Teórico 8 1983 – 2001

Unidad V: 1983-2001

Gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989)
Raúl Alfonsín asumió como nuevo presidente de la República el 10 de diciembre
de 1983, portando un mensaje de respeto por la Constitución Nacional, las libertades
públicas y la convivencia pacífica, prometiendo además que su gestión defendería
valores tales como la vida, la paz, la seguridad individual y la convivencia democrática.
En ese sentido, su compromiso con los derechos humanos lo llevó a promover la
derogación de la ley de amnistía dictada por los militares el año anterior, a decretar el
juzgamiento de las Juntas militares y de la cúpula de las organizaciones guerrilleras y a
crear la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), que tenía por fin indagar acerca de las violaciones de los derechos humanos ocurridos en los años de la dictadura militar (1876-1983). Presidida por el escritor Ernesto Sábato, la Comisión entregó el 20 de septiembre de 1984 su informe al presidente –que se publicó con el título de Nunca Más-, en el cual se recogieron 8.961 denuncias por desaparición, se describieron 340 centros clandestinos de detención y se detalló el accionar de 1.300 personas comprometidas en la represión. El texto condenaba los “dos extremismos”, es
decir el de las organizaciones guerrilleras y el de los militares, en lo que se conoció como “teoría de los dos demonios”, aunque realizaba un exhaustivo análisis del terrorismo de Estado.
Al año siguiente, y en base al informe de la CONADEP, se procedió al juzgamiento de las tres primeras Juntas Militares que habían gobernado el país desde 1976 por parte de un tribunal presidido por Carlos Arslanián, cuyo veredicto se produjo el 9 de diciembre. Por el mismo se dictó la culpabilidad de los generales Jorge Videla y Roberto Viola, los almirantes Emilio Massera y Armando Lambruschini y el brigadier Orlando Agosti. Videla y Massera fueron condenados a prisión perpetua, Viola a 17 años de cárcel, Lambruschini a 8 años y Agosti a 4 años y medio. Los restantes comandantes, general Leopoldo Galtieri, almirante Jorge Anaya y brigadieres Omar Graffigna y Basilio Lami Dozo, fueron absueltos.
El problema militar sin embargo estaba lejos de ser resuelto atento a que distintos oficiales fueron llamados a declarar por denuncias en su contra, por lo que el gobierno, en medio de presiones de aquellos, impulsó la sanción en diciembre de 1986 de la ley n° 23.492 de Punto Final, que establecía un plazo máximo de 60 días para la iniciación de causas jurídicas contra militares acusados de violaciones de derechos humanos. Pero como esto no terminaba con el procesamiento de militares represores, el teniente coronel Aldo Rico, al frente de un grupo de oficiales y suboficiales con sus caras pintadas, tomó la Escuela de Infantería de Campo de Mayo en la Semana Santa de 1987, exigiendo la destitución del jefe del Ejército, general Héctor Ríos Ereñú y una salida política al problema militar. El presidente Alfonsín, con un enorme apoyo de la ciudadanía y de los partidos políticos opositores, procedió a entrevistarse con los sublevados, que depusieron su actitud, pero el gobierno debió ceder en la cuestión de fondo, de allí la sanción en junio siguiente de la ley n° 23.591 de Obediencia Debida, por la cual se libraba de responsabilidad a los oficiales con grado inferior a coronel por los delitos cometidos durante la dictadura.
No obstante lo expresado, nuevos episodios militares pusieron a prueba la solidez del gobierno constitucional, pues en enero de 1988 se sublevó nuevamente Aldo Rico en Monte Caseros, Corrientes y en noviembre siguiente en Villa Martelli – provincia de Buenos Aires- otro militar carapintada, Mohamed Alí Seineldín, pero ambos levantamiento fueron sofocados. El último suceso que involucró a militares fue el cruento y fallido copamiento del Regimiento 3 de Infantería de La Tablada, provincia
de Buenos Aires, por parte del Movimiento Todos por la Patria, un grupo político vinculado a la extrema izquierda.
La política del gobierno radical hacia el sindicalismo fue altamente conflictiva, pues apenas asumió intentó dividir las estructuras gremiales peronistas con un proyecto
de ley denominado de “democratización sindical”, que finalmente no prosperó en el
Congreso. Lo cierto fue que la CGT, liderada por el dirigente cervecero Saúl Ubaldini,
se mantuvo en una oposición frontal al gobierno, al punto que declaró un total de trece
paros generales.
De la política exterior del gobierno radical merecen destacarse dos cuestiones. La primera, la solución definitiva del conflicto con Chile por la soberanía del canal de Beagle, que no había resuelto el gobierno militar. La Argentina aceptó el dictamen del
papa Juan Pablo II y convocó a un plebiscito no vinculante para respaldar esta decisión:
el 25 de noviembre de 1984 la ciudadanía votó afirmativamente de manera aplastante,
por lo que poco después se firmó entre ambos países el Tratado de Paz definitivo.
La segunda cuestión fue la firma del Acuerdo de Integración entre nuestro país y Brasil por parte de sus respectivos presidentes, Raúl Alfonsín y José Sarney, el 10 de diciembre de 1986. Era este un documento de carácter político que apuntaba a la cooperación económica y comercial entre ambos países.
Respecto del acontecer político, luego de la derrota del justicialismo en 1983 surgió en el seno de ese partido una corriente interna, la Renovación, que buscaba actualizar el movimiento creado por Juan Perón promoviendo prácticas internas democráticas no siempre respetadas por la ortodoxia que lo conducía en ese momento.
El sector renovador debió competir por fuera del partido en las elecciones parlamentarias de 1985 –en las que triunfó el radicalismo-, obteniendo más votos que la
lista presentada por la ortodoxia. Pero en las elecciones de gobernador de 1987 el justicialismo, conducido por los renovadores, venció al radicalismo, consagrándose
gobernador de la provincia de Buenos Aires, la más importante del país, el veterano
dirigente Antonio Cafiero. Vistas las elecciones de 1989, Cafiero se postuló como precandidato presidencial por el partido Justicialista, aunque fue desafiado por un ex
renovador que buscaba ahora el apoyo de los ortodoxos, el gobernador de La Rioja,
Carlos Menem. Ambos compitieron en una elección interna a mediados de 1988 de la
que resultó triunfante Menem, que de esa manera se convirtió en candidato presidencial
del justicialismo.
El candidato del oficialismo fue el gobernador de Córdoba, Eduardo Angeloz, del sector más conservador del partido, quien propuso en la campaña recortar gastos estatales; fue acompañado por el dirigente bonaerense Juan M. Casella.
En un contexto de acelerado deterioro económico con un notable aumento del costo de vida (33 % en abril de 1989), Alfonsín decidió adelantar las elecciones (previstas para octubre) y consecuentemente la entrega del mando. Aquellas se realizaron el 14 de mayo, con el siguiente resultado: Carlos Menem – Eduardo Duhalde (Frente Justicialista de Unidad Popular): 7.957.518 votos (47,5 %); Eduardo Angeloz – Juan M. Casella (Unión Cívica Radical): 6.213.217 (37,1 %).
En materia económica, el gobierno radical no logró encauzar el rumbo hasta la puesta en marcha en junio de 1985 del Plan Austral, a través de su ministro de Economía Juan V. Sourrouille. Por el mismo, y con el fin de reducir la inflación, se congelaron los salarios, las tarifas públicas y el tipo de cambio, se redujeron las tasas de interés y se planteó una reducción del déficit fiscal a la vez que se cambió el signo monetario: se creó el austral en reemplazo del peso argentino. El Plan tuvo un efecto favorable inmediato en lo económico y también en lo político pues fortaleció al presidente, lo que le permitió sortear favorablemente la prueba electoral de 1985. No obstante ello el Plan fue declinando paulatinamente en sus diversas variables, lo que obligó al gobierno a ensayar otras medidas para controlar la marcha de la economía en agosto de 1988 que formaron parte del Plan Primavera, el cual no logró frenar el deterioro económico general, la caída salarial y una inflación cada vez más pronunciada.
A comienzos de 1989, a la errática política económica del gobierno se le sumaron la devaluación del austral, la especulación financiera de importantes sectores de poder y un aumento descontrolado de los precios que desencadenó un proceso hiperinflacionario de magnitud (ver cuadro). El mismo repercutió de manera catastrófica sobre los salarios y provocó escasez de artículos de primera necesidad, una de cuyas consecuencias fue una ola de saqueos a supermercados y negocios de comestibles. Además, las personas viviendo en la pobreza aumentaron entre enero y octubre de 1989 del 25 % al 47 %.

En materia social, con el retorno de la institucionalidad democrática a fines de 1983, el presidente Raúl Alfonsín se propuso normalizar la vida universitaria, por lo que firmó el decreto n° 154/83. El mismo contemplaba la intervención de las universidades nacionales a cuyo fin serían nombrados rectores normalizadores en tanto que se declaraban vigentes los Estatutos universitarios que regían al 29 de junio de 1966, restituyéndose de ese modo los principios reformistas. Poco después, en junio de 1984, se sancionó la ley n° 23.068, que declaraba como régimen provisorio lo dispuesto por el decreto anterior “hasta tanto se dicte la correspondiente ley de fondo”.
El espíritu modernizador del gobierno se manifestó en la legislación familiar, pues en 1985 se establecieron reformas en el Código Civil que dieron por resultado la patria potestad compartida, es decir de padre y madre, cuando antes lo era solo del padre. En la misma línea, y a pesar de la férrea oposición de la Iglesia Católica, se sancionó en 1987 la ley de Divorcio, por la cual se permitía a las personas separadas volver a casarse.

Gobiernos de Carlos Menem (1989-1999)
Las principales promesas de campaña del entonces candidato Carlos Menen fueron “salariazo” y “revolución productiva”, que rápidamente quedaron en el olvido una vez que accedió a la presidencia persuadido de la traumática experiencia económica de su antecesor, por lo que se dispuso a buscar el apoyo de los principales agentes económicos tanto nacionales como del exterior para poner en marcha un programa neoliberal. Esto en un marco internacional signado por la caída del comunismo, un proceso de globalización en significativo aumento y una serie de medidas que planteaban disciplina fiscal, liberalización económica, privatización de empresas estatales y desregulaban del comercio resumidas en el denominado “consenso de Washington”.
La política del gobierno menemista sobre el problema militar y las secuelas de la represión estatal se orientó a la “pacificación nacional”, la que se tradujo en dejar atrás
lo sucedido con el “perdón” a los involucrados en esos acontecimientos. El presidente
Menem procedió en octubre de 1989 a indultar a los militares que no se habían beneficiado por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, a miembros de organizaciones armadas, a los militares participantes de las sublevaciones de Semana
Santa, Monte Caseros y Villa Martelli y a los integrantes de la Junta militar condenados
por la pésima conducción de la guerra de Malvinas, Leopoldo Galtieri, Jorge I. Anaya y
Basilio Lami Dozo. El 3 de diciembre de 1990 fue sofocada la última sublevación
militar carapintada a cargo de Mohamed Alí Seineldín y pocos días después el presidente decretó, pese al rechazo de amplios sectores de la población, otros indultos, que alcanzaron a los comandantes condenados en el Juicios a las Juntas, Videla, Massera, Agosti, Viola y Lambruschini, a los represores Ramón Camps y Guillermo Suárez Mason y al líder de la organización Montoneros Mario E. Firmenich.
Otra medida del gobierno fue el aumento de miembros de la Corte Suprema de Justicia a fin de ampliar su influencia sobre la misma, sobre todo para obtener respaldo jurídico en materia de reformas económicas. En consecuencia, el Congreso aprobó la ley respectiva en abril de 1990 por la cual se aumentaba el número de miembros del Tribunal de cinco a nueve.
A fines de 1991 se llevaron a cabo las elecciones legislativas en las cuales venció el gobierno, fundamentalmente gracias a la estabilidad económica lograda, que obtuvo el 41 % de los votos frente al 30 % alcanzado por la oposición radical. Como hecho a destacar se tiene que el vicepresidente de la Nación, Eduardo Duhalde, renunció para presentarse como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, cargo que obtuvo.
En otro orden de cosas, en 1992 se conoció que el gobierno argentino había realizado una serie de ventas ilegales de armamento de fabricación nacional a Croacia y Bosnia-Herzegovina en plena guerra de Yugoslavia, y a comienzos de 1995 a Ecuador, cuando este país tuvo un conflicto fronterizo con el Perú, desatando un escándalo de magnitud, un acto de corrupción que no sería ni el primero ni el último de la administración menemista. En noviembre de ese año explotó la Fábrica Militar de Armas de Río Tercero, provincia de Córdoba, con un saldo de siete personas muertas y más de 300 heridas, un acto criminal que se demostró intencional con el fin de destruir pruebas de la venta de armas antes mencionada.
Otros hechos de violencia que sacudieron a la sociedad argentina fueron los dos
atentados terroristas, uno que destruyó la Embajada de Israel el 17 de marzo de 1992,
que costó la vida a 22 personas, y otro que hizo lo propio con la sede de la Asociación
Mutual Israelita Argentina (AMIA) el 18 de julio de 1994, con un saldo de 85 muertos.
Todavía hoy no se sabe quiénes fueron los responsables de los mismos.
En marzo de 1994 otro hecho conmocionó a la opinión pública: el asesinato del conscripto Omar Carrasco en una unidad militar de la provincia de Neuquén cuando
estaba cumpliendo el servicio militar obligatorio, lo cual provocó que el presidente
Menem dispusiese finalizar con dicho sistema, que había comenzado en 1905.
En octubre de 1993 se celebraron elecciones legislativas en las cuales el oficialismo triunfó con el 42,4 % de los votos frente a 30,2 % del radicalismo, resultado que afianzó el liderazgo del presidente, quien comenzó a plantear la necesidad de reformar la Constitución Nacional. El Senado votó afirmativo al respecto, quedando pendiente la aprobación en Diputados, donde el gobierno no podía alcanzar los dos tercios necesarios para ello. Posteriormente, comenzaron las conversaciones entre Menem y el titular del radicalismo, Raúl Alfonsín, para llegar a un acuerdo al respecto, el que se logró mediante el llamado Pacto de Olivos del 13 de diciembre de ese año.
Por el mismo, ambos políticos consensuaron la reforma constitucional con la posibilidad
de reelección presidencial más una serie de modificaciones y nuevas disposiciones. De
este modo el 10 de abril se celebraron las elecciones de convencionales constituyentes
con el triunfo oficialista, que alcanzó el 35,5 % de los sufragios frente al radicalismo,
que obtuvo el segundo puesto con el 19,7 % de los votos, por lo que entre ambos
partidos sumaron 211 convencionales, una amplia mayoría (el 69,2 %) sobre un total de 305.
La Convención se reunió en Santa Fe del 25 de mayo al 22 de agosto de 1994 y al término de la misma se sancionó la nueva Constitución Nacional, que venía a suceder a la vigente desde 1957, contemplaba, entre otras, las siguientes modificaciones: se permitía la relección inmediata del presidente acortándose el mandato de seis a cuatro años; se establecía la segunda vuelta si ninguno de los candidatos obtenía el 45 % de los votos; se incorporaba un tercer senador nacional por provincia en representación de la minoría; el intendente de la Capital Federal sería elegido por la ciudadanía y ya no por el Presidente de la Nación.
El 14 de mayo de 1995 se realizaron las elecciones presidenciales en las cueles venció el partido Justicialista con la fórmula integrada por Carlos Menem –que de esa forma fue reelecto- y Carlos Ruckauf (ex diputado nacional y ex ministro del Interior), que obtuvo 8.687.511 votos (49,9 %). Le siguió el Frente País Solidario (Frepaso), una coalición de centroizquierda de reciente creación que presentó la fórmula José O. Bordón (ex gobernador de Mendoza) – Calos Álvarez (diputado nacional), que alcanzó 5.096.104 de sufragios (29,3 %). En tercer lugar se ubicó la Unión Cívica Radical con el binomio Horacio Massaccesi (gobernador de Río Negro)-Antonio Hernández, que obtuvo 2.959.137 (17 %).
Poco antes de las elecciones legislativas de octubre de 1997, la oposición al gobierno logró unificarse al conformar la Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación (Alianza) entre la Unión Cívica Radical y el Frepaso, que de ese modo logró vencer al oficialismo peronista por 47,8 % a 37 % de los votos en esa contienda electoral.
En las elecciones presidenciales del 24 de octubre de 1999 la fórmula de la Alianza, integrada por el radical Fernando de la Rúa –Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires- y el frepasista Carlos Álvarez obtuvo el triunfo con 9.117.220 votos (48,4 %) frente a la oficialista Concertación Justicialista formada por Eduardo Duhalde –gobernador de la provincia de Buenos Aires- y Ramón Ortega -ex gobernador de Tucumán-, que logró 7.253.902 (38,3 %).
La política exterior de los gobiernos de Carlos Menem tuvieron como sustento teórico al denominado “realismo periférico”, lo que se tradujo en un alineamiento casi automático con la potencia hegemónica, es decir los Estados Unidos de América. De allí que el gobierno se retiró del Movimiento de los No Alineados, envió naves y tropas durante la Guerra del Golfo en 1990 y votó en contra de Cuba en las Naciones Unidas.
En América Latina, Menem continuó la política de cooperación con Chile y sobre todo
con el Brasil, el principal socio comercial. En este sentido fue de trascendencia el nacimiento de un organismo de integración económica y comercial regional, el Mercado
Común del Sur (Mercosur), creado en 1991 con la firma del Tratado de Asunción por parte de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
En materia económica, la intención liberalizadora, desreguladora y privatizadora, se estableció desde el principio del gobierno, que impulsó la sanción de dos leyes en agosto de 1989: la nº 23.696, de reforma del Estado, que facultaba al Poder Ejecutivo Nacional a proceder a la privatización total o parcial de las empresas estatales.
Y la nº 26.697, de emergencia del Estado, que permitía suspender subsidios y subvenciones, los regímenes de promoción industrial, minera y de “compre nacional”, la
modificación del régimen de inversiones extranjeras y permitir la reforma de la Carta
Orgánica del Banco Central.
No obstante ello, los primeros planes económicos del gobierno no dieron resultado, por lo que el país quedó sumergido en un segundo ciclo hiperinflacionario a comienzos de 1990, con tasas del 79 % en enero y 61 % en febrero. Luego logró bajarse la inflación, aunque siguió en niveles altos hasta que el 1º de abril de 1991 se implementó por parte del ministro de Economía Domingo Cavallo el Plan de Convertibilidad. La ley respectiva (nº 23.928) estipulaba la paridad de 10.000 australes por cada dólar libremente convertible; a partir del 1º de enero de 1992 el austral fue reemplazado por el peso, por lo que la paridad fue 1 peso = 1 dólar. También se prohibió la emisión de dinero no respaldada en un 100 % por reservas.
La convertibilidad fue acompañada por la privatización de empresas estatales: Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), se dividió en dos y fue adjudicada a las empresas Telefónica de España y Telecom de Francia; Ferrocarriles Argentinos a varias empresas nacionales; Aerolíneas Argentinas a la empresa española Iberia; Yacimientos Petrolíferos Fiscales a la española Repsol; Yacimientos Carboníferos Fiscales al grupo Taselli; Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina (SOMISA) al grupo Techint; Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (Segba) a tres empresas: Edenor, Edesur y Edelap; Empresa Nacional de Correos y Telégrafos (Encotel) al grupo Socma (Sociedad Macri); Subterráneos de Buenos Aires a la empresa Metrovías; los canales de Televisión 11 al grupo Televisora Federal y 13 al grupo Clarín. Y también por la apertura del comercio exterior, con rebajas de aranceles que permitieron el ingreso de productos extranjeros que compitieron con los nacionales.
La convertibilidad logró un descenso notable de la inflación (ver cuadro), y una
estabilidad económica que le reportó el apoyo de amplios sectores de la población al
presidente, pero que con el paso del tiempo dejó ver sus aspectos negativos: endeudamiento externo una vez concluidas las privatizaciones; desindustrialización, al
verse perjudicadas las empresas nacionales por la competencia extranjera; consecuente
aumento de la desocupación, la pobreza y la exclusión social, que el boom del crédito y
el consumo de sectores medios pudieron solo parcialmente ocultar.
Un párrafo aparte merece la privatización del sistema previsional de reparto vigente desde los primeros gobiernos peronistas, que se estableció por la ley nº 24.241 de 1993, que dispuso un régimen previsional basado en la capitalización individual. Se crearon al efecto las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), que eran empresas que debían administrar los fondos generados por los aportes de los trabajadores, lo que dio pie a acumulaciones de capital y especulaciones financieras.
Durante los años de gobierno menemista las organizaciones sindicales, en líneas generales, no lograron articular una postura opositora consistente frente a los efectos
negativos de la política socioeconómica oficial. Por lo pronto, a fines de 1989 la CGT se
dividió entre CGT San Martín, que se acercó al gobierno y la CGT Azopardo, que se mostró crítica del mismo. La unificación de la central años después, con buen diálogo con las autoridades que avanzaban con su proyecto de flexibilización laboral, provocó que un grupo de sindicatos se apartara de la conducción y formara el Movimiento de los Trabajadores Argentinos (MTA), liderada por Hugo Moyano, del sindicato de camioneros. En tanto, en 1992 un grupo de gremios estatales se alejaron definitivamente de la CGT y formaron la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA), muy crítica del gobierno de Menem. Así y todo, tanto la CGT como el MTA y la CTA realizaron varias huelgas generales y movilizaciones en protesta contra la política económica del citado gobierno.
En lo concerniente a la Universidad, si bien dicho ámbito era mayoritariamente
opositor al gobierno menemista, en 1995 se sancionó la ley n° 24.521 de Educación
Superior, que reafirmó en su articulado la autonomía universitaria, derivando el
funcionamiento específico de las Casas de Estudios a los Estatutos que las mismas
aprueben.
Debe señalarse por último que en 1991 se llevó a cabo el VIII Censo Nacional de Población, que dio como resultado que el país estaba habitado por 32.615.528 personas; de ellos, el 86,9 % vivían en zonas urbanas y el 13,1 % en zonas rurales. Los argentinos nativos constituían el 95 % del total y los extranjeros el 5 % restante. Lo expuesto demuestra la continuidad del proceso de despoblamiento rural y, también, el aumento de la población inmigrante proveniente de países limítrofes, que representaba el 50,2 % del total de extranjeros, cuando en 1980 alcanzaba el 39,4 %. El analfabetismo se redujo al 3,7 %, cuando una década anterior era del 5,8 %.

Gobierno de Fernando De la Rúa (1999-2001)
El gobierno de la Alianza comenzó su gestión bajo la premisa de la transparencia en materia política e institucional y de la continuidad de la convertibilidad en materia económica. En el primer caso, al sancionarse en mayo de 2000 la ley n° 25.250 de reforma laboral, la que conllevaba una desmejora en los derechos de los trabajadores, se denunció que el gobierno pagó sobornos a senadores oficialistas y opositores para que la
misma se apruebe. El escándalo que esto produjo desató una crisis política que desembocó en la renuncia del vicepresidente de la Nación, Carlos Álvarez, el 6 de octubre siguiente, debilitando con ello al gobierno y al presidente.
Respecto de la convertibilidad, el mantenimiento de la paridad cambiaria solo era posible a partir del aumento del endeudamiento externo, de allí que en diciembre de 2000 se anunció el denominado Blindaje, un crédito de 40.000 millones de dólares otorgado por los organismos de créditos internacionales (Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial), bancos extranjeros y España con el aval del Fondo Monetario Internacional. Esta asistencia financiera llegaba con la condición de que el gobierno realizase una reforma previsional y ajustase el gasto público. La tranquilidad financiera sin embargo duró poco, al punto de que en abril de 2001 renunció el ministro de Economía, José L. Machinea, que fue reemplazado por Ricardo López Murphy,
quien a su vez anunció recortes en las áreas de salud y educación que produjeron tal
rechazo en la sociedad que lo obligaron también a renunciar. Lo sucedió Domingo Cavallo, que retornó a su antiguo cargo, quién en junio siguiente llevó adelante el llamado Megacanje, por el cual se canjeaba la deuda de vencimiento inmediato –que no
se podía pagar en ese momento- por otra de vencimiento a más largo plazo. Tanto el
Blindaje como el Megacanje aumentaron sustancialmente la deuda externa y, para peor,
no disminuyeron la inestabilidad financiera y la desconfianza pública, que sumó el
retiro de depósitos bancarios y el de los inversionistas, en un marco de creciente
recesión económica que afectaba notablemente a los sectores populares.
En octubre de 2001 se realizaron las elecciones legislativas en las que la Alianza oficialista alcanzó el 24 % de los votos siendo derrotada por la oposición peronista, que
logró el 37 %, con la particularidad de que el “voto bronca”, es decir los sufragios en blanco o anulados intencionalmente alcanzaron el 24 % del total, demostrando una notable crisis de representatividad.
El 2 de diciembre el ministro Cavallo, ante la fuga continua de capitales y retiro de depósitos bancarios, anunció una serie de medidas que se conocieron con el nombre de “corralito”: prohibición de extraer dinero de los bancos por parte de los ahorristas por más de $ 250 por semana; obligación de utilizar tarjeta de débito o crédito para transacciones corrientes (bancarización forzosa); y prohibición de realizar transferencias
al exterior con excepción de las operaciones comerciales. Estas medidas perjudicaron a los sectores populares y medios –estos últimos protestaron frente a los bancos-, que
coincidieron al grito de “¡que se vayan todos!”. A todo esto la deuda externa alcanzaba
los 132.000 millones de dólares, la desocupación llegaba casi al 20 % de la población,
con caídas significativas en la producción industrial, todo lo cual hizo aumentar la pobreza y la exclusión social. Por su parte, la CGT, la CTA y el MTA decretaron un paro general para el 13 de diciembre, que logró un alto acatamiento. Paralelamente, comenzaron a producirse estallidos en los barrios carenciados de las grandes ciudades,
en especial en el Gran Buenos Aires, donde se produjeron saqueos a locales de comestibles. Las continuas movilizaciones populares pretendieron ser limitadas por el
presidente, que decretó el estado de sitio –es decir la suspensión de las garantías constitucionales- 19 de diciembre. Sin embargo, ese día y el siguiente continuaron las
protestas a tal punto que la concentración de manifestantes en la Plaza de Mayo fue
reprimida con el saldo de varios muertos. En ese clima, al anochecer del 20 de diciembre Fernando de la Rúa renunció a su cargo de presidente de la Nación.
Finalmente, debe consignarse que durante los días 17 y 18 de noviembre de 2001 se llevó a cabo el IX Censo Nacional de Población, que arrojó un total de 36.260.130 personas que habitaban el país. Los principales conglomerados urbanos eran: el Área Metropolitana de Buenos Aires (Ciudad Autónoma de Buenos Aires + Conurbano Bonaerense): 12.046.799 personas; Gran Córdoba: 1.582.070; Gran Rosario: 1.350.109; Gran Mendoza: 846.904; y Gran Tucumán: 738.479. El analfabetismo era del 2,6 %, menor que el de una década atrás, que alcanzaba el 3,7 %