Teórico 2
Unidad II: 1930-1943
El golpe de Estado de 1930, que dio inicio a la denominada restauración conservadora, se vino gestando por parte de sectores golpistas militares y civiles desde el mismo momento en que Hipólito Yrigoyen fue reelecto presidente de la Nación en 1928. Más allá de los errores y deficiencias de ese gobierno, las nocivas consecuencias que se sintieron en el país debido a la crisis financiera y económica mundial fueron el catalizador de actitudes antidemocráticas que, apoyadas por los medios de prensa de la época, como los tradicionales La Prensa y La Nación y los populares como Crítica, fueron esmerilando la autoridad presidencial y alimentando su destitución. Finalmente, el 6 de septiembre de 1930 Yrigoyen fue desalojado del gobierno y reemplazado por el general José Félix Uriburu, quien instauró una dictadura militar. Debe consignarse al respecto que la Corte Suprema de Justicia de la Nación convalidó el gobierno de facto resultante del golpe fundándolo “en razón de policía” y de que el mismo “ejerce la función administrativa y política derivada de su posesión de la fuerza como resorte y de seguridad social”.
El gobierno de Uriburu persiguió a quienes adherían a las expresiones políticas opositoras, como radicales, comunistas y anarquistas, aplicando la ley marcial inclusive. Desde el punto de vista político, y alentado por sectores nacionalistas, Uriburu pretendió instaurar una sociedad jerárquica e imponer una forma de gobierno corporativo, intento que no prosperó. El plan concebido contemplaba ganar apoyo para ese fin, por lo cual el gobierno convocó a elecciones en varias provincias, entre ellas la de Buenos Aires, en la creencia de que el triunfo correspondería a fuerzas conservadoras afines. Pero el triunfo fue del radicalismo en las elecciones bonaerenses del 5 de abril de 1931, lo que dio por tierra con el plan, obligando a Uriburu a convocar a elecciones presidenciales para fines de ese año.
Para dicha compulsa electoral, los sectores políticos afines al gobierno conformaron una coalición que controlaría la vida política del país hasta 1943 denominada Concordancia, integrada por el Partido Demócrata Nacional (conservadores), el radicalismo antipersonalista y el socialismo independiente, que llevó la fórmula integrada por el general Agustín P. Justo y Julio A, Roca (h). El radicalismo por su parte eligió la fórmula Marcelo T. de Alvear-Adolfo Güemes, pero el gobierno la vetó, por lo que el partido declaró la abstención electoral, que mantuvo hasta 1935.
Enfrentó a la Concordancia la Alianza Civil, integrada por el Partido Demócrata Progresista y el Partido Socialista, con la fórmula Lisandro de la Torre-Alfredo Palacios. El resultado de la elección, viciado de prácticas fraudulentas, fue de 607.000 sufragios para Justo-Roca frente a 436.000 de de la Torre-Palacios.
El gobierno de Justo tuvo el apoyo de las Fuerzas Armadas y presenció además un resurgir del poder de la Iglesia Católica en un contexto antiliberal a nivel internacional. Una de las características de su gobierno fue el ejercicio del fraude, llamado “patriótico” por sus seguidores, verdaderamente escandaloso en provincias como Buenos Aires por ejemplo, que permitió en 1936 el acceso al gobierno de Manuel Fresco, de claras simpatías fascistas. Donde las elecciones fueron limpias triunfó la oposición, como en Córdoba, donde fue electo el radical Amadeo Sabattini en 1935.
Otra característica fue la ocurrencia de hechos de corrupción, como el que afectó al comercio de carnes, denunciado por el senador Lisandro de la Torre en 1935, de significativa magnitud y repercusión política. El denunciante probó en su investigación que los frigoríficos extranjeros radicados en nuestro país evadían impuestos nacionales y controles cambiarios, ocultando su documentación a las autoridades impositivas, practicando además una doble contabilidad. Dichas prácticas contaban con la anuencia del gobierno a través de los ministros de Agricultura, Luis Duhau, y de Hacienda, Federico Pinedo, a quienes acusó de la Torre. La denuncia tuvo una deriva trágica pues un matón profesional al servicio de los conservadores ingresó al recinto del Senado y asesinó al senador electo Enzo Bordabehere, amigo y discípulo de de la Torre. Esto no hizo más que aumentar el descrédito del gobierno en amplios sectores de la opinión pública.
Para las elecciones presidenciales del 5 de septiembre de 1937, la Concordancia presentó la fórmula Roberto Ortiz-Ramón Castillo, radical antipersonalista el primero y conservador el segundo. La Unión Cívica Radical, que había levantado la abstención, el binomio Marcelo T. de Alvear- Enrique Mosca y los socialistas Nicolás Repetto-Arturo Orgaz. En la elección, donde se practicó fraude, el oficialismo obtuvo 1.095.000 votos, el radicalismo 815.000 y el socialismo 51.000. Durante su gobierno Ortiz intentó limpiar la imagen de fraude y corrupción que acompañaba al oficialismo. En el primer caso tuvo avances importantes pues intervino las provincias de Catamarca –de donde era oriundo el vicepresidente- y luego la de Buenos Aires, en este último caso anulando la elección fraudulenta en la que había triunfado Alberto Barceló, el sucesor de Fresco. Respecto del segundo caso tuvo menos éxito pues estalló un sonado hecho de corrupción que venía del gobierno anterior, en el que se adquirieron tierras por parte del ministerio de Guerra destinadas a la ampliación del Colegio Militar, en el Palomar, que se pagaron con sobreprecios y cuya diferencia fue a manos de funcionarios y legisladores.
Por razones de salud Ortiz debe pedir licencia en 1940, siendo reemplazado por el vicepresidente Castillo, que gobernó hasta el golpe de Estado de 1943, permitiendo el retorno de la venal maquinaria conservadora. De ambos gobiernos debe destacarse que mantuvieron neutral al país desde 1939, año en que estalló la Segunda Guerra Mundial, pese a las críticas de la oposición política, que se manifestaba en favor del bando aliado, y que calificaba la postura oficial de proalemana.
A comienzos de 1943, la dirigencia política tenía su mira en las elecciones de renovación presidencial de fines de ese año. Mientras los partidos opositores exploraban una unión para vencer al oficialismo, éste eligió la fórmula integrada por Robustiano Patrón Costas, un empresario azucarero aliadófilo, senador por la provincia de Salta, a quién secundaría el ex gobernador de Santa Fe Manuel de Iriondo, radical antipersonalista. Pero las elecciones no se llevarían a cabo –tampoco el probable fraude- pues el gobierno de Castillo fue derrocado en junio de 1943.
En materia económica y financiera, la crisis que comenzó con el crack de Wall Street en octubre de 1929 y se propagó rápidamente por todo el mundo capitalista, llegó a nuestro país durante la última etapa del gobierno de Yrigoyen, extendiéndose por varios años con sus consecuencias de desocupación y miseria. Efectivamente, entre 1929 y 1932 disminuyeron el comercio mundial, el valor de los productos, especialmente el de las materias primas y el movimiento internacional de capitales. Frente a esta realidad, los países comenzaron a adoptar medidas dirigistas y proteccionistas donde el Estado adquirió cada vez más relevancia en el diseño de las políticas económicas; en los hechos era el fin del multilateralismo y su reemplazo por el bilateralismo.
En nuestro país, esto significó el fin de un modelo económico basado en el librecambio vigente desde 1880. De este modo, los gobiernos de la década de 1930 enfrentaron la crisis adoptando medidas de carácter financiero y de regulación económica. Entre las primeras se cuentan el establecimiento del impuesto a los réditos en 1931, el control de cambios en 1933 para regular la compra y venta de divisas, y la creación en 1935 del Banco Central, destinado a controlar y regular las instituciones bancarias y financieras. De las segundas deben destacarse la creación en 1933 y 1934 de las juntas reguladoras de la producción, que funcionaron con el fin de controlar la producción y equilibrar la oferta y la demanda. Ellas fueron la Junta Reguladora de Granos, la Junta Reguladora de Vinos, la Junta Reguladora de la Industria Lechera, la Junta Nacional de Carnes, la Junta Nacional del Algodón y la Comisión Reguladora de la Producción y de la Yerba Mate.
Una de las medidas adoptadas para combatir el desempleo a través de la obra pública fue la creación en 1932 de la Dirección Nacional de Vialidad, que tenía por fin la construcción y mantenimiento de carreteras. Hasta fines de la década se habían construido cerca de 2.000 km. de caminos, entre ellos los que unían Buenos Aires con Rosario y Córdoba, Rosario con Santa Fe y Buenos Aires con Mar del Plata.
Pero el tema a encarar fue la debilidad tradicional de la estructura agropecuaria argentina ante la tendencia al proteccionismo de los países industrializados y la emergencia de relaciones comerciales de tipo bilateral. La cuestión se aceleró como consecuencia de la Conferencia de la Comunidad Británica de Naciones que se celebró en Otawa en 1932, en la cual Gran Bretaña decidió adoptar el principio de “proteccionismo imperial”, esto es dar preferencia comercial a sus dominios y a la vez establecer restricciones a las importaciones de países ajenos, entre ellos la Argentina. La necesidad de nuestro país de asegurarse una cuota de exportación de carnes a Gran Bretaña llevó a la firma en Londres en 1933 del Pacto Roca-Runciman. Por el mismo, ese país se comprometía a adquirir una cuota de importación de carne argentina, reservándose sin embargo el derecho de restringirla en un 10% si le conviniera, la que además debía ser procesada en un 85 % en frigoríficos de capital inglés y norteamericano y transportada en buques mercantes británicos.
La Argentina a su vez se comprometía a: 1. mantener libre de derechos el carbón que importaba de Gran Bretaña; 2. del resto de las importaciones inglesas, el compromiso de no imponer ningún nuevo derecho ni aumentar los existentes; 3. no reducir las tarifas ferroviarias; 4. destinar a compras en Gran Bretaña la totalidad de las divisas provenientes de compras inglesas en la Argentina; 5. otorgar un tratamiento benévolo a las empresas británicas de servicios públicos.
Sectores de la oposición radical, demoprogresista y nacionalista criticaron con dureza el Pacto, que lo entendieron no solo como desfavorables en lo estrictamente económico sino como lesivo para el interés y la soberanía nacionales. Declaraciones poco felices pronunciadas luego de su firma, como las del diplomático Guillermo Leguizamón, que dijo que “la Argentina se parece a un importante dominio británico” o la del propio Julio Roca (h) de que “la Argentina, por su interdependencia recíproca es, desde el punto de vista económico, parte integrante del imperio británico”, no hicieron más que otorgarle fundamentos a aquellas críticas.
Otra de las consecuencias de la crisis económica fue el inicio de un proceso de crecimiento de la industria nacional, que se denominó de Industrialización por Sustitución de Importaciones, pues comenzaron a elaborarse en el país productos que antes se importaban. Este proceso no fue el resultado de un proyecto de fomento industrial sino que los gobiernos conservadores lo permitieron por la necesidad de adaptación de la economía nacional a los cambios producidos por la crisis mundial. Varios fueron los factores que contribuyeron a este desarrollo manufacturero: la desvalorización del peso y el aumento de los derechos aduaneros a partir de 1931, lo que desalentaba las importaciones; la existencia de mano de obra abundante, barata y competente; y la existencia de un mercado interno consumidor relativamente importante.
De acuerdo al censo industrial de 1935, la mayoría de las industrias estaban radicadas en el Litoral y los principales rubros eran el alimenticio, el textil, el de la construcción y el metalúrgico. Se produjo en consecuencia un aumento de la cantidad de establecimientos industriales, del personal ocupado en ellos, y de la fuerza motriz empleada, tal como puede verse en el cuadro siguiente:
| Año | Establecimientos | Personal ocupado | Fuerza motriz (miles de HP) |
| 1935 | 38.456 | 467.315 | 2.681.700 |
| 1939 | 50.361 | 619.233 | 3.292.200 |
| 1943 | 61.172 | 869.185 | 3.861.600 |
La sociedad argentina de los años ’30 sufrió una serie de transformaciones producto en gran parte también de la crisis económica. Sucedió que la depresión de las zonas rurales provocó el abandono de esas regiones por parte de personas que se dirigieron a las grandes ciudades como Buenos Aires y en menor medida Rosario, Córdoba y Santa Fe, a prestar su fuerza de trabajo en las industrias en pleno crecimiento. Estas migraciones internas reemplazaron de hecho a las corrientes inmigratorias ultramarinas, que disminuyeron significativamente. El éxodo desde las provincias fue un proceso comparable al producido por la inmigración extranjera a comienzos de siglo. Como consecuencia de ello se acentuó la urbanización de la población argentina y también el crecimiento del Gran Buenos Aires.
Con relación al movimiento obrero organizado, el hecho más destacado fue la constitución de la Confederación General del Trabajo (CGT) el 21 de septiembre de 1930, producto de la fusión de la Confederación Obrera Argentina (COA), de tendencia socialista, con la Unión Sindical Argentina (USA), sindicalista. Si bien la CGT nació en un contexto sumamente adverso por los efectos de la desocupación y de la represión dictatorial, con los años se convertiría en la principal central obrera nacional. En 1935 se produjo la primera división en la CGT al alejarse de la misma los sindicalistas, que al poco tiempo recrearon la USA, pero recibiendo la incorporación de los gremios comunistas. De este modo la CGT celebró su congreso constituyente en 1936, con preponderancia socialista y comunista, sancionando su respectivo Estatuto.
En el transcurso de los años conservadores el movimiento obrero fue creciendo y con ello la presencia política y social de la CGT y los sindicatos adheridos a ella, que llevaron adelante varias huelgas en reclamo de mejoras salariales y de condiciones de trabajo. Entre ellas la de los telefónicos en 1932, que duró 52 días, la de los obreros del calzado en 1933 (40 días), la de los madereros en 1934 (46 días) y la de los trabajadores de la construcción en 1936 (93 días).
En vísperas del golpe de Estado de 1943, la CGT se dividió otra vez por discrepancias internas en CGT Nº 1 y CGT Nº 2.
