Teórico – 1 primera parte

Unidad I: 1880-1930

Primera Parte, 1880-1916

El año de 1880 puede considerarse como una bisagra en la historia nacional debido a que se lo entiende como un momento en que nace una Argentina “moderna”, dejando atrás a la Argentina “tradicional”. Tres factores contribuyeron decididamente a ello y a la consolidación del Estado Nacional, a saber: la federalización de la ciudad de Buenos Aires; la denominada “Campaña al Desierto”; y el progresivo aumento del poder central en detrimento de los provinciales.

  • La sanción por el Congreso Nacional en 1880 de la ley que designó a la ciudad de Buenos Aires como la Capital de la República vino a terminar con un problema, la “cuestión capital”, que se venía arrastrando prácticamente desde la Independencia del país y que había desatado conflictos políticos y también armados ente Buenos Aires y el Interior.
  • Las autoridades españolas durante la época colonial como así también los sucesivos gobiernos patrios, llevaron adelante una política de expansión del espacio territorial hacia el sur de lo que hoy es nuestro país, a veces pactando con los pueblos originarios y otros reprimiéndolos. La culminación de esa política se dio entre los años 1879/1880, cuando una expedición militar punitiva al mando del general Julio A. Roca dio muerte a pueblos indígenas y expulsó a otros de sus tierras, incorporando amplias zonas de la región pampeana y la Patagonia al control efectivo de la República.
  • En los años previos e inmediatamente posteriores a 1880, los gobiernos nacionales fueron adquiriendo cada vez más atribuciones y poder en detrimento del que poseían las provincias. Por caso, se sancionaron el Código Civil, el Código Penal y el Código Comercial; se creó el Ejército y la Armada, suprimiéndose las milicias provinciales; y se estableció el peso como unidad monetaria en todo el territorio nacional.

            Las transformaciones operadas en el país a partir de 1880 fueron expuestas e implementadas por la denominada “Generación del ’80”, un grupo de hombres integrantes de una elite que se entendió a sí mismo con aptitud para comandar el país hacia un destino de modernización y “progreso” pero con prescindencia de los sectores populares, de allí a la implementación del fraude electoral como forma de acceso y mantenimiento en el poder. Una “oligarquía ilustrada” que adscribía a la filosofía positivista, anticlerical, liberal en materia económica pero autoritaria en política, cuya expresión partidaria fue el Partido Autonomista Nacional (PAN).

            El primer presidente de este régimen conservador fue Julio A. Roca, quien gobernó bajo el lema de “Paz y Administración”, orientación que no fue exclusiva de nuestro país pues se materializó en otros del continente como en México durante el régimen dictatorial de Porfirio Díaz (1876-1911), que expuso el mismo lema, y el Brasil en tiempos de la República Vieja (1889-1930) con el suyo muy similar escrito en su bandera: “Ordem e Progresso”.

            Del gobierno de Roca merece citarse su política de secularización de la sociedad, lo que lo llevó a enfrentarse con la Iglesia Católica. En ese sentido, fue emblemática la sanción en 1884 de la ley Nº 1420 de Educación Común, que establecía la educación obligatoria, gratuita y laica para el nivel elemental (primario), que se extendió también al nivel secundario. Y la ley de Registro Civil de las Personas, en el mismo año, que especificaba que los nacimientos y defunciones serían anotados por el Estado y no por la Iglesia, que venía realizando esa tarea. Complemento de las mencionadas fue la ley de Matrimonio Civil, sancionada en 1888, por la que el Estado reconocería a los efectos legales solo el matrimonio civil, no el religioso.

            A Roca lo sucedió su concuñado, Miguel Juárez Celman, ex gobernador de Córdoba, quien en el ejercicio del gobierno se caracterizó por un estilo personalista que acentuó los rasgos autoritarios del régimen conservador que se denominó Unicato, pues el Presidente de la Nación era simultáneamente titular del PAN, el partido hegemónico.

El ejercicio del fraude electoral y los efectos de la crisis económica minaron la credibilidad del gobierno a la vez que alentaron la conformación de un polo opositor que nació en 1889 con el nombre de Unión Cívica de la Juventud que al año siguiente se transformó en la Unión Cívica, integrada por un grupo heterogéneo de políticos: mitristas, católicos, autonomistas, independientes, etc. Estos llevaron adelante el 26 de julio de 1890 una revolución que intentó derrocar al gobierno. Si bien fracasó en su cometido, el presidente Juárz Celman se vio obligado a dimitir, sucediéndolo en el cargo el vicepresidente Carlos Pellegrini

            En 1891, a partir de un acuerdo que el gobierno estableció con un sector de la Unión Cívica, esta se dividió en Unión Cívica Nacional, liderada por el dialoguista Bartolomé Mitre, y la Unión Cívica Radical, encabezada por Leandro N. Alem, férreamente contrario a ese acercamiento. La Unión Cívica Radical (radicalismo) se convertiría rápidamente en el principal partido opositor al régimen conservador, primero al mando de Alem y luego de Hipólito Yrigoyen, cuyas banderas eran la lucha por el sufragio libre y la defensa de la plena vigencia de la Constitución Nacional, de las que se hicieron eco vastos sectores medios. Tres fueron los principios de acción que guiaron al radicalismo en esos años: la intransigencia, es decir el rechazo a todo tipo de acuerdo con los gobiernos conservadores; la revolución, es decir los intentos de derrocar por la fuerza al régimen gobernante, lo que se llevó a cabo sin éxito en 1893 y 1905; y la abstención, esto es la no participación en comicios viciados de fraude.

            El ejercicio continuado del fraude, el malestar en ámbitos políticos opositores y el desgaste del PAN, que perdió fuerza y prácticamente dejó de existir en la primera década del siglo XX, permitieron que sectores lúcidos del régimen gobernante accedieran al poder con Roque Sáenz Peña en 1910. Este, con la colaboración de su ministro del Interior, Indalecio Gómez, impulsó la sanción de una ley electoral que vino a remediar la forma en que se ejercía el sufragio hasta ese momento, en el que el voto era voluntario (había que inscribirse en un padrón si se deseaba sufragar), cantado (el votante debía manifestar el nombre del candidato preferido) y de lista incompleta (el partido que ganaba la elección ocupaba todos los cargos en disputa sin que le correspondiese ninguno al resto de las fuerzas participantes). Así fue que en 1912 se sancionó la ley Nº 8871, conocida como ley Sáenz Peña, que estipulaba que el voto sería obligatorio para los hombres según el padrón militar, secreto y de lista incompleta, por lo que el partido triunfante obtendría los dos tercios de la representación y la minoría el tercio restante. Si bien no contemplaba el voto femenino y los extranjeros solo podían votar si se nacionalizaban, la ley fue un avance en que respecta a los derechos políticos ciudadanos. Se aplicó por primera vez en la elección presidencial de 1916, de la que resultó triunfante el candidato radical Hipólito Yrigoyen.

            Para concluir con la aproximación a la política de este período de la historia argentina, una mirada a la política exterior muestra una relación de “dependencia consentida” de nuestro país respecto de Gran Bretaña, la principal potencia de la época y el socio económico más importante de la Argentina. Y el anuncio en 1902 por parte del ministro de Relaciones Exteriores José M. Drago de una doctrina jurídica adoptada tiempo después por la comunidad internacional y que lleva su nombre. La misma establece que ningún Estado extranjero puede utilizar la fuerza contra una nación americana con la finalidad de cobrar una deuda financiera.

            En materia económica, durante los años del régimen conservador se materializó  el modelo agroexportador, consistente en la incorporación al mercado mundial del país como productor y exportador de productos primarios (cereales y carne) y como importador de productos manufacturados, intercambios que se realizaban con Europa, especialmente Gran Bretaña. La principal región productora y “motor” de este modelo económico y comercial fue la Pampa Húmeda, es decir el territorio conformado por la mayor parte de la provincia de Buenos Aires, la zona sur de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba y el oeste de La Pampa, donde predominó la gran propiedad. La transformación agrícola fue de tal magnitud que colocó a la Argentina en los primeros puestos entre los países exportadores de trigo y maíz. Un indicador es el de la superficie cultivada en todo el territorio nacional y su distribución regional:

AñoHectáreas cultivadasRegión pampeana
18882.459.12065 %
18954.892.00475 %
191018.290.41965 %
191422.131.10661 %

En materia ganadera, el aumento de las cabezas de ganado vacuno y ovino especialmente fue la condición necesaria para el desarrollo de la industria frigorífica, que procesaba y exportaba carne enfriada. Entre los últimos años del siglo XIX y las primeras décadas del XX, se instalaron en la zona costera que comprende desde Rosario a La Plata y en la Patagonia austral (Santa Cruz y Tierra del Fuego) grandes frigoríficos de capital norteamericano (Armour, Swift, Wilson) e inglés (Anglo, Smithfield).

Era fundamental para el desarrollo y funcionamiento del sistema agroexportador contar con medios de transporte que llevaran la materia prima al puerto y de este a todo el país las manufacturas extranjeras. Se construyó entonces una extensa red ferroviaria a través de empresas inglesas cuyo formato era similar al de un abanico convergente en el puerto de Buenos Aires. A continuación la evolución de esta red, cuya dos terceras partes estaban tendidas en la región pampeana.

AñoKilómetros
1870732
18802.516
18909.432
190016.536
190519.794
191027.993
191533.710

            Pero el desarrollo de este modelo trajo consecuencias desiguales: positivas para la región pampeana pero no así para otras como la patagónica, la del noreste o la del noroeste. Lograron abastecer el mercado interno y por tanto tener una relativa prosperidad las producciones vitivinícola de Cuyo y la azucarera de Tucumán

            En cuanto a la sociedad, el proceso más destacado de los años estudiados fue el inmigratorio, que por su magnitud impactó decisivamente en la estructura social argentina, logrando transformarla en gran medida. Merece destacarse aquí la sanción de la ley de Inmigración y Colonización de 1876, que estipulaba su fomento. Así fue que  entre 1870 y 1913 el saldo migratorio fue de más de 3.000.000 de personas, la mayoría proveniente de ultramar, principalmente de Italia y España, nacionalidades que  sumadas alcanzaban más del 70 % del total a fines del siglo. Su distribución sin embargo fue desigual, nunca inferior al 40 % en la región pampeana, asentándose principalmente en las grandes ciudades como Buenos Aires, Rosario y Córdoba, y no tanto en las zonas rurales, motivado esto en gran parte porque no tuvieron acceso a la propiedad de la tierra. Algunas cifras brindadas por los censos de población de 1869, 1895 y 1914 permiten una cabal aproximación al fenómeno que se está describiendo.

CensoPoblaciónUrbanaRuralArgentinosExtranjeros
18691.830.21433 %67 %87,9 %12,1 %
18954.044.91142 %58 %74,5 %25,5 %
19147.903.66258 %42 %69,3 %30,3 %

Este verdadero “aluvión” inmigratorio impactó en los espacios públicos y privados de las ciudades, que no contaban con una infraestructura adecuada para recibir tamaña cantidad de personas. La insuficiencia de unidades habitacionales dignas derivó en la proliferación de conventillos, que eran las viviendas colectivas más densamente habitadas. En Buenos Aires por ejemplo, en 1887 había 2.835 conventillos donde moraban un total de 116.167 personas, el 65,7 % de ellas extranjeras y el restante 34,3 % argentinas. Las condiciones de vida eran tan precarias que en 1907 se produjo en Buenos Aires, Rosario y Bahía Blanca una huelga de inquilinos, que se negaron a pagar los altos precios de los alquileres.

            El devenir del modelo económico de la época fue acompañado del surgimiento y desarrollo de un incipiente y respetable movimiento obrero, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, que brindaba su fuerza de trabajo en las actividades derivadas de aquel: gremios industriales, como los trabajadores de la carne; de servicios, como portuarios y ferroviarios; y de oficios, como albañiles, carpinteros, panaderos, zapateros, carreteros, marmoleros, etc.

Tres fueron las corrientes político-ideológicas en que se dividió el movimiento obrero de entonces: la anarquista, la socialista y la sindicalista. Los anarquistas descreían de la organización estatal, proponían un nuevo tipo de sociedad y sus reclamos lo hacían a través de la “huelga general revolucionaria” y de acciones violentas; se agruparon en 1905 en la FORA (Federación Obrera Regional Argentina) V Congreso. Los socialistas, respetuosos de las instituciones, entendían que la mejora de la situación de los trabajadores vendría a través de las leyes que podía sancionar el Congreso; constituyeron en 1903 la UGT (Unión General de Trabajadores). Y los sindicalistas,  pragmáticos, entendían que solo a través de la labor de los gremios, sin identificación partidaria, se podían obtener mejoras; se agruparon a partir de 1915 en la FORA IX Congreso.

            Frente a esta realidad, el Estado del régimen conservador adoptó una actitud represiva, tanto física como legal. En el primer caso, las manifestaciones y concentraciones obreras eran generalmente reprimidas violentamente por la policía, como la del 1° de mayo de 1909, a cargo del coronel Ramón Falcón, que costó la vida a varios trabajadores. El Congreso por su parte sancionó dos leyes en la misma dirección: la de Residencia, en 1902, que autorizaba al Poder Ejecutivo a expulsar a todo extranjero cuya conducta fuera considerada peligrosa. Y la de Defensa Social, en 1910, la cual prohibía la entrada al país a los anarquistas y toda otra persona que preconizara actos violentos contra las instituciones públicas.

Lobato, Mirta y Suriano, Juan. Atlas histórico de la Argentina. Buenos Aires, Sudamericana, 2000, p. 299.

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