Teórico 4
1955-1966
El movimiento militar que derrocó al gobierno constitucional peronista conformó uno de facto que se autodenominó Revolución Libertadora, cuyo presidente, el general Eduardo Lonardi, asumió el 23 de septiembre de 1955. De pensamiento nacionalista y católico, éste entendía que era necesario desalojar a Perón del poder pero no suprimir las conquistas sociales que los sectores populares habían obtenido en los años precedentes, de allí que expresó el lema “ni vencedores ni vencidos”, tal como había hecho Justo J. de Urquiza un siglo atrás luego de desalojar a Juan M. de Rosas del poder. Sin embargo, no era este el pensamiento del resto de los militares que se habían sublevado ni de los civiles que habían apoyado el golpe, por lo que Lonardi dimitió el 13 de noviembre siguiente. Lo sucedió el general Pedro E. Aramburu, de formación liberal-conservadora, quien junto con el vicepresidente, el almirante Isaac Rojas, expresaba la “verdadera” Revolución Libertadora, es decir aquella que no se había hecho para conciliar con el legado peronista sino precisamente para terminar con él. En otros términos, Aramburu y Rojas encararon la tarea de “desperonizar” al país, es decir de desmantelar la estructura política, jurídica, social, económica y cultural del decenio anterior. Al respecto, algunas de las medidas que se adoptaron fueron la derogación de la Constitución de 1949, la disolución del Partido Peronista y del Partido Peronista Femenino, se intervino la Confederación General del Trabajo, se disolvió el IAPI y se dictó un decreto que prohibía mencionar a Perón y a Eva Perón. Paralelamente, numerosos dirigentes peronistas fueron encarcelados y otros marcharon al exilio.
Además, el apoyo civil al gobierno militar se canalizó a través de la creación de la Junta Consultiva Nacional, un organismo asesor integrado por representantes de la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, el Partido Demócrata Progresista, el Partido Demócrata Nacional, el Partido Demócrata Cristiano y la Unión Federal. Sin embargo, el consenso antiperonista no tardó en resquebrajarse a medida que transcurrían los meses; valga como ejemplo la división que se produjo a fines de 1956 en el radicalismo entre la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI), liderada por Arturo Frondizi, crítica del gobierno militar y contemplativa respecto del peronismo proscripto. Y la Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP), encabezada por Ricardo Balbín, alineada con el gobierno y defensora de la proscripción del peronismo.
La política gubernamental tuvo oposición en un sector de militares nacionalistas y de simpatías peronistas, que al mando del general Juan J. Valle se sublevaron en 10 de junio de 1956 con la intención de derrocar al gobierno y convocar a elecciones libres. El levantamiento fue rápidamente sofocado y reprimido con dureza, pues se procedió a fusilar a 18 de los militares involucrados, entre ellos el general Valle. Asimismo, la policía de la provincia de Buenos Aires ejecutó en forma clandestina a varios civiles en la localidad de José León Suárez, lo que tiempo después fue dado a conocer por el escritor Rodolfo Walsh en su libro Operación Masacre.
En 1957 el gobierno convocó a elecciones generales de convencionales para la Asamblea Constituyente que tenía por fin reformar la Constitución de 1949. Con la proscripción del peronismo, una apreciable abstención y la falta de control por no poder contar con fiscales, se impuso esta expresión política a través del voto en blanco. Los resultados fueron los siguientes: en blanco: 2.119.147 (24,3 %); UCRP: 2.117.160 (24,2 %); UCRI: 1.821.459 (24,2 %). La Convención reformadora, que se reunió en Santa Fe, procedió a derogar la Constitución de 1949, restablecer la de 1853 y sancionar el art. 14 bis, que contemplaba, entre otros, el derecho de huelga. Luego, dejó de sesionar por falta de quorum.
En materia económica, las medidas implementadas por el gobierno militar partieron del diagnóstico de la situación heredada, que se juzgaba críticamente, lo que fue condensado en un informe elaborado por el asesor presidencial Raúl Prebish. Así, bajo una concepción monetarista de los asuntos económicos, se privilegió el libre mercado, la promoción de las exportaciones primarias y un ajuste de salarios. En la misma línea, el país ingresó al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial.
Esta política de sesgo antiobrero cercenaba las conquistas sociales obtenidas por los trabajadores durante el peronismo, por lo que estos iniciaron una larga lucha en defensa de las conquistas adquiridas y de protesta contra la política social y económica del gobierno en lo que se conoce como resistencia peronista, la que fue acompañada por acciones externas a los lugares de trabajo como sabotajes, piquetes, y manifestaciones, reprimidas con dureza por el gobierno.
Con relación al movimiento obrero organizado, el gobierno de Aramburu pretendió normalizar a la CGT, tratando de que esta se despojase de su identificación con el peronismo. El intento fracasó, pues el Congreso Normalizador convocado en 1957 no logró finalizar, surgiendo entonces las 62 Organizaciones Peronistas -el brazo político del sindicalismo justicialista-, y los 32 Gremios Democráticos –socialistas y radicales-, estos últimos de escasa gravitación.
Donde el gobierno militar cosechó más apoyo fue en el ambiente universitario, mayoritariamente antiperonista, pues se restablecieron allí los principios reformistas de autonomía y cogobierno. Esto permitió el retorno de los profesores expulsados en 1946 pero a costa de cesantear a los que habían adherido al gobierno depuesto.
Hacia fines de 1957, Aramburu convocó a elecciones presidenciales para el 23 de febrero de 1958, también con la proscripción del peronismo, que sin embargo decidió la misma. Sucedió que unas semanas antes del comicio Arturo Frondizi llegó a un acuerdo con Perón en el exilio para recibir los votos peronistas a cambio de levantar la proscripción que sufría su fuerza política, en lo que se conoció como Pacto Perón-Frondizi. Como resultado del acuerdo, este último fue electo presidente de la Nación a partir de los siguientes resultados: UCRI (Arturo Frondizi-Alejandro Gómez): 4.070.398 (52,7 %); UCRP (Ricardo Balbín-Santiago del Castillo): 2.617.693 (34 %).
En el ejercicio de sus funciones, el nuevo presidente realizó un pronunciado viraje en materia política y económica respecto de sus promesas electorales –además de incumplir el acuerdo con Perón- y puso en marcha lo que se conoce como desarrollismo. Este partía de la base de que la causa del estancamiento económico de nuestro país se debía a su dependencia de las exportaciones primarias, cuyos precios internacionales se depreciaban rápidamente –deterioro de los términos del intercambio-, y que para salir de ese estado debía alentarse la industria en áreas estratégicas –petróleo, petroquímica, siderúrgica- y la tecnificación del campo. Para ello era necesario fomentar las inversiones de capital extranjero pues el capital nacional, estatal y privado, era insuficiente. El modelo desarrollista se completaba con un necesario entendimiento entre empresarios y obreros y, fundamentalmente, con la integración del peronismo –aunque no de Perón- al sistema político. Otra experiencia desarrollista en América Latina fue la implementada en Brasil por el presidente Juscelino Kubischek entre 1951 y 1956.
Una cuestión que desató enconadas polémicas públicas, en especial en el ámbito universitario, fue la iniciativa del presidente Frondizi a fines de 1958 de permitir el establecimiento de universidades privadas con potestad de emitir títulos habilitantes. Nutridas movilizaciones estudiantiles a favor y en contra se sucedieron en las calles de Buenos Aires en lo que se conoció como la disputa entre laica o libre. Los primeros, identificados con la Reforma Universitaria de 1918, se opusieron en tanto que los segundos, con el decidido apoyo de la Iglesia Católica, estuvieron de acuerdo con la nueva norma, que finalmente aprobó el Congreso Nacional.
En las elecciones parlamentarias de 1960 el oficialismo fue derrotado por la UCRP (23,9 % a 20,5 %, con 24,6 5 de votos en blanco) aunque esto no impidió que Frondizi procediese a poner en práctica el Plan Conintes, por el cual se otorgaban a las Fuerzas Armadas amplia jurisdicción para la represión de las protestas sociales y de las acciones de la resistencia peronista. De esta manera, numerosos dirigentes y activistas sindicales participantes de intensos movimientos huelguísticos fueron juzgados por tribunales militares y encarcelados en distintas unidades penales del país.
En materia económica, el gobierno de Frondizi llevó a cabo una agresiva política de atracción de capitales extranjeros, especialmente norteamericanos, los que se instalaron en el país, en especial en el área de hidrocarburos. La denominada “batalla por el petróleo”, consistente en la exploración y explotación del mismo a partir de la firma de contratos con compañías de aquel origen, fue llevada adelante por el presidente no sin ciertas dificultades por la oposición que despertó en el radicalismo del pueblo y en el peronismo, pero también por su postura al respecto, otrora defensora del monopolio estatal en la materia. Lo cierto fue que el aumento de la producción petrolera fue notable, pues casi se alcanzó el autoabastecimiento interno. Asimismo, se instalaron industrias petroquímicas como la Imperial Chemical Industries y Texas Butadiene. Y en 1958 se crearon las empresas estatales Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF) y Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA), en tanto que la empresa siderúrgica estatal SOMISA inauguró su primer alto horno en 1960.
Otra industria que creció fue la automotriz, con la radicación de empresas norteamericanas y europeas, lo que se relacionó con un plan vial que contempló la construcción de casi 10.000 kilómetros de caminos. Lo contrario sucedió en materia ferroviaria, pues se puso en ejecución el Plan Larkin, que significó el levantamiento de varios ramales y kilómetros de vías férreas con el consecuente despido de trabajadores.
También debe consignarse que en 1960 se llevó a cabo el V Censo Nacional de Población, que dio como resultado que la Argentina tenía 20.013.793 habitantes: el 73,8 % de ellos vivía en zonas urbanas y el 26,2 % en zonas rurales, en tanto que los extranjeros alcanzaban el 9,5 % del total.
A comienzos de 1962 al gobierno se le planteaban interrogantes respecto de las elecciones de gobernador que debían llevarse a cabo en varias provincias. Ante insoluble problema de la proscripción electoral del peronismo, Frondizi optó por permitir su participación a través del partido Unión Popular. Así, el peronismo triunfó en varias provincias, entre ellas la de Buenos Aires, por lo que Frondizi procedió a intervenir aquellas, aunque esto no impidió que fuese derrocado por las Fuerzas Armadas el 29 de marzo. Le sucedió en el cargo el presidente provisional del Senado, José M. Guido, quien gobernó por espacio de un año y medio subordinado a los militares.
En ese tiempo se produjo un enfrentamiento interno en las Fuerzas Armadas entre dos bandos, azules y colorados. Los primeros eran partidarios de respetar las instituciones y llegar a nuevas elecciones integrando al peronismo pero sin Perón, es decir apelando a partidos neoperonistas en cada provincia. Los segundos eran antiperonistas acérrimos, partidarios de continuar con la proscripción e impedir por todos los medios posibles el retorno del peronismo al poder. El triunfo correspondió a los azules, lo que permitió convocar a elecciones presidenciales para el 7 de julio de 1963.
Allí el triunfo correspondió a la fórmula de la UCRP integrada por Arturo Illia-Carlos Perette, que obtuvo 2.419.269 (25 %) de los votos, a la que le siguió el binomio de la UCRI, Oscar Alende-Celestino Gelsi, con 1.542.072 (16 %), y el de Udelpa, Pedro E. Aramburu-Horacio Thedy con 1.346.342 (654.392 (6,7 %). El peronismo tampoco pudo participar, llegando los votos en blanco a 1.668.175 (19,4 %).
En las circunstancias descriptas, el gobierno radical de Arturo Illia nació débil, por lo que le fue difícil gobernar con la oposición del movimiento obrero organizado, de la UCRI y de algunos sectores del empresariado y de las fuerzas armadas. Visto en perspectiva, su gobierno fue relativamente próspero, aunque su prédica institucionalista tuvo límites concretos, tal el frustrado retorno del general Perón al país. En efecto, el líder justicialista, exiliado en Madrid, pretendió regresar en diciembre de 1964, para lo cual se embarcó en un avión que hizo escala en Río de Janeiro. Allí, las autoridades brasileñas, a pedido del gobierno argentino, procedieron a prohibirle seguir viaje a Buenos Aires y obligaron al avión a retornar a España.
El movimiento obrero organizado retomó en la década de 1960 la fortaleza de la que había gozado durante la década peronista, con el liderazgo del secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica –el gremio más importante del país-, Augusto Vandor, quien incluso llegó a cuestionar el liderazgo del propio Perón.En 1963 se normalizó la CGT y en 1964 esta puso en práctica un Plan de Lucha consistente en paros y ocupaciones de fábricas (3.900.000 trabajadores tomaron 11.000 establecimientos industriales), que significó un verdadero desafío al gobierno de Illia.
En las elecciones parlamentarias de 1965 el oficialismo obtuvo el 28,5 % de los votos, un caudal nada desdeñable, pero fue derrotado por la Unión Popular y otros partidos de tendencia peronista, que obtuvieron el 37,4 %. Al año siguiente, pareció influir en una amplia franja de la opinión pública la imagen de un gobernó débil, lento e ineficaz, incapaz de contener las demandas gremiales, ello debido en parte a campañas de desprestigio de distintos medios de prensa respecto de la figura del presidente de la Nación. Finalmente, el 28 de junio de 1966, el gobierno de Arturo Illia fue derrocado por un golpe militar encabezado por el general Juan C. Onganía.
