Los análisis sobre políticas de comunicación en la Argentina del siglo xx afirman que en la estructura de medios de comunicación predominó un modelo comercial y privado sostenido por la existencia de lazos informales entre el Estado y el sector propietario. Esos vínculos se apoyaron en la conveniencia mutua, sustentada en pactos de construcción de legitimidad en torno del sistema político y de la estructura de medios existentes. A nivel nacional, los gobiernos controlaron los contenidos emitidos por los medios audiovisuales, incluso constituyeron un cuasi monopolio estatal desde 1974 hasta 1989. El poder del Estado no se orientó hacia la adopción de la perspectiva de servicio público, sino que centró su accionar en la vigilancia de las producciones puestas al aire (Mastrini y otros, 2006).

En el mismo sentido, Martín Becerra (2014) afirma que la historia de la producción y la distribución de información y de entretenimientos masivos en América Latina se caracteriza por una serie de continuidades sostenidas a lo largo del siglo xx: protagonismo de la lógica comercial, ausencia de servicios públicos no gubernamentales, concentración de la propiedad del sistema de medios y medios escasamente regulados pero fuertemente controlados por las relaciones informales mantenidas entre los grandes grupos de comunicación y los diferentes gobiernos, tanto civiles como militares.

En función de estas características generales, descriptas por las investigaciones sobre políticas de comunicación –que analizan procesos latinoamericanos y, en particular, argentinos durante el siglo xx–, pretendemos abordar el desarrollo histórico de esas políticas desde una perspectiva situada en ciudades medias, teniendo en cuenta que se trata de una arista de indagación poco explorada.

La aplicación de políticas de comunicación para el sector audiovisual en ciudades medias presenta particularidades que merecen ser analizadas, porque es en los territorios concretos donde se desnudan intermediaciones que obstaculizan o que dan lugar a la implementación de políticas públicas. En este sentido, en los últimos años efectuamos una serie de indagaciones en las ciudades de Azul, de Tandil y de Olavarría que muestran la existencia de un plano formal de aplicación normativa-legal que convivió con una serie de informalidades sostenidas por las tramas de poder local. Ana Silva y Ariel Gravano (2017) hipotetizan que en estas localidades existen tales tramas del poder, a las que definen como «[…] configuraciones de entramados vinculares de intereses y de racionalidades entre sectores hegemónicos del empresariado, el sector público-político y franjas de profesionales que parecen funcionar como bloque histórico-institucional» (p. 50).

La investigación está radicada en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (unicen). Institución pública y regional que comenzó sus actividades en 1974 y que cuenta actualmente con tres sedes (Azul, Olavarría y Tandil) y una subsede (Quequén). La elección de las tres ciudades del centro-sudeste bonaerense para efectuar las indagaciones se debe a que en su estatuto la unicen fija este espacio como área prioritaria de investigación.

En este trabajo, proponemos pensar las políticas de comunicación como políticas públicas, analizando los planos de interacción de los actores sociales intervinientes en el desarrollo de los servicios audiovisuales en el centro-sudeste de la provincia de Buenos Aires, desde 1922 –momento en que sale al aire la primera emisora radial en Tandil– hasta 1983 –año en el que finaliza la última Dictadura cívico militar–; a partir de entender al Estado nacional como un actor fundamental, por ser la única entidad que administra el uso del espectro radioeléctrico y que puede otorgar autorizaciones y licencias para operar estos servicios. El período seleccionado abarca los seis gobiernos de facto que hubo en la Argentina, lo que determina que de los 61 años que se analizan son 23, aproximadamente, los de administración de la cosa pública al margen de lo establecido por la Constitución Nacional. En el recorte temporal se observa un riguroso control por parte de entidades estatales que en la década de 1980 se quiebra de la mano de la explosión de las radios en frecuencia modulada (Kejval, 2009).

El objetivo central es analizar las iniciativas audiovisuales y los permisos otorgados por el Poder Ejecutivo Nacional (pen) para operar estos servicios en Azul, en Olavarría y en Tandil; teniendo en cuenta quiénes ejercieron su titularidad, a qué tipo de prestadores fueron entregados –públicos o privados con/sin fines de lucro– y cómo se inscribieron en las tramas de poder local. Entre otros aspectos, es interesante prestar especial atención a la actuación de los ejecutivos municipales, a la entrega de permisos para operar servicios audiovisuales a personas vinculadas a las Fuerzas Armadas y a la apertura o la dilación de concursos de acuerdo a pedidos efectuados por agentes locales a personas cercanas a los centros de toma de decisiones a nivel nacional. Esas acciones estatales nos llevan a afirmar que durante el período analizado el control estatal de la intervención en el espacio público mediático se ejerció desde la gestación misma de los proyectos audiovisuales.

En este trabajo, optamos por una estrategia metodológica de carácter cualitativo. Para la producción de datos se articularon diferentes técnicas y procedimientos. Contamos con la colaboración de cuatro informantes clave, con trayectoria en el ejercicio de la actividad periodística y/o la gestión de medios de comunicación en ciudades medias. Analizamos quince documentos recuperados del sitio web del Boletín Oficial de la República Argentina,¹ las revistas PubliCAR N.° 12 (1980) y Revista Telegráfica N.° 183 (1927), extractos de ediciones especiales de diferentes diarios locales² y 83 publicaciones en diarios de Azul, de Olavarría y de Tandil que salieron a la calle entre el 14 de septiembre de 1923 y el 13 de diciembre de 1991 (una solicitada, cinco anuncios comerciales y 77 artículos periodísticos).³ Los materiales fueron tomados de la Hemeroteca «Juan Miguel Oyhanarte», de Azul; la Biblioteca Rivadavia, de Tandil; y el archivo del Lic. Jorge Arabito, en Olavarría. Estas técnicas de producción de información empírica dieron lugar a la interacción y a la articulación entre datos primarios y datos secundarios.

Políticas de comunicación

Investigaciones recientes que analizan políticas de comunicación (Califano, 2015; Hernández Prieto & de la Peña Pérez Alaejos, 2017; Marino, 2017; Bizberge, 2015), lo hacen a partir de la propuesta teórica metodológica contenida en textos provenientes de la ciencia política sobre políticas públicas (Oszlak & O´Donnell, 1995; Oszlak, 2003; 2007). En línea con estos trabajos, estudiamos las experiencias iniciales de medios de comunicación audiovisuales en Azul, en Olavarría y en Tandil.

La necesidad de modificar la realidad circundante –en este caso, de operativizar servicios audiovisuales en ciudades medias– da lugar a la conformación de una agenda social problemática, en la que se ven involucrados tres tipos de actores: instituciones estatales, proveedores del mercado y organizaciones de la sociedad civil. Cuando un asunto es problematizado se transforma en una cuestión social, que puede ser tomada por el Estado o por la sociedad civil (Oszlak & O'Donnell, 1995). Si las agencias del Estado dan lugar a esa cuestión, ingresa a la agenda gubernamental y las autoridades buscan una resolución (Ingaramo, 2013). La regulación de los medios de comunicación es un asunto que se sostiene en la agenda social, con mayor visibilidad en algunos períodos (Hernández Prieto & de la Peña Pérez Alaejos, 2017). En cuestiones de comunicación, suelen verse involucrados entidades gubernamentales, no gubernamentales y privadas, organismos supranacionales, procesos de integración regional, activistas y consumidores, entre otros.

Desde el análisis de las políticas públicas para la comunicación, José Luis Exeni (2010) propone, primero, definir el papel del Estado; segundo, identificar con precisión actores sociales, políticos e institucionales y definir para cada uno de ellos –en función de su nivel de relación con las políticas de comunicación–, diferentes grados de participación; y, tercero, resolver por la vía de la diferenciación y la complementación la conflictiva relación entre el sector público y el sector privado, fundamentalmente en el crítico tema de los medios de difusión masiva.

Por su parte, Bernadette Califano (2015) señala que el análisis de las políticas de comunicación puede iniciarse a partir de identificar la cuestión problematizada en el área, cómo se inscribe en la agenda institucional del Estado y qué actores están involucrados. El proceso tiene que incluir el estudio del marco establecido por las dinámicas institucionales, sociales, económicas y tecnológicas, junto con las interacciones, los posicionamientos, las formas de movilización y de agregación de los actores identificados previamente, y los mecanismos formales e informales que estos emplean para influir en las decisiones estatales.

Del corpus de análisis se desprende que en lo que refiere a políticas audiovisuales, en el período 1922-1983, en Azul, en Olavarría y en Tandil preponderaron las acciones estatales. Se registra la intervención de actores provenientes de organizaciones sociales, pero esto sucede de manera intermitente ante situaciones puntuales. Por un lado, El Popular de Olavarría –en una serie de artículos publicados entre 1969 y 1982-, refiere al malestar de la comunidad ante la imposibilidad de acceder a señales televisivas de aire (El Popular, 1999). Por otro, publicaciones del periódico Tribuna (02/12/1970 y 04/12/1970) expresan el pedido de dos organizaciones sindicales para que Radio Olavarría comience a funcionar.

Si bien el lapso temporal analizado está atravesado por gobiernos de facto, es necesario señalar que los estudios de políticas de comunicación coinciden en sostener que la sociedad no se vio interpelada por estas temáticas, incluso en períodos democráticos (Mastrini y otros, 2006); podemos señalar, también, que la toma de decisiones estuvo fuertemente centralizada y la participación fue intencionalmente restringida (Landi, 1987).

El Estado nacional y las políticas de comunicación

Al analizar los medios audiovisuales surgidos antes de 1983, es necesario tener en cuenta que las radios –en amplitud y en frecuencia modulada–, al igual que los canales de aire, utilizan el espectro radioeléctrico. Este espectro permite transportar información –datos, imágenes y sonidos– a partir de ondas radioeléctricas. Es un medio intangible utilizado para prestar diferentes servicios de comunicaciones, a veces de manera combinada a través de medios tangibles como cables o fibra óptica. Las radiocomunicaciones se realizan a través de ondas radioeléctricas que cruzan el espectro. La radiodifusión es una radiocomunicación cuya particularidad consiste en que sus emisiones son recibidas masivamente; es decir, un emisor puede tener un gran número de receptores.

El funcionamiento de los servicios y los sistemas de comunicaciones depende del ordenamiento del espectro, debido a que su uso indebido puede generar interferencias. Las frecuencias radioeléctricas son reconocidas internacionalmente como patrimonio común de la humanidad y los Estados nacionales negocian sus derechos de administración ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Algunas bandas se comparten internacionalmente, por ejemplo, las correspondientes a las comunicaciones aeronáuticas. Históricamente, el Estado nacional argentino fijó de manera exclusiva –mediante legislación– qué personas jurídicas podían ser prestadoras de servicios televisivos y radiales.

Antes de continuar, es necesario señalar que durante el período analizado la Argentina sufrió seis golpes de Estado. Si bien el artículo 22 de la Constitución Nacional establece como régimen de gobierno la democracia indirecta o democracia representativa –sostenida por los partidos políticos y las elecciones periódicas–, entre 1930 y 1983 hubo seis gobiernos de facto de características variadas.⁴

Es importante tener en cuenta la interrupción a los gobiernos constitucionales, porque en la Argentina de las cuatro normativas integrales sobre medios audiovisuales dos fueron decretos-ley emanados de gobiernos no electos. En 1953, el Senado de la Nación aprobó la Ley 14.241, la primera en regular los servicios de radiodifusión. Esta normativa surgió del pen a cargo de Juan Domingo Perón. En 1957, bajo el gobierno de facto de Pedro Eugenio Aramburu, se dictó el Decreto-Ley 15.460. En 1980, durante el autodenominado «Proceso de Reorganización Nacional», se aprobó el Decreto-Ley 22.285. Esta normativa tuvo vigencia hasta 2009, momento en que el Congreso de la Nación sancionó la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual.

En resumen, la administración de la radiodifusión corresponde al Estado nacional. Durante el período analizado, se sancionaron tres de las normativas integrales para regular el funcionamiento de los medios de comunicación audiovisuales, dos de las cuales emanaron de gobiernos de facto.

Las políticas de comunicación del sector audiovisual en el centro-sudeste bonaerense

Del amateurismo a la profesionalización

El 27 de agosto de 1920, «Los locos de la azotea» realizaron –desde el techo del Teatro Coliseo de la ciudad de Buenos Aires– la primera transmisión de radiodifusión en la Argentina (Agusti & Mastrini, 2006). Mientras que en la ciudad capital se registraban iniciales experiencias radiofónicas, en las ciudades del centro-sudeste bonaerense desde hacía décadas circulaban publicaciones gráficas (Barrientos & Pérez, 1975). Algunas, vigentes bajo el formato de diarios como El Eco de Tandil, que salió a la calle el 30 de julio de 1882, y El Popular de Olavarría, editado por primera vez el 24 de junio de 1899. Las primeras referencias a publicaciones periódicas de la zona se encuentran en Tandil, con el periódico El Pueblo, de 1854 (Barrientos & Pérez, 1975). En Azul se destacan El Heraldo del Sud, editado por primera vez en 1872, El Eco de Azul, de 1873; y La Razón, de 1877. Otras fuentes citan la existencia de una publicación previa –de la que no se cuenta con ejemplares–, titulada El Pampero, de 1862.⁵ La portada de la primera edición de El Popular de Olavarría hace mención a la preexistencia de otras publicaciones en la ciudad, a las que refiere como de «efímera importancia» (El Popular, 24/06/1899).

El repaso de las hojas de los diarios locales muestra el progreso en clave moderna, destacándose el desarrollo de la obra pública y la constitución de diversas instituciones funcionales a ese proyecto. Los ideales de progreso ilimitado propios de la Modernidad y el culto a la razón como herramienta para el desarrollo científico-tecnológico se materializaron en diversos inventos que, durante el siglo xix y principios del siglo xx, dieron lugar al surgimiento de los medios audiovisuales. En este sentido, durante el período analizado, las publicaciones locales en papel destacan y describen los sucesos referidos a la radio y a la televisión en las ciudades medias.

En los primeros años, el Estado nacional no dictó leyes específicas para el sector sino que se aplicó la normativa existente para operar los servicios privados de los radioaficionados y el servicio de telégrafos⁶ (Agusti & Mastrini, 2006). Para 1924, funcionaban cinco radios en la Capital Federal, y frente a esa situación el Poder Ejecutivo firmó un Decreto que se constituyó en la primera normativa específica que se refería a las emisoras como «broadcasting». Desde ese momento, los permisos y las habilitaciones fueron entregados por el Ministerio de Marina y por el Ministerio del Interior. El 21 de noviembre de 1928, se firmó un Decreto que estableció la fiscalización de las radios en la órbita de una única entidad, el Ministerio del Interior, por medio de la Dirección General de Correos y Telégrafos (Elíades, 2001).

En este contexto, surge la primera emisora en el centro-sudeste bonaerense. Bajo la dirección de José Antonio Cabral, en 1919 había comenzado a imprimirse en Tandil el diario Nueva Era. En 1922, a esta propuesta gráfica se agregó una emisora radial informativa, que fue oficialmente reconocida años después. En 1924, el capitán de navío Luis F. Orlandini (jefe del Servicio de Comunicaciones Navales) le envió a Cabral la licencia N.° 90 correspondiente a la estación radioeléctrica transmisora de su propiedad. La emisora no tenía fines comerciales, ponía al aire boletines agrícola-ganaderos y la cotización de los cereales para informar a los productores rurales (Nueva Era, 1969, suplemento especial).

El sostenimiento económico de las emisoras dependía de la capacidad financiera de los promotores, hasta que en 1922 Radio Cultura de la ciudad de Buenos Aires sentó un precedente para la radiodifusión argentina al lograr un permiso municipal que habilitó la emisión de publicidades. En la Capital el sector se mostraba dinámico, se abrían emisoras, se cerraban y resurgían. El vínculo entre la gráfica y la radiodifusión se fue multiplicando. En noviembre de 1925, se creó LOZ La Nación, que al igual que la primera emisora tandilense pertenecía a un medio gráfico. Poco tiempo después, LOR Radio Argentina y el diario Crítica firmaron un convenio. El medio gráfico se hizo cargo de la radio, cambió su denominación a LOR Broadcasting de Crítica y salió al aire durante un año y medio (Agusti & Mastrini, 2006).

El maridaje entre la gráfica y la radiodifusión llegó a Azul en diciembre de 1926, cuando se anunció el arribo de una emisora. El proyecto surgió por iniciativa privada, mediante un contrato celebrado entre Diario del Pueblo de Azul y la Broadcasting R.E.4. En 1927, por resolución del Ministerio del Interior, se autorizó a H. E. Bassi Moreno a operar la estación radioeléctrica de broadcasting. Desde las páginas de Diario del Pueblo se anunció la adquisición de los equipos transmisores en Estados Unidos y se informó que para la puesta a punto de los aparatos se había contado con el asesoramiento del director técnico de LOZ La Nación, Jorge Douclou (14/12/1926). Con contenidos producidos localmente, Broadcasting Diario del Pueblo salió al aire el 26 de julio y las noticias señalan que la gente se agolpaba en las puertas de la radio para escuchar las transmisiones (27/07/1927). La segunda emisión fue escuchada en Bahía Blanca y en Temperley (28/07/1927). En agosto, la radio se escuchaba desde Canelones, Uruguay (03/08/1927). En septiembre, el diario hizo referencia a una transmisión y en diciembre señaló que después de una prolongada suspensión del servicio la radio volvería a transmitir, pero con nuevo director (Del Pueblo, 16/12/1927). Ese mismo mes, Revista Telegráfica publicó el siguiente aviso: «SE VENDE: Una estación de broadcasting. Ha funcionado tres meses obteniendo alcances de mil kilómetros. Característica “E 4”. Por disolución de sociedad» (diciembre de 1927, núm. 183).

El 16 de diciembre, Diario del Pueblo informó que la broadcasting sostenía su denominación, pero que los medios de comunicación se desligaban comercialmente. El 18 de enero de 1928 venció el contrato que unía al diario y a la broadcasting, por lo que la emisora pasó a denominarse R.E.4 Azul. A posteriori de ese anuncio, los medios gráficos no hicieron mención alguna a la existencia de la radio.

Después del encendido de las primeras emisoras en Azul y en Tandil –ambas vinculadas a medios gráficos–, en 1929, durante el segundo gobierno de Hipólito Yrigoyen, se sancionó un Decreto para reglamentar el funcionamiento de las estaciones radioeléctricas, a las que se dividía en cuatro categorías: móviles, de radiodifusión, experimental privada y de aficionados. El artículo 1 fijó que ninguna estación de radio podía establecerse sin previa autorización de la autoridad competente (Agusti & Mastrini, 2006).

En sintonía con la nueva reglamentación, en 1931, la emisora de Nueva Era dirigida por Cabral –que continuaba al aire en Tandil-, mediante la Resolución 54.796, consiguió la autorización de la Dirección General de Correos y Telégrafos para emitir bajo la categoría de experimental privada. Esta normativa quedó sin efecto diez días después, el 31 de julio, porque el comisionado municipal informó a la Dirección correspondiente que la estación radioeléctrica desvirtuaba en su uso los motivos por los cuales se le había otorgado la licencia. El diario y la estación emisora fueron clausurados (Nueva Era, 1969).

En tanto que en Tandil la intervención del comisionado Juan Buzón llevaba al cierre de una emisora, en Azul –desde una institución estatal– se gestaba la segunda experiencia radial local: la Broadcasting Escolar. El 27 de noviembre de 1931, por iniciativa del consejero escolar Dante Bernaudo, salió al aire este proyecto sostenido por el Consejo Escolar de Azul. El lanzamiento oficial contó con la visita de Juan Vilgré Lamadrid, Director General de Escuelas de la provincia de Buenos Aires. Años después, el intendente Ernesto María Malére –proveniente del Partido Peronista–, con motivo de la inauguración de Radio Azul recordó, de este modo, la existencia de la Broadcasting Escolar:

En otras épocas la mayoría de los esfuerzos individuales se frustraban, precisamente por no contar con el apoyo unificador, la guía singular del Estado, tal como ahora lo entendemos para ventura propia. De ello los azuleños podemos dar entera fe, pues no otra cosa ocurrió con la estación transmisora de radio que el espíritu inquieto y constructivo de don Dante Bernaudo, a la sazón presidente del Consejo Escolar, dio a nuestra ciudad y el distrito hace muchos años. Su funcionamiento con mucho éxito en sus comienzos, vióse malogrado en breve lapso, convirtiéndose pronto en inercia y silencio. Habíale faltado a tal iniciativa el respaldo de conjunto a la conducción estatal que reemplazara su ausencia, que en el presente es norma de acción gubernativa y social (El Tiempo, 26/10/1952)

La emisora azuleña –a cargo de una entidad pública– tuvo como antecedente en Capital a la LOS Broadcasting Municipal, primera emisora estatal creada en 1927.

Si bien en los inicios la gráfica veía a la radiodifusión con malos ojos y buscaba que fuera declarada servicio público, durante la década de 1930 la radio ingresó en un período de madurez que se afianzó con el proceso de industrialización que trajo aparejada la ampliación del mercado publicitario (Brenca & Lacroix, 1985).

En 1932, el fin del primer gobierno de facto marcó un nuevo inicio para la estación radial del diario Nueva Era. El 27 de febrero, la emisora salió otra vez al aire desde Tandil. Dos años después, llegó una nueva clausura –sin normativa que respaldara la decisión– que incluyó el traslado de lámparas y de bobinas del equipo transmisor a la oficina de correo local. Ante esta situación, Cabral inició acciones legales contra el gobernador de la Provincia, Federico Martínez de Hoz. Si bien desde Nueva Era insistieron durante décadas para regresar al aire, nunca les fue otorgada otra autorización. La estación emitió hasta el 25 de febrero de 1934 (Nueva Era, 1969, suplemento especial). Cabral era militante de la Unión Cívica Radical (UCR), por lo que las clausuras a sus medios de comunicación respondieron a motivaciones políticas. Es necesario señalar que en 1933 se sancionó el Decreto 21.004 para regular la radio, que además de instaurar normas técnicas estableció controles en el contenido de los mensajes (Elíades, 2001).

El desarrollo de la radio quedó atado a la iniciativa privada, lo que generó una rápida expansión del medio en la ciudad de Buenos Aires, porque la Capital tenía un mercado publicitario mayor y más maduro que el resto del país. La imposibilidad de las emisoras de las ciudades medias para competir con sus pares porteñas las llevó a concertar acuerdos. Entre 1937 y 1941, se consolidó el sistema de redes de transmisión. Primero, se conformaron las que tuvieron como cabeceras a LR1 Radio el Mundo y a LR3 Radio Belgrano; luego, el Estado autorizó la constitución de la red de LR4 Radio Splendid (Agusti & Mastrini, 2006). Un informe elaborado por el Estado nacional,⁷ presentado en 1939, señala que en el territorio nacional existían 42 emisoras, de las cuales 21 estaban instaladas en la ciudad de Buenos Aires. La transmisión en cadena propiciaba la desigualdad porque aumentaba las ganancias económicas de las radios de la Capital y establecía la unidireccionalidad de la comunicación⁸(Korth, 2006).

En 1943, durante el gobierno del presidente de facto General Pedro Ramírez, se creó la Subsecretaría de Informaciones y Prensa, dependiente de la Secretaría de la Presidencia de la Nación. Ese organismo tenía el control de la radiodifusión, pero los aspectos técnicos del sistema quedaron bajo la órbita de la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones. Durante el gobierno de facto del General Edelmiro Farrell, se entregó la primera licencia para operar una señal televisiva y se estableció un riguroso régimen regulatorio mediante el Manual de Instrucciones para las Estaciones de Radiodifusión.⁹

María Sol Agusti y Guillermo Mastrini (2006) señalan los primeros 26 años de la radiodifusión argentina como el período inicial y lo dividen en dos etapas. La primera, que se extiende de 1920 a 1930, es descripta como un momento amateur en el que el Estado no intervino de manera significativa. En la segunda etapa, desarrollada de 1930 a 1946, la radio se profesionalizó, se consolidó el modelo comercial, el Estado dictó regulaciones adoptando una función fiscalizadora –que incluyó el control de contenidos– y la producción se concentró en Capital Federal.

La prestación de servicios, el mercado como actor indiscutido y las actuaciones del Estado

Durante la primera y la segunda presidencia de Juan Domingo Perón (1946 a 1955), la concentración mediática se sostuvo en términos políticos, geográficos y económicos. El gobierno, frente a un contexto mediático adverso, adquirió medios de comunicación gráficos y radiales. La red de LR3 Radio Belgrano, en 1947, y otras, posteriormente, pasaron a manos del Estado nacional. Otra estrategia de control fue propiciar la adquisición de medios por prestadores afines al gobierno (Arribá, 2006).

El nuevo rol del Estado nacional, como prestador de servicios de radiodifusión, marcó el inicio de la televisión en la Argentina. Por iniciativa presidencial, el 17 de octubre de 1951 fue transmitido el acto político del Día de la Lealtad desde Plaza de Mayo, que pudo ser visto, aproximadamente, en 25.000 aparatos traídos de Estados Unidos. La televisión surgió por iniciativa pública, de la mano de LR3 TV Radio Belgrano de Buenos Aires, tiempo después reconocido como Canal 7 (Arribá, 2006).

En Azul, la consolidación de un proyecto radial llegó de la mano de una iniciativa estatal. Dejando atrás las dos experiencias iniciales –la radio de Diario del Pueblo y la de Broadcasting Escolar, que no pudieron sostenerse en el tiempo–, el 25 de octubre de 1952 se inauguró como filial de Radio Belgrano de Capital LU10 Radio Azul, que continua en el aire.

En lo que respecta al acceso de señales televisivas de aire, en 1952 el olavarriense Aldo Forletti afirmó que captaba ondas de televisión emitidas desde Buenos Aires. El diario El Popular(1999) certificó la transmisión un día en que las condiciones atmosféricas la hicieron posible. En Azul, el 16 de noviembre dos técnicos lograron captar imágenes de LR3 TV Radio Belgrano desde la terraza del Gran Hotel Azul (El Ciudadano, 17/11/1952). A diferencia de Forletti, que colocó el aparato en la puerta de su negocio para que todas las personas que lo desearan accedieran a las imágenes, los técnicos foráneos estaban probando antenas y aparatos para impulsar su venta.

Como señalamos anteriormente, en 1953 el Senado de la Nación aprobó la Ley 14.241, la primera en regular los servicios de radiodifusión. La normativa integral dio lugar a la apertura de una licitación pública para la instalación, el funcionamiento y la explotación de tres redes de radiodifusión,¹⁰ que incluían nuevas señales televisivas (además de TV Radio Belgrano). Las redes se denominaron «A», «B» y «C». La Red «B» tenía como cabecera a Radio Belgrano, estaba compuesta por cinco estaciones radiales de la Capital, diecinueve estaciones del resto del país (entre las que se contaba LU10 Radio Azul) y el canal televisivo antes mencionado. Cuatro meses después, esta red fue adjudicada a Promotores Asociados de Teleradiodifusión S.A. (apt), personería gerenciada por Jorge Antonio, amigo de Perón¹¹(Arribá, 2006).

El control directo e indirecto de los medios de comunicación por parte del oficialismo no fue suficiente para el sostenimiento del régimen de gobierno. En 1955, las Fuerzas Armadas derrocaron a Perón, anularon las adjudicaciones de licencias¹² y, en 1957, derogaron la Ley 14.241. Ese mismo año, durante el gobierno de facto de Pedro Eugenio Aramburu, se sancionó el Decreto-Ley 15.460. Se privatizaron los medios, al mismo tiempo que se prohibió la participación de capital extranjero en la prestación de servicios y se impidió el control oligopólico de las señales. En pos de ese objetivo, se fijó una cantidad máxima de emisoras por titular y se avanzó en la descentralización de las cadenas. En diciembre de 1957, se licitaron las licencias de tres canales de televisión en la ciudad de Buenos Aires y de siete señales en el resto del país. El mismo proceso atravesaron un centenar de radios que eran administradas por el Estado, entre ellas LU10 Radio Azul (Mastrini, 2006). Donato Adelqui Santomauro obtuvo la licencia y se propuso convertirla en la voz del centro de la provincia de Buenos Aires.

Las licencias de televisión fueron entregadas a adjudicatarios sin ninguna relación con el peronismo. Si bien la ley prohibía la participación de capitales extranjeros, se establecieron relaciones con las tres grandes cadenas estadounidenses (NBC, CBS y ABC) mediante productoras (Mastrini, 2006). El modelo de comunicación impulsado por el gobierno dependía de la publicidad, por lo que la producción de contenidos siguió concentrada en la ciudad de Buenos Aires.

La televisión por cable se desarrolló inicialmente en ausencia casi total de regulación: los pioneros pedían permisos municipales que habilitaban el uso del espacio aéreo para el tendido de la red de alimentación y de distribución de señales. A principios de la década de 1960 se registraron las primeras experiencias en ciudades con características similares: prósperas, con problemas para captar las señales de aire y con una población con capacidad económica para afrontar un abono mensual (Bulla, 2006). Mediante antenas comunitarias y circuitos cerrados de televisión también se podía acceder al servicio televisivo.

Las pruebas de transmisión del primer canal televisivo de Olavarría se efectuaron en 1962. Reynaldo Warman, titular de Publicidad Impacto, realizó entrevistas a diversas personalidades desde el microcentro de la ciudad, que eran emitidas por televisores colocados en vidrieras comerciales. Músicos, integrantes de la escudería Emiliozzi, incluso el intendente Carlos Víctor Portarrieu, pasaron por los improvisados estudios de Canal 2. Paradójicamente, fue el ejecutivo municipal el que le negó a Warman el permiso para usar el espacio aéreo con el objetivo de efectuar el tendido de la red de alimentación y de distribución de señales. Portarrieu adujo que pretendía un canal de aire para Olavarría (Warman, 2014). Tal vez la negativa surgió en conocimiento de una posibilidad que cobró legalidad el año siguiente, porque en 1963 se concedieron licencias para explotar comercialmente canales de televisión. Mediante el Decreto 9.061, en Tandil se adjudicó la licencia de Canal 3 a Teledifusora Tandilense S.C.C., entre cuyos integrantes estaba el director del diario Nueva Era, José Antonio Cabral (h). En Olavarría, el Decreto 9.068, otorgó la licencia de Canal 12 a Argentel Olavarría TV, bajo la titularidad de Marcelo Barbieri¹³ (comandante retirado), Dominga Petrona Santagata de Barbieri y Lucía María Antonia Santagata.

En una entrevista efectuada por Arabito (1994), en junio de 1991, Warman reveló detalles sobre la adquisición de equipos de televisión:

Una de las primeras tratativas para traer la televisión a Olavarría la realiza el Sr. Ripoli a comienzos de la década de los 60. Él se contacta con el Comandante Gral. de Gendarmería Marcelo Barbieri, relacionado con Olavarría por lazos personales. A través de esto se gestiona para lograr un canal propio para Olavarría. El Comandante Barbieri viaja a Estados Unidos, donde compra un equipo de transmisión usado, que para ellos estaba amortizado y obsoletizado (Arabito, 1994, p. 78).

Las autorizaciones para que operen los canales en Tandil y en Olavarría se entregaron durante la presidencia de José María Guido, y fueron anuladas durante la presidencia de Arturo Illia.

El 27 de septiembre de 1964, se realizó la primera transmisión experimental por circuito cerrado de televisión en Azul. Fue por iniciativa de Sono Imagen Televisión Azul y contó con la lectura de un boletín informativo de Radio Azul (El Tiempo, 29/09/1964). Finalmente –bajo la denominación de Canal 3 TV Azul–, salió al aire en diciembre y en los diarios locales se registra su existencia hasta marzo de 1968.

En el territorio nacional, los sistemas de cable se multiplicaron, generalmente impulsados por los vendedores de televisores. La comercialización de cada aparato dejaba un buen margen de ganancia, por lo que en el primer año el negocio era redituable, en el segundo y el tercero tenía que sostenerse con el abono y la publicidad, y en el cuarto se estabilizaba sin crecimiento.

En 1967, el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía impulsó un Plan Nacional de Radiodifusión y Televisión, con el objetivo de lograr la instalación de emisoras repetidoras en localidades que no contaban con señales operativas. De las 23 repetidoras de televisión que se adjudicaron en diferentes puntos geográficos, en once localidades ya existían circuitos cerrados que se vieron afectados de manera desfavorable (Bulla, 2006). En Azul, en Olavarría y en Tandil, los primeros proyectos televisivos no lograron sostenerse, por lo que la consolidación de los canales locales y de los servicios de cable tendría que esperar algunos años más.

Para ese entonces, si bien Forletti había logrado sintonizar tempranamente la señal televisiva, en Olavarría era imposible acceder por aire a Canal 7 en buena calidad y por un período sostenido de tiempo. Era un tema que formaba parte de la agenda social, se sostenía en la agenda mediática y, en más de una oportunidad, logró que interviniera la dirigencia política. En 1969, se evaluó la posibilidad de colocar una antena repetidora de Canal 7 en el Cerro Fortabat (ubicado en la localidad de Loma Negra), para recibir señal desde Chivilcoy. Quien estuvo a cargo de las gestiones fue el Coronel Luis Máximo Prémoli, Secretario de Difusión y Turismo durante la dictadura de Onganía. No se avanzó en ese sentido, pero ese mismo año se anunció un importante beneficio para la ciudad: el Estado habilitaría la colocación de una radio que terminaría con la dependencia de Radio Azul (El Popular, 1999).

El Plan Nacional de Radiodifusión y Televisión se efectivizó con la firma del Decreto 3.737, de 1967. Bajo esa normativa, se llamó a concurso para la instalación de un canal de televisión en Olavarría. En la entrevista concedida a Arabito (1994), Warman se refiere a la señal televisiva y sostiene: «Todos creían que la señora Fortabat¹⁴ se presentaría, pero el análisis de mercado encargado a una consultora no lo aconsejó, por lo que el concurso resultó desierto» (p. 74).

De acuerdo al Plan Nacional, en 1968 también se llamó a concurso para la instalación de una AM en Tandil. Se presentaron varias propuestas, una de ellas a cargo de Editorial Nueva Era S.C.A. y Difusora Mini S.C.A. Pero nuevamente se le negó el aire al diario Nueva Era y se autorizó a explotar la licencia de LU22 a Radiodifusora Tandil S.R.L.¹⁵ (integrada por Osvaldo Edmundo Repetto [teniente coronel], Homero Alfredo Fortunato, Oscar José Romano [comodoro], Juan Carlos Derosa, Oscar Saliani y Alcides Santos Fortunato).

El año 1970 trajo novedades, se regularizaron y se multiplicaron las opciones en la amplitud modulada regional. El 1 de enero salió al aire AM Radio Tandil, el Ente de Radiodifusión y Televisión entregó la licencia para operar LU10 a Santomauro,¹⁶ y el 12 de diciembre salió al aire Radio Olavarría, como filial de Radio Splendid. La Municipalidad de Olavarría, mediante convenios, aportó capitales para la llegada de la AM.

La gestión municipal de Olavarría –además de hacer posible la instalación de la AM local– intervino para posibilitar la captación de señales televisivas. En agosto de 1971, el diario Tribuna informó sobre una reunión entre el intendente, Enrique Alfieri, y el director de Canal 7, Darío Castel, en la que se firmó un convenio por medio del cual la Municipalidad se comprometía a ejecutar los trabajos necesarios para la instalación de una repetidora de la señal televisiva capitalina. El documento también establecía que el gobierno local cubriría los gastos, con el compromiso de devolución del dinero por parte del canal.

Para 1973 estaban instaladas las torres –en San Miguel del Monte, Las Flores, Cacharí y Sierras Bayas– que permitieron hacer transmisiones experimentales de Canal 7, sintonizadas en el Canal 45 de Olavarría (mediante un aparato conocido como AMPO).¹⁷ La comunidad azuleña se vio sustancialmente beneficiada por la colocación de las antenas, pero la población olavarriense seguía sin ver televisión. En 1978, el intendente Portarrieu hizo un convenio con Canal 8 de Mar del Plata, intervenido en ese momento por la Marina, y comenzó a emitir desde la señal de Canal 45 tras reorientar las antenas compradas años antes para tomar Canal 7. Todos los esfuerzos fueron en vano, la sección «La TV que no se ve» de El Popular, inaugurada en 1973, continuó saliendo hasta la consolidación del servicio de cable (El Popular, 1999).

En 1979, una novedad irrumpió en la zona: el 15 de septiembre, LU22 de Tandil incorporó la primera radio en frecuencia modulada.¹⁸

Medios audiovisuales en ciudades medias durante la última Dictadura cívico militar

Entre los años 1976 y 1983, la Argentina atravesó la más sangrienta Dictadura cívico militar de su historia. En este contexto, en 1980 fue sancionado el Decreto-Ley 22.285,¹⁹ marco normativo diseñado por funcionarios del pen que contaron con el asesoramiento de las organizaciones patronales de la radiodifusión, por eso su contenido contempla el control ideológico, de interés del Estado, y el fin de lucro, perseguido por el empresariado (Postolski & Marino, 2006).

El control se expresaba en los requisitos para acceder a las licencias de radiodifusión, que podían ser otorgadas a personas físicas o jurídicas con fines de lucro. Las actividades de radiodifusión sin fines de lucro eran consideradas fuera de la ley. El texto también expresaba que el objeto social de los entes tenía que ser exclusivamente la prestación y la explotación de servicios de radiodifusión, las empresas solo podían contar con veinte personas físicas como socias, el ingreso de capital extranjero estaba prohibido, las empresas de medios gráficos no podían acceder a licencias y se prohibía la emisión en red.

Las autoridades de aplicación de la Ley eran el Comité Federal de Radiodifusión (Comfer) –a cargo del control cultural, artístico, legal, comercial y administrativo–, y la Secretaría de Comunicaciones –encargada de realizar tareas técnicas relacionadas con la adjudicación y el control de operación de las licencias–. Las estaciones que no estaban legalmente autorizadas eran consideradas clandestinas; y ante su identificación correspondía el decomiso o la incautación total o parcial de los bienes que les estuvieren afectados.

El texto normativo fijaba la regulación de la televisión y la radio abierta, y el acceso a la prestación de servicio se realizaba por concurso público. También establecía el marco legal para el funcionamiento de la televisión por cable, las antenas comunitarias y las televisoras codificadas, definidas como servicios complementarios.

En 1981 se aprobó el Plan Nacional de Radiodifusión,²⁰ conocido como planara, cuyo Documento Técnico Básico establecía las frecuencias disponibles. Facultaba al comfer a realizar llamados a concurso público para la adjudicación de licencias, y establecía tres etapas para privatizar las estaciones, la primera de tres años y las otras dos de seis años. La norma autorizaba a los titulares de servicios de radiodifusión sonora con modulación de amplitud a optar por la instalación, en la misma localización, de una estación de modulación de frecuencia. También señalaba que los servicios de radiodifusión sonora dependientes de gobiernos provinciales y municipales, y de universidades nacionales, que no estuviesen usando la autorización concedida serían incluidos en el proceso de privatización.

Ejemplo de la conjunción de los intereses empresariales y del gobierno de facto fue la privatización de LU32. En 1982, a un año de la licitación, la Secretaría de Información Pública adjudicó la licencia de Radio Olavarría a Albaram S.A., integrada por María Amalia Sara Lacroze de Fortabat (en ese entonces, directora de la empresa Loma Negra, cementera líder afincada en Olavarría), el coronel Luis Máximo Prémoli (secretario de Difusión y Turismo durante la dictadura de Juan Carlos Onganía), Eugenio Carlos José Aramburu (hijo del general Pedro Eugenio Aramburu, presidente de facto de 1955 a 1958) y Alberto Eloy Sarce. Los dos últimos integraban por esos días directorios de sociedades comerciales vinculadas a los capitales de la familia Fortabat.²¹

La puesta en marcha del planara dio sustento legal al desarrollo del servicio de televisión por suscripción en el centro bonaerense. El 14 de agosto de 1981, TV 2 Cablevisión Color de Azul comenzó a transmitir su señal de ajuste. La presentación se realizó en el Gran Hotel Azul y contó con la presencia de Roberto Rambaldo (jefe del Arsenal Naval Azopardo, capitán de navío), el subcomisario Demetrio Jorge Cristodulaquis (jefe de la Delegación Azul de la Policía Federal), los doctores Céspedes y Gosparini (camaristas en lo civil y comercial) y representantes de la Asociación de Canales en Circuito Cerrado y de empresas proveedoras (El Tiempo, 15/08/1981). El Tiempo señala como director del emprendimiento a Alfredo Pecheu y menciona como integrantes del directorio a Luis Eduardo Davis, Amelia Lardapide de Pecheu, Adolfo Vives, Antonio Portales, José Ramón Alitta y Héctor Arnaldo Canosa (El Tiempo, 15/08/1981). Las transmisiones regulares dieron inicio el 7 de junio de 1982.²²

En 1981 se comenzó a gestar en Olavarría la llegada de la televisión por suscripción. Julio Mario Pagano, director de El Popular, se reunió con Warman, pionero local en el área, para transmitirle la intención de impulsar la televisión por cable. La Municipalidad realizó un concurso interno al que se presentaron seis empresas con intención de obtener una licencia para operar un servicio de cable, finalmente adjudicado a Teledifusora Olavarría S.A. El 22 de octubre de 1982 se aprobó la Ordenanza 220, que autorizó el uso del espacio aéreo para el tendido de cables. La normativa lleva la firma del intendente Portarrieu, el mismo que veinte años antes le había negado a Warman la autorización para operar un servicio idéntico.²³ Formalmente, la sociedad comercial estaba compuesta por Joaquín Singla, Andrés Singla, Arturo Vercesi, Francisco Amoroso, Enzo Soccini y Reynaldo Warman. El último fue el director del canal durante 15 años y en un libro revela que el titular era Pagano, pero legalmente no podía figurar porque era uno de los dueños de El Popular²⁴ (Warman, 2014).

Canal 5 de Olavarría comenzó a emitir en 1983, y formalmente sus transmisiones regulares datan del 25 de marzo de 1984. El servicio de cable no amplió la oferta televisiva sino que hizo posible ver televisión, porque hasta ese momento los intentos de recepción de señales, tanto de Canal 7 como de Canal 8 de Mar del Plata, no habían dado resultados positivos.

En función de lo expuesto, coincidimos con Damián Loreti (1995) cuando describe al Decreto-Ley 22.285/80, como una norma «[…] centralista en exceso, autoritaria y discriminatoria» (p. 139). Centralista, porque su aplicación quedaba en manos del Poder Ejecutivo, y en organismos de su dependencia, lo que dejaba a un lado a las provincias; autoritaria, porque en sus artículos limitaba el funcionamiento de los medios a las necesidades de la seguridad nacional; y discriminatoria, porque excluía de la actividad radiodifusora a toda entidad legal que no estuviese constituida como sociedad comercial.

Conclusiones

En el período analizado (1922 a 1983) se operativizaron en el centro-sudeste bonaerense emisoras en AM, señales locales de televisión por cable, una radio FM y se pudo acceder a imágenes de canales de aire de Capital Federal y de Mar del Plata. Es una etapa de la historia marcada por los constantes golpes institucionales, que en las políticas públicas para la comunicación se expresaron en acciones del Estado que luego de una breve existencia eran desestimadas por los mandatarios siguientes.

Las primeras dos emisoras surgieron en vinculación con diarios locales. Esas iniciativas no prosperaron por distintas razones; entre ellas, por no obtener la rentabilidad esperada y por enfrentar censura directa por parte del oficialismo. En las ciudades medias analizadas, el momento caracterizado por Agusti y Mastrini (2006) como amateur muestra la instalación de emisoras de prestadores privados y al Estado –si bien no existía normativa específica para el sector– ejerciendo una función de control.

Mientras en la ciudad de Buenos Aires se profesionalizaba la radiodifusión, en Tandil la emisora del diario Nueva Era era clausurada y decomisada, y en Azul salía al aire –por poco tiempo– la Broadcasting Escolar. Durante la segunda presidencia de Perón se inauguró Radio Azul, filial de Radio Belgrano, en respuesta a la intencionalidad del gobierno de crear medios públicos. Cinco años después, durante la presidencia de facto de Aramburu, la estación fue privatizada.

En la década de 1960 se registró el surgimiento de los primeros cables. En el caso de Olavarría, el mandatario municipal pretendía un canal de aire local, por eso no habilitó el cableado y la experiencia se truncó. El canal de Azul funcionó durante algún tiempo. Por esos años también se entregaron licencias para canales de aire, que fueron anuladas al asumir un nuevo gobierno nacional. Hacia fines del decenio se entregó una licencia a un prestador privado para instalar una estación AM en Tandil.

En 1970 salió al aire LU32 Radio Olavarría, como filial de Radio Splendid, pero doce años después fue privatizada. En 1979 empezó a emitir la primera FM y en los años siguientes se instalaron dos empresas de cable que con el tiempo lograron afianzarse.

Inicialmente, enumeramos continuidades sostenidas por los sistemas de medios de Latinoamérica durante el siglo XX: protagonismo de la lógica comercial, ausencia de servicios públicos no gubernamentales, concentración de la propiedad del sistema de medios y medios escasamente regulados pero fuertemente controlados por las relaciones informales mantenidas entre los grandes grupos de comunicación y los diferentes gobiernos tanto civiles como militares (Becerra, 2014). En el desarrollo de los servicios audiovisuales de Azul, de Olavarría y de Tandil se observan esas continuidades.

El surgimiento y el sostenimiento de los medios de comunicación en el centro-sudeste bonaerense respondió a la lógica comercial, ordenamiento que a nivel nacional llevó a la centralización de la producción de contenidos de información y de entretenimiento en los principales centros urbanos de cada país (Becerra, 2014). Hay tres experiencias nacidas por iniciativa pública, una que no se sostuvo y dos que tiempo después fueron privatizadas. La concentración de la propiedad es propia de una etapa posterior, sin embargo, se registran los primeros pasos en la conformación del grupo que años después se denominó El Popular Medios. Durante el período analizado, en las ciudades medias no registramos la presencia de grandes grupos de medios con domicilio en Capital, pero sí la existencia de relaciones informales que resultaron importantes para la operatividad de los servicios a nivel local.

En la constitución de los servicios audiovisuales de las ciudades medias se observa la intervención entramada –a la que refieren Silva y Gravano (2017)– de sectores hegemónicos del empresariado, el sector público-político y franjas de profesionales: permisos que se extinguen por decisión del comisionado municipal, licencias adjudicadas a personas jurídicas integradas por miembros de –o vinculados con– las fuerzas armadas, antenas que se colocaron o se reorientaron por disposición municipal y concursos que se abrieron mediante pedidos efectuados a personas cercanas a los centros de toma de decisiones. El control de la intervención en el espacio público mediático se ejerció desde la gestación misma de los proyectos.

En este trabajo, nos propusimos analizar las políticas de comunicación aplicadas en tres ciudades del centro-sudeste bonaerense, de 1922 a 1983, tomando conceptos de investigaciones sobre Políticas Comunicación en vinculación a la propuesta teórica metodológica contenida en textos provenientes de la ciencia política sobre políticas públicas. El análisis de los actores de la agenda social en la etapa seleccionada, nos permite afirmar que en Azul, en Olavarría y en Tandil existió una gran presencia del sector privado como proveedor de servicios audiovisuales. El Estado nacional se centró en controlar la instalación de radios y de señales televisivas, no en propiciar el acceso de la población a los medios de comunicación, y tampoco en fortalecer y en sostener emisoras públicas. Un caso particular es el de la ciudad de Olavarría, cuya Municipalidad intervino para facilitar a la ciudad la llegada de la radio en amplitud modulada y de señales televisivas de aire, ante el constante reclamo por parte de la población para acceder a los servicios audiovisuales.

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Notas