A propósito de la reunión de la SIP en Salta.
La Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP repudia la “Declaración de Salta sobre Principios de Libertad de Expresión en la Era Digital” aprobada el pasado 22 de octubre en la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), realizada en Salta. En el marco del evento los empresarios asociados a dicha organización aprobaron la Declaración. https://www.sipiapa.org/notas/1212813-sip-aprueba-la-declaracion-salta-la-era-digital
Es necesario tener presente que la SIP está conformada por el sector empresarial mediático y representa los intereses de los grandes conglomerados informativos que concentran el derecho a la información y a la comunicación en América. Basta analizar cuáles son sus socios para saber qué intereses defienden: https://www.sipiapa.org/contenidos/socios-por-pais.html . La complicidad de la SIP con las dictaduras y golpes de Estado se encuentra documentada en la historia misma de América Latina.
Vale recordar que entre sus objetivos se destaca el de promover y resguardar la “libertad de expresión y de prensa”, pero el concepto, la interpretación, la dimensión y el alcance de la libertad de expresión que proclaman defender y proteger es la propia del sujeto empresario y no la del sujeto universal de la información y de la comunicación. En otros términos, la SIP no reclama por el derecho humano universal, de dimensión simultánea colectiva e individual, a la información y a la comunicación, sino que solamente brega por la libertad de prensa de y para las empresas. Este enfoque es sustancial y representativo de la forma de concebir quién expresa qué y a través de qué medios. El derecho humano a la comunicación de los pueblos y la importancia y trascendencia de la comunicación popular y comunitaria son visceralmente despreciados por la SIP y sus integrantes.
En 1994, en el marco de la Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión celebrada en México D.F., la SIP aprobó un documento que denominaron “Declaración de Chapultepec” sobre principios de libertad de expresión, nominación presuntuosa que muchas veces ha llevado a equívocos académicos, inclusive al disfrazarla de una Declaración propia del campo de los derechos humanos y que han llegado hasta un grado de manipulación y tergiversación tal que la han hecho suscribir a gobiernos latinoamericanos, pretendiéndole dar valor legal cuando carece del mismo y cuando en realidad se limita a ser una proclama típica y propia del sector empresarial mediático.
Valga en tal sentido, su mero cotejo con la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año 2000 que sí es el instrumento oficial y guía para los Estados que conforman el sistema interamericano de Derechos Humanos y es obligatorio como pauta interpretativa del Artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica (www.cidh.org).
Esta nueva “Declaración” de Salta renueva los viejos postulados del documento de Chapultepec incorporándole las novedades propias de la “era digital”, por supuesto, sin dejar de concebir a la libertad de expresión en los entornos digitales de una manera empresaria y comercialista.
Nada se dice sobre la concentración mediática, los monopolios y oligopolios de la información y su constitución como una vía de censura prohibida por el Artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Nada se dice sobre la censura privada ni la manipulación informativa que ellos mismos ejercen. Nada dicen sobre la comunicación popular, comunitaria, sobre el derecho de rectificación o respuesta, sobre los derechos colectivos, gremiales e individuales de los/as trabajadores/as de la comunicación y la cultura, sobre los despidos y persecuciones a periodistas y medios que el poder mediático cercena y mucho menos se habla sobre la pluralidad y diversidad de medios.
En el Punto 3 de este documento aprobado en Salta, sostienen: “Los gobiernos no deben inhibir con regulaciones las expresiones de interés público en el espacio digital, tampoco imponer sanciones agravadas por el hecho que sean manifestadas en dicho espacio. Asimismo, los gobiernos no deben penalizar la crítica, la información o la protesta en contra de los funcionarios públicos sobre asuntos de interés público o contra personas que voluntariamente se exponen al escrutinio de la sociedad. En caso de reclamos de carácter civil debe probarse que se actuó con real malicia”.
Esta normativa que reclaman, nosotros como país ya la tenemos en vigencia en Argentina, y fue gracias al fallo “Kimel” y la modificación que tuviera el Código Penal Argentino en materia de calumnias e injurias en virtud de la Ley N° 26.551 (B.O.: 18/11/2009) durante la Presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Es necesario recordar y enfatizar este dato para la memoria colectiva puesto que fue en ese gobierno cuando el país alcanzó los más altos estándares en materia de derecho a la comunicación, los que en la actualidad han tenido un gravísimo retroceso en parámetros democráticos e institucionales.
Mención especial merecen los puntos 7, 10 y 11 del documento de Salta, a cuya lectura textual remitimos en el enlace citado, pero es de señalar que tales postulados resultan ser los argumentos de las grandes corporaciones y plataformas que hoy dominan el entorno digital para operar fuera de cualquier marco regulatorio, propiciando sus propias normas autorregulatorias. Basta recordar al respecto el escándalo de “Cambridge Analytica” y su singular pedido de perdón.
Debe quedar claro que la SIP representa al poder del empresariado mediático de América y que los grandes grupos concentrados de información del país y sus entidades nacionales como ADEPA responden y forman parte de sus intereses. Ellos creen ser el único sujeto legitimado para el ejercicio a la libertad de prensa que tanto proclaman, solamente en cabeza del sujeto empresario. Libertad maquillada y grotesca que no puede ser aceptada ni consentida para un pueblo titular del derecho universal a la comunicación, a la educación y a la cultura que no admite los exclusivismos mediáticos.
