Prensa
 

Gana el que no abandona

Por Luciana Isa* y Lucía Iañez**

Seguramente que la sensación no sea la sorpresa, uno no se sorprende frente a lo conocido, lo esperado, lo natural, sino que el asombro aparece cuando surge en la escena algo nuevo, diferente, que irrumpe la cotidianeidad, sea bueno o sea malo. Y en ese sentido, si hay algo que tiene poco de “novedoso” es el desempeño legislativo de los Diputados del bloque opositor y primera minoría en el Congreso de la Nación desde su asunción en diciembre del 2013. Sin embargo, pese a no ser sorpresiva, la huida de los diputados nacionales opositores, encabezados por el Frente Renovador, de la sesión especial en la que se discutió, debatió y sancionó la reforma del Código Civil y Comercial unificado, por lo menos, resulta aterradora. Sobre todo si se tiene en cuenta que algunos de sus integrantes aspiran formar parte de la contienda electoral para competir por cargos ejecutivos en las elecciones del 2015.

Durante la tarde de ayer, en la Cámara de Diputados de la Nación se sancionó la Reforma al Código Civil y Comercial, que fue el resultado de un intenso trabajo conjunto entre juristas, legisladores, organismos ocupados de los Derechos Humanos, organizaciones sociales, entre otros, que tuvo lugar durante casi tres años y que ayer alcanzó su aprobación con 134 votos a favor y ninguno en contra, luego de que el bloque opositor abandonara el recinto de manera escandalosa “desacatada”, argumentando mecanismos inconstitucionales para su tratamiento en la sesión y dejando como propuesta alternativa la huida del debate.

Más allá de lo penoso de la situación, aunque no por eso inconstitucional, en tanto el reglamento del funcionamiento de ambas Cámaras contempla esta posibilidad como un recurso dentro del funcionamiento del parlamento, lo preocupante es el modo de comprender y asumir el compromiso y la gestión política de estos representantes que fueron votados por un porcentaje de argentinos que delegó justamente la facultad legislativa en ellos para que asuman con responsabilidad democrática ese compromiso. Por un lado la pregunta es: si frente al enojo, la adversidad y el disenso, la respuesta de estos legisladores es la irresponsabilidad y la negligencia política, ¿qué podría suceder si algunos de ellos llegara a ocupar espacios de mayores decisiones para el país? Pareciera que la inseguridad, evocada en cada uno de sus discursos mediáticos, es una inseguridad de ideas, de discusión, de producción ideológica. Y por otra parte, nos preguntamos cuál es el aporte y la valorización social y política que como espacio opositor generan en la construcción de una Ley cuya trascendencia y magnitud es inconmensurable para todos los argentinos y argentinas.

Y cuando nos referimos al aporte dado en ese proceso, que claramente excede la instancia de aprobación en el recinto, sino que es el resultado de más de tres años de trabajo conjunto entre diferentes actores sociales y políticos, no hacemos referencia solamente a la producción legislativa per se. Históricamente los debates que han tenido lugar, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, han sido espacios de fructíferos intercambios de ideas ideológicas entre actores de diferentes fuerzas políticas que ha a lo largo de la historia democrática de nuestro país han dado lugar a la preparación y producción de  innumerables leyes, de diversos alcances, pero siempre con una incidencia en la vida de todos sus habitantes. Y en ese sentido, hay que pensar que la riqueza de un trabajo legislativo también radica y es fruto de la construcción discursiva que surge del intercambio, del disenso y, también, del conflicto. La sanción de cualquier norma que regule la vida de las personas, necesariamente está atravesada por el conflicto, la negociación, el diálogo, y varios otros componentes que, afortunadamente, son los que forman parte y dan cuerpo a la construcción simbólica de los gobiernos democráticos. Y, al mismo tiempo, estos procesos debieran pensarse como instancias pedagógicas y formativas, en la que dichos representantes, legitimados y habilitados para ejercer la facultad de legislar, debieran poder comunicar y cristalizar los resultados de esos debates, de modo de contribuir en los procesos de construcción de un sentido de la ciudadanía soberana que promueva la participación, el compromiso y la responsabilidad de asumir deberes y derechos para que lo que ocurre en el Congreso, no sea asunto de unos pocos.

Una historia con “Código”

La importancia de la Unificación del Código Civil y Comercial puede parecer insignificante a los ojos de la ciudadanía. Sin embargo, la importancia de la actualización de las legislaciones, es inmensa si entendemos que es lo que permite dar lugar a los avances sociales y a convertir en derechos adquiridos todos aquellos logros que hemos obtenido.

El Código Civil argentino, cuyas numerosas regulaciones abarcan desde la adquisición del primer derecho de una persona hasta el último, incluso luego de su muerte, tiene una estructura integral creada hace 143 años. Obviamente con cientos de reformas parciales que no han venido sino a "emparchar" la problemática que implica que el código no se haya reformado nunca de manera integral. La primera reforma integrada se propuso en 1926, hace 88 años atrás, y 55 años después de su puesta en vigencia. Ya por esos años los doctrinarios del derecho creían que era imperiosa una modificación total y no parcial. Lo mismo sucedió en 1936 y en 1954. Pero en todos los casos, se evitó que las reformas fueran discutidas y tratadas.

En este marco es importante mencionar que este nuevo Código no es una ley que resulte de la improvisación,  ni tampoco que carezca de un tiempo prudente para su estudio.    Este proyecto de Unificación llevó años de un arduo trabajo entre la Comisión Reformadora que se creó a tal efecto y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Frente a la conformación de esta Comisión, integrada por su presidente, el Dr. Lorenzetti, la Dra. Elena Highton de Nolasco (ambos jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación) y por la Dra. Aida  Kemelmajer, ex jueza de la Corte mendocina y jurista reconocida a nivel internacional,  resulta llamativa la afirmación de algunos medios de comunicación respecto a la posición contraria a la sanción del Código del máximo Tribunal de la Argentina, aun cuando fue redactado por dos de sus más prestigiosos miembros.

El nuevo Código, en sus 2671 artículos, está pensado con una identidad cultural latinoamericana, utilizando como fuente las legislaciones de los países hermanos, con orientación a la constitucionalización del derecho privado, basado en paradigmas de igualdad y con un horizonte claro a la operativización de los derechos humanos. El mismo incorpora  nuevos derechos colectivos e incluye nuevas regulaciones en materia de matrimonio, matrimonio igualitario, divorcio, contratos prenupciales y adopción, además de pesificación de los contratos, reconocimientos de nuevas sociedades, entre muchísimos otros temas.

Finalmente, y teniendo en cuenta la transformación y el impacto que tendrá en la organización social este nuevo Código, una vez que su texto habite el territorio, resulta oportuno recuperar las palabras que ayer expresara la jefa del bloque de diputados del FpV, Juliana Di Tullio, al cierre del debate durante la sesión especial: “Este bloque está dentro de la historia y no afuera, como la oposición. Si no quieren ser protagonistas del cambio, que se hagan cargo”.

*Docente y becaria de investigación FPyCS-UNLP

**Docente de la FPyCS-UNLP

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