Artículos
Las sendas del destierro. Mujeres, juvenicidio y prisión en Nayarit, México
The Paths of Exile. Women, Youthicide and Prison in Nayarit, Mexico
Revista Argentina de Estudios de Juventud
Universidad Nacional de La Plata, Argentina
ISSN-e: 1852-4907
Periodicidad: Frecuencia continua
núm. 17, e078, 2023
Recepción: 27 Mayo 2023
Aprobación: 29 Septiembre 2023
Publicación: 23 Octubre 2023
Resumen: Desde la óptica del juvenicidio, el presente artículo analiza las características de exclusión social de las mujeres privadas de su libertad, de entre 18 y 35 años de edad, en el Centro de Reinserción Social «La Esperanza» de Tepic, Nayarit, México. Los resultados muestran una estrecha relación entre la población joven-femenil privada de su libertad y la prevalencia de antecedentes de exclusión social, específicamente, embarazo adolescente, experiencias de violencia, abandono escolar, uso de drogas y trabajo informal-precarizado. Se concluye que es impostergable (re)plantear estrategias de reinserción social y de prevención del delito desde una perspectiva de género y juventudes.
Palabras clave: exclusión social, encierro, perspectiva de género, políticas punitivas.
Abstract: From the perspective of youthicide, this article analyzes the characteristics of social exclusion of women deprived of their liberty, between 18 and 29 years of age, in the Social Reintegration Center «La Esperanza» in Tepic, Nayarit, Mexico. The results show a close relationship between the young-female population deprived of their liberty and the prevalence of a history of social exclusion, specifically adolescent pregnancy, experiences of violence, school dropout, addictions, and informal-precarious work. It concludes that it is urgent to (re)propose strategies for social reintegration and crime prevention from a gender and youth perspective in Nayarit.
Keywords: social exclusión, confinement, gender perspective, punitive policies.
Introducción
Existen pocas investigaciones en Nayarit, México, sobre mujeres privadas de su libertad. La mayoría de la información versa sobre datos estadísticos de incidencia delictiva y de condiciones de habitabilidad en los espacios penitenciarios que cada año reportan la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) (https://www.cndh.org.mx/), el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) (https://www.inegi.org.mx/) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (https://www.gob.mx/sesnsp). Además, el actual Plan de Desarrollo Estatal de Nayarit 2021-2027 (https://sds.nayarit.gob.mx/index.php/plan-estatal-de-desarrollo-21-27/) carece de un diagnóstico social sobre dicha población y, por ende, no existen políticas puntuales para la situación de las mujeres privadas de su libertad y para las problemáticas que giran en torno a sus vidas, antes, durante y después de la pena privativa de la libertad.
Al caminar la prisión y platicar con las mujeres que allí habitan y (sobre)viven, surgen cuestionamientos respecto a las relaciones de poder que atraviesan sus condiciones como mujeres, principalmente jóvenes, con experiencias penitenciarias que estigmatizan sus vidas y constituyen posibles barreras para un futuro laboral prometedor, para el reconocimiento positivo afectivo y social, y, en suma, para un proyecto de vida en sincronía con los derechos sociales.
Frente a esto, la presente investigación se orientó a explorar, desde la mirada del juvenicidio, las coordenadas de exclusión social, de vulnerabilidad y de estigmatización de las mujeres jóvenes privadas de su libertad en Nayarit previas al encarcelamiento penal.1 Las aristas del juvenicidio no se limitan a la muerte de las juventudes, sino a la precarización de sus vidas por claras negligencias en las políticas sociales, lo que permite entenderlo como una categoría de análisis que facilita la exploración del camino hacia zonas de riesgo (Becerra-Romero, 2022), entre ellas, la prisión.
El juvenicidio como categoría de análisis: una discusión
El término juvenicidio, que refiere a la muerte de jóvenes, deriva de la combinación de «juventud» y de «genocidio». Aunque este último alude, específicamente, a la destrucción sistemática y deliberada de un grupo étnico, racial, religioso o nacional, el término «juvenicidio» se ha utilizado para destacar la violencia y la pérdida de vidas jóvenes de manera indiscriminada. Desde la perspectiva sociológica, existen otras dimensiones de este concepto que van más allá del genocidio juvenil: la precarización de la vida y las barreras estructurales que imposibilitan el acceso efectivo a derechos sociales fundamentales como educación, empleo, vivienda, salud y seguridad social.
Uno de los sociólogos mexicanos que ha impulsado este concepto es José Manuel Valenzuela. En la conferencia «Juvenicidio: la precarización de los jóvenes en América Latina», brindada en el marco de las actividades del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales (COMECSO) (https://www.comecso.com/) Valenzuela (2022) explicó:
El juvenicidio no es sinónimo de genocidio juvenil, sino solo una de sus acepciones, ya que existen muchas formas de atentar contra la vida de las y los jóvenes; entre estas se encuentran el asesinato rutinario, la precariedad laboral y el empleo sin derechos, la exclusión de la vida pública y la estigmatización. Pues el modelo del desarrollo hegemónico, las políticas públicas y las relaciones de poder generan altos niveles de vulnerabilidad, de desigualdad y de inseguridad (Valenzuela, 05/10/2022).
En esta misma línea, América Becerra-Romero (2022) sostiene que el juvenicidio es una propuesta conceptual que permite reflexionar y realizar aportaciones ante las difíciles condiciones de vida de un sector fundamental de la población (juventudes) y de cara a las graves consecuencias que puede tener en el futuro de la sociedad en general. Dichas condiciones de vida están empíricamente evidenciadas en México por los indicadores de desempleo juvenil, abandono escolar y baja escolaridad, pobreza inmobiliaria y escasa cobertura de seguridad social en sectores juveniles (Pérez-Mendoza & Aguilar-Cruz, 2017; Forbes, 2018; Rubio, 2019; Ortíz Fragoso, 2021; Raziel, 2021; IMCO, 2022a, 2022b).
Ante dicho escenario de exclusión social creciente, para los estudios sobre juventudes en México la categoría de «juvenicidio» es pertinente pues este se presenta, principalmente, bajo la forma de precarización de la vida de las/os jóvenes y su tránsito hacia zonas de riesgo (Becerra-Romero, 2022, p. 16).
El juvenicidio posee varios elementos constitutivos que incluyen precarización, pobreza, desigualdad, estigmatización y estereotipamiento de conductas juveniles […]. El juvenicidio inicia con la precarización de la vida de las y los jóvenes, la ampliación de su vulnerabilidad económica y social, el aumento de su indefensión ciudadana y la disminución de opciones disponibles para desarrollar proyectos viables de vida (Valenzuela, 2015, p. 12).
Por lo anterior, podemos dimensionar el concepto de juvenicidio tanto a partir de la privación del derecho a la vida (dimensión necropolítica) como de la privación de derechos sociales que precarizan la vida y la conducen hacia sendas de riesgo como el narcotráfico, el consumo de drogas, las violencias, el trabajo sexual, la trata de personas, la ideación suicida, la desaparición forzada, la delincuencia y el encarcelamiento (dimensión de la exclusión social). Ambas dimensiones [Esquema 1] colocan como protagonista del juvenicidio al Estado, ya sea por acción o por omisión respecto a la conducción de políticas punitivas, distributivas y de justicia social.
Maritza Urteaga y Hugo Moreno (2020, citados en Bonvillani, 2022) proponen que «desciudanización» es un concepto más adecuado que el de juvenicidio, puesto que enfatiza la cancelación de derechos de sujetos sindicados como enemigos del Estado por la imputación acrítica de peligrosidad que los vuelve asesinables. Desde dicha postura, la prisión destierra, pues desciudadaniza (cancela derechos) y desde los mecanismos punitivos del Estado se genera un juvenicidio que, si bien no «asesina», «aniquila» los derechos de sujetos marcados por una exclusión social que trasciende al encarcelamiento penal. En este sentido, las discusiones en torno a la juventud han sido muy prolíficas, tanto por los aportes teóricos como por el análisis de los actores, las especificidades, los movimientos y las problemáticas que padecen los/as jóvenes (Mendoza, 2011).
En «Juvenicidio: un concepto parido por el dolor. Reflexiones desde una revisión bibliográfica», Andrea Bonvillani (2022), ofrece una revisión cualitativa sistemática de la literatura científica en español, publicada entre 2010 y 2021, sobre estudios centrados en el juvenicidio. Allí, concluye se trata de
[…] operador epistemológico desde el cual abordar la problemática de la violencia, ya sea letal o bajo la forma de la precarización de la existencia de las/os jóvenes, situadas/os en realidades locales y considerando coyunturas específicas. Pero también, y en coherencia con las propias aspiraciones enunciadas por los máximos referentes del concepto, corresponde señalar la necesidad aún pendiente de avanzar desde la explicación científica de una problemática social lacerante hacia la configuración del concepto como una herramienta para el litigio estratégico en distintas arenas: jurídicas, políticas, comunicacionales, etc. (Bonvillani, 2022, p. 20).
Según la estrategia funcionalista, las juventudes pueden entenderse a partir de dos variantes: por un lado, el paradigma adultocrático o la juventud conceptualizada en negativo, según aquello que le falta para llegar a la plenitud de la vida adulta; por el otro, el paradigma culturalista o la juventud como una etapa llena de la vida, centrada en las identidades juveniles y que olvida los aspectos materiales (Brunet & Pizzi, 2013, p. 14).
En un contexto global, capitalista y neoliberal, el juvenicidio puede visualizar a las juventudes desde el paradigma adultocrático como no importantes, al considerar a los/as jóvenes sujetos no productivos, sin poder adquisitivo y con proyectos de vida insignificantes; mientras que desde el paradigma culturalista se dejan las políticas sociales enfocadas en la juventud en segundo término, lo que determina que existan altos índices de pobreza inmobiliaria, trabajos precarizados, jóvenes sin acceso a la seguridad social, a la educación superior, etcétera.
Abordaje metodológico
Durante los meses de enero y marzo de 2022 se aplicaron encuestas de exclusión social primaria, basadas en los ámbitos y factores de exclusión propuestos por Magdalena Jiménez (2008), José Tezanos (2001) y Joan Subirats (2004), a mujeres privadas de su libertad en el Centro de Reinserción Social Femenil (CERESOFE) «La Esperanza», de Tepic, Nayarit. Dicho centro fue constituido legalmente en 2019 y es dirigido por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, a través de la Dirección de Prevención y Reinserción Social del Estado. En total, se realizaron encuestas a 56 mujeres de una población total de 116 mujeres privadas de su libertad al momento de realización del estudio.
Dada la imposibilidad de utilizar recursos tecnológicos para grabar audio o video, se utilizaron instrumentos de recolección de información impresos que fueron aplicados de manera personal e individual, previa autorización de la dirección institucional. El instrumento contempló factores y ámbitos de exclusión social a partir de los cuales se construyeron ítems con variables cuantitativas dicotómicas discretas y continuas (edad, número de hijos, años privada de la libertad, etc.), así como de variables cualitativas de tipo nominales (antecedentes de consumo de drogas, experiencia laboral, abandono escolar, etc.).
El procesamiento de la información se sustentó en el método estadístico descriptivo, a partir del cual se siguió la siguiente ruta de análisis:
De las encuestas aplicadas (56 en total), se segmentó la información por grupos de edades para identificar a las mujeres de entre 18 y 35 años al momento de su detención (42 en total).
Se elaboraron recursos gráficos para identificar factores de exclusión social prevalentes en las mujeres jóvenes previo a su encarcelamiento.
Se realizaron cruces de variables, a partir de tablas de contingencias.
Se sistematizaron los resultados, se recuperaron algunas narrativas de las mujeres y, posteriormente, se realizó su discusión desde la óptica teórica del juvenicidio en su dimensión de exclusión social.
Las sendas del destierro. Análisis de resultados
Para la gente, cuando estamos ahí no valemos. No valemos ni para el INE,2
¿tú crees que le vamos a valer a la gente? Luego te boletinan.3
La gente escucha cárcel de mujeres y se imaginan lo peor.
Y expresan que nos merecemos lo peor. «Qué bueno que están ahí, se lo merecen».
La gente realmente no conoce, hasta que lo vives, o hasta que alguien te platica su historia…
Fanny, 30 años4
Los resultados derivados del análisis de la información recabada muestran denominadores comunes en las trayectorias de vida de las mujeres jóvenes privadas de su libertad en la etapa previa al encarcelamiento penal. De ahí, surge la analogía de «sendas», pues son caminos constantemente recorridos, como una ruta trazada por elementos de exclusión social, de vulnerabilidad y de precarización de la vida de las mujeres jóvenes que están privadas de su libertad en Nayarit.
Inicio del proceso penal y trabajos desempeñados
El estudio demostró que en la edad de detención de las mujeres encuestadas prevalece el rango de 18 a 26 años (23 en total), seguido por el rango de 26,5 a 35 años (19 en total) [Gráfico 1], lo que constituye un indicativo de que el problema de la incidencia delictiva debe analizarse desde una perspectiva de juventudes.
La Tabla 1 permite relacionar la edad en la que las mujeres fueron vinculadas al proceso penal con los trabajos que desempeñaban. Como se ha señalado en otros trabajos, en las ocupaciones previas al encarcelamiento «destacan la informalidad, el trabajo autogestivo, los ingresos inestables e irregulares, las actividades no remuneradas, el trabajo infantil y los cuidados del hogar. Sus trabajos solían ser empleos derivados de los roles de género: limpieza, cuidados, cocina, servicio y atención al cliente» (Tello Ibarra, 2023a, p. 7). En el caso de las mujeres jóvenes, predominan los trabajos como empleadas y como prestadoras de servicios.
Maternidad temprana
Otro elemento que destaca en la trayectoria de vida de las mujeres es la maternidad a edades tempranas. Del total de mujeres que al momento de su detención tenía entre 18 y 35 años, el 88% (42 en total) tiene hijos/as. La mitad (21 en total) fue madre antes de los 18 años (embarazo adolescente), siguiéndole el grupo de entre 18 y 22 años (11 en total), etapa en la que generalmente se cursan los estudios de nivel superior [Gráfico 2].
Las consecuencias económicas y sociales del embarazo en la adolescencia pueden tener repercusiones sociales y económicas negativas para las mujeres jóvenes, sus familias y sus comunidades. Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020), muchas adolescentes que quedan embarazadas se ven obligadas a dejar la escuela; además, una adolescente con escasa o con ninguna educación tiene menos aptitudes y oportunidades para encontrar un trabajo.
La maternidad temprana y el abandono escolar están estrechamente vinculados. Los estudios feministas han destacado que el embarazo adolescente no deseado y en condición de abandono constituye uno de los principales ciclos de la pobreza, que trunca, además, oportunidades de crecimiento personal y profesional de las mujeres. En el caso analizado, de las 34 mujeres privadas de su libertad que tuvieron hijos antes de los 20 años, solo una manifestó no haber abandonado la escuela, mientras que 33 de ellas tuvieron que hacerlo, ya sea para ingresar a la vida laboral, para dedicarse a las labores del hogar-crianza o por las dificultades económicas para costear la escuela.
Adicciones
El 5 de marzo cumplí tres años que no me drogo.
Cuando estaba en el CERESO de rigor era diario.
Había días que decía no quiero.
A veces, me aventaba la malilla cuatro días acostada.
Ya pasaba las malillas y empezaba otra vez.
Yara, 30 años.
El consumo de sustancias adictivas es otro problema que aviva el escenario desfavorecedor de las mujeres previo a su encarcelamiento penal. En México, la criminalización de las drogas va de la mano del problema de salud pública, pues no solo se comete un delito al comercializar, sino al consumir, al portar y al comprar. En el país, las políticas antidrogas no contemplan el combate desde miradas preventivas, sino que enfocan sus estrategias en una política punitiva.
Según un estudio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) (https://www.cndh.org.mx/), «de la población masculina interna en los 358 centros de reclusión del país, 94 % presenta problemas de adicción. […] Las drogas que más se consumen son mariguana, cocaína, solventes, metanfetaminas, crystal y heroína […] y la mayoría de los internos con estas adicciones tiene entre 26 y 45 años (Arellano García, 16/07/2018), lo que lo convierte en un problema de juventudes. Para el caso de las mujeres, la realidad no dista de la masculina, pero es necesario emprender investigaciones de corte sociosanitario que permitan visibilizar su situación pre-penitenciaria.
Desde una perspectiva de género, las mujeres jóvenes que consumen drogas enfrentan un estigma adicional, debido a las expectativas de género y a los roles tradicionales asignados a las mujeres. Esto puede dificultar su búsqueda de ayuda y de apoyo, así como aumentar la estigmatización y la discriminación.
Desde la mirada de la exclusión social, se puede afirmar que la prisión funge como una segregación institucionalizada para sectores que no solo han cometido un delito, sino que se encuentran en las periferias de los derechos humanos: jóvenes, con baja escolaridad, trabajos precarizados, viviendas inestables, entornos de violencia, consumo de drogas, embarazos a edades tempranas; poblaciones estigmatizadas por marcadores de clase, género y raza. «Los jóvenes (hombres y mujeres) viven en una tensión constante, sumidos en políticas sociales ineficientes que no combaten la desigualdad y no promueven el acceso y el ejercicio de derechos sociales fundamentales» (Tello Ibarra, 2023b, p. 21).
Las sendas del destierro dan cuenta, de manera metafórica, de esas características en las trayectorias de vida de las mujeres jóvenes que coinciden, repetidamente, en las zonas de riesgo [Esquema 2]. El destierro no es solo la expulsión «de su espacio vivido», es también una expulsión simbólica del reconocimiento y el aprecio social, es borrar del imaginario colectivo la existencia de las mujeres transgresoras como un modo de sanción social a una población desprotegida de las políticas de justicia social que, en la actualidad, viven en las prisiones «desterradas».
Algunas reflexiones finales
En contextos patriarcales, las mujeres, independientemente de estar privadas de su libertad, atraviesan desventajas estructurales, signadas por las desigualdades salariales, la falta de entornos libres de violencia, la imposibilidad de acceder a la educación superior, a un empleo formal y a servicios de salud eficientes (Lagarde y de los Ríos, 2006). Si a ello se agrega la privación de la libertad, se generan para las mujeres escenarios donde la discriminación, el estigma y la sanción social por trasgredir normas jurídicas y culturales las pone en situación de exclusión y de vulnerabilidad. En resumen: las mujeres están en constantes zonas de riesgo.
Al explorar las historias de vida de las mujeres jóvenes privadas de su libertad, se evidencian diversas barreras estructurales que obstaculizan las oportunidades de éxito personal y vulneran los derechos humanos fundamentales. Lo inquietante es que las características de exclusión social no se manifiestan como incidentes aislados y ocasionales, sino que se repiten de manera significativa en los antecedentes de estas mujeres.
Como sostiene Valenzuela (2015), «el juvenicidio construye una imagen criminal del sujeto juvenil, donde el delito de portación de rostro resulta contundente cuando se asocia con otros repertorios identitarios estereotipados, como son el hecho de ser joven, pobre, mujer e indio o afro descendiente» (p. 22). El juvenicidio ya no es solo la privación de la vida, sino la privación de otros derechos que repercuten de manera directa en la precarización de la vida de las juventudes y que conducen a problemáticas sociales como el delito y la prisión.
Aunque existen medidas cautelares alternativas, las políticas punitivas (de encierro y de castigo) continúan siendo protagonistas en las políticas de seguridad pública en México. En palabras de Maribel Lozano Cortés (2012), «la cárcel es el lugar elegido por los Estados para excluir a quienes han quedado fuera de la economía global, a los desempleados, migrantes, jóvenes sin escuela y a los que no han sido beneficiados por el crecimiento económico y que ahora se vuelven una amenaza para el orden» (p. 102). Como se ha demostrado en este trabajo, en el caso de las mujeres jóvenes que viven una privación de la libertad personal, el encierro etiqueta y estigmatiza sus vidas, y provoca que al salir de prisión deban enfrentar desventajas para la incorporación al mercado laboral formal (discriminación, solicitud de carta de no antecedentes penales para la contratación). Esto nos permite afirmar que estamos frente a una problemática alarmante de las juventudes mexicanas menos afortunadas que siguen las sendas del destierro: prisión, desaparición o muerte.
Referencias
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Notas