Teórico 1 segunda parte
Unidad I: 1880-1930
Segunda Parte, 1916-1930
La puesta en práctica de la ley Sáenz Peña en las elecciones de 1916 le permitieron a la Unión Cívica Radical acceder al gobierno. La fórmula integrada por Hipólito Yrigoyen-Pelagio Luna obtuvo unos 340.000 votos, relegando a las presentadas por los conservadores (153.000), demócrata-progresistas (123.000) y socialistas (53.000). Con la llegada de Yrigoyen se produjo un cambio sustantivo en la forma de hacer política, pues el nuevo mandatario era un líder popular que utilizaba novedoso métodos de conducción a partir de la influencia ejercida en sectores medios y populares urbanos que en su mayoría habían estado, hasta ese momento, al margen de la participación política. La orientación reformista del radicalismo tenía puntos de contacto con otras experiencias gubernativas regionales como las del presidente José Battle y Ordoñez en Uruguay (1903-07 y 1911-15) y la de Arturo Allesandri en Chile (1920-25).
Uno de los problemas más complicados con los que tuvo que lidiar el presidente fue con la oposición conservadora, que tenía mayoría en la cámara de Senadores –en la de Diputados la mayoría era radical-, que le trabó un gran número de iniciativas. Entre los proyectos enviados para su tratamiento que no pudieron materializarse, se cuentan: creación de la Gendarmería Nacional; creación de la Marina Mercante Nacional, creación del Banco Agrícola, provincialización de los territorios nacionales de La Pampa, Misiones y Chaco. Fue así que el presidente recurrió en no pocas oportunidades a la intervención federal de distintas provincias, 20 en total durante todo su mandato: 15 por decreto y 5 por ley, lo cual profundizó las distancias con la oposición. En materia de política internacional, Yrigoyen mantuvo la neutralidad del país durante la Primera Guerra Mundial, que venía del gobierno anterior.
En 1922 se realizaron las elecciones presidenciales en donde nuevamente volvió a triunfar el radicalismo con la fórmula Marcelo T. de Alvear – Elpidio González, que obtuvo 460.000 votos frente a 200.000 de Concentración Nacional (conservadores), 73.000 de los demócrata-progresistas y 54.000 de los socialistas. La presidencia de Alvear se caracterizó por un período de paz social, aunque signada por la división del partido gobernante entre “personalistas” y “antipersonalistas”, es decir por seguidores y adversarios de Hipólito Yrigoyen, el líder partidario. Alvear, cuyo estilo de gestión se diferenciaba de aquel, permitió la participación de antipersonalistas en su gobierno, lo que provocó conflictos con personalistas que controlaban el aparato partidario y algunas provincias, como la de Buenos Aires. La ruptura se materializó en 1924 con la formación de la Unión Cívica Radical Antipersonalista.
Para las elecciones de 1928 los antipersonalistas habían elegido la fórmula Leopoldo Melo-Vicente Gallo, la que fue apoyada por los conservadores, conformando el Frente Único, binomio que recibió el acompañamiento de los grandes medios de comunicación como La Prensa y La Nación y de grupos de la derecha nacionalista entre otros. Enfrentaron a Hipólito Yrigoyen-Francisco Beiró, la fórmula del radicalismo, en una compulsa sumamente polarizada a favor o en contra de aquel, al punto que se la denominó por ello “el Plebiscito”. El triunfo del caudillo radical, que de ese modo accedía por segunda vez a la primera magistratura de la Nación, fue contundente, pues alcanzó los 460.000 sufragios (61 %), seguidos del Frente Único, que alcanzó 440.000 (31 %) y de los socialistas con 65.000 (4,9 %).
A pesar de este apoyo popular, el gobierno yrigoyenista se fue mostrando débil y errático en el ejercicio del poder, a lo que se sumaba la avanzada edad del presidente. La oposición por su parte, redobló las críticas, que fueron acompañadas por una campaña mediática de desprestigio por parte de los medios de comunicación. La crisis económica mundial comenzó a sentirse en el país, lo que provocó la caída de popularidad del gobierno, lo cual se verificó en las elecciones parlamentarias de marzo de 1930. A esto debe sumársele el aumento de las tendencias golpistas en las fuerzas armadas, en especial en el Ejército. La conspiración militar tuvo dos líneas, una liberal encabezada por el general Agustín P. Justo –había sido ministro de Guerra de Alvear-, y otra nacionalista al mando del general José F. Uriburu. Este último fue el que encabezó el derrocamiento del presidente constitucional el 6 de septiembre de 1930, en lo que fue el primer golpe de Estado del siglo XX.
En materia económica, el radicalismo en el gobierno no cuestionó el modelo agroexportador, por lo que el mismo mantuvo su vigencia. Luego de superar la crisis ganadera de 922-23, dicho esquema funcionó hasta la crisis de 1930. Por caso, las hectáreas sembradas pasaron de 22.193.190 en 1914 a 27.195.855 en 1930, las cabezas de ganado vacuno de 25.876.800 a 32.211.800 en los mismos años, y la red ferroviaria de 33.710 kilómetros en 1915 a 38.122 en 1930. Las exportaciones se continuaron dirigiendo a Europa, pero los Estados Unidos se fueron posicionando como principal proveedor de bienes de consumo. La década de 1920 presencia la radicación de capitales de ese país en rubros como el automotriz (Chrysler, General Motors); metalúrgica y maquinaria (Otis Elevator, Remington Rand); artículos eléctricos (Standard Electric, General Electric); artículos farmacéuticos (Parke Davis, Colgate Palmolive); e industria alimenticia (Toddy) entre otros.
Pero uno de los aspectos económicos más relevantes de los gobiernos radicales fue el del petróleo, en lo que se conoce históricamente como “la cuestión petrolera”. Sucedió que el descubrimiento del primer yacimiento petrolífero del país en Comodoro Rivadavia el 13 de diciembre de 1907, dio inicio al tratamiento que sucesivas administraciones gubernativas le otorgaron a esta riqueza. Los capitales estatales y privados nacionales fueron insuficientes para lograr la producción que abasteciese la demanda interna, por lo que se permitió el ingreso de compañías extranjeras para exploración y explotación de hidrocarburos. Posteriormente, el presidente Yrigoyen creó el 3 de junio de 1922 Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), la empresa estatal de petróleo, y designó al frente de la misma al general Enrique Mosconi. En 1925, durante la presidencia de Alvear, se inauguró la Destilería de YPF de La Plata, que sería la refinería más importante del país.
Hacia el año 1927 se planteó desde sectores yrigoyenistas tanto la nacionalización de los yacimientos de petróleo como el monopolio del mismo por parte del Estado, lo que no se concretó por la oposición que se manifiestó en el Congreso Nacional. En 1929, YPF era la principal empresa petrolera del país por su producción de combustibles, seguida por la Compañía Ferrocarrilera de Petróleo, formada por las empresas ferroviarias inglesas radicadas aquí; por la Standard Oil, de origen norteamericano; Astra, integrada con capitales alemanes y argentinos; la Anglo Persian (inglesa); y la Royal Dutch (holandesa).
En lo que respecta a la sociedad de la época, continuó un proceso ya iniciado de urbanización paralelo al avance de los sectores medios, producto de cierta movilidad social. En cuanto al proceso inmigratorio, luego de un saldo negativo durante la primera Guerra Mundial (1914-18), la situación se revirtió al punto de que entre 1919 y 1930 se produjo un saldo positivo de un millón de personas que se radicaron en el país.
Con relación al movimiento obrero en estos años, cuatro tendencias tuvieron participación activa en la vida gremial, a saber: el sector sindicalista, cuyos gremios formaron en 1922 la Unión Sindical Argentina (USA); el socialista, que se agrupó en 1926 en la Confederación Obrera Argentina (COA); el anarquista, muy debilitado, que siguió representado por la antigua FORA V Congreso; y otro que adquirió presencia durante la década del ’20, el comunista, cuyos gremios crearon en 1929 la Comité de Unidad Sindical Clasista (CUSC).
En cuanto a la política obrera de los gobiernos radicales, la actitud de estos se diferenció de la de los gobiernos conservadores que lo precedieron en cuanto intentaron ser tolerantes y apelar a la negociación en los conflictos, lo que no siempre lograron. En los primeros años del gobierno de Yrigoyen se sucedieron una serie de huelgas importantes, algunas der las cuales concluyeron favorablemente para los obreros gracias a la mediación gubernamental, como el caso del gremio portuario en 1916. Pero también se produjeron conflictos que adquirieron un cariz diferente, como el que se produjo en enero de 1919 en la Capital Federal, conocido como la Semana Trágica. Todo comenzó con una huelga en los talleres metalúrgicos Vasena, que derivaron en movilizaciones obreras y una represión policial y militar violentísima que recayó sobre trabajadores identificados con el anarquismo y el comunismo, con un saldo de numerosos muertos y heridos.
Otro momento represivo ocurrió en Santa Cruz en el verano de 1921, recordado como la Patagonia Rebelde. Allí, ante la baja de los precios de la lana, que los dueños de las estancias respondieron despidiendo trabajadores o disminuyéndoles el sueldo, estos respondieron declarándose en huelga, organizada por la Sociedad Obrera de Río Gallegos, dirigida por los anarquistas. El gobierno envió tropas para terminar con el conflicto, desatando una feroz represión que costó la vida a cientos de obreros.
Finalmente, debe mencionarse un acontecimiento de enorme significación para la vida universitaria producido en 1918, la Reforma Universitaria. Sucedía que el funcionamiento de las universidades nacionales de Córdoba, Buenos Aires y La Plata, que eran las únicas del país -las de Santa Fe y Tucumán eran de carácter provincial-, se regían por las disposiciones de la denominada ley Avellaneda de 1885, que no contemplaba la participación estudiantil. Estas Casas de Estudio, con un total de 7.500 alumnos apenas, representaban un baluarte de la tradición, símbolo de la oligarquía en el poder hasta 1916, fuertemente influidas por el clericalismo –especialmente la de Córdoba-, y que se mostraba además reacia al progreso científico.
Originado en la capital mediterránea por los estudiantes que reclamaban participación en el gobierno universitario, el movimiento reformista tuvo su Manifiesto Liminar, dado a conocer el 21 de junio de 1918. El movimiento recibió el apoyo del gobierno nacional, logrando imponerse a partir de la modificación de los Estatutos de cada Universidad, de modo de permitir la constitución de un gobierno tripartito integrado por profesores, graduados y alumnos. Así, el establecimiento de la autonomía, del cogobierno, la docencia libre, la periodicidad de cátedra y la extensión universitaria, apuntaron no solo a ampliar las bases sociales de la institución universitaria sino a mejorar la calidad académica.
