Teórico 5

Unidad IV: 1955-1983

Segunda Parte: 1966-1976

En los golpes de Estado de 1930, 1943, 1955 y 1962, las Fuerzas Armadas habían procedido a remover un gobierno que les disgustaba, luego implementaban medidas contrarias a las dispuestas por éstos y, finalmente, instrumentaban salidas electorales condicionadas. Es decir que no se proponían ocupar el poder por un lapso prolongado de tiempo; no ocurrió lo mismo con el de 1966, encabezado por el general Juan C. Onganía, que se autodenominó Revolución Argentina. Aquí la intención fue ejercer el gobierno por el tiempo suficientemente largo como para realizar cambios de carácter estructural en el país, lo que implicaba un proceso de modernización y racionalización de la economía con ingerencia de capital extranjero, disciplinamiento social y congelamiento de la actividad política. De allí que Onganía planteó que debían transitarse tres tiempos: el tiempo económico, el tiempo social y, finalmente, el tiempo político.

El mantenimiento del orden a través de una autoridad que se ejerció férreamente fueron las características de ese momento, donde tomó cuerpo una doctrina que había comenzado a desarrollarse en los años anteriores: la Doctrina de la Seguridad Nacional. La misma estaba enmarcada en la Guerra Fría, en la cual los Estados Unidos y la Unión Soviética se disputaban el dominio mundial, de allí que las Fuerzas Armadas de los países americanos redefinieron el enemigo, que ya no sería externo sino interno: el comunismo. Sin embargo, las medidas represivas apuntaban a todos aquellos grupos o sectores políticos cuyas ideas o acciones se consideraban contrarias a los valores morales y culturales de la sociedad “occidental y cristiana”.

            No obstante lo expresado, la relativa tranquilidad que se observó en los primeros años del gobierno de Onganía vino a desmoronarse a partir de la confluencia de dos fenómenos relacionados, debidos en parte a la oclusión de los canales de participación política. Por un lado, las  protestas populares contra la política socieconómica de los gobiernos de la Revolución Argentina, que estallaron en varias ciudades del país, donde se verificó una confluencia de reclamos gremiales y estudiantiles con apoyo activo y movilizaciones por parte del resto de la población. Así ocurrió en el Cordobazo, el Correntinazo, el Rosariazo y el Tucumanazo en 1969, el Catamarcazo en 1970, el Vivorazo en 1971 y el Mendozazo y el Trelewazo en 1972. El más emblemático de todos ellos, por su magnitud, fue el Cordobazo, ocurrido el 29 de mayo de 1969.

Para ese día, la CGT local decretó un paro en contra de la política socioeconómica del gobierno, que fue acompañado de una nutrida movilización de trabajadores, a la que se sumaron estudiantes universitarios, militantes católicos y organizaciones barriales. Esto derivó en un estallido popular masivo con quema de comercios y automóviles, barricadas, etc.. La represión policial fue insuficiente, por lo que el Ejército ingresó en la ciudad y sofocó la insurrección. Se estima que murieron 12 personas y casi cien fueron heridas, con más de 300 detenidos a los que debe agregarse innumerables pérdidas materiales.

Por otro lado, se tiene el surgimiento de organizaciones guerrilleras de orientación peronista o marxista, que se planteaban llegar al poder para implantar un nuevo orden político y económico. La proscripción del peronismo, el triunfo de la Revolución Cubana y la lucha de su figura emblemática, Ernesto Che Guevara, a lo que debe agregarse un clima revolucionario que recorría diversas partes del mundo, confluyeron para que se conformaran organizaciones armadas como las Fuerzas Armadas Peronistas, Descamisados, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y Montoneros, la más importante de todas (ver esquema).

También adquirió relevancia en esos años el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, una corriente interna de la iglesia argentina que nació el 31-12-1967 planteando una renovación de la institución a tono con las reformas del mundo católico derivadas del Concilio Vaticano II (1962-65). Y sobre todo, un compromiso con los más humildes (“opción por los pobres”). La mayoría de los sacerdotes que integraron el Movimiento eran curas villeros y de barrios obreros que propusieron un perfil de Iglesia que acompañase a los más necesitados en sus luchas y reivindicaciones políticas y sociales, actuando sobre las causa que originaban la miseria, lo que provocó una progresiva radicalización de grupos y organizaciones católicas. Entre los sacerdotes más representativos del movimiento se cuentan Miguel Ramondetti, Jorge Carbone, Carlos Mujica y Rolando Concatti.

Si el clima de protesta social había debilitado el gobierno de Onganía, el secuestro y posterior asesinato del ex presidente Pedro E. Aramburu por parte de la organización Montoneros marcó su final el 8 de junio de 1970. Lo sucedió otro general, Roberto M. Levingston, un militar absolutamente desconocido para la ciudadanía, que en ese momento ejercía funciones en Washington, y que duró menos de nueve meses en sus funciones, pues fue desalojado del poder por el general Alejandro A. Lanusse, verdadero hombre fuerte del Ejército, quién asumió la presidencia.

Organizaciones político militares (décadas del ’60 y ’70)

Organizaciones armadas	Ideología política	Actuación años-lugar	Características	Principales dirigentes
Uturuncos	peronista	1959-60 Tucumán	Guerrilla Rural	Manuel Mena Juan C. Díaz
Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP)	guevarista	1963-64 Salta	Guerrilla rural	Jorge Masetti
Fuerzas Armadas Peronistas (FAP)	Peronista de izquierda	1968 Tucumán	Guerrilla rural	Envar el Kadri R. Villaflor
Descamisados	Peronista de izquierda	1968-72 (fusión con Montoneros)	Guerrilla urbana	H. Mendizabal Dardo Cabo N. Habegger
Fuerzas Armadas Revolucionarias	Marxista –leninista	1969-73 (fusión con Montoneros)	Guerrilla urbana	Roberto Quieto Carlos Olmedo M. Osatinsky
Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP)	Marxista -guevarista	1970-77	Guerrilla rural (Tucumán)  y urbana	Mario R.Santucho E.Gorriarán Merlo Benito Urteaga Roberto Mena
Montoneros	Peronista de izquierda	1970-80	Guerrilla urbana	F. Abal Medina Carlos G. Ramus Mario Firmenich Roberto Perdía F. Vaca Narvaja

            En paralelo a la remoción de Onganía, los partidos políticos comenzaron a reorganizarse, intentando llegar a acuerdos básicos a partir del acercamiento que se produjo entre Juan Perón y Ricardo Balbín, con el fin de terminar con la antinomia peronismo-antiperonismo. Los diálogos llegaron a buen puerto y se materializaron en un documento multipartidario firmado el 11 de noviembre de 1970 por el Partido Justicialista, la Unión Cívica Radical, el Partido Conservador Popular, el Partido Demócrata Progresista, el Partido Socialista Argentino y el Bloquismo sanjuanino. Conocido como La Hora del Pueblo, el mismo exigía al gobierno militar la convocatoria inmediata a elecciones sin proscripciones y con respeto de las minorías.

            Meses después, el presidente Lanusse, entendiendo que para concluir con la inestabilidad política imperante desde 1955 se hacía indispensable terminar con la proscripción del peronismo y retornar al sendero constitucional, anunció la convocatoria a un Gran Acuerdo Nacional (GAN), por el cual se proponía una salida electoral condicionada, con los militares como árbitros políticos, a la vez que neutralizar la posible candidatura de Perón. El plan fracasó pues este último, mientras alentaba la movilización popular y no condenaba el accionar de las organizaciones armadas, consolidaba su diálogo con el resto de las fuerzas políticas, en especial con el radicalismo, para acelerar la convocatoria a elecciones. Se le permitió sin embargo retornar al país luego de largos años de exilio, lo que ocurrió el 17 de noviembre de 1972 (permaneció un mes y volvió luego a España). En ese tiempo, reorganizó su propia fuerza política y armó una coalición de partidos, el Frente Justicialista de Liberación Nacional (Frejuli), integrado por el justicialismo, el conservadorismo popular, el desarrollismo y la democracia cristiana.

            Un hecho represivo ocurrido unos meses antes, el 22 de agosto, vino a complicar aún más el clima político: el asesinato de 16 presos, todos ellos integrantes de organizaciones armadas, en la base Aeronaval Almirante Zar, cerca de la ciudad de Trelew, luego de un fallido intento de fuga, en lo que se conoce como “la masacre de Trelew”.             

            El gobierno convocó a elecciones presidenciales para el 11 de marzo de 1973, pero previamente procedió a reformar la Constitución Nacional, estableciendo la segunda vuelta si ninguno de los candidatos alcanzaba la mitad de los votos, reduciendo el mandato presidencial de seis a cuatro años y eliminando las elecciones parlamentarias de medio término. El resultado de la compulsa electoral dio el triunfo al justicialismo: Héctor Cámpora-Vicente Solano Lima (Frejuli) 5.907.464 votos (49,5 %);  Ricardo Balbín-Eduardo Gamond (Unión Cívica Radical) 2.537.605 (21,3 %); Francisco Manrique-Rafael Martínez Raimonda (Alianza Popular Federalista) 1.775.867 (14,9 %); Oscar Alende-Horacio Sueldo (Alianza Popular Revolucionaria) 885.201 (7,43 %). Si bien Cámpora no había sobrepasado el 50 % de los votos, su aproximación a esa cifra tanto como la diferencia con Balbín quitaron sentido a la realización de la segunda vuelta.

El breve gobierno de Cámpora, si bien comenzó en un clima de euforia, no alcanzó a ocultar las profundas diferencias internas que surcaban el movimiento peronista, con un ala izquierda, la denominada Tendencia Revolucionaria, que agrupaba a los sectores juveniles radicalizados ligados a Montoneros -que habían ocupados importantes espacios en su administración-; y el ala derecha, representada por la dirigencia sindical y por sectores políticos ligados a José López Rega, secretario privado de Perón y ministro de Bienestar Social. Además, el lema de la campaña electoral había sido “Cámpora al gobierno, Perón al poder” lo cual venía a demostrar el lugar que le cabía al nuevo presidente.

            Piedra angular de la política socieconómica del nuevo gobierno fue el “Compromiso para la reconstrucción nacional, la liberación y la justicia social”, más conocido como Pacto Social, suscripto por la CGT y la Confederación General Económica (CGE), que agrupaba a los empresarios, el 8 de junio. El mismo tenía por objetivo el crecimiento económico a partir de un fuerte impulso otorgado por el Estado, la disminución de la inflación y el aumento de la participación de los trabajadores en el ingreso nacional, para lo cual establecía un aumento salarial, el congelamiento de precios y la suspensión de negociaciones colectivas para los salarios por dos años.

            El conflicto entre ambas facciones del peronismo se puso de manifiesto el 20 de junio de 1973, en la multitudinaria concentración que reunió más de un millón de personas en los bosques de Ezeiza para recibir a Perón, que regresaba definitivamente al país, cuando nutridas columnas de la Juventud Peronista se vieron impedidas de acercarse al palco donde aquel hablaría al ser atacados con armas de fuego por grupos de civiles al mando de Jorge Osinde, encargado de la seguridad del acto. El avión que traía a Perón desvió su recorrido por razones de seguridad, aterrizando en la base aérea de Morón; “la masacre de Ezeiza”, como se la conoció, costó la vida a 13 personas, en tanto que casi 400 resultaron heridas. La gravedad del incidente complicó a Cámpora, que terminó renunciando junto con el vicepresidente Lima el 13 de julio. Lo sucedió Raúl Lastiri, presidente de la Cámara de Diputados.

            Vista esta situación, se impuso el llamado a nuevas elecciones presidenciales, donde los candidatos del oficialismo fueron el propio Perón acompañado por su esposa, María Estela Martínez (“Isabel”). Los comicios se realizaron el 23 de septiembre con el  siguiente resultado: Juan Perón-Isabel Perón (Frejuli): 7.359.139 de sufragios (61,8 %); Ricardo Balbín-Fernando de la Rúa (Unión Cívica Radical): 2.905.719 (24,4 %); Francisco Manrique-Rafael Martínez Raimonda (Alianza Popular Federalista): 1.450.998 (12,2 %), y Juan C. Coral-José Paez (Partido Socialista de los Trabajadores): 181.474 (1,54 %).

            Perón basó su estrategia política en la convivencia con los partidos opositores, el sostenimiento del Pacto Social y el reencauzamiento del movimiento justicialista, pero el asesinato del Secretario General de la CGT, José I. Rucci, por parte de la organización Montoneros (aunque el hecho nunca fue reivindicado por esta), apenas dos días después del triunfo electoral, vino a trastocar la última premisa. El cuestionamiento de sectores de la Tendencia Revolucionaria a algunos integrantes del gobierno y a la dirigencia sindical leal a Perón se profundizaron, detonando en la concentración que se reunió en la Plaza de Mayo para celebrar el Día del Trabajo de 1974. Allí, los Montoneros silbaron a la esposa del primer mandatario y calificaron negativamente el curso del gobierno, por lo cual Perón, desde los balcones de la Casa Rosada, los tildó de “estúpidos” e “imberbes”, provocando su retiro de la plaza. Fue la ruptura entre el viejo líder y el ala izquierda de su movimiento, cuya recomposición fue imposible pues Perón falleció el 1° de julio siguiente.

            Se hizo cargo del gobierno su esposa Isabel, quien no logró disminuir la conflictividad social ni la violencia política, sino todo lo contrario. En 1975 el número de víctimas mortales se acercó al millar, debido al fuego cruzado de la represión paraestatal implementada por la Alianza Anticomunista Argentina (AAA), instrumentada por José López Rega, y por el accionar de Montoneros y el ERP. En el mencionado año, también se desarrolló el Operativo Independencia, por parte del Ejército, para desbaratar el accionar del ERP en la provincia de Tucumán.

             A lo expresado debe sumársele la crisis económica, que hizo eclosión con el Rodrigazo, a mediados de año, un ajuste económico implementado por el ministro de Economía, Celestino Rodrigo, que dispuso el aumento de tarifas de servicios públicos, de combustibles y de transporte que en promedio superaban el 100 %, seguida por una devaluación del peso, todo lo cual aceleró la inflación. Como contrapartida, se estableció un aumento del 80% en los salarios. La CGT encabezó las protestas de los trabajadores, que se movilizaron masivamente, decretando un paro de actividades, el primero que se le hacía a un gobierno peronista. Como resultado de la crisis debieron renunciar Rodrigo y López Rega (este último abandonó el país).

            La debilidad del gobierno fue en aumento, acentuado por la falta de respuestas de la presidenta, la creación de un clima de desestabilización alentado por organizaciones empresarias nucleadas en la Asamblea Permanente de Entidades Empresarias y los medios masivos de comunicación, y la presión golpista de las propias Fuerzas Armadas, que terminaron por derrocar a Isabel Perón el 24 de marzo de 1976.

Durante la década comprendida entre 1966  y 1976 el comportamiento de la economía mostró vaivenes debido tanto a la diversidad de las políticas aplicadas en la materia por los distintos gobiernos como a la influencia de la economía internacional. La política económica de Onganía, instrumentada por el ministro del área, Adalbert Krieger Vasena, quien llevó adelante un plan consistente en la devaluación del peso, la aplicación de retenciones a las exportaciones agropecuarias con el objetivo de sanear las cuentas fiscales y la promoción de inversiones de capitales transnacionales. Asimismo, liberalizó el mercado cambiario, disminuyó los gravámenes a la importación de productos y aplicó una serie de medidas tendientes a sanar el gasto público. Al Estado le cupo un rol central en esta estrategia a través de la construcción de grandes obras de infraestructura, como por ejemplo el complejo hidroeléctrico El Chocón–Cerros Colorados, en la Patagonia. El relativo éxito en estabilizar la economía duró pocos años, pues la rentabilidad de estas medidas benefició a los grupos concentrados de la economía; así, entre 1969 y 1973 ésta siguió un rumbo errático.

            Con la llegada del gobierno peronista, se implementó por parte del ministro de Economía, José Ber Gelbard, el Plan Trienal Para la Reconstrucción y la Liberación Nacional 1974-1977, el cual buscaba estimular el crecimiento económico autónomo, incrementar la participación del sector productivo nacional –en especial la industria-, abrir nuevos mercados para exportar –con énfasis en los países de Europa Oriental- e incrementar la calidad de vida mejorando la distribución del ingreso. Ello con el sustento político del Pacto Social, ya referido. Los resultados fueron alentadores en un principio, pues creció el Producto Bruto Interno (5,3 % en 1974 frente a 3,1 % en 1972) y disminuyó la inflación (24 % en 1974 frente a 58,3 % en 1972). Sin embargo, los problemas políticos, acentuados luego del fallecimiento de Perón, el cierre del Mercado Común Europeo a las carnes argentinas y la crisis del petróleo a nivel internacional –debido al aumento del precio del mismo por parte de los países productores-, perjudicaron enormemente la marcha del plan, proceso que culminó en el Rodrigazo, ya referido.

            Un actor relevante de la vida nacional entre 1966 y 1976 fue el movimiento obrero, hegemonizado por la corriente vandorista, al punto que su líder apoyó el golpe de Estado de 1966, aunque se distanció del gobierno militar a comienzos del año siguiente. Su táctica de “golpear y negociar” para obtener poder y mejoras para los trabajadores, que tantos réditos le había conferido en el pasado, colisionó con la postura represiva de Onganía. De esa forma, cuando la CGT decretó una huelga general contra la política económica del gobierno el 1° de marzo de 1967, éste intervino varios gremios, entre ellos la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), y dejó sin efecto las negociaciones colectivas anteriores.

            Promediando la administración de Onganía, el movimiento obrero argentino estaba dividido en tres vertientes luego de la división de la CGT en 1968: la CGT Azopardo, mayoritaria, de tendencia vandorista, que agrupaba a la mayoría de los gremios; la Nueva Corriente de Opinión, el sector “participacionista” de gremios que apoyaban al gobierno; y la CGT de los Argentinos, la más crítica del gobierno, dirigida por el dirigente gráfico Raimundo Ongaro. Tiempo después, la violencia política también afectaría al movimiento obrero, pues fueron asesinados Vandor en 1969 y José Alonso al año siguiente, por parte de organizaciones armadas. La CGT se normalizó a mediados de 1970, cuando fue electo secretario general José I. Rucci, de la UOM, quien encolumnó a la central obrera detrás del liderazgo de Perón. Entre 1973 y 1976 el movimiento obrero organizado apoyó a los sucesivos gobiernos peronistas, comenzando por su participación en el Pacto Social, aunque no dejó de protestar cuando políticas de este afectaron el salario de los trabajadores.

            La universidad fue un ámbito tempranamente afectado luego del golpe de 1966, pues se dictó el decreto ley N° 17.245, que ordenó su funcionamiento institucional,  suprimiendo su autonomía. En la Universidad de Buenos Aires (UBA), algunas facultades fueron ocupadas por alumnos y profesores para resistir tal medida, pero la policía ingresó en ellas desalojándolas por la fuerza el 29 de julio en lo que se conoce como la “Noche de los Bastones Largos“. Como consecuencia de ello, unos 1.400 docentes e investigadores, entre cesanteados y renunciantes, abandonara la UBA, degradando seriamente con ello su nivel académico.

            El retorno del justicialismo al gobierno en 1973 tuvo lógicamente su correlato en el ámbito universitario: las Casas de Estudio fueron intervenidas hasta su normalización, que sucedió en marzo de 1974 al sancionarse una nueva ley universitaria, la N° 20.645, que establecía un gobierno tripartito entre docentes, estudiantes y trabajadores no docentes –es decir sin la participación de los graduados- y disponía taxativamente la gratuidad de la enseñanza. Desde la asunción de Cámpora y hasta el fallecimiento de Perón, predominó en las universidades una orientación marcada por la izquierda peronista, situación que cambió radicalmente durante el gobierno de Isabel, cuando se produjo una verdadera depuración ideológica dirigida esta vez por la derecha partidaria.

            Debe consignarse por último que en 1970 se llevó a cabo el VI Censo Nacional de Población, que dio como resultado que el país estaba habitado por 23.364.431 personas; de ellos, el 79 % vivían en zonas urbanas y el 11 % en zonas rurales. Los argentinos nativos constituían el 90, 5 % del total en tanto que los extranjeros eran el 9,5 % restante. Lo expuesto venía a demostrar dos cosas: el continuo proceso de despoblamiento rural y el casi completo agotamiento del proceso inmigratorio ultramarino.