*María Florencia Actis

El pasado 28 de septiembre se cumplieron 24 años desde que el aborto legal, seguro y gratuito se estableció oficialmente como demanda prioritaria en las agendas de movimientos y organizaciones feministas de todos los países de la región. Fue durante el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe celebrado en Argentina en 1990, por constituir la primera causa de mortalidad de las mujeres.

De acuerdo a las estadísticas, más de 500 mujeres mueren anualmente en nuestro país por practicarse abortos en condiciones de clandestinidad, y se estima que en toda la región del cono sur y el Caribe, se realizan 4 millones de abortos, lo que produce alrededor de 800 mil hospitalizaciones.

Las cifras demuestran que el aborto constituye una elección y una práctica cotidiana de las mujeres, más allá de las intenciones de los grupos autodenominados “pro-vida”, o como le llamamos desde el movimiento de mujeres “lxs antiderechos”, de tergiversar la discusión hacia un debate ético, moral y filosófico sobre la concepción y el comienzo de la vida. Es decir, la falta de deseo por ser madres, o volver a serlo, es tan enérgica que optan por abortar, a pesar de las patentes condiciones de inseguridad, desinformación y soledad en que miles de  mujeres afrontan esta experiencia.

En este sentido, consideramos que el Estado debe accionar, contener y aminorar las problemáticas sociales existentes, desplegando el máximo de sus recursos disponibles, y la sanción de una ley nacional que delegue en los hospitales públicos la atención integral a las mujeres que deseen abortar, es la solución más loable para evitar el altísimo y creciente número de muertes, mal llamadas “muertes maternas”.

Los Ministerios de Salud, han sistematizado el número de mujeres que llegan de sus casas a la guardia hospitalaria con complicaciones –hemorragias o infecciones- luego de practicarse un aborto con misoprostol y mueren; configurando un indicador de “muertes maternas”. Utilizar este término es violento ya que invisibiliza la decisión de la mujer al reafirmarla en el lugar de la madre, al concebirla como madre potencial.

La resistencia e intransigencia de ciertos sectores a que el aborto se despenalice y legalice, está directamente relacionada con intereses corporativos. En principio, el lucrativo negocio del aborto ilegal, el cual beneficia a la empresa médica y farmacéutica, reporta millones de  pesos anualmente.  El Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires desde hace 10 años impulsa políticas de restricción de venta y prohibición formal del misoprostol en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, logrando que en todo el país el misoprostol haya dejado de ser de venta libre y se comercialice bajo receta archivada. Una caja de este medicamento, de uso antiinflamatorio con protector gástrico, oscila un valor de mercado de no menos de 700 pesos; mientras que un aborto quirúrgico supera los 5 mil pesos.

Otro de los argumentos que obtura la legalización del aborto está relacionado con la matriz occidental que da sentido al modo en que construimos un lazo social, y que nos autodefinimos dentro de una estructura de poder, fuertemente dispuesta, organizada y sostenida a partir del género. El imaginario dominante, afirmado como tal gracias a la compulsiva repetición de las normas de género y de los efectos que producen sobre la materialidad de los cuerpos sociales e individuales, supone un esquema binómico del mundo, en que no sólo existen varones y mujeres, sino que los primeros resultan más privilegiados y empoderados  que las segundas.  Si bien ambos sujetxs, masculino y femenino, cargan con una serie de mandatos de acuerdo a su identidad de género, el mandato que recae sobre los varones, garantiza que el costo por responder ante estos mandatos sea compensado con el reconocimiento social, político y económico. Distinto es para ellas, ya que obedecer los mandatos, significa recluirse en la circularidad del espacio doméstico, sin ningún tipo de rédito, sin participar en la construcción de la historia, sin capitalizar políticamente su función “de madres,  esposas y amas de casa” que también es económica.

La maternidad pareciera investir a las mujeres de una ética fundada en el amor “natural”, y vehiculizar su realización como persona; conlleva un modo de nombrarse, identificarse y a la vez,  diferenciarse de otrxs, de autogestionar el reconocimiento y la dignidad en el ámbito de lo público. Por ello, la mujer que reniega de este hecho que la sacraliza, resulta motivo suficiente para poner en duda su reputación, hasta su condición sexual; y en el caso de quienes deciden abortar en un acto deliberado, deben cargar con la sanción no sólo moral sino punitiva de la justicia, que todavía concibe el aborto como un asesinato.

Para rebatir este tipo de argumentaciones, es inminente subrayar el carácter fáctico del aborto y el enorme déficit que contrae en materia de salud pública. Resulta fundamental, trabajar en la creación de las condiciones socio-culturales para la aprobación de esta ley; es decir, en campañas de difusión respecto de la tasa de mortalidad por abortos ilegales, explicativas de métodos alternativos, seguros para abortar, y que desmitifiquen creencias populares e infundadas sobre los riesgos de abortar. En este sentido, el 28 de septiembre debe servir para seguir aportando a instalar un debate público, mediático e institucional sobre esta problemática que afecta nuestra salud y soberanía, resignificando el aborto como asunto de derecho humanos como así también las limitaciones vigentes en el concepto de democracia.

*Laboratorio de Comunicación y Género. Directora:  María Florencia Cremona