Introducción

La televisión alternativa, popular y comunitaria es una actora dentro del sistema de medios argentino. Desde una posición subordinada en relación a los actores dominantes, y enfrentando numerosos obstáculos producto de un punto de partida y un trato desigual, un conjunto de canales ha logrado sostenerse, ampliar sus condiciones de posibilidad y funcionar superando la prueba del tiempo. A 70 años de la primera emisión de la TV abierta, y a 12 de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), el panorama muestra experiencias relativamente consolidadas, capaces de avanzar “un paso adelante, dos pasos atrás”, moviendo las numerosas barreras de entrada que impiden al sector actuar como contrapeso en un ecosistema mediático altamente concentrado, centralizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de marcada raíz privada comercial.

La televisión alternativa tuvo un fuerte impulso en el marco del debate y aprobación de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA). En esos años de movilización y discusión social surge la gran mayoría de las emisoras actualmente operativas.¹ Los canales se construyeron en paralelo a los debates regulatorios y en el marco de los importantes cambios producidos por la renovación tecnológica que implicó la transición digital, que aparecía como base material y como oportunidad histórica para la democratización de la comunicación debido al uso más eficiente del espectro. Que más de una década después de aquellas batallas la televisión comunitaria siga anclada en una posición periférica, habla tanto de su persistencia para funcionar como de la implementación de políticas públicas y de un mapa de medios que, pese a los distintos intentos, no logró modificar en lo sustancial sus relaciones de poder.

¿Cuáles son las condiciones de producción sobre las cuales se despliegan estas televisoras comunitarias? ¿Desde qué estrategias buscan ampliar esas condiciones para abordar el proceso de implementación de la televisión digital terrestre? Así, en este artículo vamos a presentar, de manera ajustada, algunos de los hallazgos y conclusiones que encontramos en La televisión alternativa en la transición digital. Estudio comparado de casos en Argentina y Chile respecto de nuestro país.² Para esto, nos detendremos en el funcionamiento de las emisoras dentro del ecosistema mediático, las estrategias para la migración, el impacto de las políticas de fomento destinadas al sector y la sostenibilidad de la televisión alternativa en Argentina, identificando sus condiciones de posibilidad frente a los procesos de digitalización.

Enfoque y selección de casos

El enfoque teórico desde el que trabajamos pone en relación la tradición latinoamericana de la comunicación alternativa con la economía política de la comunicación y la cultura y el derecho de la comunicación. Entendemos la alternatividad como un haz conceptual abierto: alternativo, popular, comunitario. De esta manera, se respetan y contienen los procesos de definición y debate de los colectivos de medios, evitando las lecturas esencialistas o dogmáticas acerca del fenómeno; a la vez que se reconoce un marco de referencia para el análisis, distinguiendo al sector como actor específico y diferenciado dentro de la categoría más amplia de los prestadores privados sin fines de lucro. Siguiendo a Edward P. Thompson (1991), esta mirada nos permite abordar el fenómeno desde el andamiaje teórico y metodológico propio de estas experiencias, en lugar de analizarlo desde la perspectiva de los medios de comunicación tradicionales.

La muestra de casos recoge diferentes trayectorias y es representativa de los distintos proyectos televisivos y su grado de desarrollo general. Se seleccionaron televisoras operativas emitiendo en abierto, con estudios y programación, funcionando de manera estable entre 2008 -período que coincide con los debates previos a la presentación de la LSCA-, y 2018 -año en que los canales operadores lograron la habilitación definitiva de sus plantas transmisoras-. Sobre esta base se escogieron ocho emisoras, siguiendo criterios de distribución geográfica, redes de pertenencia, situación legal, modalidad de emisión (operador o vinculado) y grado de digitalización. Se trata de PAREStv (Luján, provincia de Buenos Aires), Canal 4 Mar de Ajó (Partido de la Costa, Buenos Aires), Barricada TV (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Urbana TeVé (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Antena Negra TV (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Canal 9 Proa Centro (Cura Brochero, Córdoba), ENTV (Viedma, Río Negro) y Giramundo TV (Guaymallén, Mendoza).

De estos canales, tres se ubican en el Área Metropolitana de Buenos Aires, dos en la región pampeana, uno en la región centro, uno en la región cuyana y uno en la región patagónica. Cuatro poseen licencia en televisión digital abierta adjudicada mediante concurso público de antecedentes, en un hecho inédito para la radiodifusión en el país. Dos tienen autorización precaria y dos carecen de títulos legales, uno de los cuales dejó de emitir en el curso del período investigado tras sufrir el decomiso de sus equipos.³ Además, seis canales pertenecen a la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas (CONTA), uno a la Federación Argentina de Radiodifusión Comunitaria (FARCO) y uno a la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA), aunque los trayectos previos fueron disímiles: uno perteneció al disuelto Espacio Abierto de Televisoras Alternativas, Populares y Comunitarias; dos integraron la RNMA, uno FARCO y cuatro la Asociación Argentina de Teledifusoras Pyme y Comunitarias (AATECO), aunque de ellos sólo uno mantiene esta membresía en la actualidad.

La muestra se examinó en tres dimensiones de análisis: política, institucional y social; administrativa, económica y de funcionamiento, y tecnológica. En este texto, nos detendremos particularmente en la última: las tecnologías representan una parte importante del gasto de las organizaciones de medios y su incorporación está condicionada por la sostenibilidad que, a su vez, está condicionada por el marco regulatorio y su tratamiento. Los modos en que las emisoras se relacionan con las tecnologías, las decisiones acerca de la renovación de las mismas y los cambios edilicios y de infraestructura requeridos para responder a los estándares de la alta definición (acustización y refrigeración de estudios, sistemas de seguridad, mayor iluminación e inversión significativa en decorados debido al nivel de detalle de la tecnología HD), se corresponden con la situación de desigualdad y postergación del sector.

Hitos y recorridos de la televisión alternativa

La investigadora Chiara Sáez Baeza (2008) sostiene que la comunicación alternativa, y dentro de ésta la televisión, enfrenta una secundarización dentro de la historia de los medios, dentro del ecosistema mediático y dentro de las teorías de la comunicación; es decir, “como fenómeno histórico, como fenómeno comunicacional y como fenómeno teórico” (p. 46). Pese a esto, la televisión alternativa, popular y comunitaria en América Latina ya tiene el tiempo de las democracias. Son pocos los canales que han logrado sostenerse en el tiempo, producto de décadas de proscripción legal y, menos aún, son los canales que han logrado sortear con éxito la transición digital, que implica una renovación tecnológica radical. Si bien la transición de la definición estándar analógica a la alta definición tiene su eje en la tecnología de transmisión, la excede para abarcar los procesos de registro, los contenidos, la iluminación, los decorados, el vestuario y el maquillaje en cámara; es decir, la arquitectura televisiva como totalidad. Pero el movimiento ya cuenta con casos “faro” en Venezuela, Colombia, Chile y en nuestro país.

En la Argentina las primeras experiencias se remontan al final de la década de los 80, pero estos canales iniciales no superaron la extensión masiva del sistema de cable y se fueron apagando progresivamente en los 90, cuando la televisión abierta dejó de competir contra decenas y centenas de señales por suscripción. La movilización en torno al cambio de milenio; las demandas y las necesidades de información y comunicación de grupos sociales emergentes, y la experimentación con nuevas tecnologías generaron las bases para la re-emergencia del fenómeno en el primer lustro de los 2000. Después, los debates que acompañaron la propuesta y sanción de la LSCA animaron el impulso de canales alternativos, populares y comunitarios que lograron funcionar de manera regular, oxigenando un sistema televisivo históricamente gestionado con lógica mercantil.

Las televisoras estudiadas para la investigación se desarrollaron en dos tiempos: primero, como búsquedas asociadas a las demandas de expresión de grupos sociales en el pos 2001, concretamente aquellas originadas en el impulso del movimiento piquetero, las asambleas populares, las fábricas recuperadas y las organizaciones culturales (como Argentina Arde o Adoc). Es un momento de experimentación que combina las tecnologías digitales para el registro pero que permanece anclada en el mundo analógico para la transmisión. En este período surgen nuevos canales, después de un quinquenio de silencio que cerraba la etapa inicial en el desarrollo de la televisión alternativa en el país, en el marco de la multiplicación de las radios comunitarias (Vinelli, 2014).

La Televisión Piquetera está en el origen de La Comunitaria TV de Claypole, el Canal 4 Darío y Maxi en Avellaneda y, más tarde, en Barricada TV y Antena Negra; en Mendoza, Ojos del Plata y el Noticiero Popular anteceden a Giramundo TV. En estos casos, el perfil sociocultural de las emisoras se vincula con las organizaciones de base; en algunos casos la presencia de técnicos/as especializados/as, personas con formación universitaria o estudiantes de comunicación, imagen o cine, sumado a la participación de activistas antiglobalización, aportan al clima inicial de experimentación en los barrios populares. Fueron experiencias centradas en “la posibilidad de hablar, de expresarse”, de “recuperar la palabra”, insertas y orgánicas al movimiento social, en los términos planteados por María Cristina Mata (2011).

El segundo momento en el desarrollo de las televisoras que hoy transitan a digital está marcado por la lucha por la democratización de las comunicaciones, que se coronó con los debates que llevaron a la sanción de la LSCA. Este horizonte de época permitió ubicar el problema de la expresión en relación con la concentración mediática, enfocando la alternatividad desde la perspectiva de la comunicación como derecho. La Coalición por una Radiodifusión Democrática sintetizó esta perspectiva en los 21 puntos que inspiraron la LSCA. Esto lleva a resaltar la comunicación como derecho humano y a vincularla con el derecho de la comunicación, con la economía política de la comunicación y la cultura, al aparecer en contraste con los problemas derivados de la concentración.

La televisión alternativa en el sistema de medios

El mapa mediático en que estas emisoras intentan funcionar registra el predominio de empresas privadas comerciales con alto nivel de concentración en la propiedad, contenidos, infraestructura, audiencias e ingresos por pauta publicitaria oficial y privada. En la Argentina, el sistema está fuertemente centralizado en la CABA, donde los canales “nacionales” producen información y entretenimiento que se replica a través de los canales de aire y de la grilla de las operadoras de pago en todas las provincias del país, afectando una mirada federal y opacando las realidades locales y regionales (Becerra & Mastrini, 2017).

En televisión abierta y por suscripción, estos índices de concentración del mercado son mayores que en medios gráficos y radiales. De acuerdo con los datos reunidos por Becerra y Mastrini (2017), los dos principales canales abiertos con sede en CABA (Telefé, de la norteamericana Viacom, y Canal 13, del grupo local Clarín) concentran más del 65% de la audiencia, y los cuatro primeros el 92,2% (Telefé, Canal 13, Canal 9 y América TV). Las emisoras públicas tienen baja recepción y la tasa de consumo de la televisión de aire es también es baja frente a la de pago. Las cuatro cableoperadoras más grandes del país (Cablevisión, DirecTV, Supercanal y Telecentro), entre un total de 800, alcanzan el 84% de los abonados, en el marco de un nivel de penetración del 78%, con más de 11 millones de hogares suscriptos, el más alto de América Latina en 2018 (Business Bureau, 2018).

Estos niveles de concentración de grupos multimedios operan como importantes barreras de entrada al sistema de medios para la televisión alternativa, popular y comunitaria. E incluso, siguen obstaculizando su funcionamiento cuando la barrera de la legalización es levantada. Hablamos del sector más débil de la comunicación debido a su larga proscripción legal hasta la sanción de la LSCA y, derivado de lo anterior, a las dificultades históricas para encarar estrategias económicas capaces de alcanzar la sustentabilidad en el contexto de un mercado que deja muy poco espacio para la diversidad de operadores. Aún en los casos en que se han obtenido licencias, las televisoras enfrentan el lento encendido de la televisión digital, profundizado por el desfinanciamiento del despliegue del sistema de la televisión digital abierta. La TDA no alcanza aún niveles significativos de audiencia, lo cual afecta el encuentro con los públicos. Pese a las promesas de democratización que traía aparejada, la escasa oferta de canales y los pocos a nulos llamados a concurso, sumados a la profunda desatención en la propuesta durante el gobierno de Mauricio Macri y a las particularidades de una tecnología que impide toda recepción en zonas de sombra, hace que la tasa de encendido siga siendo reducida más de 12 años después de la adopción de la norma ISDB-T.⁴

Entre 2010 y 2015 se impulsaron varias políticas destinadas a la difusión e inclusión de la TDA, entre las que se destacan los programas de reparto de decodificadores entre los sectores vulnerables de la población. También encontramos la resolución 104/2010 de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, que aprueba la secuencia de operaciones correspondientes al proceso de fabricación del decodificador integrado de señales de video codificadas en el marco del régimen especial hacia las empresas radicadas o a radicarse en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Además, otra política que se destaca es aquella regida por la resolución 7/2013 de la Secretaría de Comunicaciones del Ministerio de Planificación Federal, que fijó los lineamientos técnicos para el desarrollo de los televisores con receptor digital integrado, ensamblados para el mercado interno. Pero la ausencia de una adecuada política de comunicación y de una pedagogía sistemática acerca de su instalación, uso y posibilidades, también conspiró en contra de su extensión.

La mitad de los canales alternativos operativos en el período 2008-2018 se ubica en el Área Metropolitana de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires. Esta zona, que es la más densamente poblada del país, mantenía en 2017 una tasa de encendido de la televisión digital abierta del 5,1 por ciento en la Ciudad y del 7 por ciento en la provincia; en tanto que a nivel país el consumo de esta última era del 5 por ciento (SINCA, 2017). Sin nuevas políticas de difusión, relanzamiento y profundización de la TDA, apertura de concursos y promoción de la pantalla, el escenario de inserción de las televisoras en el paisaje mediático se achica considerablemente.⁵ Por esas razones, el proceso de digitalización de las emisoras alternativas y comunitarias en Argentina tiene el horizonte puesto en el ingreso al cable.

En este punto es interesante marcar que tanto PAREStv como Antena Negra ofrecieron a sus televidentes el servicio de instalación del decodificador y la antena de manera gratuita, a fin de ganar en audiencias. Diego Gusmerini, presidente de la cooperativa que lleva adelante el canal de Luján, relata: “Cuando logramos la digitalización y nos integramos a una grilla de 20 o 16, 17 canales, tuvimos una repercusión importante. [...] La gente se instalaba la antena, dábamos el servicio gratuito para la instalación de los deco (haciendo alusión a los decodificadores)” (Gusmerini, entrevista 2018). Sin embargo, también subraya que en la medida en que no se produzcan nuevos contenidos en la televisión digital difícilmente el encendido crezca:

El contenido en la televisión digital está muy deteriorado, si bien estamos bien en cantidad de señales -por ahí podrían ser unas 10 más-, el hecho de que la hayan vaciado de contenido, que Encuentro no produzca más, que Paka Paka no produzca más, que los canales de aire no tengan Fútbol Para Todos, [...] que no se le agregue contenido a esa plataforma digital hace que la gente en cuanto pueda pagar se pase al cable, y todavía el cable no es un lugar al que uno entre y salga cuando quiere. A nosotros nos llevó 10 años poder estar en una de las dos cableoperadoras. (Gusmerini, entrevista 2018).

Las empresas de cable originalmente se encontraban bajo la aplicación de la LSCA, pero el DNU 267/2015 las traspasó al ámbito de la Ley Argentina Digital 27.078, al dejar de considerarlas servicios de comunicación audiovisual para redefinirlas como Servicios TIC. La LSCA incluía en su artículo 65 la obligación de incluir en la grilla las señales de los servicios de televisión abierta de origen cuya área de cobertura coincidiera con su área de prestación de servicio. Esta obligación persistió pese al cambio normativo, primero a través del dictado de las resoluciones 1394/2016 (artículo 12) y 5160/2017 (artículo 1ro.), y después -con el nuevo cambio de gestión-, con la resolución 1491/2020, que ordenó la adecuación de la grilla de señales de la televisión por suscripción. Sin embargo, las televisoras comunitarias, al cierre de estas líneas, seguían sin ser levantadas.

Ni Cablevisión ni Telecentro contestaron las presentaciones de las emisoras, que una vez más tuvieron que recurrir a la vía judicial. La combinación entre el celo de las corporaciones de medios, la inacción del organismo de aplicación para regular cuando el beneficiario es el sector comunitario y las dificultades que esto acarrea en términos de sostenibilidad económica son condiciones que conspiran contra el desarrollo de los proyectos, afectando el derecho a la libertad de expresión de emisores y audiencias, reduciendo a los comunitarios a un lugar periférico y limitando la competencia que podrían sufrir los grandes medios en escenarios locales o regionales.

PAREStv es el único canal que logró parcialmente el ingreso al cable. La cableoperadora Telered, que presta servicios en Luján, firmó con la emisora comunitaria un acuerdo para distribuir la señal de manera gratuita en su plataforma de contenidos digital HD. Debido a la vacancia de contenidos comunitarios en una ciudad donde éstos son valorados por las audiencias, su propuesta de una pantalla local profesionalmente realizada constituyó una oportunidad en el mediano plazo. La cooperativa de trabajo comenzó con un programa de cable en 2008, para montar el canal en 2009, obtener una autorización precaria en 2013, la licencia en TDA en 2015 y la habilitación de su planta transmisora en 2018. La inversión en equipamiento digital rindió sus frutos: el enlace a un encoder en la sede de la cablera permite trasladar la señal desde los estudios ubicados en Jáuregui por ISDB-T al nodo Luján de Telered, y por IP a la central de San Miguel.

Pero este recorrido de 10 años, desde los inicios del proyecto hasta el ingreso al cable local, también da cuenta de los obstáculos que los canales –como apuntamos antes- deben enfrentar para ingresar al sistema de medios. El tiempo que llevó a la emisora que ha llegado más lejos en la estrategia para alcanzar el encuentro con sus audiencias se puede dimensionar con contundencia si lo comparamos con la cantidad de años que dura una licencia de televisión, que también es de una década. Esto muestra que a cada paso dado por el sector se alzan nuevas barreras; una es la vigilancia de las corporaciones mediáticas para trabar el camino a la emergencia de nuevos actores. Como subraya Mariano Suárez, “cada autorización, permiso o licencia otorgado por el Estado tras la sanción de la LSCA fue judicializado” por la Asociación de Teledifusoras Argentinas (ATA), la cámara empresaria de la televisión (Suárez, 2018, p. 41).

PAREStv produce contenidos deportivos en vivo y de las actividades que suceden a diario en su ciudad. De todas las disciplinas, la que se lleva la mayor atención es el fútbol, debido a que la emisora sigue desde 2011 las campañas del ascenso de los dos clubes de la zona: Luján en la Primera C y Flandria en la B Nacional. Sin embargo, en mayo de 2017 la emisora fue intimada por Tele Red Imagen SA, del grupo Clarín, a cesar con todas las producciones audiovisuales de Flandria, ya sea en vivo o en diferido, resumen, gol, mejor jugada o imagen de la tribuna, en cualquiera de las plataformas: el canal 32.1 TDA, YouTube o el portal digital, bajo amenaza de sanciones económicas.⁶

Barricada TV, el otro canal que logró la habilitación de su planta transmisora, tardó ocho años en pasar “de una plataforma de streaming y un servicio analógico que ya no formaba parte de los consumos de los televidentes porteños” a ocupar, “bajo legalidad plena, un lugar en la grilla de la televisión digital abierta” (Suárez, 2018, p. 96). Pero durante todo 2016 la emisora (y con ella sus licenciatarias vinculadas, Urbana TeVé y Comarca SI) fue interferida por la señal de Canal 13, en un hecho inédito en la radiodifusión en el país: un canal sin fines de lucro con todos sus papeles en regla estaba siendo afectado por un canal comercial con sus papeles vencidos, ante la inacción del organismo de aplicación.⁷

Las estrategias de las emisoras

Las entrevistas realizadas a quienes impulsan los canales muestran que éstos emergieron como resultado de una demanda de expresión de realidades no comprendidas en los medios nacionales, sean grupos sociales (los/las habitantes de la villa con Urbana TeVé, o los/las jóvenes con Antena Negra y Canal 4 de Mar de Ajó), o culturas y tradiciones locales (como en Proa Centro, ENTV o PAREStv). La necesidad de representación de la comunidad habla de la función de estos medios y de su sostenibilidad, y, además, es un denominador común entre todas las experiencias. Esta realidad se acrecienta en las provincias: como señalamos en el punto anterior, el sistema está fuertemente centralizado en el centro administrativo y económico del país, opacando las realidades regionales.

Al constituir un universo muy chico de emisoras con bajo poder relativo, sus posibilidades de incidencia sobre las políticas de comunicación dependen en buena medida de las estrategias adoptadas de conjunto, así como de las articulaciones más amplias que son capaces de construir con otros medios del sector social comunitario y, más ampliamente, con otros actores sin fines de lucro (Segura, 2013). Los canales se nuclearon, conforme pasaron los años, en distintas organizaciones de segundo y tercer grado, de acuerdo con la lectura de la coyuntura y con sus afinidades políticas y comunicacionales: el Espacio Abierto de Televisoras Alternativas, AATECO, la RNMA, Farco, CONTA; en 2016, la confluencia en InterRedes, que se mantuvo activa hasta 2019.

Estas herramientas aumentaron las posibilidades de resistencia en momentos de retroceso (todas las entrevistas realizadas para la investigación marcan el período abierto con el DNU 267 como de regresión en materia de derechos),⁸ y permitió un abordaje colectivo de los principales conflictos, aunque la unidad fue más contundente durante el macrismo que durante los años anteriores, con mayores diferencias en cuanto a la caracterización del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (en ese momento, AATECO aparece como espacio en el que recalan PAREStv, Urbana TeVé, Canal 4 de Mar de Ajo y Proa Centro, aunque este último es el único que permanece asociado a esa entidad, y los demás conformaron CONTA junto con Barricada y Giramundo).

El recorrido a través de una década muestra hasta dónde la propia acción de las emisoras y sus organizaciones lograron ampliar sus condiciones de posibilidad: pese a las dificultades enumeradas, los canales lograron continuar en el aire, consolidarse como espacio y transitar hacia la tecnología digital; otros iniciaron posteriormente el proceso de digitalización (ENTV, Proa Centro, Giramundo). El marco regulatorio favorable al impulso de medios no lucrativos es reconocido en todos los casos como una de las condiciones necesarias para que las emisoras logren sortear con éxito la migración, junto con políticas públicas de fomento destinadas específicamente al sector; en concreto, los fondos de fomento concursables FOMECA establecidos en el artículo 97 inciso f de la LSCA.

Los canales que lograron papeles precarios, y aquellos los que luego pudieron concursar por licencias en TDA, pudieron aplicar a los fondos de fomento más cuantiosos, fondos claves para que la transición pueda realizarse. Por eso la “defensa de la ley” audiovisual aparece como bandera. Según Luciana Lavila, de Barricada TV,

la existencia y aplicación de políticas regulatorias, normativas y de financiamiento por parte del Estado es un punto de partida central para el tránsito a digital. [...] Por otro lado, creo que es primordial pensar el asesoramiento y capacitación de las y los trabajadores de la televisora al mismo tiempo que se da el tránsito a digital. Esto permite la profesionalización. Otro aspecto necesario [...] son los lazos de intercambio y articulación con los organismos estatales encargados de la relación con el sector, en la que se tengan en cuenta las problemáticas propias desde la voz de aquellos y aquellas que realizan día a día este tipo de experiencias, como pasa con la Defensoría (Lavila, entrevista 2018).

Lavila da cuenta de la combinación de una serie de elementos necesarios para la sostenibilidad de las televisoras, que permiten sobreponerse a escenarios hostiles en muchos aspectos. Al marco legal y las políticas de fomento, se adicionan la profesionalización y la capacitación de sus integrantes, así como la inserción en la comunidad y la articulación con movimientos y organizaciones sociales, políticas, culturales y deportivas. Esto es lo que lleva a Urbana TeVé a trabajar su identidad como “primer canal villero de la Patria”, a Proa Centro a construir una pantalla serrana, a Barricada TV a hacer eje en la autogestión y la economía popular y a PAREStv a seguir los clubes de la zona; también es la trayectoria sobre la que ENTV comienza a funcionar y actualmente trabaja en pos de la habilitación de su planta transmisora. Entre estas articulaciones, se destacan los vínculos con universidades nacionales (convenios, investigación, docencia), así como el rol ocupado por la Defensoría del Público durante el período estudiado, tanto en el asesoramiento legal como desde la capacitación. Creado con la ley 26.522, es el organismo público más valorado por el sector comunitario.

Lo mismo sucede con el fomento. Todas las experiencias analizadas encuentran en las líneas FOMECA una herramienta fundamental para la profesionalización del medio y la migración a digital, y marcan su existencia como esencial para promover la profesionalización y la sostenibilidad de las emisoras. Que el fomento de los medios comunitarios esté establecido dentro del propio articulado de la ley, hace de la LSCA una norma de la vanguardia entre las leyes que reconocieron a las emisoras no lucrativas en la región.⁹ De ahí que la defensa de este fondo unifique a los diferentes espacios de la comunicación alternativa en una demanda común (durante el macrismo, se frenaron los concursos de las líneas durante todo un año), y que su achicamiento sea denunciado como una política de ahogo económico.

Los testimonios relevados muestran que los proyectos fomentados son claves para sostener equipos de trabajo rentados con responsabilidades específicas sobre las distintas áreas del hacer televisivo, que se suman a otras fuentes de ingresos como los salarios sociales complementarios, la venta de servicios, la publicidad oficial –que aparece como reclamo de una ley que democratice y transparente su asignación-, y los proyectos financiados por otras instituciones públicas. Pero en todos los casos, la posibilidad de acceder al equipamiento digital se vincula con las líneas FOMECA, y dentro de éstas la destinada para el desarrollo de la infraestructura y el equipamiento de los canales, que se redujo en su capacidad adquisitiva de 100 mil dólares en 2015 a 40 mil en 2017 (siendo ésta la última línea abierta para equipamiento dentro del período analizado).

Por otro lado, los canales que emiten en ciudades alejadas de los grandes centros urbanos, o con distancias más grandes del centro administrativo del país, encuentran mayores dificultades para la gestión. Las delegaciones del regulador, según el caso, tienen menos competencias para la atención del sector. Como sostiene Silvana Iovanna, de Giramundo, “los procesos de aplicación de la ley fueron muy desiguales en las provincias”, lo cual en algunos casos achicó las condiciones de posibilidad frente a los procesos de legalización y, consecuentemente, de digitalización, a ver reducidas las oportunidades de acceso al fomento capaz de acompañar la migración a digital. De acuerdo con Iovanna, estas políticas

potencian mucho los proyectos, pero nosotros nunca pudimos concursar equipamiento de televisoras porque estamos registrados en ENACOM como productora, porque al no haber apertura de concursos siempre quedamos al margen. Por eso decidimos presentarnos como productora, que era lo que nos daba y así poder ir obteniendo fondos para reinvertir no sólo en equipamiento de transmisión si no en mejorar la producción (Iovanna, entrevista 2018).

Los fondos de fomento concursables se destinan al pago de honorarios, a la adquisición de equipamiento y a la realización de contenidos; en los casos en que se ha logrado construir una estructura de trabajo con responsabilidades se ha logrado avanzar más en los niveles de gestión del medio (PAREStv, Barricada TV, ENTV). En estas condiciones los comunitarios deben ejercer la migración a digital, partiendo desde un piso mucho más bajo que el de los otros actores del mapa de medios. Y pese a estas limitaciones, el sector sigue creciendo: aunque fuera del período investigado, es interesante traer el reporte que arroja el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (ReNaTEP), que contabilizó para agosto de 2021 unas 17.998 personas de todo el país inscriptas dentro de la categoría “Trabajador/a de medios de comunicación comunitarios”, representando el 2,6 % de la rama de actividad “Servicios Socio Comunitarios”, la más grande del registro (ReNaTEP, 2021, p. 17).

Conclusiones

Las más de tres décadas de experimentación y ejercicio de la televisión alternativa, popular y comunitaria muestran varios elementos que hacen a sus condiciones de posibilidad en el marco de la transición digital. La información recabada da cuenta de la valoración de elementos van desde el marco regulatorio que reconoce al sector como prestador de derecho hasta el grado de desarrollo de la TDT, sus políticas de promoción, difusión y multiplicación de contenidos; los tiempos del encendido digital; el grado de concentración del mapa de medios y las políticas públicas de fomento a la diversidad y la pluralidad de voces.

También impactan las formas de consumo de los televidentes y dentro de esto la penetración masiva del cable, las políticas de manejo de la pauta oficial, así como la historia y la capacidad de incidencia de los propios actores comunitarios para ampliar las condiciones sobre las que se desenvuelven y establecen negociaciones con el Estado y con los proveedores. La facultad de profesionalizar la gestión, atender a “los papeles”, “golpear puertas”, organizar la atención legal y contable y construir una estructura de trabajo rentada es otro de los factores que colaboran con un relativo éxito en la migración a la alta definición. La articulación con organizaciones populares, el impulso de redes de segundo y tercer grado y la inserción comunitaria se encuentran entre los puntos fuertes, así como los lazos con instituciones públicas y de la sociedad civil.

Las estrategias para superar las limitaciones, cuando las autorizaciones precarias y las licencias empujaron a los canales a renovar su parque tecnológico, se centraron en la articulación en coordinadoras específicas del sector. CONTA permitió poner en común conocimientos tecnológicos, la relación con proveedores y con personal especializado para avanzar en la transición y en la elaboración de las carpetas técnicas. PAREStv funcionó como difusor, asesorando al resto acerca de la tecnología a incorporar. Barricada TV cumplió igual rol compartiendo información sobre ingenieros/as matriculados y personal especializado capaz de atender la carpeta técnica exigida por el regulador.

Hay que destacar que el análisis de las normas y el conocimiento acerca de las distintas prestaciones de los equipos permitió a los canales tomar decisiones de inversión que rondan los 50 mil dólares, tomando solamente el área de transmisión y salida a torre: enconder, multiplexor, modulador, transmisor, filtro de máscara, cable, torre, paneles digitales. Si a esto adicionamos equipamiento básico de control (switcher digital, automatizador de video, consola de audio), y un esquema mínimo de isla de edición, cámaras para piso y calle, parrilla de luces, micrófonos de mano e inalámbricos, sin contar decorados, cableado, electricidad, acustización y refrigeración, el monto asciende aproximadamente a 85 mil dólares. Un número que explica la importancia de las políticas públicas de fomento destinadas a garantizar la pluralidad de actores en la TDA.

Si se observan los datos acerca del equipamiento, encontramos que los canales que lograron digitalizar o que se encuentran en ese proceso coinciden en marcas y equipos. A excepción de Antena Negra, que había elaborado a través del colectivo DTL! comunicación popular un transmisor artesanal (Canal 4 de Mar de Ajó no digitalizó, y Urbana TeVé es licenciatario vinculado), PAREStv, Barricada TV, Proa Centro, ENTV y recientemente Giramundo utilizan transmisores digitales de 100 o 250 watts, según el caso, de industria Pyme nacional. También coinciden multiplexores y moduladores, y encoder importados de China y re ensamblados en nuestro país. En este sentido, las televisoras alternativas y comunitarias, aun partiendo de un escenario de precariedad, funcionan como eslabón de una cadena de impulso para el desarrollo industrial y tecnológico nacional, y para la generación de trabajo especializado en los términos fijados en los considerandos del decreto 1148/2009 de creación del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre.

Finalmente: los cambios normativos se dieron en simultáneo con la adopción del estándar técnico ISDB-T, y el consecuente inicio de la transición a la televisión digital terrestre, cuya estructura tecnológica es capaz de albergar mayor cantidad de prestadores al brindar mayor disponibilidad del ancho de banda, y, por lo tanto, un uso más eficiente y distributivo del espectro radioeléctrico. Pero la migración llegó en un contexto de convergencia y profundización de la concentración de medios e industrias culturales en América Latina, con pocas empresas que dominan el mercado y captan la mayor parte de los recursos (Becerra, 2015), impidiendo el desarrollo sostenible de actores más chicos y dificultando el ingreso y luego el funcionamiento de nuevos actores al paisaje mediático. Las condiciones de posibilidad para el sector implican, por lo tanto, la batalla contra la concentración de la comunicación, recuperando este tema en la agenda pública y devolviendo al Estado su capacidad de regulación y de ejercer soberanía comunicacional.

La televisión alternativa, popular y comunitaria avanza aún en este escenario hostil, moviendo con su propia acción barreras visibles e invisibles a cada paso. Su presencia hoy no puede subestimarse: el mapa de medios –atravesado por regulaciones, tecnologías, conflictos y resistencias- no está completo si no se atienden los aportes de este sector. A doce años de la sanción de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y a 70 años de la primera emisión de la televisión abierta, estas experiencias ponen sobre la mesa todo su potencial y exigen igualdad para funcionar. La lucha que sigue es todavía más compleja: implica sostenerse, crecer, multiplicar y superar las finalmente acotadas perspectivas abiertas con la migración digital, levantando las barreras que impiden el encuentro con las audiencias para cumplir con los objetivos políticos y comunicacionales fijados por las emisoras cuando, hace ya años, comenzaron a soñar con disputar un lugar en el terreno comunicacional.

Referencias

Becerra, M. (2015). De la concentración a la convergencia. Políticas de medios en Argentina y América Latina. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: Paidós.

Becerra, M. y Mastrini, G. (2017). La concentración infocomunicacional en América Latina (2000-2015). Nuevos medios y tecnologías, menos actores. Bernal, Argentina: Universidad Nacional de Quilmes / OBSERVACOM.

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Notas