Luego de la sentencia se realizó un acto en las inmediaciones del tribunal que se extendió hasta la medianoche
 
Prensa
 

Prisión perpetua para quince represores de La Cacha

Por Pablo Pellegrino*

—Por favor, señor Etchecolatz- advirtió el presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 de La Plata, Carlos Rozanski, que tuvo que interrumpir la lectura de la sentencia por las palabras y los gestos que el ex Director de Investigaciones de la Policía de la provincia de Buenos Aires hacía mientras se anunciaba que recibiría una nueva condena a reclusión perpetua por el genocidio cometido durante la última dictadura cívico militar.

Minutos después de las 20, el tribunal que junto a Rozanski integran Pablo Vega y Pablo Jantus, comenzó la lectura del fallo por el que condenaron, además de Etchecolatz,  a Jaime Lamont Smart, Héctor Raúl Acuña, Gustavo Adolfo Cacivio, Roberto Armando Balmaceda, Ricardo Armando Fernández, Isaac Crespín Miranda, Emilio Alberto Herrero Anzorena, Pedro Anselmo Palavezzati, Carlos María Romero Pavón, Carlos del Señor Hidalgo Garzón, Horacio Elizardo Luján, Miguel Ángel Amigo, Jorge Héctor Di Pasquale y Julio César Garachico a la pena de prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos en el Centro Clandestino de Detención (CCD) La Cacha.

Las condenas también alcanzaron a Juan Carlos Herzberg, que deberá cumplir 12 años de prisión (el presidente del Tribunal votó en minoría por la máxima pena); Rufino Batalla, Raúl Ricardo Espinosa y Claudio Raúl Grande, todos ex espías civiles del Destacamento 101 de Inteligencia del Ejército, afrontarán 13 años de prisión; mientras que Luis Orlando Perea fue absuelto por mayoría, con la disidencia del juez Rozanski que votó por la condena. En el último caso, a excepción de la fiscalía, las demás querellas habían solicitado la condena.

En la sala de la ex AMIA, donde se desarrolla el juicio desde diciembre de 2013, algunos de los represores ingresaron al corral de los imputados insultando al público, en el que se encontraba la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; la titular de la Fundación Anahí, María Isabel Chorobik de Mariani; la referente de Madres de Plaza de Mayo La Plata, Adelina Dematti de Alaye; referentes de la Agrupación H.I.J.O.S; y testigos de que aportaron datos a la causa.

En la audiencia también estuvo presente la decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Florencia Saintout; el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez; el secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Guido “Kibo” Carlotto; el fiscal y testigo-víctima en el juicio, Julián Axat; el diputado Nacional y nieto recuperado por Abuelas de Plaza de Mayo, Horacio Pietragalla; el destacado asistente social criminológico del SPB que fue secuestrado y torturado en La Cacha, Juan Scatolini; entre otros.

Al finalizar la lectura de la sentencia se vivieron momentos de tensión, cuando el represor Héctor Raúl “Oso” Acuña comenzó a insultar al público desde el corral de los imputados, donde Miguel Etchecolatz también hacía gestos provocativos hacia los presentes. Luego de forcejear unos segundos con el personal policial, Acuña fue retirado de la sala y Etchecolatz tuvo que salir por otra de las puertas que conducen al escenario.

Horas antes de la audiencia, se llevaron a cabo las señalizaciones del terreno donde funcionó La Cacha (derrumbada por los militares cuando dejó de operar) y del Destacamento 101 de Inteligencia del Ejército ubicado en calle 55 entre 7 y 8, que por recomendación del Tribunal que condenó a los genocidas, deberán ser “destinados como sitios para la Memoria”.  

El CCD La Cacha (bautizado de esa forma por los propios genocidas que aludían a un personaje de la serie Hijitus: “Cachavacha, la bruja que desaparece gente”) funcionó en las instalaciones en que se encontraba la antigua antena transmisora de Radio Provincia de Buenos Aires, en la localidad de Lisandro Olmos, detrás de las Unidades Penitenciarias 1 y 8. En el lugar fueron alojados 128 detenidos-desaparecidos, entre ellos el profesor de la cátedra 2 de Historia Argentina de esta casa de altos estudios, Juan Alberto Bozza, quien fue secuestrado en abril de 1977 y liberado en junio del mismo año.(http://www.perio.unlp.edu.ar/node/4004)

Uno de los datos que surgieron en el juicio y merecen destacarse, además de las condenas, fue la declaración de Pedro Anselmo Palavezzati, que muestra la complicidad civil con el terrorismo de estado. El 7 de febrero pasado, Palavezzati, que durante la dictadura se desempeñaba en el Destacamento 101 de Inteligencia del Ejército,  dijo ante el tribunal que para realizar sus informes le encargaba al diario El Día la recopilación de datos entre la población. En este sentido, el Consejo Directivo de esta unidad académica adhirió al pedido de la querella de H.I.J.O.S para que se investigue ese vínculo, y puso a disposición las investigaciones que se desarrollan en torno a la complicidad mediática con el genocidio, pero en la sentencia no se hizo lugar a este requerimiento. 

*Integrante del equipo de la Secretaría de Comunicación y Prensa 

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