Teórico 6 1976- 1983

Unidad IV: 1955-1983

Tercera Parte: 1976 – 1983

La Última Dictadura (1976-1983)

            A partir de la toma del poder en marzo de 1976, las Fuerzas Armadas llevaron adelante un gobierno dictatorial al que denominaron “Proceso de Reorganización Nacional”, a través del cual aspiraron a instaurar un nuevo orden económico y social que clausurase el ciclo de gobiernos civiles “débiles” y gobiernos militares “fuertes”, que se vinieron sucediendo desde 1930, de allí la repetida consigna de que “el Proceso no tiene plazos sino objetivos”. Se sucedieron en el cargo de presidentes de facto los generales Jorge R. Videla (1976-81), Roberto E. Viola (1981), Leopoldo F. Galtieri (1981-82) y Reinaldo B. Bignone (1982-83).

            Con un consenso civil bastante extendido, particularmente en sectores medios que sintieron alivio con el golpe de Estado pues suponían que las nuevas autoridades restaurarían el orden perdido en los últimos años, el nuevo gobierno se propuso, en primer término, la erradicación de la “subversión”, es decir de las organizaciones guerrilleras. Pero para los militares también debían ser reprimidos obreros, estudiantes, sacerdotes, periodistas y todo aquel que cuestionase el estilo de vida “occidental y cristiano”, cuya defensa se arrogaron. Como lo expresó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, general Ibérico Saint Jean: “Primero eliminaremos a los subversivos, después a sus cómplices, luego a sus simpatizantes y por último a los indiferentes y a los tibios”.

Esta política de rígido disciplinamiento social derivó en la implantación del terrorismo de Estado y la consecuente violación sistemática de los derechos humanos. El método represivo encadenó detenciones, secuestros, torturas, robo de bebés nacidos en cautiverio y desaparición de personas, para lo cual se instrumentaron centros clandestinos de detención esparcidos por todo el territorio nacional, como los de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), Campo de Mayo, La Perla, Pozo de Banfield, El Olimpo, Puesto Vasco y Vesubio entre otros. La escalada represiva, planificada y ejecutada sistemáticamente por las Fuerzas Armadas, fue impresionante por su costo humano: cientos de asesinados, 30.000 detenidos-desaparecidos, miles de encarcelados y otros tantos exiliados. Ante esta permanente violación de derechos humanos, surgieron organizaciones defensoras de los mismos, que comenzaron a buscar a sus hijos o nietos, como las Madres de Plaza de Mayo y las Abuelas de Plaza de Mayo, ambas fundadas en 1977.

El momento de mayor consenso de la dictadura – al menos así lo entendieron sus gobernantes-, fue el Campeonato Mundial de Fútbol que se celebró en el país en junio de 1978. La obtención del mismo por parte del equipo nacional desató una enorme euforia colectiva, “la fiesta de todos” según las autoridades, quienes utilizaron políticamente ese triunfo deportivo para mostrar la imagen de una Argentina pacífica y alegre, que por cierto no era real. En efecto, en septiembre del año siguiente visitó el país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos, que elaboró un Informe donde concluyó que se habían cometido “numerosas y graves violaciones de fundamentales derechos humanos”.

Otro problema que se suscitó en esa época fue el conflicto con Chile por la soberanía de las islas Picton, Lenox y Nueva, en el canal de Beagle, diferendo que ambos países acordaron someter a la Corona Británica en 1971. En 1977 el fallo determinó la soberanía chilena sobre las islas, pero el mismo fue rechazado por la Argentina. Ambos países, gobernados por los dictadores Jorge Videla y Augusto Pinochet, casi van a la guerra en diciembre de 1978, pero la oportuna mediación del Papa Juan Pablo II, quien envió a la región al cardenal Antonio Samoré, evitó el conflicto. En enero de 1980, los cancilleres de ambos países firmaron el Acta de Montevideo, donde se estableció el mecanismo de la mediación.

            La declinante situación económica, la presión internacional por el tema de los derechos humanos –en especial del gobierno de los Estados Unidos encabezado por James Carter-, el cansancio de un amplio sector de la población impedido de ejercer las libertades básicas, fueron debilitando al gobierno militar a comienzos de la década de 1980. En ese sentido, se produjo un lento resurgir de la actividad política, que fructificó a mediados de 1981 cuando se conformó la Multipartidaria, un espacio de acción común que reunió a los principales partidos políticos: Partido Justicialista, Unión Cívica Radical, Partido Intransigente, Partido Demócrata Cristiano y Movimiento de Integración y Desarrollo. La Multipartidaria exigió al gobierno militar el retorno al estado de derecho, la normalización de la vida política y sindical y un cronograma electoral.

La guerra de Malvinas. Cuando asumió la presidencia el general Leopoldo Galtieri en diciembre de 1981 anunció que “las urnas están bien guardadas”, dejando en claro que no había plazos para el retiro de los militares del poder. Sin embargo, el deterioro socioeconómico se hacía sentir, a tal punto que la CGT convocó a una marcha de protesta a la Plaza de Mayo el 30 de marzo de 1982, que fue duramente reprimida por el gobierno. Pero dos días después, el 2 de abril, tropas argentinas desembarcaron en las Islas Malvinas, redujeron la escasa guarnición británica y procedieron a ocuparlas. Los militares lograron alinear a la sociedad detrás de un reclamo histórico, el de nuestra soberanía de las islas ocupadas por la fuerza por los ingleses desde 1833, por lo que recibieron un apoyo entusiasta de la población. Un ambiente de ingenuo triunfalismo recorrió todos los rincones del país, donde los medios de comunicación jugaron un rol determinante en la desinformación y en la tergiversación de lo que estaba sucediendo.

            La Argentina recibió el apoyo declarativo y moral de los países sudamericanos, pero Gran Bretaña, gobernada por Margaret Thatcher, logró que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas declarara a la Argentina país agresor, y obtuvo además el incondicional respaldo político y militar de los Estados Unidos, a través de su presidente Ronald Reagan, y de la Comunidad Económica Europea. A partir de allí se propuso recuperar las islas enviando una poderosa escuadra naval: el 1° de mayo comenzó el ataque aéreo, que fue seguido de la ocupación terrestre, que no pudieron evitar las tropas argentinas, formadas en su mayor parte por soldados conscriptos mal entrenados y peor alimentados. La rendición se produjo el 14 de junio. Finalizaba así, de la peor manera, una irresponsable aventura militar que le produjo al país 1.729 víctimas: 647 muertos y 1082 heridos.

Luego de la guerra perdida se produjo un retorno de la vida política partidaria con una notable participación de ciudadanos, sobre todo de los sectores juveniles. En diciembre de 1982 por caso, la Multipartidaria convocó a una marcha que fue masiva y de un fuerte tono antidictatorial. El gobierno por su parte convocó a elecciones presidenciales para el 30 de octubre de 1983, adquiriendo la campaña electoral ribetes trascendentes debido a los actos proselitistas multitudinarios realizados por las diversas expresiones partidarias. Realizados los comicios, el triunfo le correspondió al radicalismo, que fue histórico pues por primera vez el peronismo era derrotado en una elección libre. Los guarismos fueron los siguientes: Raúl Alfonsín-Víctor Martínez (Unión Cívica Radical): 7.724.559 votos (51,7 %); Italo Luder- Deolindo Bittel (Partido Justicialista): 5.995.402 (40, 2 %).

            En materia económica y financiera, el gobierno militar puso en marcha, a través de su ministro de Economía José A. Martínez de Hoz, un emblemático representante de las clases altas argentinas, un plan de carácter liberal que se resumió en el lema “achicar el Estado es agrandar la Nación”. De ese modo, se promovió una apertura económica con la rebaja de aranceles de importación a una enorme cantidad de productos, cuya competencia perjudicó enormemente la industria nacional y provocó el aumento de la desocupación; se ajustaron las tarifas de servicios públicos; se racionalizó la administración pública; y se liberalizó el sistema financiero, lo cual privilegió la especulación por sobre la producción, con tasa de interés exorbitantes. Todo ello contribuyó decididamente al aumento exponencial de la deuda externa, tanto como su equivalencia respecto del Producto Bruto Interno (PBI) (ver cuadro). Por otra parte, no se logró dominar la inflación, uno de los objetivos de la política económica, que nunca fue menor del 100 % anual durante todo el período dictatorial.   

 Deuda externa 1975-1983

Año	Deuda externa (millones de dólares)	Deuda externa/PBI (%)
1975	8.085	18, 9 %
1976	9.738	18, 7 %
1977	11.761	19, 3 %
1978	13.663	23, 9 %
1979	19.034	30, 2 %
1980	27.162	37, 3 %
1981	35.671	48, 0 %
1982	43.634	60, 5 %
1983	46.005	59, 9 %

            Para los militares de 1976 no solo debían ser reprimidos los sectores más combativos del movimiento obrero sino también la estructura sindical centralizada y organizada en torno a la CGT, entidad que rápidamente fue intervenida, como asimismo una gran cantidad de gremios. Junto con la represión ejercida contra trabajadores y dirigentes de base –también con sindicalistas de primera línea como Oscar Smith, de Luz y Fuerza y Jorge Di Pasquale, de Farmacia, que fueron desaparecidos-, se implementó una legislación claramente antiobrera, como la ley que prohibía las actividades gremiales, la que suspendía el derecho de huelga, la suspensión de Estatuto del Docente y anulaciones de disposiciones de la ley de Contrato de Trabajo. La respuesta del movimiento obrero, primero con cautela y luego con más determinación, fue resistir esta escalada a la vez que manifestar su disconformidad con la política socioeconómica del gobierno, que afectaba salarios y derechos adquiridos. Efectivamente, el salario se depreció un 40 % entre 1975 y 1981 y la participación de los mismos en el ingreso nacional descendieron del 45 % en 1974 al 26 % en 1983.

            En forma concreta, un grupo de gremios contestatarios reunidos en la denominada Comisión de los 25, liderada por el dirigente cervecero Saúl Ubaldini, convocó a una Jornada de Protesta Nacional para el 27 de abril de 1979, esto es el primer paro general contra la Junta Militar. Independientemente de los alcances de la huelga, el solo hecho de haberse producido molesto enormemente al gobierno, a tal punto que el ministro de Trabajo, Llamil Reston, expresó que aquella “apuntó a las bases mismas del Proceso”.

En el ámbito universitario, unos días después del golpe se dictó la ley Nº 21.276, que puso a las Casas de Estudio bajo la órbita del Poder Ejecutivo, el que designó en las mismas a interventores militares. Sucedía que para el gobierno militar la Universidad era una “foco de infiltración ideológica”, por lo que la misma debía ser purgada, ordenada y redimensionada tanto desde el punto de vista político-ideológico como académico, lo que se plasmó en la ley Orgánica de Universidades Nacionales –Nº 22.207-, sancionada en abril de 1980. La misma, que partía de la premisa de que estas instituciones educativas habían sido uno de los sectores del país “en donde con mayor intensidad actuó la subversión apátrida”, disponía que los rectores serían designados por el Poder Ejecutivo Nacional a través del ministerio de Educación, prohibía toda actividad política o gremial profesoral o estudiantil y estipulaba que la enseñanza podía ser arancelada. Inclusive, se llegó al extremo de cerrar la Universidad Nacional de Luján en 1980, reabierta con el retorno de la democracia en 1984.

Debe consignarse por último que en 1980 se llevó a cabo el VII Censo Nacional de Población, que dio como resultado que el país estaba habitado por 27.947.446 personas; de ellos, el 83 % vivían en zonas urbanas y el 17 % en zonas rurales. Los argentinos nativos constituían el 92, 7 % del total en tanto que los extranjeros eran el 7,3 % restante. Lo expuesto demuestra la continuidad del proceso de despoblamiento rural y, también, el aumento de la población inmigrante proveniente de países limítrofes, que representaba el 39, 4 % del total de extranjeros, cuando en 1970 alcanzaba el 24, 1 %.