Sobre los anuncios en materia de inteligencia y los desafíos por venir
 
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Sobre los anuncios en materia de inteligencia y los desafíos por venir

Por Ileana Arduino y Natalia Federman*

La decisión de disolver la cueva en la que se han refugiado parte de las personas que trabajan en lo que se ha llamado inteligencia —denominada primero SIE, luego SIDE y ahora SI— es una medida democráticamente vital y va en línea con lo que distintos sectores han reclamado como claves de la modernización democrática del sector.Desde 1983 y hasta el anuncio del día 26 de enero de 2015, no hubo iniciativa de similar audacia lo cual vuelve el anuncio un verdadero punto de inflexión para revertir una inercia en los modos de relación entre gobiernos y servicios de inteligencia, —me refiero a todos los que han existido hasta hoy— que en lo sustancial permitieron, cuando no fomentaron, la consolidación, crecimiento y expansión de personajes, finalidades y prácticas gestadas bajo paradigmas siniestros. Insistir por el camino del intervencionismo reformista hubiera redundando en simples medidas cosméticas que tarde o temprano darían oportunidad a la reedición de los pactos y negociaciones cuya capacidad de daño institucional es tan elocuente como incremental si se insiste en mantener sus condiciones estructurales. Nada bueno puede asentarse sobre tanta degradación.

Si concentramos la mirada sólo en los lineamientos informados en el anuncio presidencial, advertimos rápidamente que se trata de un primer paso para el desarrollo de una política de información atinada en asuntos extremadamente importantes que pone a la actividad de inteligencia en su lugar: el de contribuyente con objetivos precisos y no un fin en sí misma, una actividad al servicio del Estado y la estabilidad democrática y no como variable extorsiva.

El auténtico drama de la inteligencia autonomizada que termina por tomar por rehén al sistema político mismo nos muestra hoy la altura del abismo al que puede conducir el desgobierno activo u omisivo del sector, cuando la actividad del sector pierde todo carácter contribuyente y se convierte en un fin en sí misma, en manos de mercenarios gestados, prohijados y mantenidos por  demasiado tiempo.

Un segundo acierto de los lineamientos tal como han sido presentados, es definir taxativamente temas y áreas de intervención—delitos federales graves, tales como los delitos de criminalidad compleja, organizada y trasnacional así como aquellos delitos que atentan contra la estabilidad democrática—  y, su contracara, la determinación clara de límites y restricciones a la actividad informativa,comúnmente  llamados criterios sensibles de información.  Ambos extremos  operan como pivotes normativos básicos del nuevo escenario para la actividad de inteligencia.

Esto se complementa con la saludable noticia de que en lo sucesivo la actividad material de interceptar comunicaciones será llevada adelante bajo la supervisión de la Procuración General. Nuestro sistema jurídico permite que sólo bajo ciertas circunstanciasse puedan realizar interceptación de comunicaciones: en el marco de causas penales y siempre sujeto a la supervisión judicial. No hay ninguna razón que justifique que una estructuraestatal dependiente del Poder Ejecutivo Nacional —y en particular una de sus áreas más opacas— sea quien administre un recurso tan sensible que implica una intromisión en la vida de las personas y cuyo uso excepcional está acotado a las necesidades de ciertas investigaciones penales respecto de las cuales dicho poder debe mantenerse completamente alejado.

La autorización para interceptar comunicaciones la tienen los jueces cuando quien lo solicite acredite fundadamente la necesidad de esa intromisión, con períodos de tiempo específicos y capacidades concretas de fiscalización sobre la tarea, los jueces controlan la prueba, no la producen de modo tal que es correcta la asignación al MPF . Ello es además, coherente con el proceso de reforma integral de la justicia penal federal en línea con medidas de modernización y organización eficiente de los recursos disponible para la investigación criminal que ese proceso también demandará.

Por otra parte, la decisión de promover una estructura completamente nueva como la AFI sujeta a una conducción profesional y cuyo titular accederá al cargo  con acuerdo del Senado de la Nación es un reforzamiento de los procesos de institucionalización democrática tan indiscutible como inédito.

El Poder Ejecutivo Nacional, a cuyas sucesivas titularidades políticas desde 1983 sin excepciones les cabe la responsabilidad de haberse mantenido condicionados por las amenazas de las viejas estructuras de inteligencia —aunque lo más fácil sea machacárselo al gobierno actual—, propone una ley que incluye distribuir con otro poder de Estado la decisión acerca de quién va a conducir ese organismo.

No deberíamos perder de vista que es la primera vez que un gobierno propone una medida de autolimitación en materia de inteligencia pero no es la primera vez que este gobierno propone  coartar sus posibilidades de ejercer discrecionalmente el poder.

Ya en 2003, por ejemplo, ante la posibilidad de designar a más de la mitad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sin más sujeciones que las que imponía la Constitución Nacional, el entonces Presidente Néstor C. Kirchner firmó el decreto 222/03 que fijó un procedimiento para la designación de jueces de la corte, procurador general y defensor general de la Nación que exige además del consabido acuerdo del Senado, la apertura de un proceso de adhesiones e impugnaciones abierto a quien quiera participar además de audiencias ante el Senado, además de fijar criterios objetivos que el Poder Ejecutivo debe procurar satisfacer en la propuesta, tales como representación diversidad en especialidades jurídicas, representaciones regionales y género, entre otras. Ese  procedimiento fue inmediatamente extendido a la designación de todos los jueces, fiscales y defensores federales.

Así, el avance que en sí mismo implica esta decisión, sólo puede ser negado por aquellos que critican por el solo hecho de que no son quienes ocupan hoy el gobierno, como si cuando han tenido como espacio político la responsabilidad de hacerlo no hubieran formado parte del problema que aquí y ahora heredamos todos.

Algunos temas para debatir

Nada se ha conocido aún acerca de la conformación del nuevo organismo más allá de los criterios de designación de sus titulares, pero ciertamente la definición de objetivos y criterios de intervención es esperable sea acompañada de definiciones en relación con el perfil profesional, los criterios de integración y el diseño de una carrera, que son elementos indispensables para que la construcción de una política de inteligencia profesional sea una posibilidad concreta.

Quien acceda a la nómina de personal civil de las estructuras de inteligencia de las fuerzas de seguridad o incluso de la propia SI probablemente encuentre que el común denominador de quienes las integran es el parentesco o amistad con los integrantes o las autoridades de las cuales dependen esas estructuras; no necesaria ni prioritariamente las capacidades profesionales lo que revela cuál es el perfil institucional dominante y guarda coherencia con la concepción de la inteligencia como una actividad autonoma.

Un ejemplo concreto de ello lo brinda el análisis de los legajos de personal civil de inteligencia durante la dictadura,que es parte del caudal de información de inteligencia que este gobierno ha desclasificado a partir del decreto 4/2010.  El análisis de esa documentación permite ver que el modo de ingreso, so pretexto de la confianza, fue siempre la recomendación o aval personal de quienes ya integraban el organismo, incluso estaba así regulado como requisito. Allí se ve cómo estructuras criminales de inteligencia como el Batallón 601 se alimentaba de primos, hijos, esposas, compañeros de universidad o soldados conscriptos que se habían ganado la confianza de generales bajo cuyas órdenes trabajaban,es decir se ubicaban en el extremo opuesto a quienes fueron desaparecidos forzadamente y presentados luego como desertores por sus propios jefes.

Cada una de las fuerzas de seguridad tiene estamentos de inteligencia que concurren a esa fantasmagórica “comunidad” con altísimos niveles de autonomía. En su gran mayoría están integradas por componentes que portan una reputación personal tan o más dudosa que su aptitud profesional y reclutados con criterios insondables desde el punto de vista las necesidades declaradas de tales áreas.

La mayoría son desconocidos en cuanto a su productividad, al menos la formalmente prevista o declarada,  el tipo de tareas que producen e incluso tienen confusas dependencias institucionales lo cual termina por obstaculizar el control, incluso hacia el interior de la propia fuerza.

Un ejemplo, en el caso de la Policía Federal. Ya en el año 2010 en un artículo publicado en Página/12 Marcelo Saín denunciaba una situación institucional que aún persiste:

“El régimen profesional del personal de la PFA es un (…) fue establecido en la Ley 21.965, promulgada en marzo de 1979 por el teniente general Jorge Rafael Videla, (…)Estas normas y sus modificatorias están vigentes, como también lo están el Decreto-Ley 9.021/63 que instituye la “Orgánica del Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal Argentina” y su reglamentación aprobada por el Decreto 2.322/67. Mediante estas normas se conformó y puso en funcionamiento un verdadero servicio paraestatal de informaciones e inteligencia no sujeto a ningún tipo de contralor administrativo, judicial y parlamentario más allá que el ejercido por algunos pocos miembros de Comisariato superior de la fuerza. Ese cuerpo está compuesto por “agentes secretos” abocados a las tareas específicas de la “especialidad de informaciones” y cuyos cargos no son “incompatibles con otro empleo de la administración pública, provincial, municipal y privados”, es decir, estos agentes del recontraespionaje se pueden infiltrar en cualquier organismo público y privado, facultad que no tienen los agentes de la Secretaría de Inteligencia, regulada por la Ley 25.520, que fue sancionada en democracia. Aquel cuerpo policial de informaciones cuenta con casi 1000 espías que se dividen en dos categorías –“Superior” y “Subalterno”–, cada una de las cuales tiene sus propias jerarquías. Entre sus numerarios se encontraban Ciro James y otros secuaces que se cambiaron de bando con alguna notoriedad pública”

Es claro que la renovación exigirá también perfilar profesionalmente, revisar los criterios de convocatoria e integración de organismos de inteligencia cualquiera sea la estructura en la que estén insertos para poder contabilizar, adecuadamente, cuáles son las capacidades reales disponibles en materia de recursos humanos, hoy dispersas en estructuras de lo más disímiles, en diversos organismos. Uno de los grandes déficits del poder político para controlar las estructuras que se han gestado sin conducción es precisamente no conocer con precisión las dimensiones del fenómeno, que tan monstruoso puede ser, y seguir apoyándose en reglas de personal opacas, poco claras y en su gran mayoría draconianas, como la arbitrariedad y la discrecionalidad exigen.

Desde el punto de vista de las actividades y funciones, la lógica del espionaje, la infiltración, las reservas de identidad y otras mañas que, so pretexto del sigilo, se han puesto al servicio de las formas más espurias de espionaje y chantaje, también están en abierta discusión hoy en lo que a estructuras y estrategias de trabajo en el ámbito de la inteligencia refiere,sobre todo cuando la diversidad de fuentes informativas debidamente trabajadas – Multiint¬se vuelve una condición básica para el desarrollo de políticas de inteligencia eficientes.

Un mundo atravesado por revoluciones informáticas y comunicacionales, donde las llamadas fuentes abiertas de información ocupan un lugar crecientemente relevante requiere de otras habilidades y capacidades en orden a lo que es esperable de la tarea de producción, análisis y acopio de información, tales como su capacidad predictiva y analítica como contribuciones a los procesos de toma de decisiones en el que la anticipación constituye su activo central.

En este sentido, el despliegue de mecanismos que permitan auditar cualitativamente la información que se produce, reclama dos cosas que el proyecto según la presentación pública  traerá, además de la definición de ámbitos de incumbencia. Nos referimos  a la regulación de bases de datos personales y a los mecanismos de control sobre los contactos con la futura Agencia así como el procedimiento mismo de selección de su Director y Subdirector según vimos más arriba.  Resulta indispensable toda la regulación que se propone establecer en relación con los niveles de clasificación de la información, reconociendo primacía al carácter público de toda información y a partir de allí regular preestablecidamente criterios claros y objetivos de restricción hasta el máximo de secreto posible. Esto debe ser acompañado por procesos de desclasificación de la información a través de, por ejemplo, su publicidad luego de una cierta cantidad de años y/o su acceso irrestricto por parte de instancias de control parlamentario.

La democracia debe revertir la lógica actual en la que todo es formalmente secreto, con distintas graduaciones reguladas a su vez en una maraña normativa que solo algunos pocos identifican con claridad, en la que los mecanismos de resguardo dependen de ciertas voluntades y terminan por funcionar como una pieza más de la discrecionalidad absoluta para decidir qué proteger y qué no, en definitiva, para operar.

Primeras conclusiones.

La transformación que se propone el gobierno con esta política es en sí misma sustancial pero es sólo una arista de un ámbito que presenta enormes complejidades y que tiene que ser analizada en un escenario de transformaciones más amplias.

La reacción extrema que generó la reciente sanción del Código Procesal Penal, con la estricta división de funciones entre jueces y fiscales, con audiencias públicas e investigaciones con plazos, es demostrativa del peso de los intereses en juego.

En ese sentido, el avance con la reforma procesal penal en forma contemporánea es una excelente oportunidad para alinear procesos de transformación institucional muy interdependientes.En esa misma línea deben analizarse las transformaciones que en el ámbito  de las fuerzas policiales deben realizarse para que el impacto de esta política vital para la democracia, no quede neutralizado. Si la situación se limitara a la estructura monstruosa de la SIDE o SI, otro sería el escenario. Pero todas las fuerzas federales así como las policías provinciales han tenido sus propios desarrollos de inteligencia, en nada sustancialmente diferentes a los problemas que se advierten a nivel federal. Retomar la senda de la conducción política en materia de seguridad y reorganizar el sistema de inteligencia así como las estructuras de investigación criminal de las fuerzas policiales y de seguridad es central. En declaraciones del Secretario General de la Presidencia el día de ayer, la única fuerza del ámbito federal que ha sido diseñada con criterios modernos y a la altura de las necesidades de una política de seguridad pública democrática, es la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Las demás siguen con esquemas agotados.

Un capítulo aparte merece el periodismo en relación con estos debates, que no podríamos abordar aquí pero que seguramente el corporativismo bien entendido encontrará la forma de aprovechar esta coyuntura para discutir su rol hasta ahora y frente este nuevo escenario que se abre.

El tiempo de la transformación llegó. Evadir las responsabilidades políticas con argumentos como la demora y el tiempo perdido es grave, más aún cuando esa actitud se expresa aún sin el texto conocido y cuando hasta pocos días antes muchos reclamaron lo mismo que ahora se propone. 

Esa forma de oposición es una constante y no una preocupación genuina, vale la pena evocar lo que respondía el entonces Diputado Rossi cuando el Congreso debatió la reestatización de YPF, precisamente porque muestra que cualquiera sea el tema la actitud opositora es monocorde:

“muchos dijeron, porqué ahora, porqué no antes, porqué no en otro momento (…) como todos sabemos las decisiones no se toman en un termo, se toman con un contorno y un entorno, a veces viabilizan la decisiones y a veces retardan las decisiones (…) Irigoyen crea YPF al final de su gobierno… alguien podría criticarle a Yrigoyen que creó YPF al final de su gobierno? Nadie podría criticarle eso”.

El tema es crucial, y el encaprichamiento en no acompañar con discusión y propuesta no será comprendido en el futuro como un problema de ignorancia, sino como una actitud destituyente.

*Ileana Arduinoes abogada, con orientación en derecho penal. Entre 2011 y 2013 Fue Secretaria de Políticas de Prevención y Relaciones con la Comunidad, Subsecretaria de Articulación con los poderes judiciales y los ministerios públicos en el Ministerio de Seguridad de la Nación. Fue asesora de la Presidencia del Consejo Nacional de las Mujeres. Entre 2006 y 2010 se desempeñó como Directora de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa de la Nación. Fue subidrectora del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (inecip). 

*Natalia Federman es abogada  con orientación en derecho internacional público, en particular en el área de derechos humanos. Fue Directora Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad y anteriormente se desempeñó en la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa y en el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

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