Por Luciana Isa*
En 2010, la Asociación Mundial para la Salud Sexual invitó a sus organizaciones afiliadas a establecer un día para promover una mayor conciencia social en torno a la salud sexual. Cada año, la celebración tiene un lema distinto. A nueve años de su consagración, el lema es “Educación sexual para todos/as/es: un puente hacia la salud sexual”, el cual destaca, de acuerdo a información oficial disponible, la importancia de la educación integral de la sexualidad sin hacer diferencias por edades, géneros, grupos ni contextos.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la salud sexual como un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad, la cual no es solamente la ausencia de enfermedad, disfunción o incapacidad. Asimismo, agrega la OMS, los derechos sexuales de todas las personas deben ser respetados, protegidos y ejercidos a plenitud. La sexualidad es un aspecto central del ser humano a través de su vida e incluye sexo, identidades y roles de género, orientación o preferencia sexual, erotismo, placer, intimidad y reproducción.
De acuerdo a ello, y desde una perspectiva geográfica local, Argentina establece sus políticas en salud de acuerdo a los lineamientos que promueve la OMS. De tal modo, en materia de salud sexual, la Argentina ha creado en 2003 el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (PNSSyPR – Ley N° 25673); y luego, en el año 2006, se sancionó la Ley de Educación Salud Sexual Integral (ESI), N° 26.150. El Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable tuvo como objetivo alcanzar para la población el nivel más elevado de salud sexual y procreación responsable con el fin de que las personas puedan adoptar decisiones libres de discriminación, coacciones o violencia; disminuir la morbimortalidad materno-infantil; prevenir embarazos no deseados; promover la salud sexual de lxs adolescentes; contribuir a la prevención y detección precoz de enfermedades de transmisión sexual, de VIH/sida y patologías genitales y mamarias; garantizar a toda la población el acceso a la información, orientación, métodos y prestaciones de servicios referidos a la salud sexual y procreación responsable; potenciar la participación femenina en la toma de decisiones relativas a su salud sexual y procreación responsable.
Por su parte, tres años después, la Ley de Educación Sexual Integral establece que todxs lxs educandxs desde el nivel inicial hasta el nivel superior de formación docente y de educación técnica no universitaria, tienen el derecho a recibir educación sexual integral. Sin embargo, en la realidad existe una falla en la aplicación de la ESI, que no se rige ni se cumple en la mayoría de los establecimientos educativos, como tampoco en la instancia de formación docente, por más que se proponga trabajar el género y la educación sexual integral de manera transversal (Peker, 2017).
Como también ocurre con el PNSSyPR, teniendo en cuenta: la falta de entrega gratuita de métodos anticonceptivos; de insumos, equipamiento y recursos humanos especializados para la realización de controles ginecológicos; medicamentos para personas con tratamiento de VIH; y sin dejar de señalar el incumplimiento de la Ley que garantiza el aborto para casos en los que se encuentre en riesgo la salud de la mujer, entre las deficiencias más graves.
De esta manera, y como lo establece nuestra Constitución Nacional, si el Estado no implementa el diseño de políticas públicas que permitan generar las articulaciones correspondientes en materia de gestión a los fines de garantizar su cumplimiento, significa que ese derecho no se cumple y, por lo tanto, el Estado y quienes en cada momento histórico sean lxs representantes de su administración, son responsables por su incumplimiento.
La escuela, como institución jerarquizada y formadora de subjetividades, debe ser re-pensada para que la Educación Sexual Integral pueda ser incorporada a la currícula y trabajada de manera interdisciplinaria, generando estrategias pedagógicas que permitan la apertura de debates y la inclusión de las problemáticas que atraviesan a las y los estudiantes.
Asimismo, desde los espacios de reflexión, investigación y producción de conocimientos que la Universidad Pública tiene el deber de generar, en este caso la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, consideramos que pensar la salud sexual desde una perspectiva integral no implica sólo reconocer problemáticas que atraviesan a los cuerpos sino también sus contradicciones. En este sentido, comprendemos que deben darse las discusiones necesarias en torno a las nociones de derechos, sujetos de derecho, autonomía, soberanía de los cuerpos, y reflexionar en torno a los imaginarios construidos en relación a los mandatos sociales que nos categorizan a través del género como categoría analítica para el trabajo, la vida, y como modo de distribución y reproducción del poder en todo espacio educativo y académico. Aquí no hay hechos aislados, todo está contenido y reproducido por la cultura, partiendo de una economía y lógica política de las sociedades occidentales.
Desde este enfoque, que concibe a la salud y a su acceso como un asunto de Derechos Humanos, creemos que la necesidad de acabar con el sistema de relaciones sociales basado en la desigualdad de género, que es el patriarcado, es responsabilidad de todas y todos y, por lo tanto, buscamos que la igualdad y el respeto sean la base fundante de nuevos vínculos sociales, que permitan la construcción de relaciones igualitarias y libres de violencias.
*Docente e Investigadora de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata
