El periódico dirigido por Raúl Kraiselburd explicaba, dos días después de la irrupción militar, los dos grandes desafíos: “El reordenamiento del aparato productivo del país y el aniquilamiento definitivo de la guerrilla”, y alentaba a sus lectores a apoyar el nuevo estado de cosas: “Es indispensable desearles éxitos (al gobierno militar), pero es absolutamente imprescindible que todos los habitantes del país comprendan que ese futuro venturoso solo llegará con el concurso de todas las voluntades argentinas”.

En su alegato, los abogados también señalaron que el diario se ocupó de presentar relatos ficticios de los acontecimientos a partir de la reproducción de comunicados oficiales, la omisión de datos y la presentación seriada de notas cuyos titulares remitían siempre a la figura de los “enfrentamientos”.

Así operó el diario, por ejemplo, el 28 de abril de 1977, horas después del secuestro de Elba Leonor Ramírez Abella y Liliana Pizzá, y del asesinato de sus maridos, Alberto Paira y Arturo Baiviene.

Con el título “Dos sediciosos abatidos”, El Día reprodujo el comunicado elaborado por las fuerzas de seguridad, que presentaba los asesinatos como resultado de un supuesto enfrentamiento.  En la nota, las víctimas fueron descriptas como “elementos subversivos marxistas de la banda autodenominada Montoneros”.

Según los abogados querellantes, “lo curioso es que ambas personas asesinadas fueron enterradas como NN, y sin embargo el diario publicó nombre y apellido, lo que nos lleva a cuestionarnos cuál fue la vinculación de este medio con el aparato organizado de poder”.

La revelación del imputado Palavezzati

El exjefe de Sección Reunión Interior del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército –cuya sede en La Plata funcionó en 55 entre 7 y 8-, Anselmo Pedro Palavezzati, afirmó, durante su declaración indagatoria realizada en febrero pasado, que en plena dictadura y por encargo de la sección que él mismo dirigía, el diario platense El Día y la estatal Radio Provincia realizaban “encuestas para saber el estado de ánimo de la gente y las opiniones sobre la situación del país (…) Eran conversaciones informales en la calle, en la cola del banco, etc. Esa gente no sabía que era una actividad de inteligencia”.

“Se hacía un tipo de encuesta mínima en la vía pública, de forma reservada. Se las encargaba a hacer a El Día, no era personal del Destacamento (el que salía a la calle)”, explicó el imputado a los magistrados del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de La Plata, mientras en la sala de audiencias del juicio por La Cacha se levantaba un murmullo de asombro por el alcance de las revelaciones.

-¿O sea que el diario El Día hacía tareas de inteligencia para ustedes?- intervino el presidente del tribunal, Carlos Rozanski.

-No eran tareas de inteligencia. Eran encuestas para saber el estado de ánimo de la gente. Los diarios saben de esas cosas cotidianas-, respondió, inmutable, el exjefe de Reunión Interior del 101.

Aquella declaración indagatoria de Palavezzati también sorprendió por la insólita comparación que utilizó para explicar cuáles eran las tareas de inteligencia que él coordinaba: “Hay mucho desconocimiento sobre la inteligencia militar, pero en definitiva cuando una señora va al supermercado y busca los mejores precios está haciendo ‘inteligencia’”.

El relato de Palavezzati fue incorporado al alegato de los abogados querellantes de HIJOS, quienes destacaron que la complicidad entre medios y dictadura continuó por varios años hasta casi llegada la democracia, y de allí la importancia de que se ordene el inicio de una investigación penal.

El aporte de los medios, entre ellos El Día

Acerca de la acción psicológica y propagandística, los abogados explicaron que incluía tres dimensiones: la “sugestiva”,  la “psicológica” y la “compulsiva”, como modo de producir controles y delaciones hacia el común de la población y, primordialmente, la construcción de las víctimas como “delincuentes subversivos”.

Enfatizaron que el aporte fundamental de los medios de comunicación “fue el de la atribución a un “otro”, determinado por cuestiones de edad, género o pertenencia política, de conductas o características que lo convierten en un elemento a exterminar. La acción psicológica descripta, se complementaba y verificaba con la narración de cada hecho de la represión clandestina, lo que daba cierre al circuito”.

“Como señala Pilar Calveiro, los diarios de la época reproducían los partes del Ejército señalando enfrentamientos fraguados, como así también justificaban el accionar clandestino, sin ningún tipo de verificación de la realidad”, agregaron.

Pedido de penas para los imputados en el juicio

Además de la necesidad de que se investigue al diario El Día, los abogados Verónica Bogliano y Ramón Baiviene desarrollaron una extensa exposición sobre las responsabilidades penales de los imputados en el juicio, las pruebas obrantes en la causa y las que surgieron durante el debate oral y público, y dieron sus fundamentos para la petición de penas.

En este sentido, los abogados querellantes pidieron al tribunal que se cambie la calificación delictual y se considere a todos los imputados como autores del delito de desaparición forzada de personas, delito que comienza su ejecución con el secuestro la persona y continúa mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima.

Así, explicaron que por “tal motivo y en razón del principio de consunción, no  habremos de pedir  que dicha figura concurra con el delito de tormentos agravados, pues consideramos  que la  figura de desaparición forzada comprende estructuralmente al delito de  tormentos”.

También alegaron que las figuras de homicidio y tormentos no llegan a abarcar la totalidad delictual dado que no contemplan algunos de los bienes jurídicos protegidos por la desaparición forzada de personas: el sufrimiento padecido por los familiares y el derecho de la sociedad en su conjunto de saber que sucedió con los desaparecidos.

Con respecto a las penas, solicitaron al tribunal que condene a los imputados a la pena de prisión perpetua más las costas el proceso.

Por último, solicitaron que se extraigan las piezas procesales pertinentes para poner en conocimiento al juzgado de instrucción federal acerca de la posible intervención de la Marina y la Policia Federal en el CCD La Cacha.

Datos sobre el juicio

El juicio por la causa La Cacha comenzó a fines de diciembre pasado y se desarrolla todos los miércoles y viernes en la sede de la exAMIA de La Plata, en calle 4 entre 51 y 53, que actualmente utiliza el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de esta ciudad. Por la sala de audiencias pasaron más de 100 testigos, muchos de los cuales fueron víctimas del centro clandestino de detención. 

El expediente judicial que llegó a instancia de juicio fue el resultado de la unificación de tres investigaciones penales sobre homicidios, privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos y sustitución, ocultamiento y retención de menores, delitos cometidos en la esfera del CCD La Cacha.

Entre los 21 imputados, 13 pertenecieron al Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército; 2 fueron penitenciarios bonaerenses; 4 fueron policías bonaerenses; 1 fue integrante de la Armada; y el restante, un civil: el exministro de Gobierno, Jaime Lamont Smart, quien realiza su propia defensa.

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