TP 8 Alfonsinismo

El presente Trabajo Práctico se corresponde al Teórico 7 (1983 – 2001) y a la Lectura de FEIERSTEIN Daniel Los dos demonios (recargados) Buenos Aires, Editorial Marea, 2018. Cap. 1 De los dos demonios a su versión “recargada” pp 9 -25, que encontrarán en el drive del correo de la cátedra: https://drive.google.com/drive/folders/1fwm-0sZfoRSX4_lQ04sDd4kcdgm0edhd?usp=drive_link

Breve contexto: El Trabajo Práctico 8, tiene como Documentos de época un recorte del Discurso de asunción del Presidente Raúl Alfonsín ante la Asamblea Legislativa, el 10 de diciembre de 1983, y sólo cinco días después, el Decreto 187/83 con el que el Presidente Alfonsín crearía la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), presidida por el escritor Ernesto Sábato, que se adjunta a continuación. La CONADEP, entregaría nueve meses después, el Documento conocido como Nunca Más, que el próximo septiembre estará cumpliendo 40 años.

Claves de construcción: Como tarea de la semana, deberán realizar un artículo de opinión (en el medio que ustedes definan) del lunes 19 de diciembre de 1983 cuando se publica en el Boletín Oficial la creación de la CONADEP. A diferencia del editorial, el artículo de opinión siempre lleva firma, (en este caso puede ser inventado, puede ser colectivo) ya que en este texto un periodista plasma su postura, introduciendo datos y argumentos ante un determinado tema. Para la elaboración de estos artículos, el medio debe haber informado antes sobre el tema en cuestión, para que el lector cuente con sus propias herramientas para disentir o no con las opiniones del autor. Como han hecho hasta ahora, elaborarán la nota con el grupo que vienen trabajando, tendrá una extensión máxima de una carilla A4, márgenes moderado y letra Arial o Calibri 12 si tienen acceso a un procesador de textos y enviarán el Artículo de Opinión al correo catedraunaj@gmail.com si cursan la Comisión 1de TP o al correo de la cátedra: argentina.catedra1@gmail.com, si cursan en las Comisiones 2 y 3 con Asunto Grupo Nro. TP 8.

DOCUMENTO: Discurso de Raúl Ricardo Alfonsín ante la Asamblea Legislativa al asumir como presidente de la Nación en 1983.
10 de diciembre de 1983 Raúl Ricardo Alfonsín
Fuente: Luis Alberto Romero y Luciano de Privitello, Grandes discursos de la historia argentina. Buenos Aires, Aguilar, 2000.

Honorable Congreso de la Nación:
Venimos a exponer a vuestra honorabilidad cuáles son los principales objetivos del gobierno en los diversos terrenos en que debe actuar: la política nacional e internacional, la defensa, la economía, las relaciones laborales, la educación, la salud pública, la justicia, las obras de infraestructura, los servicios públicos y todas las otras cuestiones que reclaman la atención del pueblo, de los gobernantes y de los legisladores.
[…]
Hay muchos problemas que no podrán solucionarse de inmediato, pero hoy ha terminado la inmoralidad pública. Vamos a hacer un gobierno decente.
Ayer pudo existir un país desesperanzado, lúgubre y descreído: hoy convocamos a los argentinos, no solamente en nombre de la legitimidad de origen del gobierno democrático, sino también del sentimiento ético que sostiene a esa legitimidad.
Ese sentimiento ético constituye uno de los más nobles movimientos del alma. Aún el objetivo de construir la unión nacional debe ser cabalmente interpretado a través de la ética.
Ese sentimiento ético, que acompañó a la lucha de millones de argentinos que combatieron por la libertad y la justicia, quiere decir, también, que el fin jamás justifica los medios. Quienes piensan que el fin justifica los medios suponen que un futuro maravilloso borrará las culpas provenientes de las
claudicaciones éticas y de los crímenes. La justificación de los medios en función de los fines implica admitir la propia corrupción, pero, sobre todo, implica admitir que se puede dañar a otros seres humanos, que se puede someter al hambre a otros seres humanos, que se puede exterminar a otros seres humanos, con la ilusión de que ese precio terrible permitirá algún día vivir mejor a otras generaciones. Toda esa lógica de los pragmáticos cínicos remite siempre a un porvenir lejano.
Pero nuestro compromiso está aquí, y es básicamente un compromiso con nuestros contemporáneos, a quienes no tenemos derecho alguno a sacrificar en función de hipotéticos triunfos que se verán en otros siglos.
Nosotros vamos a trabajar para el futuro. La democracia trabaja para el futuro, pero para un futuro tangible. Si se trabaja para un futuro tangible se establece una correlación positiva entre el fin y los medios. Ni se puede gobernar sin memoria, ni se puede gobernar sin capacidad de prever, pero prever para un tiempo comprensible y no para un futuro indeterminado. Los totalitarios piensan en términos de milenios y eso les sirve para erradicar las esperanzas de vida libre entre los seres humanos concretos y cercanos.
Los problemas que debemos resolver son los de nuestra época. Los problemas que debemos prever son, a lo sumo, los de las siguientes dos generaciones.
Como dijo Juan XXIII, más allá de eso no hay conclusiones seguras y los datos son demasiado inciertos u oscilantes, lo que puede justificar la investigación, pero no la acción política.
Si separamos a la política de su arraigo en el tiempo, impedimos que lleguen a la política los ecos del dolor humano. Ni la crueldad actual, ni la inmoralidad actual, ni la claudicación actual, garantizan un futuro feliz.
La justificación de los medios por el fin constituye la apuesta demencial de muchos déspotas e implica el abandono de la ética política.
Mediremos, en consecuencia, nuestros actos para no dañar a nuestros contemporáneos en nombre de un futuro lejano. Pero nos empeñaremos, al mismo tiempo, en la lucha por la conquista del futuro previsible, porque negarnos a luchar por mejorar las condiciones en que viven los hombres, y por mejorar a los hombres mismos, en términos previsibles, sería hundirnos en la ciénaga del conformismo. Y toda inacción en política, como dijo el actual pontífice, sólo puede desarrollarse sobre el fondo de un gigantesco
remordimiento. La acción, ya lo sabemos, no llevará a la perfección: La democracia es el único sistema que sabe de sus imperfecciones.
Pero nosotros daremos de nuevo a la política la dimensión humana que está en las raíces de nuestro pensamiento.
Vamos a luchar por un Estado independiente. Hemos dicho que esto significa que el Estado no puede subordinarse a poderes extranjeros, no puede subordinarse a los grupos financieros internacionales, pero que tampoco puede subordinarse a los privilegiados locales. La propiedad privada cumple un papel importante en el desarrollo de los pueblos, pero el Estado no puede ser propiedad privada de los sectores económicamente poderosos.
Las oligarquías tienden siempre a pensar que los dueños de las empresas o del dinero tienen que ser los dueños del Estado. Ya vimos eso una vez más en los últimos años. Otros, a su vez, piensan que el Estado debe ser el dueño de todas las empresas.
Nosotros creemos que el Estado debe ser independiente: ni propiedad de los ricos, ni propietario único de los mecanismos de producción.
La independencia del Estado presupone dos condiciones fundamentales. Por un lado, el protagonismo popular. ¿De dónde sacaría, si no, fuerzas el Estado para mantener su independencia? La democracia será desde el primer momento, una fuerza movilizadora. La democracia moviliza siempre, mientras que el régimen desmoviliza. El régimen se ocupa de la desmovilización de la juventud. Se ocupa, por ejemplo, de transformar las universidades en enseñaderos. La democracia atiende a la movilización de la juventud en torno de los problemas generales y de sus problemas específicos.
Por otra parte, requiere la moralidad administrativa, la conducta de los gobernantes. Seremos más que una ideología, una ética. La lucha contra los corruptos, contra la inmoralidad y la decadencia es el reaseguro del protagonismo popular. Las dos cosas, en realidad, van juntas: no se puede luchar contra la corrupción, que está en las entrañas del régimen, sino a través del protagonismo popular, pero no se puede preservar el
protagonismo popular sin sostener una política de principios, una ética que asegure su perduración.
¿De qué serviría el protagonismo popular, de qué serviría el sufragio, si luego los gobernantes, elegidos a través del voto, se dejaran corromper por los poderosos? El sufragio tiene diversos sentidos simultáneos. Por una parte, el voto implica la posibilidad de que gobierne el pueblo y de que el Estado sea independiente. Por otra parte, expresa la existencia de una regla para obtener legitimidad, ya que el pueblo no puede expresarse por sí mismo y el llamado espontaneísmo nunca existe en la realidad. A través del
sufragio, el pueblo tiene la forma de elegir a sus gobernantes y a sus representantes.
No puede elegirlos a través del motín. La violencia está inhabilitada para ser la forma permanente de manifestación del cambio.
Venimos de un movimiento que no luchó en 1890 para ser gobierno, porque eso hubiera implicado establecer el principio de que el poder, como decían los guerrilleristas de hace diez o doce años, estaba en la boca de los fusiles.
Al gobierno no se lo podía elegir a través de un levantamiento, por popular que fuese. Se luchó para que hubiese elecciones libres.
La creencia en los métodos violentos para tomar el poder y ejercerlo implica que son razonables los puntos de vista de quienes manejan mejor las armas, o de quienes están más armados. Ese concepto fue objetado ya desde 1890, y fue objetado en medio de una revolución. La violencia era el régimen, y esa violencia del régimen no debía ser reemplazada por otra de distinto signo, sino por el sufragio.
Históricamente nos opusimos a que una pequeña minoría de la población considerada a sí misma como población combatiente, eligiera al gobierno en reemplazo del pueblo. Por eso luchamos para defender el derecho a elegir gobierno, pero sólo para defender el derecho del pueblo a elegirlo. Esa distinción rechaza desde siempre a la filosofía de la subversión. Pero debe tenerse en cuenta que la Constitución y las leyes son subvertidas, también, por minorías armadas, que reemplazan la ley por las balas, tanto a través
del guerrillerismo, como a través del golpismo. Por eso, señalamos categóricamente que combatiremos el método violento de las élites, derechistas o izquierdistas.
En un contexto internacional cada vez más interdependiente, el sufragio garantiza la inserción de la Argentina en el mundo como nación independiente, mientras que la violencia de uno u otro signo impide la inserción del país en el mundo o lo convierte en un teatro de operaciones donde los actores pierden su propia iniciativa y el Estado en consecuencia, pierde su independencia, arriesgando que el gobierno emergente de esa lucha no sería ya decidido por la población sino por el acuerdo o desacuerdo
en la mesa de negociaciones de las superpotencias.
Además, la fuerza pura carece de capacidad para engendrar legitimidad, y por eso las dictaduras de derecha, aunque apoyadas por algunos capitales monopólicos, terminan aisladas también del mundo y se condenan inevitablemente al fracaso.
El método violento de las élites de derecha o de izquierda se justifica a sí mismo con el triunfo definitivo y final, absoluto, de una ideología sobre otra y de una clase sobre otra.
La democracia aspira a la coexistencia de las diversas clases y sectores sociales, de las diversas ideologías y de diferentes concepciones de la vida. Es pluralista, lo que presupone la aceptación de un sistema que deja cierto espacio a cada uno de los factores y hace posible así la renovación de los gobiernos, la renovación de los partidos y la transformación progresiva de la sociedad.
El voto es la vía elegida en contra de la posesión monopólica del Estado y del país por parte de los poderes económicos o financieros y también en contra de la posesión monopólica del Estado y del país por un grupo armado, cualquiera sea la excusa con que se apodere de los resortes
básicos de una comunidad.
El sufragio, por definición, constituye un límite para los sectores privilegiados y, como instrumento de las mayorías, tiende a lograr una mayor justicia distributiva.
Hace posible la resolución pacífica de las controversias en la sociedad y, al proveer de la única legitimidad pensable al Estado, favorece la continuidad de las instituciones republicanas y de las doctrinas en que ellas se asientan.
La Argentina pudo comprobar hasta qué punto el quebrantamiento de los derechos del pueblo a elegir sus gobernantes implicó siempre entrega de porciones de soberanía al extranjero, desocupación, miseria, inmoralidad, decadencia, improvisación, falta de libertades públicas, violencia y desorden.
Mucha gente no sabe qué significa vivir bajo el imperio de la Constitución y la ley, pero ya todos saben qué significa vivir fuera del marco de la Constitución y la ley.
Honorable Congreso: La voluntad del pueblo, a través de sus representantes, se hace presente hoy en este augusto recinto para dar testimonio de que se inicia en estos instantes una nueva etapa de nuestra
vida nacional.
La noción de ser protagonistas de este nuevo comienzo, que será definitivo, nos inspira a todos un sentimiento de responsabilidad acorde con el esfuerzo que hoy emprendemos juntos, y nos infunde el valor para afrontar un conjunto de dificultades muy graves que acosan a nuestra patria.
Esas dificultades son múltiples e inmensas, bien lo sabemos, pero vamos a salir adelante, con la fe y el empuje necesarios, porque tenemos sin duda los recursos, la voluntad y el coraje. Y sobre todo, porque en este empeño estamos todos unidos.
Al traer en este acto solemne la palabra del Poder Ejecutivo, invocando la legitimidad de nuestra investidura constitucional, que es la única fuerza indiscutible con que puede respaldarse la autoridad ante un pueblo que es libre y ha sabido demostrarlo, venimos a enunciar, muy someramente, nuestro programa de acción inmediata y nuestros principales objetivos, contenidos en una clara plataforma política que la mayoría del país ha hecho suya. A vuestra honorabilidad, como titular del Poder Legislativo de la
Nación y representación fiel de la opinión popular, compete a partir de ahora la tarea superior de dar al país los instrumentos legales para la realización de las “reformas prometidas” a que alude, con visionaria anticipación histórica, el artículo 86, inciso 11, de la Constitución Nacional.
El estado en que las autoridades constitucionales reciben el país es deplorable y, en algunos aspectos, catastrófico, con la economía desarticulada y deformada, con vastos sectores de la población acosados
por las más duras manifestaciones del empobrecimiento, con situaciones sociales que reflejan crudamente el impacto de la miseria, con un endeudamiento de insólito volumen y de origen muchas veces inexplicable, que compromete gran parte de los recursos nacionales para un largo futuro,
con una inflación desbordada cuyos efectos son una verdadera afrenta para los hombres que producen y trabajan, con un clima de arbitrariedad, atropello e incertidumbre creado por la absurda pretensión de gobernar por el miedo y la prepotencia, con la cultura postergada y perseguida en muchas de sus expresiones, con la educación y la salud relegadas a un segundo plano y consiguientemente convertidas en privilegio de los menos, con una situación internacional agravada por decisiones irresponsables
cuyas consecuencias se transfirieron imprudentemente a un futuro y que ahora vienen a depositarse en nuestras manos; con la carga afligente de todos esos males, cuya cuenta precisa y detallada puede ser excusada aquí por ser bien conocida, tendremos que enfrentarnos, a partir de hoy, no sólo a la tarea de corregirlos y eliminarlos para siempre, sino a la de echar los cimientos de la Argentina libre, grande, próspera, fraterna y generosa que queremos. Y lo hacemos, desde luego, juntos y unidos en esa decisión
reparadora que todos compartimos. Esa decisión, repito, que tiene que ser, que ya es, el motor que impulsa
nuestra marcha hacia delante. Si enorme es el desafío, inmensa debe ser nuestra voluntad. Si algo podemos prometer hoy, sin temor a errar, es que esa voluntad, tan firme y tan constante como las circunstancias lo requieran, no habrá de faltarnos nunca.
Vamos a establecer definitivamente en la Argentina la democracia que los argentinos queremos, dinámica, plena de participación y movilización popular para los grandes objetivos nacionales, en el marco bien definido pero históricamente flexible de nuestra Constitución, que garantiza todos los derechos, todas las libertades, todos los avances sociales y culturales del mundo moderno, a la vez que asegura la responsabilidad de los gobernantes ante el pueblo a través de los mecanismos jurídicos y políticos
de control que la misma Constitución ha previsto, y de la periódica renovación de los poderes mediante el ejercicio del sufragio.
Vamos a vivir en libertad. De eso, no quepa duda. Como tampoco debe caber duda de que esa libertad va a servir para construir, para crear, para producir, para trabajar, para reclamar justicia -toda la justicia, la de las leyes comunes y la de las leyes sociales -, para sostener ideas, para organizarse en defensa de los intereses y los derechos legítimos del pueblo todo y de cada sector en particular. En suma, para vivir mejor; porque, como dijimos muchas veces desde la tribuna política, los argentinos hemos
aprendido, a la luz de las trágicas experiencias de los años recientes, que la democracia es un valor más alto que el de una mera forma de legitimidad del poder, porque con la democracia no sólo se vota, sino que también se come, se educa y se cura.
Termina hoy el estéril tutelaje sobre los habitantes de este país.
Eso quiere decir que el gobierno retoma su tradición como defensor del Estado de derecho y de las libertades públicas y quiere decir, también, que los ciudadanos reasumen el pleno ejercicio de sus responsabilidades.
En la Argentina existió una larga tradición de libertades públicas, oscurecida durante los últimos años por la arbitrariedad y la irracionalidad.
Esto llevó al miedo, a la indiferencia producida por ese miedo, a la ausencia de participación de los argentinos en los problemas de los argentinos, a la falta de renovación en las personas, a la asfixia de la imaginación.
La teoría de la seguridad fue esgrimida para evitar la vida libre, sincera, franca y espontánea de nuestra gente. La aceptación de esa teoría implicó el pago de un precio muy alto por una seguridad que jamás puede alcanzarse sin la participación popular, aún a costa del desorden de superficie. Hemos vivido, así, bajo el pretexto de la seguridad, en una inseguridad monstruosa y bajo el predominio de las ideas
que privilegiaban a la autoridad en una virtual acefalía del gobierno, en una feudalización del poder, en una increíble confusión sobre los roles que correspondían a cada uno de los engranajes del Estado.
La seguridad, sin libertad, pierde todo su contenido. Los argentinos no se sentían seguros y sabían que podían ser detenidos, o aun sufrir peor suerte, sin posibilidad alguna de defenderse. Los órganos supremos del Estado dividiéndose entre sus componentes, agrupándose, disolviéndose o reapareciendo sucesivamente; los argentinos expuestos a la muerte o muriendo efectivamente sin participar de ninguna de las decisiones; todo eso era lo contrario de la verdadera seguridad, que se nutre de la libertad y
de la responsabilidad.
Nuestra filosofía se basa en ideas distintas: la seguridad del Estado no puede sostenerse sobre la inseguridad de la comunidad nacional. Nosotros privilegiaremos, por lo tanto, la plena vigencia de los derechos humanos y la necesidad de desmantelar el aparato represivo para que solamente las
instituciones naturales, modernas y eficientes de la justicia y de los organismos que deben servirla en el marco de la legitimidad se hagan cargo de los complejos problemas de la sociedad moderna, problemas cuya gravedad no se nos escapa.
El pasaje a la libertad requiere una creciente comprensión de los ciudadanos sobre la importancia de cada uno de los actos que influyen sobre el conjunto social. Las libertades concretas implican libertades sociales, acceso a la educación, posibilidad de justicia igualitaria, derecho a la salud, resguardo de su intimidad y también, por supuesto, derecho al orden que el gobierno democrático garantizará con los medios que las leyes ponen en sus manos.
El país ha vivido frecuentemente en tensiones que finalmente derivaron en la violencia espasmódica del terrorismo subversivo y una represión indiscriminada con su secuencia de muertos y desaparecidos.
La lucha entre sectores extremistas, así como el terrorismo de Estado, han dejado profundas heridas en la sociedad argentina.
La manera de restañar esas heridas no puede girar en torno a venganzas o resentimientos que serían innobles en sí mismos, cuando no inmorales en muchos casos, en cuanto pudieran comprometer al destino del país en estériles fijaciones sobre el pasado. Pero la democracia tampoco podría
edificarse sobre la claudicación, actuando como si aquí no hubiera ocurrido
nada.
Se propiciará la anulación de la ley de amnistía dictada por el gobierno militar y se pondrá en manos de la justicia la importante tarea de evitar la impunidad de los culpables. La justicia, asimismo, tendrá las herramientas necesarias para evitar que sean considerados del mismo modo quienes decidieron la forma adoptada en la lucha contra la subversión, quienes obedecieron órdenes y quienes se excedieron en su cumplimiento.
Más allá de las sanciones que pudiera determinar la justicia, el gobierno democrático se empeñará en esclarecer la situación de las personas desaparecidas.
Esto no exime de tremendas responsabilidades al terrorismo subversivo, que debió haber sido combatido con los medios que la civilización actual pone en manos del Estado y no a través del empleo de medios similares a los condenados por el conjunto de la comunidad nacional.
Vamos a emplear la sensatez, los métodos correctos y los sanos principios. Ellos nos harán fuertes, demostrarán al mundo que en la Argentina existe una democracia que no está dispuesta a renunciar a sus razones de ser. Si, por una hipótesis, se abandonara el camino de la ley, quienes lograran ese propósito tendrían un éxito político inicial con qué contar. No se puede vencer en el terreno de la fuerza si se carece de la razón. Nosotros queremos tener razón para ser fuertes.
En la vida democrática, los ciudadanos tendrán la tranquilidad que necesitan. La democracia es previsible, y esa previsibilidad indica la existencia de un orden mucho más profundo que aquél asentado sobre el
miedo o el silencio de los ciudadanos. La previsibilidad de la democracia implica elaboración y diálogo.
Estamos cargados de ideales y de sueños que vamos a realizar en forma honesta y razonable. Contamos con la amplia y comprensiva disposición al diálogo de la oposición, que está demostrando desde ahora la generosidad y patriotismo con que, a través de la crítica, colaborará en la consolidación del proyecto democrático. Ese espíritu de unidad nacional que hace vibrar a todo el país no excluirá, sin duda, tempestuosos debates y agrios enfrentamientos de coyuntura que nutrirán al estilo republicano triunfante
ya en el país.
El diálogo, para ser efectivo, será un diálogo real que presupondrá el reconocimiento de que no tenemos toda la verdad, de que muchas veces habremos de equivocarnos y que hemos de cometer errores humanos.
¿Para qué escucharíamos si no estuviéramos dispuestos a rectificar conductas? ¿Para qué rectificaríamos conductas si no pensáramos que ellas pueden ser equivocadas en algunos casos? El país está enfermo de soberbia y no está ausente del recuerdo colectivo la existencia de falsos diálogos, que, aun con la buena fe de muchos protagonistas, no sirvieron para recibir ideas ajenas y modificar las propias.
El diálogo no es nunca la sumatoria de diversos monólogos sino que presupone una actitud creadora e imaginativa por parte de cada uno de los interlocutores.
El gobierno nacional incita a lleva a cabo una cruzada horizontal y vertical de democratización sobre la base de una acción renovada de los partidos políticos, de las asociaciones intermedias y de cada uno de los ciudadanos, en forma de permitir que los sistemas de fuerzas que anidan en la sociedad argentina se articulen en una convivencia pacífica y creadora.
La democracia no se establece solamente a través del sufragio ni vive solamente en los partidos políticos.
La democracia necesitará que el conjunto de la sociedad exprese aún las temáticas específicas desde el compromiso representativo y republicano.
No desconocemos la existencia de instituciones cuya tremenda trascendencia espiritual orienta la vida cotidiana de millones de argentinos, ni la existencia de asociaciones intermedias. Unas y otras podrán colaborar en el gran debate nacional como partícipes de la forma de vida democrática, sin que se descarte la existencia de nuevos canales para expresar la compleja realidad de nuestro tiempo, pero en el reconocimiento, siempre, de que los objetivos de la Nación, a través de sus representantes, y no de
acuerdos dominantes o corporativos entre sectores, realizados con prescindencia de las legítimas representaciones o, aún, como ha ocurrido en este país, en contra de las legítimas representaciones. Si sabemos orquestar la ponderada y equilibrada conjunción de tales manifestaciones y atender a las legítimas preferencias que profesa una Argentina integrada y viva, sin compartimientos estancos, sin partes invisibles o secretas, iremos configurando un Estado dinámico, eficaz y sano, nutrido por una comunidad libre y creativa.
Nuestro gobierno no se cansará de ofrecer gestos de reconciliación, indispensables desde el punto de vista ético, e ineludibles cuando se trata de mirar hacia adelante.
Sin la conciencia de la unión nacional será imposible la consolidación de la democracia; sin solidaridad, la democracia perderá sus verdaderos contenidos. Esta llama debe prender en el corazón de cada ciudadano, que debe sentirse llamado antes a los actos de amor que al ejercicio de los resentimientos.
Habrá libertad en la Argentina, y habrá también orden. El orden presupone el rechazo de las violencias particulares, pero no solamente de la violencia terrorista sino también de la violencia que se perpetra sobre el alma de los argentinos para tratar de empujarlos hacia las ideas autocomplacientes y decadentes.
El gobierno democrático también impulsará una vigencia efectiva del federalismo constitucional.
Nuestra Ley Fundamental estableció un sistema de poderes articulado en torno a un Poder Ejecutivo fuerte compensado por un Poder Judicial también fuerte e independiente y un Poder Legislativo con representación activa del pueblo y de las provincias.
Sin embargo, el federalismo fue reemplazado parcialmente –y no solamente bajo gobiernos de facto– por un centralismo absorbente y muchas veces irracional aun desde el punto de vista de sus propios fines.
Ese centralismo fue succionando desde las migraciones interiores hasta los contenidos económicos pasando por un verdadero arrasamiento cultural del interior y llevando a la constante deformación de la vida nacional.
Esa tendencia debe ser revertida a través de una sincera lealtad para con las distintas regiones del país.
Las provincias volverán a asumir su histórico papel fundador de la nacionalidad, despolarizando el desarrollo hasta convertirlo en razonablemente homogéneo, de acuerdo a las necesidades y características
de cada zona geográfica de la República pero siempre en forma tal que no existan más beneficiados por los avances de la civilización en una zona y olvidados del destino en la otra.
Esto implicará una nueva dignidad en el pacto federal. Las provincias no necesitarán más asumir tácticas que muchas veces implicaron la aceptación del predominio de las grandes ciudades portuarias. La existencia de provincias fuertes, seguras de sus propios méritos, es también indispensable para la vida en condiciones justas.
El gobierno democrático cumplirá con la obligación constitucional de informar al pueblo sobre lo que ocurre en el país. El cumplimiento de esa obligación constitucional implica que la oficialización de la mentira, de los secretos inútiles y de las verdades a medias ha terminado en la Argentina.
Todos los habitantes de esta República podrán saber lo que ocurre, sin que la información vuelva a ser jamás reemplazada por una guerra psicológica que se perpetró contra el pueblo argentino, generando una verdadera muralla de incomunicación entre los gobernantes y los gobernados e impidieron así la realimentación de un circuito que sirve a la gente común, con derecho para juzgar y opinar, pero que también sirve a las mismas autoridades.
En la administración de los medios transitoria o definitivamente en manos del Estado, así como en la administración de la agencia oficial de noticias, existirá juego limpio; los instrumentos del Estado no son propiedad privada de los gobernantes ni de un partido, sino de todos los argentinos.
A través de esos medios, así, se expresará la natural pluralidad de la república democrática, a través de todos sus matices.
Terminó la confusión entre organismos oficiales, o momentáneamente intervenidos por el gobierno y organismos oficialistas. A través de todas las vías en que pueda influir, el gobierno transmitirá la natural diversidad de opiniones de los ciudadanos, sin cesuras ideológicas y sin discriminaciones.
Y esta decisión de cumplir con nuestro deber, como corresponde, se fundamenta también en razones prácticas; en primer lugar, nosotros mismos necesitamos de la constante realimentación del circuito informativo para saber en cada momento cómo reaccionan los distintos sectores de la opinión pública; en segundo lugar, porque la razón de ser de un gobierno constitucional y democrático implica el reconocimiento de la diversidad. Si negáramos u ocultáramos esa diversidad, negaríamos u ocultaríamos
nuestras razones de vivir y de luchar.
El ciudadano común percibirá, de la mañana a la noche, la diferencia entre el autoritarismo y la democracia. Puedo asegurar que seremos totalmente honestos, desde el punto de vista intelectual, en la administración de los medios de comunicación en manos del Estado y que ellos serán conducidos no solamente con limpieza administrativa sin o con limpieza política, de modo que nunca más alguien tenga que rechazar o subvalorizar una noticia por provenir de un canal oficial y que nunca más nadie pueda suponer que se retacea la información completa a que tienen derecho.
El ejercicio de la libertad será también didáctico, otorgando razones para que los argentinos se sientan coparticipes responsables de la vida de su país y puedan, así, imaginar nuevas soluciones, nuevos caminos, corrigiendo, proponiendo o estimulándolos. […]

http://archivohistorico.educ.ar/

DOCUMENTO: Decreto 187/83 Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (15/12/83, publicado en el Boletín Oficial el 19/12/83)

COMISION NACIONAL SOBRE LA DESAPARICON DE PERSONAS

Decreto N° 187/1983 

Constitúyese la citada Comisión, que tendrá por objeto esclarecer los hechos relacionados con la desaparición de personas ocurridos en el país. Funciones e integración

Bs. As., 15/12/83

Visto lo informado por el Ministerio del Interior, y

Considerando:

Que el Poder Ejecutivo Nacional, a través de una serie de proyectos de leyes y decretos, ha materializado ya su decisión de que las gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas en nuestro pasado reciente sean investigadas y eventualmente sancionadas por la Justicia.

Que, sin embargo, como se ha dicho muchas veces, la cuestión de los derechos humanos trasciende a los poderes públicos y concierne a la sociedad civil y a la comunidad internacional.

Que, con respecto a esta última, su interés legítimo está contemplado en los proyectos enviados al Honorable Congreso de aprobación de una serie de pactos internacionales sobre derechos humanos, los que incluyen la jurisdicción obligatoria de un tribunal internacional competente en la materia.

Que, con relación a la sociedad civil, debe satisfacerse ese interés legítimo de intervenir activamente en el esclarecimiento de los trágicos episodios en los que desaparecieron miles de personas, sin que esa intervención interfiriera con la actuación de los órganos constitucionales competentes para investigar o penar estos hechos, o sea los jueces.

Que, en consecuencia, se considera apropiado integrar una comisión nacional de la que formen parte personalidades caracterizadas por su celo en la defensa de los derechos humanos y por su prestigio en la vida pública del país, para determinar lo sucedido con las personas desaparecidas.

Que es necesario invitar a ambas Cámaras del Honorable Poder Legislativo, como representantes directos del pueblo y de las provincias de la Nación a integrar la Comisión en cuestión.

Que, con el objeto de que la Comisión se convierta en un complemento y no en un sustituto de la labor judicial es imprescindible circunscribir sus funciones a la recepción de denuncias y pruebas, con la consiguiente remisión de ellas a los jueces cuando pudieran estar relacionadas con la comisión de delitos, y a la averiguación del destino de las personas desaparecidas, deslindando esa averiguación de la determinación de responsabilidades.

Que esa tarea de averiguación debe estar reglada de modo que ella no sea desnaturalizada con fines ajenos al estricto cometido indicado.

Que, para asegurar a la Comisión la máxima eficiencia se establece la obligación de todos los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, de organismos dependientes y autárquicos de prestar todo tipo de colaboración, como ser la facilitación de documentos y de datos obrantes en su poder y el acceso a ciertos lugares.

Que es conveniente que las tareas de la Comisión tengan límites temporales definidos, de modo de evitar que la dolorosa necesidad de investigar estos hechos sustraiga, más allá de cierto lapso prudencial, los esfuerzos que deben dirigirse a la tarea de afianzar en el futuro una convivencia democrática y respetuosa de la dignidad humana.

Que es necesario dotar a la Comisión de los medios técnicos, financieros y de personal exigidos para cumplimentar eficazmente sus tareas.

Que resulta adecuado solicitar a la Comisión que culmine su cometido con un informe que ofrezca una explicación detallada de los hechos investigados, que sirva para ilustrar a la opinión pública nacional e internacional.

Por ello,

EL PRESINDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

Art. 1 – Constituir una Comisión Nacional que tendrá por objeto esclarecer los hechos relacionados con la desaparición de personas ocurridos en el país.
Art. 2 – Serán funciones específicas y taxativas de la Comisión las siguientes:
a) recibir denuncias y pruebas sobre aquellos hechos y remitirlas inmediatamente a la justicia si ellas están relacionadas con la presunta comisión de delitos;
b) averigurar el destino o paradero de las personas desaparecidas, como así también toda otra circunstancia relacionada con su localización;
c) determinar la ubicación de niños sustraídos a la tutela de sus padres o guardadores a raíz de acciones emprendidas con el motivo alegado de reprimir al terrorismo, y dar intervención en su caso a los organismos y tribunales de protección de menores;
d) denunciar a la justicia cualquier intento de ocultamiento, sustracción o destrucción de elementos probatorios relacionados con los hechos que se pretende esclarecer;
e) emitir un informe final, con una explicación detallada de los hechos investigados, a los ciento ochenta (180) días a partir de su constitución.
La Comisión no podrá emitir juicio sobre hechos y circunstancias que constituyen materia exclusiva del Poder Judicial.
Art. 3 – La Comisión podrá requerir a todos los funcionarios del Poder Ejecutivo nacional, de sus organismos dependientes, de entidades autárquicas y de las fuerzas armadas y de seguridad que le brinden informes, datos y documentos, como asimismo que le permitan el acceso a los lugares que la Comisión disponga visitar a los fines de su cometido. Los funcionarios y organismos están obligados a proveer esos informes, datos y documentos y a facilitar el acceso pedido.
Art. 4 – Toda declaración requerida de los funcionarios públicos, incluidos los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad deberá cumplimentarse por escrito. Los particulares no estarán obligados a prestar declaración.
Art. 5 – La Comisión estará integrada por dieciséis (16) miembros. Se designa para ello a las personas que se consignan en el anexo I del presente decreto.
Art. 6 – Se invita a las Cámaras del H. Congreso de la Naci6n a designar tres (3)
representantes cada una para integrar la Comisión
Art. 7 – La Comisión dictará su propio reglamento interno, designará un presidente que la represen-tara y nombrara los secretarios que estime necesarios. Podrá también constituir los equipos técnicos que juzgue conveniente.
La Comisión decidirá por simple mayoría.
La Comisión quedará disuelta al momento de presentarse el informe al que se refiere el art. 2.
Art. 8 – La Comisión se denominará oficialmente Comisión Nacional sobre la
Desaparición de Personas y su sede será el Centro Cultural San Martín de la
Ciudad de Buenos Aires.
Art. 9 – Practíquense los ajustes presupuestarios necesarios para el cumplimiento del
presente decreto y la dotación de equipamiento y personal transitorio que requiera la Comisión.
Art. 10 – Comuníquese, etc.
Raúl R. Alfonsín.
Antonio A. Troccoli.
Anexo I
Nómina de Personas designadas por el Poder Ejecutivo Nacional para integrar la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas:
Colombres, Ricardo
Favaloro, Rene
Fernandez Long, Hilario
Gattinoni, Carlos
Klimovsky, Gregorio
Meyer, Marshall
Nevares, Jaime F. de
Rabossi, Eduardo
Ruiz Guinazu, Magdalena
Sabato, Emesto
Los seis (6) miembros restantes serán designados por las Cámaras del H. Congreso de la Nación.

En: servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/260000-264999/263505/norma.htm