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Comenzó el juicio por apropiación a Omar Alonso y Juan Carlos Herzberg

Comenzó el juicio oral y público por la apropiación de la hija de María Elena Isabel Corvalán y Mario César Suárez Nelson, ambos desaparecidos durante la última dictadura militar. En las audiencias, que se llevarán a cabo los días lunes y martes, se juzgará el accionar de Omar Alonso, apropiador de la niña nacida durante el cautiverio de su madre, y del Capitán de Navío de Infantería de Marina Juan Carlos Herzberg, quien la habría entregado.

El hecho

El 10 de junio de 1977, en un operativo dirigido por la Marina, Mario César Suárez Nelson fue asesinado en la casa que compartía con su compañera María Elena Isabel Corvalán; para ese entonces ambos militaban en la organización Montoneros. Al día siguiente, el diario La Nación informaba que en una finca de la calle 8 entre 82 y 83, de la ciudad de La Plata, el avance de los propios efectivos hizo que sus ocupantes huyeran de la vivienda, circunstancia en que se logró abatir a uno de ellos; la mujer pudo eludir el cerco. El cuerpo de Mario nunca fue recuperado. Ese mismo día María Elena, embarazada de casi ocho meses, fue secuestrada y trasladada al Centro Clandestino de Detención (CCD) conocido como La Cacha, que funcionó en las afueras de La Plata.

A fines de junio, María Elena fue sacada del CCD para dar a luz presumiblemente en la maternidad clandestina que funcionó en la cárcel de Olmos. Pasados unos días la volvieron a llevar a La Cacha y quienes compartían su cautiverio supieron que había tenido una niña a la que había llamado Lucía, pero que ya no estaba con ella. Fue entonces, a principios de agosto, que su hermano Juan Manuel Ricardo Corvalán recibió el llamado de una mujer que dijo ser partera y que había atendido a su hermana cuando dio a luz a una niña que había nacido por cesárea.

El 8 de agosto de 1977, el imputado Juan Carlos Herzberg entregó a la niña nacida en cautiverio al matrimonio conformado por Omar Alonso y María Luján Di Mattía en su domicilio particular de la calle 39 nº 662 (2º A) de la ciudad de La Plata, y estos la inscribieron como hija biológica, valiéndose de un certificado de nacimiento suscripto por el médico Francisco Antonio Bosia.

La causa judicial

El 1 de junio de 2006 María Natalia Suárez Nelson, la hija de María Elena Isabel Corvalán y Mario César Suárez Nelson, conoció su verdadera identidad a través de la notificación de los resultados del estudio de histocompatibilidad realizados por el Banco Nacional de Datos Genéticos. Fue el primer caso de apropiación que la Justicia esclareció con métodos de identificación alternativos a la extracción de sangre. Para entonces la causa judicial en la que se investigaba este caso tenía más de 20 años de tramitación, había recorrido los dos fueros, Provincial y Federal, y estuvo en las manos de varios jueces y fiscales.

El expediente se inició en agosto de 1985. Omar Alonso y María Luján Di Mattía siempre mintieron sobre el origen biológico de la niña, armaron un relato falso sobre su supuesto nacimiento y se opusieron a las peritajes científicos que podrían haber determinado la verdadera identidad de la joven. En 1986 se fugaron con ella a Paraguay, al amparo de la dictadura de Alfredo Stroessner, donde compartieron estadía con los apropiadores Norberto Bianco y el Samuel Miara.

En 1993, pese a que la investigación judicial del caso permitió vislumbrar que quien figuraba como madre de María Natalia nunca había estado embarazada, y que al conocerse estos hechos sus apropiadores se fugaron a Paraguay, y que aún estaba pendiente la pericia de ADN, el juez que tenía a cargo la causa, Juan Carlos Bruni, decidió absolver a los imputados y la Cámara confirmó esa sentencia.

En 2003 la causa se reabrió en el fuero Federal y un año y medio después, el 31 de agosto de 2005, el juez Arnaldo H. Corazza libró orden de allanamiento a los fines de "secuestrar muestras alternativas del material hemático de las cuales sea posible extraer ADN de María Natalia Alonso. Finalmente, en 2006, la restitución de María Natalia Suárez Nelson implicó la revisión de la sentencia absolutoria de su apropiador, ya que el Juzgado Federal N° 3 de La Plata señaló que si aparecen nuevos hechos o pruebas que puedan permitir la determinación de los responsables de violaciones a los derechos humanos, y más aún, de los responsables de crímenes de lesa humanidad, pueden ser reabiertas las investigaciones, incluso si existe una sentencia absolutoria en calidad de cosa juzgada.

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