Por Jorge Jaunarena*

En noviembre de 2012 la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara Baja del Congreso de la Nación firmó el dictamen de la Ley 26.811, un proyecto presentado por el Frente para la Victoria que declara al 8 de mayo como el Día Nacional Contra la Violencia Institucional.

La fecha elegida se refiere a la denominada «Masacre de Ingeniero Budge». En esa localidad del partido de Lomas de Zamora fueron fusilados tres amigos que conversaban y tomaban una cerveza en una esquina. Tres suboficiales de la policía bonaerense asesinaron de 29 disparos a los tres jóvenes, la mayoría de los proyectiles ingresaron por la espalda.

El testimonio de los policías afirmaba que había sido un enfrentamiento, mientras el relato de muchos testigos, vecinos del barrio, confirmaba que se trataba de un fusilamiento. Al costado de los cuerpos les plantaron los «perros», que en la jerga policial significa armas.

La «Masacre de Ingeniero Budge» marcó un hito en la historia democrática de nuestro país, en relación al accionar represivo de las fuerzas de seguridad como el primer caso de «gatillo fácil». La memoria colectiva también recuerda este hecho como la primera pueblada organizada a raíz de un caso vinculado estrechamente a una metodología utilizada durante la última dictadura cívico militar.

Así y luego de muchos debates, se define a la “violencia Institucional” como prácticas estructurales de violación de derechos por parte de funcionarios públicos, pertenecientes a fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, policías, servicios penitenciarios, operadores judiciales y efectores de salud en contextos de restricción de autonomía y/o libertad (detención, encierro, custodia, guarda, etc.).

El caso Canizzo

“Tanto sufrimiento durante estos años pero hoy se hizo justicia. Ahora mi hijo va a poder descansar en paz” expresó el martes 30 de Abril de 2019 Mónica Yllescas, luego de escuchar la sentencia contra cuatro policías de la Comisaría 3ª de Berisso que asesinaron a golpes a su hijo Ariel.

El Tribunal en lo Correccional 1 de La Plata condenó a prisión perpetua a los uniformados de la bonaerense por “homicidio agravado en abuso por sus funciones en el cargo”. “Es sumamente grave que los cuatro condenados por homicidio durante 8 años siguieron ejerciendo como policías. No olvidemos que teníamos policías asesinos trabajando en una comisaría”, destacó Rosa Schonfeld, presidenta de la Asociación Miguel Bru. La Asociación patrocinó a la familia de Ariel Canizzo con lxs abogadxs Verónica Bogliano y Juan Manuel Morente.

El ex capitán Ricardo de La Canal, los tenientes Roberto Percuoco y Ernesto Conti y el oficial principal José Antonio Cáceres, fueron condenados por el homicidio del joven de 33 años que el 21 de octubre de 2011 fue secuestrado de su casa por los cuatro efectivos –en un procedimiento irregular y sin mediar orden de captura – y sometido a una brutal golpiza. Como resultado de esos golpes murió luego, cuando estaba detenido en la Comisaría.

Para llegar al juicio tuvieron que remontar la inacción de la Justicia, por ejemplo la actitud del fiscal Marcelo Romero, que denegó varios pedidos de prueba durante años que permitían probar el homicidio de Ariel. También del juez Melazo que dictó el sobreseimiento de los imputados. Pero otra vez, en el marco de un proceso colectivo, del que fueron protagonistas la familia, los vecinos que inmediatamente marcharon hacia la comisaría, abogaxs, la Asociación Miguel Bru, conjuntamente con otras instituciones que participaron del juicio bajo la figura de “veedores del tribunal”-entre ellas nuestra Facultad-, dieron como resultado que en octubre de 2016 la causa llegara a juicio en el Juzgado Correccional 1 de La Plata pero por la simple imputación de apremios.

En ese año y declarando ante la jueza correccional, ni los peritos oficiales de la asesoría pericial- que además incumplieron con los protocolos de autopsia-, ni el perito de parte pudieron determinar que los golpes que recibió Ariel no tuvieran que ver con su muerte, por lo que se solicitó el cambio de carátula a “Homicidio agravado”. Ante esto la jueza se declaró incompetente, ya que el Juzgado Correccional no hubiera podido dictar condena en caso de comprobarse ese delito. De ésta manera el caso llegó a este juicio con la calificación de “apremios ilegales”, una vieja y conocida estrategia del Poder Judicial para garantizar la impunidad de los casos de gatillo fácil.

Este fallo judicial tan reciente nos sirve a modo de ejemplo para observar actores y políticas que intervienen en la denominada Violencia Institucional. Los jóvenes de sectores populares como víctimas de estos hechos, la familias que sin recursos buscan ayuda para que se haga justicia y no la reciben por parte del Estado; militantes y organizaciones de DD.HH. que brindan esa ayuda; el poder policial cometiendo esos hechos de Violencia institucional; las pericias del Estado y sectores del poder judicial que amparan o ponen obstáculos para que el caso salga a la luz; los medios de comunicación que en primera instancia avalan la versión policial La movilización de lxs vecinxs, la familia y la participación de las organizaciones fueron fundamentales para que se haga Justicia.

Violencia Institucional en el gobierno de Cambiemos

Hoy asistimos a un presente en donde la Doctrina Macri/Bullrich/ Chocobar significan un recrudecimiento represivo, sin precedentes en nuestro país, a no ser que nos remitamos a procesos dictatoriales. Esta política tiene dos objetivos fundamentales: reprimir a la protesta social de la clase trabajadora frente a los ajustes salariales, despidos y tarifazos, y por otro lado, reprimir a los pibes de los sectores marginados por la distribución desigual de la riqueza bajo el maquillaje de combatir la inseguridad.

En el marco de esta nueva Doctrina, las Fuerzas de Seguridad están habilitadas y legitimadas para reprimir. Hay que señalar que en 2018 el presidente Mauricio Macri habilitó legalmente a las fuerzas armadas para participar en cuestiones de seguridad interior en las que tienen prohibido participar por ley. Sin duda respondiendo a una agenda internacional que viene impuesta y que no está necesariamente asociada a los intereses nacionales.

En el marco de esta nueva Doctrina impulsada, avalada y legitimada por el presidente Macri, y su impresentable ministra de seguridad Patricia Bullrich, las Fuerzas de seguridad están habilitadas para reprimir y asesinar. La única presencia del Estado en los barrios pobres es la punitiva, solo fuerzas de seguridad, la denominada “saturación policial”. Pretendiendo resolver problemas sociales con «mano dura». Además en el casco urbano los pibes de esos barrios raramente puedan transitar, son mal vistos, son hostigados por las fuerzas, tienen prohibido transitar libremente por el espacio público, por “portación de cara” que se le dice, un claro hecho de discriminación social.

De esta manera, y con la ayuda de los medios de comunicación hegemónicos construyen en éstos jóvenes al «chivo expiatorio» causantes de todos los males que aquejan a la sociedad. Y asimismo configuran al nuevo «enemigo interno» al que hay que combatir. Históricamente, comprobado está que la validación política de estas prácticas solo produce más violencia e impunidad. Y habilita a los sectores más reaccionarios, entre ellos el Gobierno, a volver con el caballito de batalla electoral de pretender bajar la edad de punibilidad de nuestros jóvenes.

Según informó la Correpi (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) en el último informe sobre Violencia Institucional presentado en marzo de 2019, un total de 1.303 personas fueron asesinadas por el aparato represivo estatal durante la gestión de Cambiemos, entre el 10 de diciembre de 2015 y el 12 de febrero de 2019, dando un promedio de un asesinato cada 21 horas, más de uno por día. Lo que implica que el macrismo, en apenas tres años, incrementó a más del doble la frecuencia de estos hechos de Violencia Institucional. El archivo refleja el imponente salto represivo del Gobierno que ha batido todos los récords de sus antecesores desde fin de 1983, y ya ha comenzado a superar los propios.

Podemos mencionar a modo de algunos ejemplos la desaparición y asesinato de Santiago Maldonado, y el fusilamiento de Rafael Nahuel, Facundo Ferreira, los asesinatos de Ismael Ramírez (13) en la represión a un piquete de desocupados en Sáenz Peña, Chaco, y de Rodolfo Orellana, militante de la CTEP, en la represión a un conflicto por tierra y vivienda en La Matanza. Estos hechos están enmarcados en otras acciones de Violencia Institucional como son la numerosa cantidad de presos políticxs, espionajes ilegales y extorsiones con amenazas de prisión, por parte de funcionarios del Gobierno.

La educación, el trabajo, la salud, la vivienda digna, son sin duda alguna los componentes claves de una agenda política que tenga que ver con la inclusión y la justicia social, y que este gobierno durante su gestión demostró que no están, ni estarán entre sus objetivos. Para llevar adelante esta política, que prioriza el saqueo y el privilegio de unos pocos, la violencia institucional es un elemento clave.

*Secretario de DD.HH de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP y de la Asociación Docentes de la UNLP (Adulp) y miembro cofundador de la Asociación Miguel Bru

Foto: Gabriela Hernández