La Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP manifiesta su repudio al accionar de una “red de espionaje político y judicial” que expone la relación entre funcionarios judiciales, servicios de inteligencia, medios y periodistas. La causa está siendo investigada por el juez federal de Primera Instancia de Dolores Alejo Ramos Padilla.

Cabe destacar que el editor de Clarín Daniel Santoro, está involucrado como fuente de información de Marcelo D’Alessio, procesado por extorsión en tareas de inteligencia fue señalado por D’Alessio como fuente de información en la realización de informes de inteligencia sobre los periodistas del programa televisivo “Animales Sueltos”. El periodista fue recientemente respaldado por la Academia Nacional de Periodismo (ANP), el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA Argentina), la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y por periodistas de Clarín, La Nación e Infobae.

Ayer por la tarde, el juez federal Alejo Ramos Padilla, que está a cargo de la causa, explicó ante la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados los alcances de la investigación. Lamentó que su juzgado esté «trabajando sólo» para avanzar en la investigación por asociación ilícita que tiene como detenido a Marcelo D’Alessio y como imputado al fiscal Carlos Stornelli.

El magistrado explicó que la red de espionaje ilegal está vinculada a «la actividad de los poderes judiciales, los ministerios públicos (nacionales y provinciales), las fuerzas de seguridad (nacionales y provinciales), los poderes políticos y los medios de prensa».

Ramos Padilla describió el mecanismo de aprietes, seguimientos, amenazas a testigos, empresarios, ejecutivos, bajo coacciones, cámaras ocultas, armado de causas penales en el fuero federal, con la participación de policías presuntamente vinculados a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y con presuntos nexos con agencias de inteligencia y seguridad estadounidenses como la DEA y la NSA.

La presentación de información por parte del magistrado federal en el Congreso se llevó a cabo en medio de un cese informativo por parte de los medios hegemónicos que no comunicaron lo que acontecía durante la intervención del magistrado en el Parlamento nacional.

La palabra del juez fue ignorada por Clarín, La Nación e Infobae, medios periodísticos que habitualmente siguen minuto a minuto el acontecer nacional. En sintonía, la señal de cable de noticias del Grupo Clarín, TN, puso al aire breves fragmentos de la intervención de Ramos Padilla subrayando que D’Alessio realizaba espionaje ilegal y que se contactaba con periodistas que fueron engañados. Desviando así el sentido de la exposición del magistrado federal y evidenciando que ese apagón informativo revela una trama de complicidades entre medios concentrados y servicios de inteligencia.

En tanto, este martes pasado se produjo un hecho lamentable y repudiable: la Academia Nacional de Periodismo realizó una sesión plenaria de emergencia y consideró que “la situación por la que atraviesa Daniel Santoro configura un intento de estigmatizar el ejercicio del periodismo”.

El mecanismo de espionaje y persecución con fines extorsivos sobre colegas y la connivencia de los empresarios de los medios masivos de comunicación, demanda no sólo una complicidad en el repudiable accionar de Santoro sino también el respaldo que la ANP hizo sobre el periodista.

Como Facultad, desde hace varios años venimos alertando, respecto a la espuria relación entre periodistas, funcionarios judiciales y agentes de Inteligencia que, a partir de extorsiones, informaciones falsas, operaciones de prensa y otras prácticas, causan tanto daño a la democracia y, por extensión, al ejercicio periodístico.

Esta triada nefasta, que pone en riesgo el propio andamiaje institucional, resulta ser, lastimosamente, una de las particularidades que resaltan en esta época de la Argentina, con el propósito de perseguir a dirigentes y militantes opositores, a través de pseudas investigaciones judiciales que tienen amplia resonancia en los medios oficialistas, pero que resultan ser meras operaciones de servicios de inteligencia locales y extranjeros.

Advertimos que tales hechos constituyen un ataque más a la libertad de expresión, la democratización de la comunicación y del periodismo, cuyo ejercicio debe ser promovido, respetado y ejercido en condiciones plenas de libertad.

Desde la Facultad de Periodismo y Comunicación de la UNLP expresamos nuestro apoyo al desenmascaramiento de estas redes de espionaje ilegal y reafirmamos nuestro compromiso en la formación de los/as estudiantes con un fuerte sentido ético y democrático en su labor profesional.