Sergio Carciofi es historiador, abogado y político, y actual concejal por el Frente Para la Victoria-Partido Justicialista de Carlos Casares. Este distrito antaño integraba la línea de avanzada de la frontera oeste de Buenos Aires, precisamente, bajo el gobierno de Domingo Faustino Sarmiento, figura y período sobre los que gravita el libro. Carciofi jerarquiza un hecho que, según su pluma, ocupaba marginalmente notas al pie en los escritos sobre la presidencia de Sarmiento: el intento de escape y posterior fusilamiento del contingente entrerriano destinado por Justo José de Urquiza a la frontera de Buenos Aires, apostado en Loncogüé, el 26 de marzo de 1869.

A través del despliegue de un extenso y variado trabajo de archivo, que recorre documentación oficial, periódicos y epistolarios personales, Carciofi reconstruye de forma pormenorizada, a la manera de una pesquisa judicial, la trama política de intereses y de connivencias alrededor del suceso en cuestión. Sus protagonistas son nada menos que Sarmiento; Mitre, su antecesor en la primera magistratura y rival político; y Urquiza, gobernador de Entre Ríos, volcado al oficialismo. Como en un juego en el que estuviera permitido trocar de bando, el autor expone cómo los posicionamientos de estos personajes en el escenario político se intercambian a raíz de las contingencias, en una clara dinámica facciosa revisitada por la historiografía política reciente.

Carciofi desarma y rearma en su investigación las piezas que componen el juego político. Urquiza, Sarmiento y Mitre serán los vértices de un triángulo que da sentido explicativo a la tragedia de Loncogüé como expresión de un complejo entramado de intereses cruzados. Durante la contienda electoral, y una vez que Sarmiento accede a la presidencia, Mitre combate encarnizadamente su candidatura y su administración a través de su periódico afecto, La Nación Argentina, y desde las bancas partidarias en el Congreso. Previamente, habían sido socios políticos, y Urquiza, líder en declive del federalismo, su enemigo común. Sin embargo, a partir de aquel dislocamiento, Urquiza se alía con Sarmiento. Su acuerdo político se ve materializado en el plano electoral, brindándole apoyo en la intervención a Corrientes para que los electores resultantes de esta provincia no le den sus votos a Rufino de Elizalde, candidato del mitrismo. Luego, en un gesto simbólico mayúsculo, la visita de Sarmiento ya presidente a la residencia de Urquiza, el palacio de San José; y en un detalle no menor, el regalo de una rob de chambre y de un gorro de dormir. Sarmiento los viste cuando triunfa su posición en el parlamento frente a la mitrista, gracias a la anuencia de los legisladores entrerrianos, efectivizando la intervención federal en San Juan. Por último, el envío de contingentes entrerrianos para el servicio de fronteras, hecho soslayado según Carciofi y definitorio del pacto Urquiza-Sarmiento.

El autor sugiere que la solicitud gubernamental de hombres para la frontera le habilitó a Urquiza una vía para deshacerse de elementos de «desorden», en un contexto adverso a su política. A su vez, el gobernador entrerriano coopera con el pedido oficial como signo de su alineamiento. El panorama político de la provincia de Entre Ríos, y del federalismo en general, desde Pavón en adelante, pasando por las montoneras cuyanas y por la Guerra del Paraguay, exhibía ante Urquiza síntomas de descontento. Ante la presión de un Estado entrerriano que había cambiado de signo, el autor señala que muchos hombres huían para no prestar servicio militar. Carciofi, entroncándose con la historiografía revisionista, juzga a este personaje de «colaboracionista», al claudicar ante el proyecto liberal y replegarse en su rol de ganadero.

Mediante la técnica narrativa del suspenso, Carciofi le dedica los últimos capítulos al reclutamiento de los entrerrianos de Loncogüé. El procedimiento de la leva y la remisión a su destino final no difieren del violento modus operandi del cual eran objeto los denominados «vagos y malentretenidos», habitual en el período en las campañas provinciales para nutrir el servicio de fronteras. Combinando en su investigación los ataques que dirige la prensa mitrista a la gestión sarmientina y la correspondencia de los actores involucrados, el autor determina que el reclutamiento fue arbitrario, compulsivo e irregular, y por ende ilegal, ya que violaba los derechos y las garantías constitucionales vigentes.

La atmósfera de El Gaucho Martín Fierro (1872), de José Hernández, parece recrearse con un pulso microhistórico cuando el autor se adentra en las vidas que puede rescatar del archivo: jefes políticos que ejecutan las órdenes del caudillo de remitir «hombres malos»; paisanos acarreados a la frontera por delitos menores, tras incurrir en ellos por necesidad; mujeres que le suplican a Urquiza el perdón para sus parientes.

La fuga de Loncogüé comenzó con gritos que exclamaban: «Arriba los entrerrianos y mueran los porteños», según reproduce el parte que la informa, citado por Carciofi. En esta proclama, el autor entrevé motivaciones políticas: negarse a custodiar los intereses económicos porteños ante los indios. Los resultados de la represión fueron: 11 muertos en la refriega; de 43 prisioneros tomados una vez finalizada la contienda, 12 fueron fusilados en el acto sin juicio y después de rendidos; el cabecilla fue «pasado por armas», mediante un sumario consejo de guerra verbal; y los 31 restantes obtuvieron como sentencia ser diezmados a sorteo sin audiencia —muerte de uno de cada tres—, aunque el comandante a cargo se negó a acatar la orden ministerial por considerar que los condenados eran muy jóvenes e influenciables. Sarmiento acabó por concederles el indulto, pese a contradecir su voluntad de ejecutar un escarmiento que restituiría la disciplina y la moralidad del ejército.

En el encadenamiento de eventos, como indica el autor al cotejar las fuentes periodísticas y las parlamentarias, se sumó la muerte de Zacarías Segura en San Luis, ejecutado una vez tomado prisionero, luego del enfrentamiento de las fuerzas nacionales al mando del general José Miguel Arredondo con las montoneras de Santos Guayama. A este individuo se le aplicó la ley marcial, invocando un artículo de una ordenanza colonial que el ministro del Interior y autor de los códigos de leyes, Dalmacio Vélez Sarsfield, sostuvo como vigente en la prensa y en el Congreso ante la ofensiva mitrista. La misma ya había sido aplicada contra las montoneras del «Chacho» Peñaloza, en 1862, con anuencia de Sarmiento, gobernador de Cuyo, y de Mitre, presidente.

En la correspondencia citada por Carciofi, de quienes por aquel entonces eran socios, Mitre califica de «ladrones a los montoneros sin hacerles el honor de considerarlos como partidarios políticos»¹ (p. 58). Mientras que Sarmiento declara una «guerra a muerte. Este es el derecho de gentes: la guerra civil establece los derechos de los sublevados a ser tratados con las consideraciones debidas al prisionero de guerra», pero tratándose de una «guerra contra los vándalos o piratas… Es permitido entonces quitarles la vida donde se los encuentre»² (p. 59).

Ante el derramamiento de sangre acumulado en 1869, el mitrismo denuncia la ejecución de Segura como «asesinato» y a Loncogüé como una «vil matanza». Por usurpar atribuciones del poder judicial, compara al gobierno de Sarmiento con la «tiranía» de Rosas y con los emperadores romanos devenidos déspotas. Su figura misma es acusada de exhibir «propensiones sanguinarias», que Carciofi refrenda citando una carta de Sarmiento a José Posse, ya en ejercicio de la presidencia, en la cual refiere que «se necesita la violencia en todo»³ (p. 39). El autor, en su rol de abogado, toma posición y valoriza el accionar de Mitre que, aunque movido por aspiraciones políticas, expone al oprobio público «la sangrienta doctrina que fusila sin proceso»⁴ (p. 5).

La arbitrariedad en la operatoria y en la aplicación de la justicia es señalada por La Nación Argentina: «Si condenamos a los que roban caballos, debemos condenar a los que roban hombres»⁵ (p. 172). Genealógicamente, el autor enlaza estos sucesos funestos con otras masacres de mayor resonancia: la «Patagonia Trágica», de 1921-1922; la «Operación Masacre» de los basurales de José León Suárez, en 1956; Trelew, en 1972. Y en reclamo de «justicia para esos compatriotas» sostiene como propia la consigna extraída de La Nación Argentina: «Si los muertos no hablan, deber de los que sobreviven es pedir reparación»⁶ (p. 5).

El título del libro dirige una acusación explícita hacia Sarmiento —máxima autoridad política responsable— a la espera de consecuencias jurídicas, y propone que se considere a los fusilamientos como crímenes de lesa humanidad, consecuentemente, imprescriptibles. Es que las profesiones del autor se entrelazan en su escritura. El libro de Carciofi plantea que el quehacer histórico se aparte de la asepsia política para erguirse como soporte y como argumento de la justicia. Pese a no ser un historiador inserto en las redes académicas, se ubica dentro de sus preocupaciones recientes: reconstruir el proceso de construcción estatal, articulando márgenes y centro, protagonistas y actores subalternos, junto con sus prácticas y sus resistencias.

Notas