Por Claudia Villamayor*
En el contexto del Covid-19, no deja de ser sustancial el papel que cumple el sistema de la información y de la comunicación en la configuración del poder en la Argentina. La ciudadanía en su conjunto no es monolítica frente a él, porque se ha puesto más que nunca en evidencia las desigualdades y por ello mismo, la necesidad de un Estado que regule en favor de lo contrario.
Frente a la enfermedad social desatada, el dispositivo infocomunicacional de mercado concentrado deja a la intemperie a grandes mayorías sociales que podrían verse beneficiadas en cualquiera de sus ramas, si el mismo estuviera dispuesto de manera apropiada de acuerdo a las necesidades de todos/as/es y en clave de justicia social, justicia de género y por supuesto justicia tecnológica. No es sólo una cuestión de accesos, porque el sistema inforcomunicacional es un actor que hay que verlo en relación al modelo productivo y al modelo de sociedad en términos de desigualdades. Ciertamente que para ello, es necesario evidenciar que la desigualdad también es expresión de disputas respecto de cómo se piense y se hace el sistema de las telecomunicaciones desde la perspectiva de la comunicación pública en relación al sector privado.
En este sentido las asimetrías siguen al orden del día y las consecuencias de los/as/es mayores afectados siguen siendo los más vulnerables librados a la intemperie de las consecuencias que deja el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. A las telecomunicaciones no hay que verla como meros tecnicismos neutros. Por el contrario, siempre que hablemos de ellas, estamos hablando de política y dependiendo como se defina, estamos hablando de desigualdad.
Durante los cuatro años de ignominia y devastación del Estado (2015-2019) la bandera de la convergencia y el salto cualitativo de la competencia encontró en el Gobierno de la derecha, una lista de definiciones que abrieron la posibilidad ilimitada al desarrollo de la concentración, se favoreció los negocios del mercado voraz de medios y telecomunicaciones poniendo en el tapete a los mismos grupos empresarios que alcanzaron hasta nuestros días con voracidad a impulsar un desarrollo comunicacional más pensándolo como estrategia de apertura económica, que ponerlo en clave de desarrollo de una industria nacional. No les importa a los grupos corporativos, no le importa al grupo Clarín ni a ningún otro del sector esa posibilidad. El problema con las telecomunicaciones, es el problema de una disputa por el modelo de país. Tal vez por eso cuando asume un gobierno popular que quiere recuperar el estado como regulador y garante de la distribución igualitaria, el ataque de los dueños del poder y de las corporaciones, se ponen por objetivo todo lo que atente con su voracidad.
¿Es posible pensar las telecomunicaciones desde una perspectiva alternativa a ellos? Por supuesto que sí. ¿Qué tecnología? ¿Para quiénes prioritariamente? ¿Por qué? ¿En clave de que políticas de Estado en cada una de las dimensiones de los derechos humanos podemos poner las telecomunicaciones no como un fin en sí mismo, ni siquiera en términos del libre albedrio del mercado, sino como dimensión de desarrollo de una industria nacional y de modo estratégico para sustenta el buen vivir o la calidad de vida de la ciudadanía?
Las Telecomunicaciones pensadas y realizadas para ejercer justicia en materia de la salud, la educación, el trabajo, la obra pública, la ciencia y el conocimiento, la energía sustentable, la justicia de género, la justicia sexual, la justicia cognitiva, el modelo de producción, la vivienda, la alimentación, la producción agropecuaria, la agricultura familiar, la agroecología, la pequeña y mediana empresa, la economía social y poder seguir. ¿En qué momento nos hicieron creer que el sistema info comunicacional es un problema de tecnicisimos de expertos? De ninguna manera, es una necesidad urgente para dimensionar su incidencia en el modelo de sociedad en la que queremos vivir. La conectividad, insistimos, no es un problema de acceso, al menos no es lo único, tiene que ver con el sentido y la necesidad en particular de quienes más necesitan justicia en todos los órdenes de la vida social. Un sistema de telecomunicaciones pensado para producir igualdad de derechos es urgente, el Covid-19 lo ha puesto de manifiesto en el sistema educativo, pero también en todo el sistema de la producción. Es tiempo de abordarlo y comprometer un trabajo interdisciplinario para el diseño, la planificación y la gestión de procesos comunicacionales en las políticas públicas desde una perspectiva transversal. El rol de la Universidad Pública en este sentido, es sustancial.
*Directora de la Tecnicatura Superior Universitaria en Comunicación Popular de la Facultad de periodismo y Comunicación Social de la UNLP.
