“Los jueces deben enfrentarse a las prácticas violatorias de los derechos humanos con la firmeza y el énfasis que requiere una verdadera seguridad democrática. Sin embargo, muchas veces desde el poder judicial se conocen las prácticas de torturas y no se trabaja para erradicarlas y sancionar a los responsables. Sobra impunidad en las corporaciones judiciales, policiales y penitenciarias, y es necesario visibilizar tales prácticas y luchar para erradicarlas. De lo contrario, estaremos perdidos. Hablamos de un fenómeno que no sólo ocurre en Argentina, sino en muchas partes del mundo y debe ser enfrentado con el mayor grado de compromiso y militancia”