La realidad argentina nos ha demostrado que es posible transformar el contexto participando de los debates, aquellos que fueron el corazón de la recientemente sancionada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y más allá de que surge del profundo ejercicio de la democracia, dando por tierra a la Ley 22.285 de la dictadura, parece que aún hay muchos grupos sociales, empresariales y políticos que cuestionan su validez.

Por primera vez un gobierno democrático se decidió a escuchar las voces de universidades, colegios, sindicatos, entidades de la sociedad civil, ONGs, pueblos originarios, grupos confesionales tanto políticos como religiosos que durante meses opinaron de manera plural sobre un proyecto que los integra con una visión participativa ante la actual distribución de frecuencias de los medios de información.

La ley tuvo y tiene que hacer frente a la movilización de los grupos monopólicos, los más beneficiados con la norma de los años 80 que, sin lugar a dudas, se presentan detentando el poder unívoco de generar opinión con una única vocación u objetivo: el lucro. Frente a esto, un sistema de medios audiovisuales más justo, más representativo, más plural.

Más medios con más diversidad de expresiones para que no haya monopolio en la información, ni la invasiva unidireccionalidad informativa y formativa que desde la Capital Federal se ejerce hacia el interior del país. Esto no implica pasar sobre el federalismo que se atribuyen los grupos empresarios que han monopolizado el mercado de la comunicación.

Ante este escenario y como paso para la aplicación de la nueva ley, el desafío se presenta en levantar nuevas radios, nuevos canales de televisión y cables, para generar más audiciones en un proceso que es social y económico pero también cultural; que necesita de nuevas ideas y respuestas para no repetir o clonar rápidamente el modelo audiovisual vigente, y que sitúe la noticia pero también la cultura, la música, la ciencia, el deporte y el entretenimiento con la gente como protagonista en su barrio y su ciudad.

Las calificaciones y adjetivaciones negativas que recibe la ley provienen desde los distintos sectores que han originado una profunda y gran desigualdad sobre los bienes materiales y sobre los bienes simbólico-culturales. Los mismos que reclaman "libertad de prensa, confundiéndola con libertad de empresa" reza el dicho que se refuerza con una verdad incontrastable: durante 25 años estuvieron conformes con al Ley de la dictadura porque les garantizaba el monopolio de los medios y control de la información del país.

Esta ley no viene a salvar las diferencias y las contradicciones históricas de nuestro país. Pero sí moviliza a todos los sectores sociales, culturales, políticos y religiosos para recomponer una parte del cuerpo social y encontrar caminos superadores para defender los espacios de libertad junto a cada ciudadano.

Lic. Mario Migliorati