¿Qué duda cabe de que ha habido –mejor utilizar el presente– un proceso de reconfiguración de las derechas latinoamericanas? Si nos ubicáramos en el año 2010, nos encontraríamos con Cristina Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, Dilma Rousseff en Brasil, Michelle Bachelet en Chile, Pepe Mujica en Uruguay, Hugo Chávez en Venezuela y el Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua. Nueve años después, el Frente Amplio ha perdido las elecciones en Uruguay y solo Argentina, México y Venezuela sostienen gobiernos nacional-populares.

Las derechas latinoamericanas no buscan “avanzar”, sino retroceder hacia un horizonte donde los pueblos obedezcan y el orden piramidal vuelva a su matriz primigenia de explotación y exclusión para el beneficio de unos pocos.

La reconfiguración derechista se inició con la destitución de Manuel Zelaya por la Corte Suprema de Honduras (2008), continuó con los intentos destituyentes de Cristina Kirchner (2008) y Rafael Correa (2010), la destitución “exprés” por parte del Congreso paraguayo de Fernando Lugo (2012) y el golpe institucional contra Dilma Rousseff (2016). Durante todos estos años –en especial, luego de la muerte de Hugo Chávez–, Venezuela ha venido sufriendo intentos golpistas, con una derecha que hasta tiene un presidente autoproclamado.

En este proceso de mediano plazo –que claramente remite a una estrategia continental, planificada, donde se articulan las derechas que “ganan la calle” (fenómeno nuevo por sus dimensiones), la guerra judicial contra los partidos y líderes populares y los medios masivos de comunicación–, el golpe de Estado que se ha dado en Bolivia ha retrotraído a América Latina a la década del setenta, cuando los generales –siguiendo el guión de los Estados Unidos y las élites oligárquicas nacionales– eran los que deponían y nombraban gobiernos.

Este es, además, un golpe cargado de simbología. Una detrás de otra –quizás como no ocurría desde el golpe de Pinochet en el Chile de 1973–, las imágenes de los/as golpistas hacen un conjunto tenebroso, regresivo y fascistoide que parece surgido de un filme pero tiene, por desgracia, absoluta realidad.

Imagen uno. “Nunca más volverá la Pachamama al palacio de gobierno”. El líder santacruceño de los “comités cívicos” –que han jugado a la destitución de Evo Morales en Santa Cruz desde el inicio mismo del gobierno democrático– ingresa con esa frase a la Casa de Gobierno, expresión cargada de simbolismo para las sociedades originarias y mestizas de toda América del Sur, pues es la Pachamama –la tierra misma– el culto más extendido en los pueblos andinos. Luis Fernando Camacho –que se hace llamar por su apodo, “Macho”, toda otra definición de sitio y posición para este golpe también misógino y odiador de los géneros– se arrodilla en el centro del Palacio Quemado y extiende una bandera tricolor, y sobre ella, una Biblia. Resumiendo: ni Pachamama ni wiphala; el golpe se hace para retrotraer simbólica y concretamente a la sociedad boliviana a la época del Estado “blanco y cristiano”.

Imagen dos. Luego de la frase de Camacho se retiran todas las wiphalas de la Casa de Gobierno. Los videos de los policías y militares arrancándose el emblema de sus uniformes para dejar solo la bandera tricolor han recorrido el mundo.

Imagen tres. La senadora Jeanine Áñez queda como única referencia en la línea sucesoria. No por algún mérito en especial, sino porque el presidente y su vice están exiliados: abandonan Bolivia por las amenazas que penden sobre sus vidas, y lo mismo ocurre con los ministros y los diputados y senadores del mas. Pero como la Asamblea Plurinacional no puede reunirse, la senadora se autodesigna presidenta interina: la banda presidencial se la coloca un general uniformado, todo un símbolo acerca de quién tiene el poder real en la Bolivia actual.

Imagen cuatro. La autodesignada presidenta se presenta en público. La foto remeda la de Pinochet en 1973, sentado, con anteojos oscuros y gesto adusto. La senadora aparece sentada, sola, con una Biblia y un enorme crucifijo enfrente y dos escoltas militares detrás.

Imagen cinco. Se realiza la primera reunión de Gabinete. Alrededor de una mesa pulcrísima se congregan siete personas: la presidenta golpista y seis personas más, todas de uniforme.

El golpe de Estado elige Bolivia como símbolo

Si hay un país de América del Sur donde quedan expresadas las encrucijadas económicas, sociales, raciales y culturales en sus formas más claras, ese país es Bolivia.

Durante trescientos años, los bolivianos –las naciones originarias y los pueblos mestizos– tuvieron frente a sí al Estado blanco español-colonial –el de la espada y la cruz católica– llevando a cabo un proceso profundo de explotación económica, segregación racial y destrucción cultural sobre las sociedades andinas –y no solo sobre ellas– con una brutalidad de la que pueden dar cuenta cifras como esta: el promedio de vida de un indígena del período colonial en la mina de Potosí era de seis meses; un millón de ellos murió trabajando para enriquecer al rey español y al capitalismo europeo entre los siglos xvi, xvii y xviii.

La república cambió el Estado blanco español por el blanco criollo. ¿El sostén? El mismo que el anterior: la espada –esta vez, de los ejércitos nacionales– y la cruz. Para ejemplo basta un botón: el infame tributo indígena impuesto por la corona española se extinguió recién en 1842 y, en su forma de “derecho al uso de la tierra”, en 1874. Los indígenas siguieron tributando por el mero hecho de ser indígenas hasta cincuenta años después del fin de la Independencia. Las comunidades campesinas fueron reconocidas como propietarias recién en 1953, bajo el gobierno del Movimiento Nacional Revolucionario.

Sobre esos quinientos años de Estado enemigo, de apartheid social, político y cultural –los indígenas recién pudieron votar en 1951–, se instaló en Bolivia a partir del cuarto y último mandato de Víctor Paz Estenssoro, iniciado en 1985, el modelo neoliberal que llevó al país a su crisis social y económica más profunda, a inicios del siglo xxi.

Los gobiernos de Hugo Banzer Suárez y Gonzalo Sánchez de Lozada profundizaron el proceso neoliberal, llegando a privatizar el agua –el primero– y entregando nuevos yacimientos gasíferos a precios de regalo a las empresas transnacionales –el segundo–, hechos que generaron la rebelión popular: la Guerra del Agua en el año 2000 y la Guerra del Gas en 2003. La represión causó decenas de muertos y heridos y, finalmente, la renuncia y huída de Sánchez de Lozada a los Estados Unidos.

Es en ese contexto de crisis económica, social y política, con altísima movilización popular, que surge el liderazgo de Evo Morales y el triunfo del mas en las elecciones de 2005.

¿Por qué decimos que el golpe eligió la Bolivia de Evo y el mas como símbolos?

En un país de amplia mayoría mestiza e indígena, por primera vez desde la invasión europea llegaba al poder un representante de los pueblos originarios. A partir de ese momento, el mas y Evo Morales desplegaron un programa de recuperación y reconstrucción de Bolivia. En relación con la política interna, se propuso un programa que se inició con el saneamiento de la actividad política y estatal –una rebaja del salario del presidente y los funcionarios públicos del 57%– y continuó con una serie de medidas clave para la recuperación de la economía y la soberanía bolivianas: en 2006 se declaró el fin del “saqueo de los recursos naturales” y hubo un esquema de nacionalizaciones que incluyó la reestatización de las minas de estaño (2006) y del complejo metalúrgico de Vinto (2007) y la recuperación del agua como bien público (2007). En 2008 se estatizó entel, de capital italiano, y la compañía de hidrocarburos boliviana, que no era boliviana sino de capital alemán. Ese mismo año el Estado compró el 50% de las acciones de Petrolera Andina, en manos de repsol-ypf; también se recuperaron las mayorías accionarias de las filiales de British Petroleum y Shell. Durante 2010 se estatizaron las compañías privadas de generación y distribución de electricidad subsidiarias de empresas francesas y británicas. También se estatizó la mayor empresa cementera del país, en manos del capital francés, y la empresa de distribución de combustible aéreo.

Este proceso fue acompañado de medidas sociales únicas en la historia de Bolivia: al momento mismo de asumir como presidente, Evo Morales inició la campaña de alfabetización “Yo sí puedo”, que, con el apoyo de maestros y médicos de Cuba y Venezuela, erradicó el analfabetismo en el país e incluyó la alfabetización en las lenguas aymara y quechua.

Se implementó el Bono Juancito Pinto, que otorgaba un suplemento en dinero para que los niños de entre cinco y doce años permanecieran en la escuela, lo cual ha significado un esfuerzo enorme por reducir el desgranamiento escolar y el trabajo infantil endémico. Bolivia ha sido declarada sociedad libre de analfabetismo por la unesco.

La extensión de la atención sanitaria –con apoyo de médicos cubanos– ha reducido significativamente la mortalidad infantil, problema histórico en Bolivia. También se creó una pensión jubilatoria universal que garantiza una renta mínima, en una nación donde el trabajo no registrado tenía y tiene aún cifras astronómicas. De este modo, los mayores de sesenta años tienen una renta aun sin haber aportado.

Uno de los desafíos clave del gobierno del mas fue responder a las históricas demandas de respeto y equidad cultural de las múltiples naciones originarias que constituyen el país y que han estado invisibilizadas, destratadas y negadas por la cultura “oficial” y el Estado “eurocéntrico”. La reforma constitucional que creó el Estado Plurinacional de Bolivia inició la reparación al no establecer ningún tipo de hegemonía al estilo de las élites racistas que dominaron desde la llegada europea. Bolivia inició desde su Constitución el reconocimiento de la autonomía de los pueblos originarios y la puesta en práctica de medidas efectivas para acabar con el racismo y la discriminación.

La histórica fragmentación y exclusión de los indígenas sometidos a un Estado liberal, blanco y extrañado de sus pueblos comenzó a resolverse con la conformación de un Estado plurinacional que reconoce la existencia de casi cuarenta naciones originarias, las cuales conservan, por mandato constitucional, sus lenguas, culturas, tradiciones, justicia, formas de propiedad y posesión de la tierra en igualdad de condiciones con la única poseedora del Estado hasta la llegada del mas.

En Bolivia ha habido también una hegemonía, impuesta a sangre y fuego, de la Iglesia católica y los cultos cristianos con exclusión de los cultos ancestrales –el más importante de ellos, pero no el único, el de la Pachamama–. Desde la Constitución de 2009, el Estado no tiene religión oficial y se declara completamente laico, respetando y velando por que todos puedan seguir sus cultos sin presión o represión estatal.

La bandera tricolor, símbolo de la república independiente pero también del Estado excluyente y autoritario, no fue sustituida sino “complementada” con la entronización de la wiphala, emblema de las tradiciones andinas desde hace siglos.

El proceso iniciado por Evo Morales y Álvaro García Linera –y ese arco de sindicatos y movimientos sociales e indígenas que es el MAS– transformó las condiciones del Estado. Los pueblos originarios y los pobres comenzaron a correrse de la sumisión, el destrato y la exclusión hacia el reconocimiento, la participación real y el respeto cultural.

El Congreso Nacional boliviano tuvo hasta la década del noventa cero representación de las mujeres y los pueblos indígenas. En 2017, las senadoras eran diecisiete –frente a diecinueve varones– y en la Cámara de Diputados eran mayoría. En la actual Asamblea Plurinacional Legislativa, los indígenas suman un total de 41 diputados y senadores, y desde que Evo Morales asumió en 2006 el Gabinete de Ministros estuvo conformado mayoritariamente por indígenas –que representan, no lo olvidemos, la mayoría de la población–.

A este breve resumen debemos agregar los datos de una macroeconomía con tasas de inflación de menos del 5% anual, la reducción de la deuda externa, un incremento de la inversión extranjera y un crecimiento económico ininterrumpido –único país de América Latina– desde 2006.

Golpe, represión e incertidumbre

Precisamente porque Bolivia era todo un símbolo. El éxito del gobierno de Evo Morales era la condena a muerte de los gobiernos de las élites: un Estado Plurinacional con inclusión indígena, mejoras sociales, participación popular, multiculturalismo, multilingüismo, aceptación de todos los credos, participación femenina creciente y que, además, atraía las inversiones productivas externas, hacía crecer la economía y mantenía controlada la inflación. Un proceso político así, en medio de la reconfiguración derechista latinoamericana, era insoportable para la élite racista, autoritaria y neofascista boliviana.

El golpe cívico-militar, sin eufemismos, sin caretas ni maquillaje, era imprescindible para terminar con esta experiencia conducida por el primer presidente indígena de Bolivia que, desde el corazón de América del Sur, le decía al mundo que el sueño de una sociedad mejor es posible en este universo de razas cósmicas que es nuestra América Latina.

Los esfuerzos de la derecha boliviana por mostrarle al mundo que no ha habido un golpe de Estado clásico han fracasado. Las imágenes de la presidenta autodesignada rodeada de generales en su primera reunión de Gabinete y la brutal represión de las protestas populares –que les ha costado la vida a decenas de bolivianos y heridas a miles más– llevaron a que la comunidad internacional demandara un rápido llamado a elecciones.

La derecha está dividida, pues –como casi siempre ocurre– no tiene un proyecto de nación sino una voluntad de destrucción de los alcances del gobierno popular. Se han presentado siete candidaturas por la derecha y una por el MAS –con el ex ministro de Economía, Luis Arce, y el excanciller, David Choquehuanca–.

Las próximas elecciones, programadas inicialmente para mayo –suspendidas ahora sin fecha de realización a causa de la emergencia del Covid-19 –, serán clave para dirimir si Bolivia retrocede a las épocas del Estado blanco, excluyente y neocolonial, o retoma el camino de la construcción plurinacional, de inclusión social y soberanía económica.

Serán, además, muy observadas por el establishment latinoamericano: de triunfar algún candidato de derecha, se avanzará un paso más en la ilegalidad del proceso político latinoamericano. Tanto Fernando Lugo en Paraguay como Dilma Rousseff en Brasil fueron destituidos en procesos donde el Congreso Nacional deponía a los presidentes y luego llamaban a elecciones. En el caso boliviano, el Congreso fue dejado de lado y fueron las Fuerzas Armadas las que le pidieron al presidente –que es su jefe constitucional superior– que abandonara el poder. Un golpe de Estado clásico

En las fuerzas populares, ese arco de alianzas que Evo Morales y el MAS supieron construir en la coyuntura crítica de 2001-2005, está la respuesta a la recuperación del Estado Plurinacional Boliviano. Por lo pronto, la fórmula del MAS (del ex ministro de Economía Luis Arce y el ex canciller David Choquehuanca) tiene en todas las encuestas una intención de voto cercano al 40%. No es impensable el retorno del MAS al poder , si las elecciones se realizan y si, además , son transparentes.

Son los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones y movimientos sociales quienes tienen en sus manos la posibilidad de derrotar el proyecto de reconstrucción de la derecha boliviana, que no es más que la reconstrucción del orden neoliberal y racista.

Referencias

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