María Florencia Actis/

Ayer se dio a conocer el caso de una nueva víctima fatal de la violencia de género. Chiara Páez fue asesinada a golpes; era santafesina, había cumplido recientemente 14 años y estaba embarazada. Lo último que se supo de ella, fue que visitó a su novio, Manuel, tres años mayor. Luego de una intensa búsqueda, la encontraron enterrada en un pozo de 80 centímetros de profundidad en el fondo de la casa del joven. Él se entregó; mientras tanto la Justicia detuvo a su mamá, sus abuelos y al padrastro para “evitar que borren rastros”.

Casi paralelamente, en el transcurso de la semana pasada, dos historias de violencia por razones de género irrumpieron en el print time de la televisión por aire: la cantante Laura Miller y la periodista del espectáculo, Alejandra Rubino, denunciaron públicamente la situación de acoso, persecución,  amedrentamiento, amenazas sistemáticas y golpizas esporádicas que sufrieron/sufren por parte de sus ex “parejas” y el estado de alerta y miedo permanente con el deben convivir.

Historias que ratifican la peligrosidad detrás del mito del amor romántico, y su efectividad como dispositivo de disciplinamiento de la sexualidad, transversal a las clases sociales.

Si bien la figura de femicidio debería contemplar, no sólo los asesinatos de mujeres  producidos en el seno de relaciones o ex relaciones de pareja, entre escenas de domesticidad, sino también tantos otros que ocurren en espacios públicos, la realidad es que el discurso moderno del amor, constituye el responsable fundacional de una violencia potente a la hora de producir formas tolerables de control,  fragilizadora de lazos sociales, depredadora de existenciarios.   La institución del “amor”, bajo la retórica del cuidado y la exclusividad sentimental como símbolos sexo-afectivos necesarios para el desarrollo de una pareja, habilita un tipo de vínculo donde el sentido de posesión sobre la existencia del otro/a y la expropiación de su condición deseante se vuelve premisa excluyente.

Arribar entonces al problema del femicidio en nuestro país, significa arribar, nada más y nada menos que a la punta del iceberg de un sistema ancestral, patriarcal y heterocompulsivo.  El relato de los medios hace lo suyo para perpetuar las relaciones y roles de género que son el sostén ideológico de los femicidios. El lenguaje novelesco, el abordaje de casos por separado, la inscripción en policiales, las imágenes de rostros desfigurados o cuerpos embolsados, la frecuente prioridad a las fuentes cercanas al femicida o golpeador, la falta de seguimiento de las causas judiciales, la inclusión de detalles morbosos en el relato de la escena del crimen dan cuenta de un vaciamiento político del concepto de femicidio, y una utilización del término, sin perspectiva de género.

Si se mira, por ejemplo, la cobertura del caso de Victoria Montenegro, la joven que fue brutalmente golpeada por su ex novio en el estacionamiento de una fiesta electrónica en Mar del Plata,  se encuentran titulaciones tales como “Le dio una paliza a su ex novia por cómo bailaba en una fiesta” (http://www.clarin.com/sociedad/pego-bailaba-denuncio-Facebook_0_1284471731.html), o “Un ex novio le desfiguró la cara por celos en una fiesta en Mar del Plata” (http://www.lacapital.com.ar/informacion-gral/Un-ex-novio-le-desfiguro-la-cara-por-celos-en-una-fiesta-en-Mar-del-Plata-20150114-0023.html), donde claramente se omiten las causas radicales del problema. Se hace alusión al estado psíquico de un varón, (por tanto inherente a él), propenso a la violencia, y no de una conflictividad socio-simbólico y cultural más amplia.  ¿Por qué son digeribles los celos en el marco de la pareja?, ¿cuál es el bastión que los sostiene? Los medios dan cuenta de su alcance pero no de su origen.

Revocado el término jurídico, crimen pasional, la privatización y coartamiento de los casos continúa, tiñe el corpus de la nota la imagen de ‘anómalos sociales’, sin expresión de estructura simbólica profunda que organiza actos y fantasías. Muy por el contrario, como plantea la antropóloga Rita Segato, “agresor y colectividad comparten un imaginario de género, hablan un lenguaje común”.  Es por ello, que en los femicidios, en las golpizas mortales, en las violaciones hay un mensaje moral-moralizador (“la dominación es moral, además de física. La soberanía no pasa sólo por el poder de muerte”). Aparece una clara voluntad de aniquilamiento moral, sobre la voluntad del otrx. La víctima es expropiada del control sobre su espacio-cuerpo, no sólo o no exclusivamente en términos físicos. Se trata de un control irrestricto que se vuelve posible a través de la anulación de la capacidad de agenciamiento del o la otrx, como índice de alteridad (“Una suerte de canibalismo”)

Más allá de que los avances normativos movilicen sentidos comunes en torno a nuevos significados posibles de amor, de respeto,  que notoriamente van disputando y ganando terreno en los discursos públicos, resignificando “lo privado”, y por ende, “lo público”; los dispositivos educativos en el amor romántico siguen presentes, estructurados y estructurantes de nuestros cotidianos. Los medios son una plataforma educativa donde proliferan a diario estos dispositivos.   Y si bien están permeados por las nuevas coyunturas, y por las reconfiguraciones que éstas comportan, los medios no cesan en reproducir un discurso oligofrénico que muestra a la vez imágenes que reducen la condición de mujer a la de buena madre y esposa, y la muestran como bien de intercambio entre varones. Por el otro, la imagen icónica del supuesto compromiso social contra la violencia expresada en la coberturas de casos de femicidio.

Cuando nos indignamos ante semejante despliegue y ostentación de violencia masculina, ante la aparición pública de un nuevo número que acrecienta las estadísticas anuales de femicidio, de una nueva mujer, adolescente o niña violentada, ultrajada, desaparecida, asesinada, es necesario en principio, refrescar el dicho superlativo del feminismo, “lo personal es político”, el escenario doméstico y las elecciones en el plano de la sexualidad tienen una dimensión política constitutiva. Y como periodistas y comunicadorxs comprometidxs, debemos tomar conciencia que el lenguaje no es transparente, sino que construye su referente, y por ello, la enorme responsabilidad de nuestro trabajo. Por ello la importancia de reivindicar ante cada nueva situación que afecte a sujetxs y colectivos vulnerabilizadxs dentro de una estructura de poder clasista- racializada-sexualizada-generizada, la comunicación como una herramienta política al servicio de la transformación social y no de la revictimización.

María Florencia Actis/

Ante las denuncias  por corrupción y prostitución de menores en Viedma

En los últimos días se dio a conocer la noticia de una red de corrupción y prostitución de menores por parte de funcionarios judiciales, del Ministerio de Desarrollo Social y empresarios, en la capitalina ciudad de Viedma, provincia de Río Negro. El agravante del caso es que las niñas y adolescentes víctimas, de 13, 14 y 15 años, estaban alojadas en un centro de atención bajo tutela del estado. Posterior a la denuncia en los medios, el camarista implicado, Juan Bernardi, se desvinculó  de su cargo según dijo, “para no entorpecer la investigación”.

Lejos de implementar las normativas y protocolos relativos a la Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que lxs conciben ya no como objetos a tutelar, sino como sujetxs de derecho, representantes del estado han abusado de su posición de poder y de la posición de vulnerabilidad de las niñas ultrajando no sólo sus derechos, sino su propia condición de humanidad, sometiéndolas a un trato sistemático esclavizante y cosficante.

Ante esta situación, y ante las declaraciones del Ministro de Desarrollo Social provincial, Ricardo Arroyo, se reabre en parte el debate sobre la legalidad y legitimación social de la prostitución. “Con las mujeres grandes que se prostituyen  a voluntad no me meto, pero si cuando hay chiquitas obligadas (a prostituirse).”  Si bien el caso en cuestión está relacionado con niñas que han sido forzadas a prostituirse, sigue siendo muy común en el imaginario popular, considerar que en el fondo, las mujeres disfrutan de una situación de abuso e incitan al varón abusador. La emblemática figura del consentimiento ha resultado una divisoria de aguas a la hora de tipificar una situación de explotación sexual como ejercicio del proxenetismo o no, obviando más allá de la eventual decisión de la mujer de elegir la prostitución como medio de vida, las condiciones de vulnerabilidad que habitualmente subyacen, explican y relativizan esta “decisión”.  Los dichos de Arroyo dejan entrever en esta contemplación especial por tratarse de menores, la tolerancia e invisibilización de la cadena de vejaciones constitutivas al negocio de la prostitución, sean las mujeres  niñas o adultas.

En cuanto a los casos de abuso infantil en general, podríamos encuadrarlo como una práctica que demuestra dominio físico, erigido sobre una desigualdad simbólica que anula la voluntad del niño/a; una experiencia que trastorna las significaciones que adquiere sobre su entorno mediato e inmediato, alterando los condiciones en que transcurre su vida personal y social, sus parámetros para conocer, relacionarse, autoconcebirse. Los informes publicados sobre el caso en la Provincia de Río Negro, revelaron que las niñas habían denunciado sin éxito esta situación un año atrás. Los abusos no fueron aislados, sino perpetuos durante meses y meses. Ante semejante perpetración de violencia,  los efectos de este poder flagelante se manifiesta “productivamente”, conformando a partir del trauma la psiquis del niño o niña abusado/a.  En este sentido, los daños corporales y subjetivos del accionar, en este caso de un estado, no sólo criminógeno, sino negligente a la hora de investigar el caso, resultan irreparables.

Vale la analogía entre esta historia, y las denuncias históricas de prostitución contra las autoridades del Hospital neuropsiquiátrico de la Ciudad de Buenos Aires, Braulio Aurelio Moyano,  dedicado en exclusividad a la atención de mujeres, o bien con las denuncias por violaciones de mujeres, e incluso de menores, en comisarías en manos del personal policial: es el propio estado, infringiendo y diluyendo sus prerrogativas democráticas.

Ante estos episodios es necesario reflexionar una vez más acerca del rol del estado macho, pero también de los otros agentes e instituciones sociales privadas (privatizadas) como los medios de comunicación que, desde su poder de enunciación, no sólo multiplican y masifican estereotipos de niñas hiper-sexualizadas, sino que producen modelos de referencia y verdades –sujetos y relaciones fácticas-; niñas educadas para prostituirse ante el ojo masculino, y niños prostituyentes que consumen cuerpos femeninos a través de las pantallas.

En el mes de los derechos humanos se vuelve fundamental entonces impregnar de una perspectiva de género las banderas de lucha,  reconociendo viejas y emergentes formas de violencia, visibilizando otrxs sujetxs víctimas y victimarixs, aggiornando las discusiones y ensanchando los desafíos político-institucionales.

María Florencia Actis/

Ante cada nuevo 8 de marzo, la tarea de de actualizar nuestro diagnóstico político sobre los logros alcanzados y las deudas pendientes en materia de equidad de derechos a fin de orientar nuestras líneas de acción de manera acorde al transcurso de la realidad social,  supone un inminente compromiso militante.

La coyuntura se presenta favorable para el avance de nuevas conquistas del movimiento de mujeres, dada la existencia de un conjunto de normativas que ensanchan el espectro de acción del colectivo de mujeres en distintos ámbitos estratégicos que se presentan como patrimonio obstinado de la cultura sexista residual: la educación, la salud pública, los medios  de comunicación, la justicia, las familias y el propio cuerpo, como principal territorio colonizado. Normativas que no garantizan cambios en la dimensión material de las relaciones sociales, pero operan como marcos formales donde apoyarse a la hora de luchar por nuestros derechos,  permitiendo tipificar y encuadrar como actos ilegales, situaciones de violencia que están o estaban naturalizadas. Adoptan una  doble funcionalidad, por un lado, su impronta sancionatoria y de restitución de derechos negados, por el otro, la de desarticular simbólicamente imaginarios y prácticas vigentes, fundacionales de las sociedades modernas.

Más allá de los cambios cualitativos, las instituciones del estado continúan ejerciendo, diagramando, distribuyendo el poder desde una mirada androcéntrica y heteropatriarcal. Vale mencionar el caso emblemático de Yanina González, la mujer de 23 años, con retraso madurativo, que fue víctima de una cadena de violencias tras la muerte de su bebé, Lulú, en manos de quien era en ese momento su novio.  La fiscal a cargo interpretó que se trató de un abandono de persona por parte de la joven, en vez de considerarlo un “femicidio vinculado”, ya que el varón asesinó a la bebé como medio de castigo psíquico y emocional hacia Yanina. Es la justicia perpetrando la violencia de género en igual medida que el femicida, imponiendo el mandato de la maternidad compulsiva a través del método más severo y criminógeno representado en el cumplimiento de una condena dentro del sistema penal y penitenciario.

Refleja precisamente lo que  Catharine A. MacKinnon  describe como el poder macho del Estado liberal, puntualmente en el terreno de la interpretación social de la mujer y en el tratamiento legal, interrogándose ¿qué es la ley para las mujeres?, ¿hay algo que la ley pueda hacer por su situación?; ¿importa de qué modo se utilice la ley?. Si concebimos que las mujeres como sujetxs políticos son inadecuados al liberalismo, y que las estructuras judiciales aplican la ley en defensa de una moral que es, por definición, heteronormativa, nunca podríamos encontrarnos con una justicia arbitrando neutralmente intereses enfrentados.

La justicia no es el único ente que regula desde una matriz masculina, sino que la medicina, también imparte un saber con efectos condenatorio, determinante sobre el sentido de la vida y la muerte, sobre la salud en sentido amplio. Como ya lo dijo Michel Foucault y sus seguidorxs, podría considerar que este biopoder/saber en lugar de controlar, privar, constreñir; aumenta, multiplica, difunde fuerzas productivas que hacen existir los cuerpos y los sexos de un modo y con un valor social determinado. A pesar de esta propagación “positiva”, de la dimensión corporal que han adoptado las prerrogativas médicas hegemónicas,  de su eficaz grado de apropiación por parte de la población, las mujeres eligen abortar y destronar su investidura de verdad.

En este sentido,  hace falta desestabilizar cadenas semánticas instituidas, desasociando aborto con crimen, pero también asociado aborto con derecho sobre el propio cuerpo, cargándolo de sentido positivo/productivo. Esto es visualizar que, si yuxtapuesto al significante aborto advienen imágenes traumáticas (sanguinarias, penosas, riesgosas), incluso para quienes están a favor de su legalización, es por su estado de clandestinidad.

Otro 8 de marzo, y más allá de una nueva conmemoración de la huelga de las trabajadoras textiles  de Chicago y Nueva York hacia principios del siglo XX,  es crucial pensar un más acá. Aprovechar la fecha como excusa para evaluar las condiciones y las tensiones que atraviesan a la mujer latinoamericana, y argentina, en función de los escenarios políticos, económicos, tecnológicos, socio-culturales, y científicos contemporáneos, en toda la región y el mundo, transformando las conquistas “acumuladas” en nuevas plataformas de agenciamientos colectivos.

*Laboratorio de Comunicación y Género, FPyCS.

María Florencia Actis/

El pasado fin de semana largo se desarrolló el 29° Encuentro Nacional de Mujeres, que congregó a más de 40 mil mujeres y tuvo como epicentro la ciudad de Salta. Actualmente, el ENM constituye la instancia más convocante a nivel federal en donde se discuten los derechos vulnerados, histórica y coyunturalmente, de quienes adscriben a una identidad femenina en el marco de la sociedad patriarcal, y donde se traza la agenda del movimiento de mujeres de cara al año subsiguiente y sus principales líneas de acción.

Los ENM suelen ser objeto de cuestionamiento y menosprecio por parte de la población masculina, al incomprender no sólo el potencial que tiene como instrumento de presión y disputa para los gobiernos de turno, sino su fuerte impronta en materia de transformación político-personal (algo cambia en cada mujer que participa).

Más allá de la apatía de varones y mujeres también, otra forma de incomprensión es la que despliegan los medios locales y hegemónicos de comunicación al narrar la experiencia del ENM poniendo acento en “los destrozos” que provocan las feministas en la infraestructura de la ciudad sede, figurándolas como seres irracionales, amorales y apolíticos.

Bajo el epígrafe “descontrol”, uno de los principales medios gráficos digitales salteños, tituló la cobertura de la movilización de cierre: “Encuentro de Mujeres: tuvieron relaciones sexuales frente a la Catedral de Salta”.

El tetazo, lo que tantxs periodistas describen horrorizadxs como una invocación satánica, no es ni más ni menos que una perfomance de resistencia y contra-producción de placer que enuncia en paralelo la libre determinación sobre nuestros cuerpos y la existencia de múltiples regímenes  de control bio-político.  En este sentido, no sólo han relatado con distorsiones la secuencia de hechos fácticos que tuvo lugar frente a la Iglesia, sino que utilizan distintos recursos valorativos para retratar la movilización como un acontecimiento vaciado de contenido político, y en oposición, connotándolo de sentimientos pasionales como ira, aludiendo a un estado de salvajismo: “hoy frente a la Catedral de Salta, quemaron una imagen de la Virgen María y bailaron alrededor del fuego a los gritos”.

De igual modo que en el ámbito de las políticas públicas y la academia el género es incorporado como una problemática específica del colectivo de mujeres, y no como una variable transversal a la hora de mirar los procesos socio-culturales en que se genera poder –y que podríamos catalogar como procesos de engeneramiento de poder -; en las calles, las acciones del feminismo también están teñidas de una política de resistencia y atrincheramiento, generalmente disruptivas y desestabilizadoras.

Las tácticas de visibilización del feminismo en el espacio público no pueden desentenderse de una historia que nos ha, no sólo acorsetado en lugares reproductivos de un orden contario a nuestros intereses de género, sino que nos ha privado del territorio estratégico de denuncia. Es por ello que el Encuentro Nacional de Mujeres y la toma de poder que representa atemoriza, y es reconstruido como exabrupto de las mujeres,  que desde la matriz hetero-patriarcal, y de corte universalista; la ocupación del espacio público, la organización política y hasta la violencia, son entendidos desde esta matriz como patrimonio de los varones.

Si bien el Encuentro Nacional de Mujeres es hoy un espacio de construcción de lazos de soloridad y maduración de ciertos debates; en términos políticos, el desafío es lograr que conclusiones a las que arribamos en los distintos talleres trasciendan el cerco del Encuentro, y adquieran reconocimiento e incidencia en los espacios de decisión política al ser encuadrados como problemas sociales, y no particulares o corporativos. El derecho al aborto y la maternidad libre, sigue siendo una proclama inminente e innegociable de los Encuentros, transversal a todas las facciones políticas que allí convergen, y que debe ser urgentemente escuchada y vehiculizada.

María Florencia Actis/

El alcance progresivo de ciertas normativas que bregan por la ampliación de derechos, sigue siendo objeto de discusión. Un ejemplo cercano fue la sanción de la ley de matrimonio igualitario y la polémica que suscitó en torno a si equipara a lxs ciudadanxs en materia de derechos o si promueve la institución del matrimonio, enraizada en cuestionables valores morales, prácticas y roles de género. Lo cierto es que las leyes motorizan debates en el orden de la cultura, de la micropolítica, y en el seno de estos cuestionamientos se van repensando estructuras  sociales y reconfigurando en lo subjetivo, lo simbólico y por ende, en lo fáctico.

La legalización del voto femenino, no significó la consolidación de la mujer como sujetx político en igualdad con el varón, que desde la antigua polis, se constituyó como tal en la arena de lo público, pero sí desestabilizó añejos imaginarios sobre la distribución de poder. Más allá de su implicancia pragmática -la extensión del concepto de democracia representativa a través de la inclusión de las mujeres en instancias eleccionarias-, inició un proceso de transformación respecto de los sentidos sociales modernos, que se traduciría o a lo largo de la historia en un proceso de restitución de derechos.

El 23 de septiembre de 1947, el entonces presidente Juan Domingo Perón firmó el decreto que dio origen a la ley 13.030, del voto femenino. No obstante, las mujeres – se estima alrededor de 3.500.000-, participaron en las urnas cuatro años después, cuando Perón revalidó su cargo de presidente en las elecciones del 11 de noviembre de 1951.

Si bien esta conquista fue vehiculizada y obtuvo valor institucional en Argentina en mitad del siglo XX, desde el 1900 la reivindicación venía siendo impulsada por diversos centros y ligas feministas de variadas tendencias; el movimiento de mujeres de la época era amplío y comprendía tanto sectores del clasismo, como de la burguesía –cuyas proclamas eran de índole político-civiles, pero no de carácter económico. La presencia y perseverancia en la escena pública de las militantes sufragistas constituye un antecedente fundamental en la reconstrucción de las condiciones históricas que posibilitaron la aprobación de esta ley.

La figura de Eva Duarte fue inflexiva para el umbral de nuevas formas de incidencia política por parte de las mujeres, y más allá de las patentes diferencias partidarias con las feministas no peronistas, su intervención activa en el plano político, catapultó la imagen, la significancia y el potencial de la mujer como sujetx de la historia. A pesar de la situación de dependencia patriarcal que supone ser reconocida como primera dama –el equivalente para una presidenta mujer ni siquiera existe- , Eva logró refundar la noción de mujer, articulando para la época significados complejos, y hasta contrapuestos, de femenidad. Por un lado, asumió determinadas áreas del estado y no otras, relativas a la asistencia de niñxs, ancianxs y enfermxs, perpetuando el ejercicio de la labor “femenina” hegemónica de protección, amor y cuidado; y por el otro, su accionar se se inscribió en el espacio de lo público, politizando el contenido de esas tareas no como ofrendas, sino como un deber del Estado hacia el cumplimiento de los derechos humanos.

La política como terreno habitado y codificado por varones, donde revalidarlos acuerdos de la fratría, donde ratificar  la propia virilidad ante pares; concibió y abordó a lxs otrxs –niñxs, mujeres, ancianxs-, como seres carentes de competencias para desenvolverse en política, dependientes, castradxs, destinadxs al tutelaje, víctimas. La aprobación del voto, además de empoderar a un sujetx postergadx como “la mujer”, generó necesariamente una reformulación en las reglas tácitas, principios de ordenamiento y relaciones de producción del capital que le eran propios al campo de la política en aquel contexto.

El voto representó entonces una significativa conquista de las mujeres en el largo camino de trinchera y discriminaciones que supo forjar la lucha feminista; además de ser un ejemplo a seguir por otros países de la región. Pero su consagración no fue un punto de llegada, sino una motivación hacia nuevos retos políticos, económicos, culturales y sexuales; hacia la visibilización de otras formas de opresión y exclusión menos evidentes.

*Laboratorio de Comunicación y Género de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, UNLP.

Por María Belén Rosales, Coordinadora del Observatorio de medios, Laboratorio de Comunicación y Género (Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Universidad Nacional de La Plata)

Morbo, juventudes desbordadas, promiscuidad, drogas, rebeldía. El caso del feminicidio de Melina Romero estalló en la escena mediática rutinizando  -en las páginas de la prensa gráfica, las pantallas de los programas televisivos y las transmisiones radiales-  el sexismo automático, la peligrosidad de la juventud y  la criminalización de clase como los pilares de las matrices ideológicas que sustentan y permean los argumentos en el abordaje del asesinato de esta joven desaparecida desde la madrugada del 24 de agosto. Según las crónicas, tras festejar su cumpleaños en un boliche de San Martín y luego de dos o tres días de sometimiento sexual, fue asesinada a golpes, su cuerpo envuelto en bolsas y luego descartado, probablemente en un arroyo.

En un breve repaso de los hechos, desde ese día agentes de gendarmería iniciaron múltiples rastrillajes para encontrar el cuerpo de Melina en tanto se sucedían las noticias sobre las declaraciones judiciales de los jóvenes que la vieron por última vez con vida. El martes 16 de septiembre se presentó a  una joven de 17 años  quien aseguró que fue parte de una fiesta sexual, donde a Melina Romero la mataron a golpes. Según la explicación de la testigo, a Melina la mataron la mañana del lunes cuando intentó irse de la casa donde estaba privada de su libertad, tras la negativa de los que allí se encontraban.  En tanto, hoy Elías Fernández, un joven de 18 años apodado «Narigón», fue detenido como el quinto sospechoso apresado en el marco de la causa que investiga la desaparición de la joven.

Mas allá de la cronología del proceso judicial, vale resaltar que hasta el momento la hipótesis que cristalizan los medios se orienta a que el feminicidio fue cometido por un grupo de varones tras la negativa de Melina a tener relaciones sexuales con el conjunto.

En tanto,   Melina como eminente “protagonista” del relato de su propio asesinato y presunta violación, pareciera cobrar vida en las narrativas mediáticas que dibujan el perfil social, psicológico, sexual, moral y la trama familiar, de quien es una víctima doblemente amordazada.

El 13 de septiembre  el diario Clarín publicó un perfil de Melina  titulado: “Una fanática de los boliches, que abandonó la secundaria”. *

Pero hubo más, las líneas siguientes  disparaban sin mesura que  “La vida de Melina Romero, de 17 años, no tiene rumbo”. El perfil es delineado con precisión, la narrativa biográfica arroja que “nunca trabajó”, “más de una vez se peleó en la casa y desapareció varios días”; “se levantaba todos los días al mediodía”; “iba a la plaza y se quedaba con amigos hasta la madrugada”; “se hizo cuatro piercings”; “le gustan las redes sociales, y tiene cinco perfiles de Facebook”; “nunca dice en qué anda”; “tiene amigos mayores”, entre otros datos retomados de fuentes de familiares directos.

Ciudadanxs y organizaciones sociales se expresaron y viralizaron al día siguiente el repudio a este modo de abordaje mediático del caso a través de las redes sociales y la Legislatura aprobó en sesión una declaración de preocupación ante el tratamiento “revictimizante”. Según expresa el proyecto de la diputada Claudia Neira (Frente para la Victoria), “se ha hecho eje en el perfil de la víctima, vulnerando su derecho a la privacidad, desatendiendo las recomendaciones establecidas por la Convención sobre los Derechos del Niño. En vez de condenar enérgicamente un crimen contra una mujer, nos perdemos en un limbo moral donde se hace foco en la víctima, no nos parece ético conocer los pormenores de la intimidad de una víctima, que además es menor de edad”, expresó la legisladora.

Más allá de estos repudios y algunas las denuncias, Melina vuelve a ser víctima de la trama que sustenta el “se lo buscó” por las dos vías de infracción a la norma sexual del patriarcado y por el binarismo del cual casi ninguna otra víctima de violencia de género pareciera poder escapar: “frígida” o “rapidita”, “santa” o “puta”, “monja” o “fiestera”. Es la estructura jerárquica de género por al cual el(los) varón(es) debe(n) reconducirse a la posición de hombre por las buenas o por las malas.

Porque como refiere la antropóloga Rita Segato la violación es un acto hecho en sociedad, comunicativo, es un acto altamente comprensible y que está en el imaginario de todos. La masculinidad es un paquete de potencias (sexual, económica, bélica, política, intelectual, moral), que deben llenarse o sustituirse unas con otras. Cuando ninguna de estas potencias legales funcionan se extrae de la función femenina ese tributo (violación) por las buenas o por las malas que reconoce al hombre por su paquete de potencias. Es necesario exhibirlas a los otros hombres para poder participar de su estatus, de su grupo de su cofradia, de su hermandad.

En cualquier sociedad ser hombre significa titularse hombre, significa el reconocimiento de los otros pares como una “hermandad imaginaria” cuyos esquemas de percepción y acción, el umbral compartido de valores morales se asientan en la estructura jerárquica patriarcal y sus pilares: sexismo, crueldad, conquista y rapiña de territorios (geográficos y cuerpos de mujeres), acceso falocéntrico para el dominio de las voluntades inferiorizadas. Todos estos, son elementos que componen el engranaje de la estructura jerárquica simbólica que disciplina cuerpos, existenciarios y saberes, e impone ese “deber ser” nomenclado por el patriarcado como conjunto de valores, normas y pràcticas que orientan los modos de distribución social del poder.

A pesar de las tranformaciones sociales y culturales, de las luchas històricas de los movimientos sociales por la conquista de derechos, de las proclamas públicas, y los avances normativos como la Ley 26.845 sobre Violencia contra las Mujeres donde se instituye a la Violencia Mediática como una de las modalidades de la misma, el ella “se la buscó”,  la intimidad de Melina expuesta con brutalidad en los escaparates mediáticos aparecen ya no solo como estrategia deshumanizante de mercado para tener la nota amarillista y la primicia para ser vendida “como pan caliente”, sino como arma fulminante de estigmatización disciplinante de ese ser considerado “No ser”.

En la cobertura mediática del feminicidio de Melina el escarnio sobre la víctima y la moralización, juegan a un juego esquizofrénico junto a la invisibilizacion porque la mirada lejos de estar dirigida a los procesos y a las relaciones de dominio, desamparo, vulnerabilidad y exclusión, que provocan las violencias (patriarcales, feminicidas, simbólicas, económicas, sexuales, institucionales, etc)  las invisibilizan para dar protagonismo a la los datos y detalles escandalosos que aseguran la venta en el mercado.

Es desde la simbolicidad de lo cultural, de la comunicación y la cultura  donde es posible activar nuevos imaginarios del cambio. Lo simbólico-cultural condensa todo lo que desborda las lógicas de ordenamiento y regulación de lo social: imágenes, fantasías, discursos, subjetividad, identidad, lenguajes.

El  tratamiento mediático del feminicidio de Melina, como de tantos otros,  ha cristalizado la crueldad del exterminio ya no de la materialidad del cuerpo, sino de la muerte simbólica y moral a la que  someten a la víctima  las lógicas de mercado y las ideologías patriarcales.

Los medios de comunicación, en sus distintos formatos y dispositivos, actúan en relación con la producción de sentido común para volverlo mapa hegemónico de la representación del mundo, por tanto, periodistas y comunicadores,  tenemos una responsabilidad insoslayable e impostergable en la revisión y transformación de la cultura de la impunidad y complicidad que rodea los crímenes mediatizados y no mediatizados así como  la desnaturalización de las violencias cotidianas. De allí la importancia de profundizar en la reflexión crítica en torno a género y la responsabilidad ética de nuestra labor tanto en la formación como en el ejercicio de la profesión como comunicadores y comunicadoras sociales comprometidos con la transformación social.

* Clarín, El 13 de septiembre  de 2014: “Una fanática de los boliches, que abandonó la secundaria”.  Fuente:http://www.clarin.com/policiales/fanatica-boliches-abandono-secundaria_0…

*María Florencia Actis

El pasado 28 de septiembre se cumplieron 24 años desde que el aborto legal, seguro y gratuito se estableció oficialmente como demanda prioritaria en las agendas de movimientos y organizaciones feministas de todos los países de la región. Fue durante el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe celebrado en Argentina en 1990, por constituir la primera causa de mortalidad de las mujeres.

De acuerdo a las estadísticas, más de 500 mujeres mueren anualmente en nuestro país por practicarse abortos en condiciones de clandestinidad, y se estima que en toda la región del cono sur y el Caribe, se realizan 4 millones de abortos, lo que produce alrededor de 800 mil hospitalizaciones.

Las cifras demuestran que el aborto constituye una elección y una práctica cotidiana de las mujeres, más allá de las intenciones de los grupos autodenominados “pro-vida”, o como le llamamos desde el movimiento de mujeres “lxs antiderechos”, de tergiversar la discusión hacia un debate ético, moral y filosófico sobre la concepción y el comienzo de la vida. Es decir, la falta de deseo por ser madres, o volver a serlo, es tan enérgica que optan por abortar, a pesar de las patentes condiciones de inseguridad, desinformación y soledad en que miles de  mujeres afrontan esta experiencia.

En este sentido, consideramos que el Estado debe accionar, contener y aminorar las problemáticas sociales existentes, desplegando el máximo de sus recursos disponibles, y la sanción de una ley nacional que delegue en los hospitales públicos la atención integral a las mujeres que deseen abortar, es la solución más loable para evitar el altísimo y creciente número de muertes, mal llamadas “muertes maternas”.

Los Ministerios de Salud, han sistematizado el número de mujeres que llegan de sus casas a la guardia hospitalaria con complicaciones –hemorragias o infecciones- luego de practicarse un aborto con misoprostol y mueren; configurando un indicador de “muertes maternas”. Utilizar este término es violento ya que invisibiliza la decisión de la mujer al reafirmarla en el lugar de la madre, al concebirla como madre potencial.

La resistencia e intransigencia de ciertos sectores a que el aborto se despenalice y legalice, está directamente relacionada con intereses corporativos. En principio, el lucrativo negocio del aborto ilegal, el cual beneficia a la empresa médica y farmacéutica, reporta millones de  pesos anualmente.  El Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires desde hace 10 años impulsa políticas de restricción de venta y prohibición formal del misoprostol en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, logrando que en todo el país el misoprostol haya dejado de ser de venta libre y se comercialice bajo receta archivada. Una caja de este medicamento, de uso antiinflamatorio con protector gástrico, oscila un valor de mercado de no menos de 700 pesos; mientras que un aborto quirúrgico supera los 5 mil pesos.

Otro de los argumentos que obtura la legalización del aborto está relacionado con la matriz occidental que da sentido al modo en que construimos un lazo social, y que nos autodefinimos dentro de una estructura de poder, fuertemente dispuesta, organizada y sostenida a partir del género. El imaginario dominante, afirmado como tal gracias a la compulsiva repetición de las normas de género y de los efectos que producen sobre la materialidad de los cuerpos sociales e individuales, supone un esquema binómico del mundo, en que no sólo existen varones y mujeres, sino que los primeros resultan más privilegiados y empoderados  que las segundas.  Si bien ambos sujetxs, masculino y femenino, cargan con una serie de mandatos de acuerdo a su identidad de género, el mandato que recae sobre los varones, garantiza que el costo por responder ante estos mandatos sea compensado con el reconocimiento social, político y económico. Distinto es para ellas, ya que obedecer los mandatos, significa recluirse en la circularidad del espacio doméstico, sin ningún tipo de rédito, sin participar en la construcción de la historia, sin capitalizar políticamente su función “de madres,  esposas y amas de casa” que también es económica.

La maternidad pareciera investir a las mujeres de una ética fundada en el amor “natural”, y vehiculizar su realización como persona; conlleva un modo de nombrarse, identificarse y a la vez,  diferenciarse de otrxs, de autogestionar el reconocimiento y la dignidad en el ámbito de lo público. Por ello, la mujer que reniega de este hecho que la sacraliza, resulta motivo suficiente para poner en duda su reputación, hasta su condición sexual; y en el caso de quienes deciden abortar en un acto deliberado, deben cargar con la sanción no sólo moral sino punitiva de la justicia, que todavía concibe el aborto como un asesinato.

Para rebatir este tipo de argumentaciones, es inminente subrayar el carácter fáctico del aborto y el enorme déficit que contrae en materia de salud pública. Resulta fundamental, trabajar en la creación de las condiciones socio-culturales para la aprobación de esta ley; es decir, en campañas de difusión respecto de la tasa de mortalidad por abortos ilegales, explicativas de métodos alternativos, seguros para abortar, y que desmitifiquen creencias populares e infundadas sobre los riesgos de abortar. En este sentido, el 28 de septiembre debe servir para seguir aportando a instalar un debate público, mediático e institucional sobre esta problemática que afecta nuestra salud y soberanía, resignificando el aborto como asunto de derecho humanos como así también las limitaciones vigentes en el concepto de democracia.

*Laboratorio de Comunicación y Género. Directora:  María Florencia Cremona